Corpus
Modo: Corpus Pro

RENTA. LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO NO CONDUCE A TENER POR CIERTOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA LEY ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES HACENDARIAS, PERO SÍ ES APTA PARA PROMOVER AMPARO CONTRA DICHA LEY.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2008-SS. · Registro digital (IUS): 20919
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 2008, , Pág. 683.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, a través de su presidente, el que resolvió un asunto en el que se plasmó uno de los criterios que participa en esta contradicción.

TERCERO. Con el fin de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, conviene puntualizar que el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver en sesión privada del trece de octubre de dos mil seis, el amparo en revisión número 330/2006,(1) en la parte que interesa, estableció:

"Mexicali, Baja California. Acuerdo del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria del trece de octubre de dos mil seis. Visto para resolver el amparo en revisión número 330/2006; y Resultando: Primero. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil seis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Tijuana, Baja California, Eugenio Lizardi Ayala, María Isabel Rodríguez Farías, Dionisio Ricardo Aragón Esquivel, Silvia Arellano Ureta, Miguel Ángel Rivera, Laura Elena Ortega de Anda, Adolfo Cuauhtémoc Solís Farías, Luis Manuel Ríos Sandoval, Iván Cevallos Tamayo, Lluvia Anayeli González Salazar, Carmen Salazar Salazar, Juana Farías Higareda, Luis Fernando Díaz Méndez y Rosalba Sánchez Ramírez por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; señalaron como autoridades responsables a las siguientes: 1. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 3. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, 4. Secretario de Gobernación, 5. Secretario de Hacienda y Crédito Público, 6. Director del Diario Oficial de la Federación; y, como actos reclamados indicaron: a) De la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: Se reclamó la discusión, aprobación y expedición del artículo primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de dos mil cinco, a través del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en concreto, los artículos 113, 114, 115, 116, 117, 118, 177 y 178, en relación con los artículos 179 y 180 de la citada ley; así como del artículo segundo, fracciones I, II, III y IV, de dicho decreto, por virtud del cual se establecen diversas disposiciones de vigencia anual de la Ley del Impuesto sobre la Renta. b) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: Se reclamó la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del mismo cuerpo. c) Del secretario de Gobernación: Se reclamó su refrendo y publicación. d) Del secretario de Hacienda y Crédito Público: Se reclamó los actos relacionados con la aplicación y ejecución del decreto reclamado. f) Del director del Diario Oficial de la Federación: Se reclamó la publicación en dicho órgano oficial del decreto controvertido, realizado el día veintiséis de diciembre de dos mil cinco. ... TERCERO. La Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, fundó la sentencia que se recurre en las siguientes consideraciones: ‘... SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable secretario de Hacienda y Crédito Público, con sede en México, Distrito Federal, consistentes en los actos de aplicación del decreto que se reclama, pues negó categóricamente dichos actos. Ahora, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de los actos reclamados vertida por la autoridad antes mencionada, con alguno de los medios de prueba permitidos por la ley, es por lo que deben tenerse como inexistentes los mismos, por lo que procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que no se advierte que haya habido en contra de los quejosos una violación manifiesta de la ley que los haya dejado sin defensa. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: «INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.».’

"QUINTO. En esta ejecutoria, por las razones que se expresarán posteriormente, sólo se analizará el primero de los agravios propuestos por los disconformes, mediante el cual controvierten el sobreseimiento decretado por el juzgador de primer grado, en torno a los actos atribuidos al secretario de Hacienda y Crédito Público, agravio que resulta infundado.

"En dicho motivo de disentimiento aducen los inconformes que, opuesto a lo afirmado por la Juez de Distrito, sí quedó desvirtuada la negativa formulada por la aludida autoridad responsable en su informe justificado, ya que aportaron a juicio catorce recibos de pago de nómina correspondientes a la primera semana de dos mil seis, donde se observa la retención del impuesto en ejecución de las normas tildadas de inconstitucionales, así como los cheques que también reflejan la retención de trato. Que, por el solo hecho de haberse efectuado esa retención, se demuestra que los quejosos se sometieron al imperio de las normas reclamadas, máxime que esa contribución ingresó a las arcas del erario público que se concentra, regula y vigila a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a los artículos 31, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 1o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, de manera que resulta incontrovertible la participación de esta autoridad a través de sus órganos. Por lo que -continúan- se da cabida a que dicha secretaría sea parte en el presente juicio de amparo y queden acreditados sus actos de aplicación y ejecución de los preceptos reclamados, no obstante su negativa. Que, de concederse el amparo, se vincularía a esa dependencia a su cumplimiento. Citaron en apoyo de sus disertaciones la jurisprudencia y tesis, de rubros: ‘NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SE DESVIRTÚA LA QUE SOSTIENE LA AUTORIDAD HACENDARIA RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE UN IMPUESTO, SI ÉSTE FUE RETENIDO POR QUIEN ESTÁ OBLIGADO A SU ENTERO.’ y ‘CONTRIBUCIONES. LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS OBTENIDA MEDIANTE IMPRESORA, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ANÁLOGO ES APTA PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL TRES.’

"No participan de razón los recurrentes.

"Lo anterior es así, toda vez que, si bien es cierto, el secretario de Hacienda y Crédito Público fue señalado como autoridad ejecutora y que el acto concreto de aplicación de los ordenamientos legales impugnados quedó demostrado con las pruebas que mencionan los disconformes (toda vez que así lo estimó la Juez Federal en su sentencia, sin que se hubiera controvertido ese aspecto del fallo por la parte a quien pudiera perjudicar); no menos verdadero es, que la aplicación de la ley por parte del patrón de los quejosos, mediante la retención que éstos mencionan, no conduce a tener por cierto algún acto de ejecución que en forma genérica se atribuye a la citada autoridad responsable.

"Cierto, la existencia de un acto de autoridad no puede, lógicamente, hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el patrón de los quejosos hubiera realizado la retención que le imponen los preceptos reclamados (acto de aplicación), por sí sola no conduce a tener por ciertos los actos de aplicación y ejecución que, en la demanda, se atribuyeron a dicha autoridad ejecutora, dado que no fue ésta quien la realizó, sino un particular obligado por las normas tributarias.

"Es aplicable por analogía la tesis número 2a. XCII/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 379, registro 186368, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UN TRIBUTO NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.’ (se transcribe).

"Asimismo, también por analogía, soporta los anteriores argumentos la tesis 4a. XVI/92, sustentada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, junio de 1992, página 102, registro 207846, que dice: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS.’ (se transcribe).

"Cabe precisar que lo anterior no libera al secretario de Hacienda y Crédito Público de, en su caso, participar en el cumplimiento que debe darse al fallo protector que eventualmente pudiera emitirse en este asunto, toda vez que estarían obligadas a su cumplimiento todas las autoridades, aun aquellas respecto de las que se hubiera sobreseído en el juicio.

"Véase al respecto la tesis número P. CXIX/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 261, registro 200248, que dice (énfasis añadido): ‘SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO EXIGE DEJAR SIN EFECTOS LA RESOLUCIÓN RECLAMADA Y LOS ACTOS QUE FUERON EFECTO DE ELLA AUN CUANDO SE HAYA SOBRESEÍDO RESPECTO DE ÉSTOS.’ (se transcribe).

"Por otra parte, en acatamiento de lo previsto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, debe decirse que no tiene aplicación en la especie la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo tenor es:

"‘No. Registro: 182,439

"‘Tesis aislada

"‘Materia(s): Administrativa

"‘Novena Época

"‘Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘XIX, enero de 2004

"‘Tesis: 1o.A.120 A

"‘Página: 1492

"‘CONTRIBUCIONES. LA COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE PAGO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS OBTENIDA MEDIANTE IMPRESORA, FAX O CUALQUIER OTRO MEDIO ANÁLOGO ES APTA PARA ACREDITAR EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL TRES.’ (se transcribe).

"La inaplicabilidad de la tesis aislada preinserta deriva de que en ésta se establece que la copia simple del comprobante de pago por medios electrónicos obtenida mediante impresora, fax o cualquier otro medio análogo es apta para acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada; sin embargo, en el caso justiciable la Juez de Distrito tuvo por acreditados los actos de aplicación de los preceptos impugnados, actos que -se reitera- no son atribuibles al secretario de Hacienda y Crédito Público.

"Mientras que la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, sí es aplicable al caso concreto, toda vez que, según ésta, la retención de impuestos realizada por quien está obligado a su entero, es suficiente para desvirtuar la negativa de la autoridad hacendaria que negó los actos de aplicación de una norma tributaria.

"Dicha jurisprudencia es del tenor siguiente:

"‘No. Registro: 176,927

"‘Jurisprudencia

"‘Materia(s): Administrativa

"‘Novena Época

"‘Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XXII, octubre de 2005

"‘Tesis: IV.3o.A. J/9

"‘Página: 2184

"‘NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SE DESVIRTÚA LA QUE SOSTIENE LA AUTORIDAD HACENDARIA RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE UN IMPUESTO, SI ÉSTE FUE RETENIDO POR QUIEN ESTÁ OBLIGADO A SU ENTERO.’ (se transcribe).

"Sin embargo, según se vio líneas arriba, esta Magistratura no comparte el criterio de su similar del Cuarto Circuito en atención a las consideraciones ya expresadas, que básicamente consisten en que la existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por lo que si en el caso concreto quien realizó el acto de aplicación fue el patrón de los quejosos, ello no involucra, en la ejecución de la norma, al secretario de Hacienda y Crédito Público.

"Así las cosas, en acatamiento del último párrafo del numeral en consulta, hágase la denuncia de posible contradicción de criterios al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que éste resuelva lo que estime apegado a derecho."

Asimismo, resulta pertinente precisar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver en sesión del veintiocho de agosto de dos mil tres, el amparo en revisión 57/2003, cuyo criterio se reiteró al fallarse los amparos en revisión 142/2003, 145/2003, 163/2003 y 348/2004, en la parte que interesa, sostuvo:

"Monterrey, Nuevo León, a veintiocho de agosto del dos mil tres.

"Visto, para resolver en revisión el juicio de amparo 61/2003; y, Resultando: ÚNICO. Por escrito presentado el nueve de enero de dos mil tres, en la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito y turnado el diez siguiente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, José Graciano Sánchez Medel, promovió juicio de amparo, contra actos del Congreso de la Unión y diversas autoridades, de quienes reclamó textualmente lo siguiente: ‘1. Del H. Congreso de la Unión se reclama: la aprobación y expedición del decreto por el que se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta, para el ejercicio fiscal de 2002, con motivo del primer acto de aplicación del artículo 109, fracción XI, segundo párrafo; mismo que textualmente establece lo siguiente: «Artículo 109. No se pagará impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: ... XI ... En los casos de los trabajadores al servicio de la Federación y de las entidades federativas, las gratificaciones que se otorguen anualmente o con diferencia de periodicidad a la mensual, en cualquier momento del año calendario, de conformidad con las actividades y el servicio que desempeñen, siempre y cuando sean de carácter general, incluyendo, al aguinaldo y la prima vacacional».’ 2. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama el Decreto de Promulgación y Publicación por el que se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta, para el ejercicio fiscal de 2002, con motivo del primer acto de aplicación del artículo 109, fracción XI, segundo párrafo. 3. Del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público se reclama el refrendo al decreto por el que se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta, para el ejercicio fiscal de 2002, con motivo del primer acto de aplicación del artículo 109, fracción XI, segundo párrafo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1o. de enero de 2002. 4. Del administrador local de Recaudación de Toluca, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la ejecución del primer acto de aplicación del artículo 109, fracción XI, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de 2002.’; que estimó violatorio de los artículos 16, 31, fracción IV, 71, 72, 73 y 74, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"QUINTO. ...

"A pesar de lo anterior, no es posible revocar la protección constitucional solicitada, habida cuenta de que, amén de que las causales de improcedencia que hizo valer en el mismo resultan infundadas, como se verá; sus restantes argumentos, tendientes a poner de manifiesto lo incorrecto de la determinación del juzgador, respecto a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; son inoperantes. Así es, como se constata de la lectura del informe justificado en comento, el subprocurador fiscal de la Federación, en representación del presidente de la República y del secretario de Hacienda y Crédito Público, como primera causa de improcedencia, hizo valer la señalada por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, puesto que el secretario de Hacienda y Crédito Público, manifestó que no eran ciertos los actos reclamados.

"Pues bien, del secretario de Hacienda y Crédito Público, se reclamó:

"El refrendo al decreto por el que se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta, para el ejercicio fiscal de 2002, con motivo del primer acto de aplicación del artículo 109, fracción XI, segundo párrafo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1o. de enero de 2002."

"Así, aunque es verdad que la mencionada autoridad, al rendir el informe en comento, se limitó a negar la existencia del acto que se le reclamó, no debe pasar inadvertida la circunstancia de que en el escrito correspondiente, la quejosa señala para poner de manifiesto la oportunidad de su demanda, que el primer acto de aplicación consistió en la retención del impuesto sobre la renta, respecto del pago del aguinaldo, correspondiente al ejercicio fiscal de 2002. Luego, si en el caso se reclama un impuesto y, por ende, su recaudación, esa actuación indefectiblemente le compete a la mencionada secretaría, así que no obstante que niegue el acto reclamado, es inconcuso que corresponde a esta autoridad llevar a cabo tal acto, puesto que, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 31, señala:

"‘Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

"‘...

"‘XI. Cobrar impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales.’

"Por su parte, el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en su título I, de las disposiciones generales, dispone:

"‘Artículo 1o. El Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley del Servicio de Administración Tributaria y los distintos ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República y los programas especiales y asuntos que el secretario de Hacienda y Crédito Público le encomienda ejecutar y coordinar en las materias de su competencia.’. Ahora bien, aun cuando en los casos en que una autoridad responsable niega la existencia del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa desvirtuar dicha negativa, en el caso, se debe eximir de esa carga a la impetrante, puesto que tal como se advierte de las anteriores transcripciones corresponde precisamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de Servicio de Administración Tributaria y los distintos ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República, la cual puede delegar dichas facultades a diversas dependencias o unidades administrativas, en el caso, al Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la misma, quien a su vez, por conducto de la Administración Local de recaudación de Toluca, del domicilio fiscal de la empresa, patrón de la quejosa, con carácter de autoridad fiscal, con atribuciones y facultades ejecutivas, la realización de actividades estratégicas del Estado, consistentes en la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y de sus accesorios para el financiamiento del gasto público, así como observar y asegurar la aplicación correcta, eficaz, equitativa y oportuna de la legislación inherente. En tales condiciones, debe concluirse, que no obstante que aquella autoridad haya negado la existencia del acto que se le reclamó, tal negativa se desvirtúa, en atención a que, es inconcuso que el acto que ésta debe realizar, en perjuicio del quejoso, por mandato de la ley, es la recaudación del tributo impugnado, y toda vez que dicho impuesto ya le fue retenido por el patrón y éste está obligado a su entero oportuno a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que se encuentra compelido por las disposiciones fiscales a retener y enterar a las autoridades exactoras, los impuestos tales como el impugnado, la conclusión es que, de dicho acto puede tenerse su certeza.

"...

"Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

"PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.

"SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Graciano Sánchez Medel, por los actos y autoridades precisados en el resultando único de esta ejecutoria, en términos del considerando quinto de la sentencia que se revisa.

"Notifíquese."

De las ejecutorias antes referidas dimanó la jurisprudencia IV.3o.A. J/9, publicada en la página 2184 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, que señala:

"NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SE DESVIRTÚA LA QUE SOSTIENE LA AUTORIDAD HACENDARIA RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE UN IMPUESTO, SI ÉSTE FUE RETENIDO POR QUIEN ESTÁ OBLIGADO A SU ENTERO. Debe tenerse la certeza del acto reclamado consistente en la aplicación de una disposición tributaria, no obstante que la autoridad hacendaria señalada como responsable, como lo es la Administración Local de Recaudación del domicilio fiscal del retenedor de un impuesto, haya negado su existencia, ya que dicha negativa se desvirtúa, aun cuando por principio general corresponde hacerlo a la parte quejosa; considerando que dicha autoridad está obligada, por mandato de ley, a la recaudación del tributo que se impugne, siempre que éste haya sido retenido por quien está obligado a su entero oportuno a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

CUARTO. En ese tenor, es menester tener en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, ha estimado que para que exista materia sobre la cual deba pronunciarse tratándose de contradicción de tesis, es decir, para que se pueda dirimir qué criterio debe prevalecer, debe existir una oposición respecto de una misma situación legal, debiendo suscitarse, además, entre las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas y que provenga del examen de los mismos elementos.

Sobre el particular, resulta aplicable la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).

Con base en lo expuesto, se arriba a la convicción de que sí existe contradicción de tesis,(2) ya que de las ejecutorias transcritas se evidencia que se examinaron cuestiones esencialmente iguales y se adoptaron criterios discrepantes, partiendo del examen de los mismos elementos.

Se expone tal aseveración, porque los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver dentro de su esfera legal de competencia delegada los recursos de revisión interpuestos por los quejosos, se pronunciaron acerca de la existencia o inexistencia de los actos reclamados en la demanda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consistentes en la aplicación y recaudación del impuesto sobre la renta retenido por el empleador a un trabajador, arribando a posturas contrarias en tanto que el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito señaló que el hecho de que el patrón haya realizado la retención de esa contribución, por sí solo, no conduce a tener por ciertos los actos reclamados a la autoridad hacendaria, en virtud de que los llevó a cabo un tercero auxiliar en las tareas propias de recaudación, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito sostuvo que deben tenerse por ciertos dichos actos si se pondera que por disposición legal compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o sus órganos administrativos realizar la recaudación de los tributos.

De esa manera, la contradicción de tesis se centra en decidir si por el hecho de que el patrón haya retenido el impuesto sobre la renta a sus trabajadores ello conduce a tener por ciertos los actos de aplicación y de ejecución de la ley atribuidos a los órganos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien, tal retención, en la que se aplicaron las disposiciones legales, no podría llevar a considerar que tuvo intervención algún órgano de esa secretaría.

QUINTO. En ese contexto, debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para sustentar dicha determinación, cabe señalar, en primer lugar, que los artículos 113 y 118, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes en dos mil dos y dos mil seis, disponen:

"Título IV

"De las personas físicas

"Capítulo I. De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.

"Artículo 113. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.

"La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente: Tarifa

"...

"Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley; en las disposiciones de dicho reglamento se preverá que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de calendario.

"...

"Las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el título III de esta ley, enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas."

"Artículo 118. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones:

"I. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 113 de esta ley y entregar en efectivo las cantidades a que se refieren los artículos 115 y 116 de la misma."

De lo anterior se obtiene que al patrón le corresponde retener el impuesto relativo que se genere por los ingresos que reciban sus trabajadores, entre ellos, los previstos en el artículo 106, en relación con el diverso 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta retención se calculará aplicando la tasa que prevé el numeral 113 de esa legislación a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la que se enterará por el respectivo patrón a más tardar el día diecisiete de cada mes, ante las autoridades hacendarias, mediante una declaración de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual.

Según la Enciclopedia Jurídica Mexicana, tomo VI, Editorial Porrúa, página 321, la retención de impuestos puede entenderse de la siguiente manera:

"III. La retención es un mecanismo establecido para la hacienda pública cuyo fundamento son los principios de seguridad y economía en la percepción de las contribuciones. La retención es una relación jurídica tributaria subordinada a la obligación principal del pago del tributo. En resumen se pueden distinguir dos corrientes de pensamiento, la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20919-908b1227/renta-la-retencion-del-impuesto-relativo-no-conduce · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.