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Modo: Corpus Pro

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA EN ESA ETAPA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21535
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, , Pág. 643.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos cuyo conocimiento corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien según se advierte de la fotocopia certificada anexa a su escrito de denuncia, es uno de los integrantes de uno de los órganos jurisdiccionales que emitieron las resoluciones contendientes.

TERCERO. Con el objeto de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados, estimadas como posiblemente contradictorias, para ello se transcriben, en lo conducente, a continuación.

Al resolver la improcedencia ********** el veintisiete de noviembre de dos mil ocho el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, sostuvo en lo que aquí interesa lo siguiente:

"SEXTO. Previamente al estudio de los agravios expuestos en revisión, resulta conveniente destacar que la Juez de Distrito desechó la demanda de amparo con base en las siguientes consideraciones: a) Que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 74, en relación con la fracción XVIII del artículo 73 y 114, fracción III, todos de la Ley de Amparo, ya que tratándose de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. b) Que de la lectura integral de la demanda de garantías se advertía que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, y al considerar la autoridad responsable que no se había dado cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio administrativo ********** impuso a la quejosa una multa por la cantidad de ********** días de salario mínimo general vigente en la entidad, mediante determinación de veinticinco de marzo de dos mil ocho. c) Que es manifiesto e indudable que con los actos que se reclaman no existe una aprobación o reconocimiento ya sea tácito o expreso, respecto del cumplimiento de la sentencia en su totalidad, o la declaración de imposibilidad material o jurídica para ello. d) Que al no encontrarse el acto impugnado en el supuesto a que se refiere la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 145 del mismo ordenamiento procedía desechar por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Ahora bien, en una parte de sus agravios, aduce la recurrente que la resolución impugnada no está debidamente fundada y motivada; que la multa reclamada es ilegal la cual se le impuso de forma personal, y que existe peligro inminente de que se ejecute el oficio reclamado en cualquier momento sin ser constitucional. Es fundado el sintetizado agravio, atendiendo a la causa de pedir. Al respecto, es ilustrativa por analogía la tesis de jurisprudencia P./J. 68/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe). Contrariamente a lo resuelto por la a quo, se estima procedente el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil ocho, emitido por la Magistrada de la Sexta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en tanto que el apercibimiento específico de una medida de apremio en la modalidad de multa causa interés al quejoso para impugnarla a través del juicio constitucional. Cierto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve, el amparo en revisión ********** interpuesto por ********** consideró en lo que interesa que: (se transcribe). De lo anterior, se concluye que contra el apercibimiento de imponer una medida de apremio de manera específica, procede el amparo indirecto, en tanto que se ocasiona al sujeto obligado un acto de molestia que afecta su situación jurídica. Al respecto, es aplicable la tesis aislada XXXIX/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, marzo de 1999, página 317, cuyos rubro y texto enseguida se transcriben: ‘MULTA. EL SOLO APERCIBIMIENTO DE IMPONERLA CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE LO PREVÉ Y OTORGA INTERÉS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO, SI LA AUTORIDAD ESTABLECE CON PRECISIÓN LA SANCIÓN PECUNIARIA EN CASO DE QUE EL GOBERNADO INCUMPLA EL REQUERIMIENTO.’ (se transcribe). Además, se considera que el acuerdo en el que se apercibe con multa como medida de apremio, es un acto dictado después de concluido el juicio, el cual goza de autonomía propia y que no tiene como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, sino que el objeto es vencer la contumacia de una de las partes a cumplir una determinación de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y no así ejecutar directa e inmediatamente el laudo del juicio natural. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2002, determinó que de las disposiciones previstas en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Federal y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas generales y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto. La primera regla general se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, y consiste en que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. La segunda regla general de procedencia del juicio de amparo, se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción III, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. Como ejemplo de la regla genérica en cuestión, se invoca la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdidosa, ya que la misma tiene por objeto cuantificar en cantidad líquida la condena del juicio natural y no así la ejecución de la propia sentencia, por lo que propiamente constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia, así como la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no así ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. Finalmente, la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, en cuanto a que el juicio de garantías en la vía indirecta es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y tratándose de remates sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este sentido, el acto reclamado en el que se apercibe con multa como medida de apremio, tiene como finalidad vencer la contumacia de la demandada para cumplir con la sentencia del juicio contencioso, lo que hace revestir el carácter de autónomo al ser dirigida a la persona que se refiere el acto reclamado y se ubique la procedencia del juicio de amparo indirecto en la segunda regla genérica, que se desprende de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 114, fracción III, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón en lo relativo al arresto como medida de apremio que goza de autonomía, la tesis de jurisprudencia 29/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, cuyos rubro y texto. ‘AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.’ (se transcribe). En las relatadas circunstancias, lo procedente es revocar el acuerdo de veintitrés de abril de dos mil ocho, dictado en el expediente relativo al juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, residente en Naucalpan de Juárez, para que se ordene admitir a trámite la demanda de garantías promovida por ********** dado que este tribunal no advierte diversa causal de improcedencia. Sirve de apoyo por las razones que la informan la jurisprudencia 2a./J. 3/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe). Asimismo, cobra sustento por analogía la jurisprudencia 2a./J. 153/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación se encuentran pendientes, que a la letra dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA CONFIRMAR EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTO E INDUDABLE DIVERSO AL INVOCADO POR EL JUEZ DE DISTRITO.’ (se transcribe). Por tanto, como los criterios que cita como fundamento la Juez de Distrito emitidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en las tesis aisladas 56 y I.3o.C.294 C, así como la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis aislada VI.2o.353 K, son contrarios al sustentado en esta resolución, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denúnciese la contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión ********** el doce de diciembre de dos mil uno; así como los diversos ********** el catorce de junio, el ********** el veintinueve de noviembre, el ********** el seis de diciembre, todos ellos del año dos mil siete; y el diferente ********** el veinticuatro de enero de dos mil ocho, en los que sostuvo lo siguiente (sólo se transcriben las resoluciones correspondientes a los tres primeros medios de impugnación mencionados, por coincidir en su contenido las ejecutorias de los restantes, con la referida en tercer lugar):

Sentencia del amparo en revisión **********:

"CUARTO. Los agravios son infundados. En efecto, los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: ‘Artículo 73, fracción XVIII y artículo 114.’ (se transcriben). El juicio de amparo es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, y serán analizables también, aquellas violaciones que se hubieran cometido durante el procedimiento, pues de demostrarse la infracción, se repondrá el procedimiento a partir de la violación, y de ser infundada, se evitará entorpecer la ejecución de la sentencia que constituye cosa juzgada. La última resolución dictada en el procedimiento de ejecución es la que declara cumplida la ejecutoria de amparo o la imposibilidad jurídica para cumplirla, lo que impide la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos dictados en la de ejecución (sic), anteriores a la última, y que sí podrán ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión; y se evita que se obstaculice la ejecución de la sentencia, que es cosa juzgada donde ya se resolvió la situación jurídica que se suscitó entre las partes que intervinieron en el juicio, quedando satisfecha la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna. En el caso es improcedente el amparo indirecto; como lo sustenta el Juez de Distrito, porque se reclama un auto que precisa a la parte actora para valuar el inmueble materia de la litis, y le apercibe con la imposición de una multa. De ahí que ese acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. En efecto, el acto reclamado en la demanda de garantías, se hizo consistir en el auto de diecinueve de septiembre de dos mil uno, dictado por el Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en los autos del juicio ejecutivo mercantil número **********, promovido por ********** contra **********. En ese auto se ordenó turnar los autos al actuario adscrito al juzgado de primera instancia, para que practicara la diligencia ordenada en autos de seis y quince de agosto de dos mil uno, que ordenan a la ahora quejosa, que permita al perito valuador realizar el avalúo del inmueble litigioso, y apercibe a la demandada, que en caso de oposición, se haría acreedora a una multa por ********** días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Esto es, contra lo que manifiesta la recurrente, si está dictado después de concluido el juicio, en la etapa de ejecución pero no es la última dictada en el procedimiento de ejecución, porque no tiene por cumplida la sentencia, ni declara su imposibilidad para cumplirla. De ahí que tampoco es un acto dictado en forma posterior al último acto de ejecución de sentencia. Ello, porque el acto reclamado tiende a que pueda realizarse el avalúo que se debe practicar sobre el inmueble que fue embargado para garantizar el pago, pues trata de un juicio ejecutivo mercantil y, por tanto, el avalúo es un acto dentro del periodo de remate, que forma parte del procedimiento de ejecución de sentencia. De modo que no se trata de un acto dictado después de concluido el juicio, sino que en periodo de ejecución de sentencia, porque con el apercibimiento de multa se tiende a vencer la resistencia de la deudora para que permita la práctica del avalúo que es un acto necesario dentro del procedimiento de remate, para que el acreedor pueda obtener el pago de su deuda a través del producto del remate. Luego, no debe obstaculizarse el cumplimiento de la sentencia que dirimió la controversia que ya es cosa juzgada y que, por ende, constituye la verdad legal, puesto que el auto que reclama está dictado en el periodo de remate, para precisar la consecuencia de la ejecución de la sentencia, por lo que de no poder llevarse a cabo el avalúo, se impedirá la consumación del remate. Por tanto, no puede proceder el amparo contra ese acto, porque tratándose de los dictados en el periodo de remate, el juicio de amparo indirecto sólo procede contra la resolución que apruebe o lo desapruebe en definitiva, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo, y cuando se trate de los que forman parte de la etapa de remate, hasta que se dicte resolución que apruebe o desapruebe el remate. Además, por la naturaleza propia de cada una de las resoluciones o autos pueden dictarse en el periodo de ejecución, o en el periodo de remate, es posible diferenciar cuándo se esta ante una resolución que es la última dictada en el procedimiento de ejecución o en esa etapa, porque apruebe o desapruebe el remate en definitiva; y por su naturaleza autónoma a lo que ya es cosa juzgada, que crea, o modifica o extingue un derecho en ese procedimiento, deba ser analizada en el juicio de garantías. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 32/2001, aprobada en sesión privada de veintinueve de marzo del año dos mil uno, publicada en la página 31 del Tomo XIII, abril del dos mil uno, del Semanario Judicial la Federación y su Gaceta, Novena Época que es del texto siguiente: ‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (se transcribe). Por otra parte, es inoperante lo relativo a que el apercibimiento de multa que se contiene en el auto que constituye el acto reclamado, no es impugnable mediante recurso ordinario, porque renunció en forma expresa, en términos de lo que pactó con su contraparte. La inoperancia estriba en que la improcedencia del juicio contra ese apercibimiento de multa dictada en el periodo de ejecución, no depende que exista recurso ordinario, sino de que no es la última dictada en el procedente de ejecución, ni el periodo de remate. Tampoco obsta que este tribunal haya sustentado el criterio de que el amparo es procedente respecto a la aplicación de las multas, como medidas de apremio, porque guardan autonomía a la cosa juzgada porque en el caso, el amparo no es procedente contra el auto que apercibe con una, pues depende de la conducta que asuma la quejosa ante el mandato judicial, es decir, dependerá si obstaculiza su cumplimiento, para que en su momento se haga efectiva la multa, pues ésta es inherente al procedimiento de ejecución de sentencia y, por tanto; el amparo no procede porque entorpecería la aplicación de esa medida, que es inherente a la facultad del órgano jurisdiccional de hacer cumplir sus determinaciones, y que en el procedimiento de ejecución es preciso ejercer, para vencer la resistencia de cumplimiento del mandato judicial. El apercibimiento de multa es una medida que tiende a desvanecer la resistencia al cumplimiento del requerimiento judicial, y está íntimamente vinculado con el procedimiento de ejecución de sentencia, porque ante la negativa de cumplir voluntariamente con la obligación a que fue condenada, es necesario que se le aperciba con una multa para poder hacer ejecutable la sentencia y cumplir con la cosa juzgada que constituye la verdad legal. Asimismo, la efectividad de esa medida dependerá de que permita o no el acceso al perito valuador al inmueble litigioso, y la diligencia en sí, puede o no llevarse a cabo por cuestiones de hecho que impidan su diligenciación, y solamente que acate el mandato judicial; se generará la imposición de medida de apremio, de ahí que todo requerimiento judicial puede tener aparejado el apercibimiento de imponer una medida de apremio, hasta que esté cumplido el acto ordenado por el Juez, ya que de otro modo quedaría burlada la condena decretada en la sentencia definitiva, y de proceder el amparo contra esas determinaciones esas medidas de apremio en el procedimiento de ejecución de sentencia, se entorpecería la administración de justicia, en detrimento de la seguridad jurídica y paz social que es inherente a la situación jurídica declarada o constituida en la sentencia, que tiene la calidad de cosa juzgada. De modo que en términos del artículo 114, fracción III, en relación con el 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, no es procedente el amparo en contra de actos que aperciben con multa, en el periodo de ejecución de sentencia, ni la resolución que la haga efectiva, puesto que como medida de apremio resulta necesaria para lograr que se cumpla con las resoluciones judiciales dictadas en el procedimiento de ejecución de sentencia y es inherente al imperio de que está investida la autoridad judicial, dado que en el periodo de ejecución de sentencia, los autos que tienden al cumplimiento o a preparar la ejecución, requieren del apercibimiento y caso de resistencia, al cumplimiento, a su imposición, que es con el fin de lograr que se de cumplimiento a la cosa juzgada, porque la diligencia que se pretende llevar a cabo, prepara o tiende a la ejecución de una sentencia o de una resolución que ha quedado firme; y tal apercibimiento o la imposición de la multa podrá reclamarse cuando se impugne la resolución que apruebe o desapruebe en definitiva mediante remate. Al no desvirtuarse la legalidad de la resolución recurrida, debe confirmarse."

Sentencia del amparo en revisión **********:

"QUINTO. En los agravios, la recurrente sostiene la ilegalidad de la sentencia recurrida, debido a que el juzgador de garantías desestimó la instrumental de actuaciones y la presuncional, además de que omitió valorar conjuntamente las pruebas, y sobreseyó en el juicio sin un razonamiento acorde a la experiencia, dictando una sentencia falta de claridad, precisión y congruencia con la litis. Añade que el Juez de Distrito aplicó preceptos legales y criterios de interpretación judicial inadecuados, pues el juicio de amparo era procedente conforme a la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por ser de imposible reparación el acto reclamado. De igual manera, la impugnante se duele de que la sentencia reclamada vulneró los artículos 14 y 16 constitucionales, ante la falta de cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, de fundamentación y motivación, de claridad, precisión y congruencia, y de apego a los principios de la lógica, la experiencia y la valoración probatoria. Lo anterior, indica la combatiente, toda vez que la Sala responsable y el Juez de origen impusieron, sin un razonamiento lógico jurídico, una multa a la quejosa a pesar de que nunca se opuso a la práctica de diligencia alguna, como la que se intentó practicar en un domicilio que pertenece a la hermana de la propia peticionaria de amparo y no es habitado por ésta, quien radica desde hace más de diez años en Cuernavaca, Morelos, de tal forma que el actuario que pretendió realizar la diligencia se abstuvo de cerciorarse sobre la pertenencia del domicilio a la buscada. Resultan inoperantes los anteriores agravios, porque con ellos no se combaten las consideraciones del Juez de Distrito que le sirvieron para estimar actualizada la causa de improcedencia respecto del acto reclamado, así como decretar, consecuentemente, el sobreseimiento, y que fueron las siguientes: 1. El amparo es improcedente porque el acto reclamado consistente en el requerimiento de pago, apercibimiento de embargo, imposición de multa por desacatar la sentencia condenatoria y apercibimiento de utilización de la fuerza pública, carecía de definitividad al no ser la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. 2. Al buscarse el cumplimiento de la sentencia condenatoria y vencer la contumacia de la demandada en cuanto a la materialización de los efectos de tal fallo, la procedencia del amparo entorpecería la facultad del órgano jurisdiccional de hacer cumplir sus determinaciones. 3. La quejosa podrá impugnar el acto cuando se ponga término al procedimiento de ejecución, en términos del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. A fin de rebatir tales razonamientos eficazmente, la parte recurrente debía demostrar: A) Que el acto reclamado sí era definitivo por ser la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. B) Que con la procedencia del amparo no se entorpecería la facultad del órgano jurisdiccional de hacer cumplir sus determinaciones, ya sea por ser distinto el propósito del acto reclamado al enunciado por el Juez federal, o a pesar de ese objetivo; y, C) Que la quejosa estaría imposibilitada jurídicamente para impugnar el acto una vez terminado el procedimiento de ejecución. No obstante, la parte recurrente se limitó a señalar la falta de valoración de pruebas, la incongruencia de la sentencia impugnada, la falta de expresión de razonamientos o motivación y la aplicación inadecuada de preceptos legales y tesis jurisprudenciales y aisladas, al ser de imposible reparación el acto reclamado, así como a controvertir el acto reclamado mediante diversos argumentos. Ello, permite advertir que la impugnante aduce cuestiones diversas a las que debió manifestar y demostrar para combatir eficazmente la sentencia recurrida. Aún más, con tales agravios, además de omitir el combate de las consideraciones de la sentencia recurrida, la recurrente pretende el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, por las violaciones que atribuye a la autoridad responsable, sin desvirtuar, primero, las razones del sobreseimiento emitidas por el juzgador de garantías, a fin de que pudiera, en su caso, proceder el examen de referencia. De ahí, que sean inoperantes los agravios examinados. Resulta aplicable la jurisprudencia 3a./J. 30 13/89, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, página doscientos setenta y siete, que es del tenor siguiente: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.’ (se transcribe). De igual manera, es aplicable el criterio que informa la tesis jurisprudencial 3a./J. 12/94, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 77, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, página veinticuatro, que establece: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE DEBIENDO COMBATIR EL SOBRESEIMIENTO, VERSAN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS.’ (se transcribe). No obsta a lo anterior, la circunstancia de que la combatiente sostenga que el acto reclamado es de imposible reparación, porque además de que con tal señalamiento de ningún modo se combaten las consideraciones de la sentencia recurrida demostrando que el acto reclamado era la última resolución en el procedimiento de ejecución, sin buscar entorpecer las facultades del órgano jurisdiccional y ser jurídicamente inviable la interposición del amparo en contra de esa última resolución, no puede aceptarse que el acto reclamado sea de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo, dada la etapa de ejecución de sentencia en que aquél fue emitido. Con el propósito de apreciar la validez de dicho aserto, es menester referirse a la procedencia del amparo en contra de actos dictados dentro de juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia, así como al acto reclamado en el amparo en revisión que se resuelve mediante esta ejecutoria. El artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, dispone: ‘Artículo 114.’ (se transcribe). Conforme a la fracción III de ese precepto, el amparo indirecto procede tanto contra actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, pero, en este último supuesto, si está sustanciándose el procedimiento de ejecución de sentencia el juicio constitucional deberá intentarse únicamente en contra de la última resolución dictada en esa fase ejecutiva, existiendo, además, una regla específica tratándose de remates, conforme a la cual es impugnable solamente la resolución definitiva que apruebe o desapruebe la venta judicial. Interesa, para la resolución del presente asunto, la hipótesis prevista para los actos dictados en el procedimiento de ejecución que culmina con una resolución susceptible de ser reclamada en el juicio de garantías, misma que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así, lo ha estimado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 32/2001, publicada en la página 31 del Tomo XIII, abril de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21535-1b424f8b/ejecucion-de-sentencia-la-resolucion-que-impone-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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