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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 5 DE ENERO DE 2004, NO FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALES PARA REQUERIR DOCUMENTACIÓN O INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CONTRIBUYENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2008-SS. · Registro digital (IUS): 20975
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Mayo de 2008, , Pág. 156.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General 5/2001, dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan dos Tribunales Colegiados en asuntos en materia fiscal, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, quien fuera tercero perjudicado en el juicio de amparo directo 189/2007, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito.

TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.

El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal 176/2006, el veintidós de junio de dos mil seis, determinó lo siguiente:

"QUINTO. La nulidad decretada en la sentencia que es materia del presente recurso habrá de confirmarse, por las siguientes consideraciones. Consta en autos del juicio fiscal 1883/05-05-01-5, del índice de la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que Posadas, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal César Holguín López, promovió juicio de nulidad por el que solicitó se invalidara la resolución contenida en el oficio 325-SAT-05-III-2975, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil cuatro, a través de la cual la Administración Local Jurídica de Torreón, emite la resolución 2739/2004, recaída al recurso de revocación interpuesto en contra del oficio 324-SAT-05-III-C-1388, de fecha catorce de junio de dos mil cuatro, emitido por la Administración de Auditoría Fiscal de Torreón, a través del cual determina un crédito fiscal a cargo de la actora en cantidad de novecientos sesenta y seis mil seiscientos treinta pesos con diecinueve centavos, por concepto de impuesto al valor agregado, de los meses de enero, febrero y marzo de dos mil tres. Seguido el juicio por sus trámites legales, la Sala del conocimiento dictó sentencia el uno de diciembre de dos mil cinco, en la que estimó que la parte actora probó su pretensión y declaró la nulidad de la resolución impugnada, considerando que la misma no se encuentra debidamente fundada y motivada, al no satisfacer los requisitos previstos en la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, porque la autoridad fiscal omitió citar el artículo 28, del Código Fiscal de la Federación, que establece lo que se considera como documentación contable del contribuyente, a quien se le solicitó información y documentación para verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a su cargo, como sujeto directo y retenedor en materia del impuesto al valor agregado, por el periodo comprendido del primero de enero de dos mil tres, al treinta y uno de marzo del mismo año. Inconforme con la sentencia aludida, el administrador de la Administración Local Jurídica de Torreón, interpuso el recurso de revisión fiscal, correspondiendo su conocimiento a este Tribunal Colegiado bajo el número 48/2006, que fue resuelto en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil seis, revocando la sentencia impugnada para el efecto de que la Sala Fiscal dictara otra en la que declarara infundado el argumento estudiado atinente a la indebida fundamentación del oficio que contiene la solicitud de información y documentación a la contribuyente actora, por omitir la cita del artículo 28, del Código Fiscal de la Federación y procediera al estudio de los restantes conceptos de anulación que omitió. En acatamiento a lo resuelto por este tribunal revisor, la Sala Fiscal emitió nueva resolución el catorce de marzo de dos mil seis, en la que nuevamente declaró la nulidad de la resolución impugnada. Inconforme con esa sentencia, el administrador de la Administración Local Jurídica de Torreón, en el Estado de Coahuila, interpuso el presente recurso de revisión. Las consideraciones efectuadas por la Sala Fiscal en la nueva resolución para declarar la nulidad de los actos impugnados son las siguientes: a) Que en la solicitud de información y documentación, se le requirió a la contribuyente actora los estados de cuenta bancarios correspondientes al periodo sujeto a revisión, mismos que no se consideraban como parte de la documentación o información que pudiera solicitar la autoridad, pues es hasta el ejercicio de 2004, cuando se adicionó el último párrafo del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, que así lo prevé, y si el periodo revisado es el del 2003, la autoridad no podía solicitar a los contribuyentes la documentación relativa a sus cuentas bancarias. b) Que también es fundado el primer agravio de la demanda, toda vez que la resolución recurrida es violatoria del artículo segundo transitorio, fracción VII, inciso a), numeral 2, subinciso II, del decreto por el que se reforman diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de diciembre del dos mil, toda vez que al ubicarse la actora en las hipótesis ahí previstas, por tratarse de un contribuyente que dictamina sus estados financieros, al que le fue iniciada una revisión de escritorio el veinte de mayo de dos mil tres, las autoridades demandadas estaban obligadas a determinar en primer término las contribuciones omitidas en los ejercicios correspondientes a los años 2000 y 2001, por haber iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación entre septiembre de 2002 y agosto de 2003 y, en la especie, determinaron las contribuciones correspondientes del primero de enero al treinta y uno de marzo de 2003, sin previamente determinar las de los ejercicios fiscales 2000 y 2001. c) Que también es fundado el segundo concepto de impugnación, al haber apreciado la autoridad los hechos de manera distinta a como en realidad acontecieron, al haber considerado meros traspasos bancarios de dinero como ingresos acumulables. d) También declaró fundado el cuarto agravio, al estimar que la autoridad se encontraba obligada a tomar en consideración el acreditamiento del saldo a favor reflejado en la declaración por dictamen del ejercicio de 2002, con independencia de que la actora no hubiese efectuado el acreditamiento del saldo a favor del impuesto al valor agregado del ejercicio de 2002, en las declaraciones respectivas de los meses de enero, febrero y marzo de 2003, al haber acreditado el demandante que la declaración complementaria por dictamen, se presentó antes de que se emitiera y notificara la resolución recurrida, y refleja un saldo a favor por concepto de impuesto al valor agregado en cantidad total de $204,969.00 (doscientos cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/00). En base a tales consideraciones, con apoyo en los artículos 236, 237, 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas. En sus agravios para combatir lo resuelto que ha quedado reseñado en el inciso a) que antecede, la autoridad inconforme aduce que contrariamente a lo considerado por la Sala Fiscal, la autoridad hacendaria sí podía solicitar como parte de la documentación a revisar los estados de cuenta bancarios de la contribuyente, pues si bien es cierto que el último párrafo del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, se reformó hasta el año 2004, también lo es que pasa por alto lo dispuesto en el artículo 42, fracción II, del mismo ordenamiento, que prevé la facultad expresa de requerir a los contribuyentes que proporcionen la contabilidad, los datos, documentos o informes que se les requieran, por lo que la facultad de solicitar los estados de cuenta bancarios no se limita porque éstos hubiesen estado contemplados o no en el artículo 48, del Código Fiscal de la Federación; que además, al haberse adicionado el último párrafo del artículo 48, citado hasta el año 2004, no limita o restringe la facultad de la autoridad de solicitar dichos estados de cuenta en ejercicios anteriores, toda vez que el diverso artículo 28, del código tributario, establece que se entenderá como parte de la contabilidad los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I, del citado precepto, los registros, cuentas especiales, libros y registros sociales, equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, así como por la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales, en donde se incluyen los estados de cuenta bancarios por ser en éstos donde constan las operaciones y depósitos efectuados en las cuentas bancarias de la empresa revisada. Ahora bien, el sintetizado agravio es infundado porque contrario a las afirmaciones efectuadas por la autoridad recurrente, la autoridad fiscalizadora no se encontraba facultada para solicitar a la contribuyente actora, la exhibición de sus estados de cuenta bancarios, toda vez que tal como lo concluyó la Sala Fiscal, esa prerrogativa le fue otorgada a la autoridad con motivo de la adición del último párrafo al artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, según decreto de reforma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, para quedar como sigue: ‘Artículo 48.’ (se transcribe). Como se ve, antes de la adición que sufrió el mencionado artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, en enero de dos mil cuatro, no se contemplaba la facultad de la autoridad fiscalizadora para requerir a los contribuyentes a quienes solicitara documentación para la práctica del procedimiento de fiscalización conocido como revisión de escritorio o gabinete, la documentación relativa a sus cuentas bancarias, por ende, si la contribuyente actora en el juicio de nulidad, fue sujeta (sic) de una revisión de escritorio por un periodo del año 2003, en el cual no se contemplaba esta facultad de la autoridad hacendaria, es inconcuso que la orden que contiene tal requerimiento es ilegal, tal como lo consideró la Sala Fiscal. Se llega a lo anterior, partiendo de dos principios fundamentales: a) La autoridad sólo puede actuar dentro del marco de las facultades que la ley le otorga, es decir, sólo puede hacer aquello que le está permitido; y b) No se puede aplicar de manera retroactiva la ley en perjuicio del gobernado, principio consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Ahora bien, para corroborar que antes de la adición de enero de dos mil cuatro, no se contemplaba la facultad de requerir a los contribuyentes sujetos de una revisión de escritorio la documentación comprobatoria de sus estados de cuenta bancarios, basta leer el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, al referirse a la reforma del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, en la parte que precisa: (se transcribe). Del análisis de lo anterior, se aprecia que el legislador precisa que la solicitud del ejecutivo atiende a que tal documentación ‘sería una herramienta’, es decir, utiliza el verbo conjugándolo en tiempo pospretérito, cuya característica principal es hacer clara referencia al potencial simple futuro de la acción verbal, lo cual excluye de manera inmediata la interpretación que pretende la autoridad recurrente, esto es, que antes de dicha adición, también se encontraba facultada para solicitar a los contribuyentes sujetos de una revisión de escritorio la documentación correspondiente a sus cuentas bancarias, pues la connotación gramatical en que fue planteada la propuesta de reforma denota lo contrario. Por esas razones, contra lo afirmado por la autoridad recurrente, no se puede inferir del texto del artículo 28, del Código Fiscal de la Federación, que los estados de cuenta bancarios formaran parte de la contabilidad de la contribuyente actora en el juicio de nulidad en el periodo 2003, porque el precepto se limita a señalar a los registros, cuentas especiales, libros y registros sociales, equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales, lo que, interpretado de manera concatenada con el contenido del diverso artículo 48, del mismo ordenamiento, en su texto vigente en el periodo revisado, nos lleva a concluir que no se desprende que se incluyan de manera tácita, los estados de cuenta bancarios como parte de la contabilidad de la contribuyente actora en el periodo auditado. Así, lo infundado del agravio en estudio es suficiente para confirmar la nulidad del acto impugnado que determinó la Sala Fiscal, por estar sustentado en un acto viciado, como lo es la solicitud de información y documentación contenida en el oficio 324-SAT-05-III-E-3270, de fecha diecinueve de mayo de dos mil tres (localizable a fojas 371 y 372 del juicio de nulidad), por ende, al actualizarse la nulidad en términos de la fracción IV del artículo 238, del Código Fiscal de la Federación, en relación con la fracción II del artículo 239, del mismo ordenamiento, por haberse dictado el acto impugnado en contravención de las disposiciones aplicadas, es innecesario el estudio de los restantes agravios, pues cualquiera que fuera el resultado de su análisis, en nada modificaría la nulidad que habrá de confirmarse, ya que aun si se demostrara que no se actualizan las diversas causas de anulación que advirtió la Sala Fiscal, ello sería insuficiente para revocar la sentencia combatida y declarar la validez de la resolución impugnada en el juicio fiscal, ya que la causa de nulidad que aquí se confirma, por sí sola, es suficiente para decretar la nulidad pretendida por la demandante, máxime que la determinación del crédito fiscal a su cargo, se sustentó en los estados de cuenta bancarios de la contribuyente actora, según se reseñó en el inciso c) del presente considerando. Apoya lo anterior, el contenido de la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, misma que este tribunal comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de dos mil dos, tesis VI.2o.A.39 A, página 1316, que es del tenor literal siguiente: ‘AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. CUANDO RESULTA INNECESARIO SU ESTUDIO.’ (se transcribe)."

CUARTO. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al resolver el once de junio de dos mil siete, el amparo directo 189/2007, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Los conceptos de violación expresados por el quejoso, resultan jurídicamente ineficaces. Previamente, debe señalarse que la sentencia reclamada, se dictó en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el siete de febrero de dos mil siete, por este Tribunal Colegiado, en el juicio de amparo directo número 417/2006, en la que en lo conducente se resolvió lo siguiente: (se transcribe). Asimismo, es preciso señalar que no será materia de análisis en el presente juicio, lo determinado por la Sala responsable en el considerando tercero de la sentencia reclamada, en la cual se declararon infundados los argumentos en los que el actor alegó que el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis, no fue autorizado por la Legislatura del Estado de Oaxaca, toda vez que la parte quejosa no formuló inconformidad alguna al respecto, por lo que quedan firmes las consideraciones relativas de la Sala responsable. El primer concepto de violación es jurídicamente ineficaz, toda vez que no le asiste razón al quejoso en cuanto asevera que, contrario a lo considerado por la Sala responsable, la autoridad demandada no contaba con la facultad de requerirle la documentación relativa a sus cuentas bancarias, al momento de emitir el oficio de solicitud de datos y documentos, contenida en el oficio número 138/2003, R.G. (sic) de fecha cuatro de junio de dos mil tres. Lo anterior es así, pues como correctamente lo determinó la Sala responsable, en la solicitud de datos y documentos contenida en el oficio número 138/2003, R.G. (sic), de fecha cuatro de junio del dos mil tres, y que corre agregada en las fojas 74 a 76 del expediente fiscal, el director de Auditoría e Inspección Fiscal de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, requirió a la parte actora, en los términos siguientes: (se transcribe). Ahora bien, del contenido de dicha solicitud de datos y documentos se desprende que entre otros fundamentos se invocó el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, que en la época en que se emitió dicho requerimiento establecía lo siguiente: ‘Artículo 48.’ (se transcribe). De la transcripción anterior se desprende que si bien es cierto, dicho normativo en la época en que se emitió la solicitud de documentos de que se trata, no establecía de manera específica, como ya ocurrió en la adición que se hizo en su último párrafo en el año dos mil cuatro, que dentro de la documentación o información que podían solicitar las autoridades fiscales, se encontraba la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, sin embargo, el hecho de que no existiera esta especificación en el normativo de que se trata, en el año dos mil tres, no implica como lo pretende hacer ver el quejoso, que las autoridades fiscales, estuvieran impedidas para solicitar la documentación relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, toda vez que el artículo 48 del Código Fiscal en consulta, establece una facultad general a favor de las autoridades fiscales para que soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, toda aquella documentación que estimen necesaria para el ejercicio de sus facultades de comprobación, ello con la finalidad de constatar si los obligados han cumplido o no con las disposiciones fiscales, precisándose que el referido precepto alude en forma genérica a todos aquellos informes, datos o documentos o bien contabilidad, que fueren necesarios para que dichas autoridades puedan constatar si se han cumplido con esas disposiciones fiscales y, por ello, no puede estimarse que dichas autoridades no pudieran solicitar al contribuyente los documentos relativos a sus cuentas bancarias, si éstos tenían relación directa con la contabilidad que manejan, pues incluso, del contenido de la solicitud de datos antes transcrita, se advierte que precisamente la Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal dependiente de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, solicitó entre otros documentos, los estados de cuenta bancarios, fichas de depósito y talonarios de cheque, así como los comprobantes en los que consten los traspasos, cancelaciones y demás ajustes efectuados por la institución bancaria, ello por haber estimado que esa documentación era necesaria para el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal, y dado que el contribuyente es un sujeto directo, en materia de contribuciones federales, resultando así que el proceder de la autoridad demandada, al haber requerido esos documentos, tal como lo estimó la Sala responsable, es legal. Sin que por tanto le asista razón al quejoso en cuanto asevera, que fue posteriormente a la fecha en que se hizo el requerimiento respectivo en que se reformó el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, para precisar que las autoridades fiscales podían solicitar la documentación relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, pues por las razones indicadas, las autoridades fiscales sí podían requerir ese tipo de documentación, además de que como lo hace notar la Sala responsable, el quejoso al haber exhibido los estados de cuenta bancarios que le fueron requeridos, consintió en lo que le fue solicitado ..."

QUINTO. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República; 197 y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer, teniendo en cuenta que la existencia de la contradicción de tesis precisa de la reunión de los siguientes supuestos:

a. Dos o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros asuntos.

b. Que de tal examen, arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

c. Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 22/92, sustentada por la anterior Cuarta Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo cincuenta y ocho, octubre de mil novecientos noventa y dos, página veintidós, cuyo texto es:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En relación con el supuesto de divergencia de criterios, es pertinente destacar que no es necesario que esta diferencia derive indefectiblemente de jurisprudencias o de tesis ya publicadas, sino que únicamente se requiere que provenga de las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano jurisdiccional de que se trata.

Lo antedicho, con apoyo en la tesis del Tribunal Pleno, publicada con el número P. L/94, en la página treinta y cinco, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo número ochenta y tres, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación; y en la jurisprudencia 94/2000 de esta Segunda Sala, publicada en la página trescientos diecinueve, del Tomo XII, noviembre de dos mil, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros y textos, respectivamente, son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

Del análisis de las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito se evidencia, en principio, que sostienen criterios opuestos, como enseguida se demuestra:

El Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver la revisión fiscal 176/2006, sostuvo en síntesis, lo siguiente:

1. Declaró infundado el agravio aducido en la revisión fiscal, bajo la consideración de que la autoridad hacendaria no se encontraba facultada para solicitar a la contribuyente actora, la exhibición de sus estados de cuenta bancarios, toda vez que esa prerrogativa le fue otorgada a la autoridad con motivo de la adición del último párrafo del artículo 48, del Código Fiscal de la Federación, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de cinco de enero de dos mil cuatro; que de la lectura a esa disposición vigente a partir de dos mil cuatro, se aprecia que antes de la adición mencionada, no se contemplaba la facultad de la autoridad fiscalizadora para requerir a los contribuyentes a los que se les practicara una revisión de escritorio o gabinete, la documentación relativa a sus cuentas bancarias, por ende, si la contribuyente actora en el juicio de nulidad fue sujeta de una revisión de escritorio por el ejercicio fiscal de dos mil tres, en el cual no se contemplaba la facultad aludida, es inconcuso que la orden que contiene tal requerimiento es ilegal.

2. También sostuvo que la consideración referida se basa en dos principios fundamentales: a) porque la autoridad sólo puede actuar dentro del marco de las facultades que la ley le otorga; y b) porque no se puede aplicar de manera retroactiva la ley en perjuicio del gobernado.

3. Que para corroborar que antes de la adición de enero de dos mil cuatro, no se contemplaba la facultad de requerir a los contribuyentes estados de cuenta bancarios, basta leer el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, al referirse a la reforma que operó en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, de la que se aprecia que la solicitud del Ejecutivo de reformar la norma, atiende a que tal documentación "sería una herramienta", es decir, utiliza el verbo conjugándolo en tiempo pospretérito, cuya característica principal es hacer clara referencia al potencial simple futuro de la acción verbal, lo cual excluye de manera inmediata la interpretación que pretende la autoridad recurrente, esto es, que antes de dicha adición también se encontraba facultada para solicitar a los contribuyentes sujetos a una revisión de escritorio, la documentación correspondiente a sus cuentas bancarias, pues la connotación gramatical en que fue planteada la propuesta de reforma denota lo contrario.

4. Por último destacó que contra lo afirmado por la recurrente, no se puede inferir del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que los estados de cuenta bancarios formaran parte de la contabilidad de la contribuyente actora en el periodo de dos mil tres, porque el precepto se limita a señalar a los registros, cuentas especiales, libros y registros sociales, equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales, lo que interpretado de manera concatenada con el diverso 48 del mismo código, en su texto vigente en el periodo revisado, lleva a concluir que no se desprende que se incluyan de manera tácita, los estados de cuenta bancarios como parte de la contabilidad de la contribuyente en el periodo auditado.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 189/2007, llegó a las conclusiones siguientes:

1. Dicho Tribunal Colegiado declaró jurídicamente ineficaces los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, toda vez que contrario a lo aseverado en ella, la autoridad demandada sí contaba con facultades para requerir al contribuyente la documentación relativa a sus cuentas bancarias, esto al momento de emitir el oficio de solicitud de datos y documentos, de fecha cuatro de junio de dos mil tres.

2. Que lo anterior es así, porque de la lectura al oficio mencionado se desprende que entre otros fundamentos se invocó el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, el cual si bien en la época en que se emitió la solicitud de documen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20975-6e7dfd99/revision-de-escritorio-o-gabinete-el-articulo-48 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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