INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DEL CONCURSO IDEAL DE DELITOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 134/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, AHORA TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21 fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia penal, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.
De acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo puede plantearse por:
a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
b) El procurador general de la República.
c) Los Tribunales Colegiados o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.
En la especie, la presente denuncia de la posible contradicción de tesis fue formulada por **********, defensor público federal de **********, quejoso en el juicio de amparo directo ADP. 170/2006, adscrito al Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.
TERCERO. El anterior Primero, ahora Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo penal 170/2006, en sesión de dieciocho de mayo de dos mil seis, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"... En cuanto a la individualización de la pena, debe decirse que el proceder del Tribunal Unitario responsable es correcto, porque se tomó en cuenta para ello, lo estipulado en los artículos 51 y 52 que para tal efecto se establecen en el Código Penal Federal, además de que no varió el grado de culpabilidad mínimo en que lo ubicó la autoridad judicial de primer grado, por tanto ese proceder no le irroga perjuicio alguno al aquí quejoso. Lo mismo debe considerarse sobre la confirmación que el Tribunal Unitario responsable hizo respecto del quántum de las penas impuestas por la autoridad de instancia de primer grado, consistentes en dos años tres días de prisión y veintiún días multa equivalente a la cantidad de ochocientos ochenta y cuatro pesos con treinta centavos, pues en términos del artículo 64 del Código Penal Federal, deriva de la pena mínima para el delito que merezca la mayor, que en el caso lo es el de posesión de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, previsto y sancionado por el artículo 83 Ter., fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, más el aumento en tres días más de prisión y un día multa."
I. El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver los amparos directos penales 498/2007, 3/2008 y 168/2008, en sesiones de treinta y uno de enero, cuatro de julio y veintinueve de septiembre de dos mil ocho, respectivamente, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, sostuvo medularmente el criterio que se señala a continuación:
"... Ahora, y en diversa tesitura, el Magistrado responsable determinó que al quejoso correspondía por la comisión del delito de portación de arma de fuego, una pena privativa de libertad de tres años y otra pecuniaria de cincuenta días multa, tomando como base el salario mínimo ante la imprecisión de los ingresos del impetrante; que aumentó en un año seis meses de pena corporal y veinticinco días multa, con fundamento en el ordinal 64 del Código Penal Federal, por actualizarse, en el caso, el concurso ideal de delitos, ya que, en la especie, el activo hoy disidente constitucional con una misma conducta cometió dos delitos. Contra de esa determinación, el sentenciado ********** aduce en esencia en el segundo de los conceptos de violación, que la regla a que alude el citado numeral 64, relativa a que en tratándose de concurso ideal de delitos, la pena que corresponda por la comisión del delito que merezca mayor sanción, será aumentada hasta una mitad del máximo de su duración, debe interpretarse en el sentido de que esa mitad es el tope, esto es, que el aumento no debe ser obligatoriamente esa mitad, sino que la mitad que le impuso la ordenadora también se debe de regir por lo que resulte de elevación o disminución, según corresponda de los términos mínimos y máximos de la pena cuando se trate de prisión, dado que para la figura del concurso ideal de delitos tenemos un límite máximo y precisamente debe establecerse en relación al grado de culpabilidad, pero no llegar al absurdo de ir más allá de la culpabilidad, ni siempre aplicar el máximo en todos los concursos ideales de delitos. El alegato precedente es fundado pero inoperante, habida cuenta de que aun cuando asiste razón al quejoso en lo atinente a que en tratándose de concurso ideal de delitos, la pena que corresponda por la comisión del delito que merezca mayor sanción, será aumentada hasta una mitad del máximo de su duración, debe interpretarse en el sentido de que esa mitad es el máximo que se puede aumentar, no que esa mitad deba ser la que se aumente; sin embargo, no menos exacto lo es que, en el caso, cuando la autoridad responsable ordenadora le impuso las penas condignas tomó en consideración esa circunstancia. Efectivamente, el artículo que nos ocupa, a la letra dice: ‘Artículo 64. En caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las máximas señaladas en el título segundo del libro primero.’. Ese precepto acoge lo que doctrinariamente se denomina acumulación jurídica, la cual sanciona el concurso ideal de delitos, con una pena única total, en virtud de que en este supuesto, el activo realiza una conducta que infringe varios dispositivos penales que no se excluyen entre sí, tan es así que ese numeral establece que en caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse hasta una mitad del máximo de su duración. En el caso no existe controversia en torno a que el delito que merece mayor penalidad es el de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas del país, al sancionarse con prisión de tres a diez años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, por lo que el ad quem, atentó al grado mínimo de culpabilidad, en el que se ubicó al quejoso, como se dijo, le impuso por la comisión de ese ilícito, tres años de prisión y cincuenta días multa. Penas que, por estar en presencia de un concurso ideal, debió aumentar hasta en una mitad de las previstas para la comisión del propio delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas castrenses. Ahora, la mitad de la pena correspondiente para ese antijurídico (portación), conforme a los parámetros de punición que se establecen, es de un año seis meses a cinco años de prisión y de veinticinco a cien días multa. Consecuentemente, contrario a lo que sostiene el peticionario, el Magistrado resolutor no le impuso las penas que corresponden al máximo de la mitad de las previstas para la comisión del delito de portación de arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas del país (cinco años de prisión y cien días multa), por el contrario en atención al grado de culpabilidad en que se le ubicó -al impetrante-, le impuso la mínima que corresponde (un año seis meses y cincuenta días multa) ..."
Asimismo, en los amparos directos penales 283/2006 y 474/2007, implícitamente y, en esencia, se sostiene el mismo criterio que se contiene en la transcripción anterior.
Debe destacarse que, como se señaló en el resultando tercero, el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al desahogar la vista ordenada por esta Primera Sala, además de las copias certificadas de las sentencias de los juicios de amparo precisados con anterioridad, remitió copias certificadas de las ejecutorias de los amparos directos 184/2006, 845/2006 y 141/2007; sin embargo, del análisis de dichas ejecutorias se advierte que en ellas no se sostuvo el mismo criterio que precisa en la transcripción que antecede; por tanto, para efecto de la presente contradicción, únicamente se tomarán en consideración las ejecutorias relativas a los juicios de amparo directo 498/2007, 3/2008 y 168/2008, en los que sí se sostiene medularmente el mismo criterio.
En efecto, en el juicio de amparo directo penal 184/2006, se examinó un caso en el que existía concurso ideal y concurso real de los delitos de lesiones, sancionados en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí; asimismo, en cuanto a la individualización de las penas correspondientes a dichos delitos en concurso se analizó el artículo 72 del propio código local, que contiene una regla diferente a la prevista en el Código Penal Federal, que es la norma que analizan los otros dos tribunales contendientes. Por otra parte, en el juicio de amparo directo penal 845/2006, se estudió un caso en el que existía concurso ideal de los delitos de homicidio, lesiones y daño en las cosas, sancionados en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí; y en cuanto a la individualización de las penas correspondientes a dichos delitos en concurso se analizó el citado artículo 72 del propio código local.
Por último, el aludido Tribunal Colegiado al resolver el juicio de amparo directo penal 141/2007, implícitamente, sostiene un criterio contrario al sostenido en el amparo directo penal 3/2008, que es el criterio que se denunció como contradictorio, como se advierte de lo siguiente:
"... En lo que se refiere a la individualización de la pena, la responsable de alzada señaló que ... Sin embargo, el Magistrado responsable también señaló que fue incorrecto que el a quo aumentara la pena principal de que se trata en las proporciones que indicó por lo que incumbe al ilícito de posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, en un total de 4 cuatro años, 7 siete meses y 14 catorce días de prisión, así como 12 doce días multa, en virtud de que aplicó las reglas del concurso real en términos del numeral 64 del Código Federal de Procedimientos Penales, siendo que se estaba en presencia de un concurso ideal o formal, ya que con un sólo acto incurrió en dos hechos delictivos. Así, estableció que se dejaba incólume la pena aplicada al delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, de 3 tres años, 5 cinco meses y 7 siete días y 59 cincuenta y nueve días multa, solamente aumentada la pena de prisión en un cincuenta por ciento de la mitad del máximo de su duración, es decir, 10 diez meses, 9 nueve días sin hacerlo con la multa porque su elevación sería de 14 catorce días multa, e impuso la pena de prisión de 4 cuatro años, 3 tres meses y 16 dieciséis días de prisión y 71 setenta y un días multa equivalente a $3252.51 conforme a la percepción diaria señalada. Este Tribunal Colegiado determina que fue correcto que el Magistrado responsable considerara que en el caso se actualizaba un concurso ideal. ... El delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, se encuentra previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el numeral 11, inciso a), de la misma legislación, y el de posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, está contenido y sancionado en el dispositivo 83 Quat., fracción I, del mismo cuerpo normativo, por lo que se dictó sentencia al ahora quejoso ... Así, atendiendo a que el grado de culpabilidad en que se ubicó al ahora quejoso, fue entre el mínimo y el medio, más cercano al primero, acorde a la regla para el caso de concurso ideal de delitos, contenida en el referido numeral 64, resulta que la pena correspondiente al delito que merece la mayor, lo es el de portación de arma de fuego, el que tiene como señalado el de 3 tres a 10 diez años de prisión y de 50 cincuenta a 200 doscientos días multa; al que atento al citado normativo, se le aumentará hasta en una mitad más del máximo de duración. Si en el caso, el Magistrado responsable, determinó al ahora quejoso, la pena corporal de 3 tres años, 5 cinco meses y 7 siete días de prisión y 59 cincuenta y nueve días multa, se tiene que corresponde al grado de culpabilidad impuesto -entre la mínima y la media más cercana a la primera-; ahora tomando en cuenta que se está en el supuesto de concurso ideal de delitos, siguiendo la regla contenida en el primer párrafo del citado precepto 64; entonces, el que se le impusiera un total de 4 cuatro años 3 tres meses y 17 diecisiete días de prisión, así como 71 setenta y un días multa, esta última dando como resultado la cantidad de $3252.51, tres mil doscientos cincuenta y dos pesos con cincuenta y un centavos (lo que resulta de multiplicar los días multa por 45.81 cuarenta y cinco pesos con ochenta y un centavos, que corresponde al salario mínimo vigente al momento de la comisión de los hechos), no resulta violatoria de garantías, ya que se ajustó a dicho normativo, en relación con los numerales 51 y 52 de la misma codificación punitiva, por cuanto que no excede de la mitad del máximo de duración de la pena de prisión indicada en el citado artículo 83, aunado a que es acorde al grado de culpabilidad en que se ubicó al sentenciado, que como se apuntó fue entre el mínimo y el medio mas cercano a la primera ..."
Por lo anterior, para efectos de la presente contradicción únicamente se tomarán en consideración las ejecutorias relativas a los juicios de amparo directo penal 283/2006, 474/2007, 498/2007, 3/2008 y 168/2008, en los que sí se sostiene medularmente el mismo criterio.
II. El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 10/2008, en sesión de veintiuno de febrero de dos mil ocho, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:
"... El segundo concepto de violación es también infundado, toda vez que contrario a lo que argumenta es correcto que en la individualización de la pena impuesta al quejoso, el Tribunal Unitario responsable la modificara reduciéndola, pues al efectuar tal reducción la ajustó al grado de culpabilidad mínima, en que se le ubicó ya que si bien se le aplicó por el delito de portación de arma de fuego de uso reservado a las Fuerzas Armadas del país, la mínima de tres años de prisión, sin embargo no fue justa y congruente con ese grado de culpabilidad, en cuanto le fue aumentada por el Juez natural en un año seis meses un día más de prisión, que dio un total de cuatro años seis meses un día de prisión, al operar el concurso ideal, por lo que la mecánica utilizada por el a quo no fuera la correcta, pues como acertadamente lo explicó el Tribunal Unitario responsable no operó lo dispuesto por el artículo 25 del Código Penal Federal, sino la aplicación de las reglas de los dispositivos 64 y 51, párrafo segundo, del mismo ordenamiento punitivo, para imponer en definitiva un total de cuatro años seis meses de prisión, quedando la pecuniaria en tres mil quinientos setenta pesos, equivalente a setenta y cinco días de salario mínimo vigente en la época de comisión de los ilícitos. Por ende, es inaplicable el criterio jurisprudencial que invoca el quejoso transcribiéndolo parcialmente, con los datos de tesis relacionada, 6a. Época, 2a. Parte, Volumen XLVIII, página 13, dado que de su texto se desprende que la cuestión tratada es en el sentido de que el criterio que rige en el país relativo a la acumulación de penas, no es el de que debe imponerse la pena del delito mayor sin agravar la pena. Además de que no es correcta la interpretación que efectúa el quejoso respecto al segundo párrafo del artículo 51 del Código Penal Federal, puesto que de su texto, interpretado hermenéuticamente, por lo que se refiere a la remisión que hace al artículo 64 del mismo ordenamiento, deviene que la proporción de aumento de penas está vinculada a los términos mínimo y máximo de la pena prevista en el delito base, esto es, si se trata de acumulación ideal se parte del delito que merece la mayor, en congruencia con la graduación de la culpabilidad del activo, para el aumento correspondiente, como en el caso lo consideró el Tribunal Unitario responsable, que fijó el aumento en una mitad de la pena mínima y no como refiere el quejoso que fue de la máxima. ..."
CUARTO. Como una cuestión previa, debe determinarse si en el caso existe contradicción entre los criterios antes referidos, pues sólo en tal supuesto es dable que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es de precisar que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.
De lo anterior se sigue que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:
a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador, a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,
b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.
La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.
Sirven de apoyo a lo expuesto las tesis aisladas números P. XLVII/2009 y P. XLVI/2009, emitidas por el Tribunal Pleno, que son del tenor siguiente:
"No. Registro: 166,996
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVII/2009
"Página: 67
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."
"No. Registro: 166,993
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVI/2009
"Página: 68
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de los temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan con el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala"
En la especie, sí existe contradicción de criterios, por las razones que se exponen a continuación:
Del análisis de las ejecutorias transcritas se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que los tribunales contendientes tomaron en cuenta los mismos elementos para resolver en la forma en que lo hicieron, pues analizaron asuntos en los que para individualizar la pena, en tratándose de concurso ideal de delitos, interpretaron los artículos 51, segundo párrafo y 64, primer párrafo, del Código Penal Federal.
Igualmente, los tribunales resolvieron la misma cuestión jurídica, pues estudiaron si para individualizar la pena estando en presencia de un concurso ideal de delitos a la pena correspondiente al delito que merezca la mayor debe aumentarse hasta la mitad del máximo de su duración tomando en consideración el mínimo y el máximo de la pena señalada para el delito citado en primer término, o bien, la pena individualizada; sin embargo, la solución que dieron a esa cuestión fue diversa.
En efecto, mientras que el anterior Primero, ahora Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, sostuvo implícitamente que en términos del artículo 64 del Código Penal Federal, estando en presencia de un concurso ideal de delitos, a la pena correspondiente al delito que merezca la mayor debe aumentarse hasta la mitad del máximo de su duración tomando en consideración la pena individualizada; lo que se hace evidente cuando señala que, por lo que hace a la individualización de la pena, el Tribunal Unitario responsable estuvo en lo correcto, porque tomó en cuenta para ello lo estipulado en los artículos 51 y 52 que para tal efecto se establecen en el Código Penal Federal, además, respecto del quántum de las penas impuestas por la autoridad de instancia de primer grado, consistentes en dos años tres días de prisión y veintiún días multa equivalente a la cantidad de ochocientos ochenta y cuatro pesos con treinta centavos, pues en términos del artículo 64 del Código Penal Federal deriva de la pena mínima para el delito que merezca la mayor, que en el caso lo es el de posesión de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, previsto y sancionado por el artículo 83 Ter, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, más el aumento en tres días más de prisión y un día multa. El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito sostienen que en la individualización de la pena la proporción de aumento de penas está vinculada a los términos mínimo y máximo de la pena prevista en el delito base, esto es, si se trata de acumulación ideal se parte del delito que merece la mayor, en congruencia con la graduación de la culpabilidad del activo, para el aumento correspondiente.
De lo antes expuesto se desprende que sí existen criterios opuestos, pues en las resoluciones de los tribunales se realiza el análisis de los mismos elementos -juicios en los que para la individualización de la pena en tratándose de concurso ideal de delitos se analiza el segundo párrafo del artículo 51 y el primer párrafo del artículo 64, ambos del Código Penal Federal-, y se plantea la misma cuestión jurídica, es decir,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22028-e8a7fa11/individualizacion-de-la-pena-tratandose-del-concurso-ideal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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