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COSA JUZGADA. NO SE PRODUCE RESPECTO DEL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO SUCESORIO AGRARIO. TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO SUCESORIO AGRARIO. ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA FIRME DICTADA EN DICHO JUICIO, SI SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY AGRARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 185/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21471
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, , Pág. 415.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 185/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que el presente asunto se ocupa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados en asuntos que versan sobre la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo. Se realiza esta afirmación en atención a que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito por conducto de su presidente, el Magistrado José de Jesús López Arias, quienes están legitimados para denunciar contradicciones de tesis según el precepto mencionado, que dice, en la parte que interesa:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

TERCERO. Con el fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso considerar los antecedentes de cada caso y las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados contendientes en las respectivas ejecutorias.

1. Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito (amparo en revisión 284/2008)

En primer lugar, se debe decir que este juicio tiene como raíz la disputa de bienes sucesorios respecto de una parcela. Es decir ********** era una ejidataria, cuyos derechos agrarios respecto de una parcela en el ejido denominado ********** en el Municipio de Ahome, Sinaloa, estaban amparados mediante el certificado **********. A su muerte ********** uno de sus hijos promovió juicio agrario, solicitando que se reconociera que correspondían a él los derechos agrarios de la de cujus, así como que se llamara a juicio a ********** su hermano, quien tenía la posesión de la parcela.

Seguidos los trámites del juicio agrario 242/95, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Séptimo Distrito, se dictó sentencia el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis, en la que se reconoció el derecho de ********** a heredar los derechos agrarios amparados con el certificado número ********** expedido originalmente a **********. Este reconocimiento se basó en una lista de sucesión formulada el nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos por la ejidataria de cujus.

En atención al sentido de esta resolución ********** promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, negándole el amparo y protección de la Justicia Federal. Para estos efectos, en el juicio de amparo directo se evaluaron las pruebas que aportaron las partes para acreditar el orden sucesorio establecido por la de cujus. Sobre este tema, se resolvió, en sentencia pronunciada el nueve de octubre de mil novecientos noventa y seis, que la lista de sucesión formulada por ********** el nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos tenía por sí sola el valor probatorio que se le había otorgado en el juicio agrario, y ahí se había establecido como sucesor preferente a **********.

Varios años después, en dos mil siete ********** (hija de ********** y nieta de **********) promovió un juicio de amparo indirecto, donde señaló como acto reclamado la sentencia pronunciada el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis por el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Séptimo Distrito, ostentándose como tercera extraña al juicio. En otras palabras, reclamó que la autoridad responsable violó su garantía de audiencia, al no emplazarla al procedimiento donde se dilucidaron los derechos sucesorios a bienes de **********. Asimismo, la peticionaria de garantías señaló como tercero perjudicado a ********** y, entre otras constancias probatorias, exhibió una lista de sucesión elaborada el tres de septiembre de mil novecientos noventa y dos por ********** (que fue ratificada ante notario público el cuatro de septiembre del mismo año), donde la ejidataria designó como sucesora de sus derechos agrarios y parcela ejidal a ********** en primer lugar.

El Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, conoció del juicio de amparo indirecto, y dictó sentencia en la que decretó el sobreseimiento. Esto se debió a que, a su parecer, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 80 del mismo ordenamiento, porque consideró que no sería posible restituir a la quejosa en el pleno goce de la garantía de audiencia que estimó violada en su perjuicio, pues la resolución señalada como acto reclamado ya había sido materia de un amparo directo (resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito), que no admitía recurso alguno y donde se había hecho un pronunciamiento de fondo sobre a quién de las partes originalmente contendientes (es decir ********** y ********** ambos de apellidos **********) correspondía la titularidad de los derechos agrarios que pertenecieron en vida a **********. Por tanto, la situación jurídica derivada de esa ejecutoria no podía ser modificada, ya que sería inadmisible que, a través de una nueva acción, se afectara la inmutabilidad de la cosa juzgada y de la verdad legal, vulnerando, asimismo, el principio de seguridad jurídica. Para apoyar esta determinación, citó la tesis aislada VI.1o.A.168 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro: "COSA JUZGADA EN MATERIA AGRARIA. LA ASÍ ESTABLECIDA EN EJECUTORIAS DE AMPARO DIRECTO QUE DEFINEN EN EL FONDO A QUIÉN CORRESPONDE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS AGRARIOS RESPECTIVOS, NO ES SUSCEPTIBLE DE MODIFICARSE, NI AUN ALEGÁNDOSE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN AMPARO INDIRECTO, POR PREVALECER EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.".

Inconforme con esta resolución, la quejosa ********** interpuso recurso de revisión, al que correspondió el toca 284/2008 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, y que dio lugar a una de las ejecutorias que contienden en la presente contradicción de tesis.

Contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado consideró que no se actualizaba causa de improcedencia alguna, y declaró fundados los agravios planteados por la quejosa. Para arribar a esta conclusión, el órgano colegiado precisó que el Juez a quo no consideró que la quejosa se ostentó como tercera extraña al juicio de origen y que afirmó tener mejor derecho que el tercero perjudicado ********** en relación con la sucesión de ********** con base en una lista de sucesión posterior a la analizada en el juicio de donde derivó el acto reclamado. Por otro lado, el tribunal ad quem puntualizó lo siguiente:

"En efecto, si bien emerge actualizada la figura jurídica de la cosa juzgada entre los contendientes en el juicio agrario 242/1995, porque incluso existió pronunciamiento en amparo directo por parte del Primer Tribunal Colegiado de este mismo circuito; dicha circunstancia en modo alguno puede afectar a la quejosa disidente, porque nunca tuvo la oportunidad de haber sido oída y vencida porque no se le llamó al citado juicio de origen.

"Al respecto se cita por compartirse, la tesis I.7o.C.47 C que sostiene el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, revisable en la página 1036 del Tomo décimo noveno, febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘COSA JUZGADA, LÍMITE SUBJETIVO DE LA. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO EN QUE SE DECRETÓ LA NULIDAD ABSOLUTA DE UN ACTO SE PREVALE DE ÉSTA, ELLO NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN A DICHO LÍMITE, SIEMPRE QUE LA PERSONA A QUIEN SE OPONGA TAL NULIDAD HAYA SIDO PARTE EN AQUEL PROCEDIMIENTO. ...’.

"Un detallado análisis de las constancias que integran el juicio sucesorio agrario 242/95, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27 que obra a fojas 142 a 245 del cuaderno de amparo, que merecen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, permiten arribar al convencimiento pleno de que aquella contienda se sostuvo únicamente entre ********** y ********** y que en el curso del procedimiento no fue llamada a juicio ninguna otra persona, verbigracia, la quejosa disidente, lo que de suyo pone en evidencia que ********** no intervino en dicho juicio y que, por ende, efectivamente deba ser considerada tercera extraña.

"...

"Dicho de otra manera, la persona que estime -como en el presente caso-, que tiene un mejor derecho sucesorio sobre una parcela, debe instar un juicio ante los tribunales competentes -en el caso, un juicio sucesorio agrario, ante el Tribunal Unitario Agrario competente-, y cumplir con todas las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"Tal derecho no puede ser coartado porque en diversa instancia se hubiera ventilado esa misma acción entre dos personas distintas, y menos aún porque la legislación agraria es bastante clara al establecer que la lista de sucesores que el ejidatario formule de manera ulterior, será la válida, lo cual solamente se puede aclarar dándole a la quejosa revisionista la oportunidad de ser oída y vencida en juicio o sea, respetándosele su garantía de audiencia, como lo establece el artículo 14 constitucional, precisamente porque afirma que la lista con que trata de hacer valer su mejor derecho es ulterior a la que presentó el tercero perjudicado en el juicio agrario de origen."

En atención a estos razonamientos, se declaró fundado el agravio de la recurrente, y el Tribunal Colegiado levantó el sobreseimiento decretado en la primera instancia del juicio de amparo, por lo que analizó las demás causas de improcedencia invocadas por el tercero perjudicado y, una vez desestimadas, entró al conocimiento de los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías.

En el séptimo considerando de la ejecutoria se declararon fundados los conceptos de violación.

En primer lugar, se reseñó que ********** parte tercero perjudicada en el amparo, instó el juicio sucesorio agrario 242/1995, donde solicitó que se llamara a ********** (quien detentaba la posesión de la parcela objeto del juicio). El tercero perjudicado postuló su mejor derecho a suceder con base en una designación que hizo en su favor ********** el nueve de marzo de mil novecientos noventa y dos, ratificada ante notario público.

Sin embargo, se dijo que la ahora quejosa exhibió en el juicio de amparo una copia certificada donde consta una designación de sucesores también suscrita por la de cujus, donde nombró como sucesora preferente a la peticionaria de garantías, y ese documento, también ratificado ante notario, fue expedido el tres de septiembre de mil novecientos noventa y dos, es decir, después de la emisión del documento en que se basó la acción del juicio agrario 242/1995.

El órgano colegiado, una vez que analizó esa constancia, concluyó que era suficiente para acreditar su interés jurídico para acudir al amparo, y resolvió:

"Luego, si como ya se estableció el numeral 17 de la legislación agraria prevé que en tratándose de la sucesión de derechos sobre una parcela, y en los demás inherentes a la calidad de ejidatario, basta que el titular de esos derechos -ejidatario reconocido- formule una lista en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento, verbigracia, el cónyuge, la concubina o concubinario, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona, la cual deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público, pudiendo ser modificada por el ejidatario titular con las mismas formalidades, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

"Es inconcuso que dicha circunstancia debe dilucidarse en la contienda respectiva, en la que se le dé la oportunidad a la tercera extraña ********** de ser oída y de que se desahoguen todas las pruebas que ofrezca.

"Atento a las consideraciones expuestas, es que los suscritos Magistrados no comparten el criterio del rubro: ‘COSA JUZGADA EN MATERIA AGRARIA. LA ASÍ ESTABLECIDA EN EJECUTORIAS DE AMPARO DIRECTO QUE DEFINEN EN EL FONDO A QUIÉN CORRESPONDE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS AGRARIOS RESPECTIVOS, NO ES SUSCEPTIBLE DE MODIFICARSE, NI AUN ALEGÁNDOSE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN AMPARO INDIRECTO, POR PREVALECER EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.’."

2. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito (amparo en revisión 436/2004)

Por otro lado, en el caso de donde derivó esta ejecutoria, ********** era titular de los derechos agrarios respecto de una parcela en el paraje denominado ********** en el Municipio de Puebla, Puebla, amparados mediante el certificado de derechos agrarios **********. Al fallecimiento del ejidatario, su hijo ********** tramitó ante el Registro Agrario Nacional, por la vía administrativa, la transmisión de derechos agrarios por sucesión testamentaria. Con base en la lista inscrita ante ese registro, dicha dependencia emitió un certificado de derechos agrarios a nombre de **********.

No obstante, otro hijo del autor de la sucesión, de nombre ********** promovió un juicio sucesorio de derechos agrarios, con el fin de impugnar la adjudicación administrativa a favor de **********. Tocó conocer de ese juicio al Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Séptimo Distrito, y fue registrado con el número 121/97.

Durante el trámite del mencionado juicio sucesorio se emplazó a ********** como parte contendiente. El Tribunal Unitario dictó sentencia el veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y siete, en la que se resolvió a favor de ********** pues se estimó que éste gestionó correctamente la inscripción de la transmisión de los derechos agrarios por fallecimiento del titular, al ser el sucesor preferente. Para ello, se tomó en cuenta la lista de herederos inscrita en el Registro Agrario Nacional, donde aparecían como sucesores, en primer lugar ********** (cónyuge del de cujus, quien falleció con anterioridad a éste), en segundo lugar ********** y en tercer lugar **********.

Sin embargo ********** promovió juicio de amparo directo para combatir ese fallo y, a la postre, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito le negó la concesión del amparo, quedando firme la sentencia que reconocía a ********** como sucesor de los derechos agrarios que en vida correspondieron a **********.

Posteriormente ********** promovió un diverso juicio agrario (al que correspondió el número 105/2000, del índice del mismo Tribunal Unitario Agrario), en esta ocasión con el fin de demandar la restitución de la parcela objeto de la sucesión, que estaba en posesión de su hermano **********. Concluido el procedimiento, el seis de agosto de dos mil se dictó sentencia en la que se resolvió que la parte actora acreditó su acción, por lo que se condenó a la demandada a restituirle la parcela ubicada en el paraje denominado ********** Puebla, Puebla y al pago de otras prestaciones, pero también se condenó a la actora a pagar a la demandada las cantidades invertidas en las construcciones que edificó en la parcela.

Ambas partes promovieron juicio de amparo directo para combatir la resolución del Tribunal Unitario Agrario, el Tribunal Colegiado del conocimiento otorgó la protección constitucional solicitada a ********** negándola, a su vez, a **********. En cumplimiento a estos fallos, el tribunal responsable (es decir, el Unitario Agrario) emitió una nueva resolución el diecinueve de febrero de dos mil dos, en la que reiteró la condena a la parte demandada y declaró que ésta carecía de acción reconvencional, por lo que se absolvió a ********** de todas las prestaciones que se le reclamaron en esa vía.

Más de dos años después de estos hechos, el diecisiete de septiembre de dos mil cuatro ********** también hija de ********** promovió un juicio de amparo indirecto en el que señaló como actos reclamados las sentencias dictadas en los juicios 121/97 y 105/2000 seguidos ante el Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Séptimo Distrito (el primero relativo a la sucesión a bienes de ********** y el segundo donde ********** demandó la restitución de la parcela ejidal que heredó de su padre).

En esta tesitura, la quejosa en el juicio de amparo indirecto adujo que la autoridad responsable había violado su garantía de audiencia, pues no fue llamada a participar en los mencionados juicios, ostentándose como tercera extraña. Asimismo, precisó que tenía derecho para comparecer a estos procedimientos por tener el carácter de hija legítima del autor de la sucesión y titular de los derechos agrarios en disputa.

El Juez Primero de Distrito en el Estado de Puebla, quien conoció del juicio de amparo indirecto 1132/2004, decretó el sobreseimiento, por considerar que la peticionaria de garantías no había acreditado su interés jurídico. Para arribar a esta conclusión, primero afirmó que en el juicio agrario 121/97 se determinó la transmisión y titulación de bienes, derechos y obligaciones en materia agraria de la sucesión testamentaria a bienes de ********** en atención a la lista de sucesores que éste elaboró, y que posteriormente fue inscrita y depositada en el Registro Agrario Nacional. Después, indicó que la peticionaria de garantías únicamente exhibió como pruebas copias certificadas de: 1) las constancias de los juicios agrarios 121/97 y 105/2000, 2) su credencial de elector; y, 3) su acta de nacimiento. Por lo tanto, aun cuando acreditó su entroncamiento con el autor de la sucesión, lo cierto es que no probó que se hubieran afectado derechos agrarios de los que fuera titular, ni justificó derechos posesorios sobre la parcela materia de la litis. A este efecto, la quejosa debió comprobar la existencia de la lista de sucesión elaborada por el ejidatario finado en la cual figurara con orden de preferencia en la lista correspondiente, que además debía estar inscrita en el Registro Agrario Nacional, para probar que estaba legitimada para ser emplazada al juicio sucesorio 121/97. Por otro lado, para acreditar su interés jurídico respecto del llamamiento al juicio restitutorio 105/2000, debió acreditar que contaba con la posesión jurídica de la parcela que defendía, hipótesis que tampoco se actualizó.

No obstante, el Tribunal Colegiado ad quem consideró que ********** sí acreditó su interés jurídico en el juicio de amparo. Esto es, concluyó que la quejosa se ostentó como tercera extraña en los juicios agrarios de los que derivan los actos reclamados, por no haber sido llamada a deducir sus derechos sucesorios. Por tanto, la materia del fondo del juicio de amparo era examinar si la quejosa debió ser llamada a los juicios agrarios 121/97 y 105/2000, dada su calidad de hija de ********** autor de la sucesión agraria. En otras palabras, la argumentación relativa al derecho que asiste a la peticionaria de garantías está íntimamente relacionada con el fondo del asunto, por lo que esa cuestión no podía servir como base para determinar que se actualizaba una causa de improcedencia, ya que ésta no era clara o inobjetable, al involucrar una cuestión de fondo del asunto.

Así pues, se levantó el sobreseimiento, se desestimaron las demás causas de improcedencia invocadas por el tercero perjudicado y el órgano colegiado entró al análisis de los conceptos de violación formulados por la peticionaria de garantías.

El Tribunal Colegiado, en la ejecutoria que ahora se analiza, determinó negar el amparo a la quejosa, quien esencialmente reclamó que se violó su garantía de audiencia, al no haber sido llamada a juicio en dos procedimientos agrarios donde se dilucidaron derechos sucesorios.

Este fallo se sustentó en dos razonamientos. El primero, consiste en que la sola circunstancia de que la peticionaria de garantías hubiera acreditado ser hija del ejidatario ********** autor de la sucesión, no le otorgaba la legitimación necesaria para ser llamada a los juicios agrarios de los que derivan los actos reclamados. Esto es así, porque los ahora terceros perjudicados (es decir, las personas que fueron parte en los juicios agrarios) disputaron la titularidad de los derechos agrarios que en vida correspondieron al de cujus en su calidad de sucesores designados, conforme a la voluntad manifiesta del autor de la sucesión, expresada a través de una lista de sucesión. De esta forma, la autoridad responsable no estaba obligada a llamar a juicio a la quejosa, habida cuenta que la sucesión se tramitó con base en una designación de sucesores, y no con base en el orden sucesorio establecido en el artículo 18 de la Ley Agraria (que prevé la forma para heredar al ejidatario sólo en el supuesto de que no hubiera hecho designación de sucesores o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pudiera heredar). Así pues, se concluyó que el simple vínculo filial no otorga a una hija del ejidatario fallecido la legitimación necesaria para ser llamada al juicio donde se deducen los derechos a suceder, si en el caso hubo una expresión de la voluntad manifiesta del autor de la sucesión.

Sin perjuicio de este argumento, el Tribunal Colegiado basó su decisión en otra consideración, que a continuación se transcribe:

"Además, cabe señalar que dentro de los expedientes agrarios números 121/97 y 105/2000 de los que derivan los actos reclamados, como se ha visto, obran las ejecutorias dictadas por este Tribunal Colegiado en los juicios de amparo directo números DA. 264/99 y DA. 151/2002, respectivamente, en las que ya existe un pronunciamiento sobre a quién corresponde la titularidad de la parcela amparada con el certificado de derechos agrarios número ********** expedido a nombre del extinto ejidatario **********.

"Asimismo, importa destacar que el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: ‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales’.

"Precisado lo anterior, debe decirse que no obstante que la quejosa alegue violación a la garantía de audiencia, por no habérsele permitido defender los derechos que, según dice, tiene respecto de los derechos agrarios que ampara el certificado número ********** expedido a nombre del extinto ejidatario ********** las situaciones jurídicas derivadas de las ejecutorias de este Tribunal Colegiado, en las que ya se definió a quién corresponde la titularidad de la parcela aludida, no pueden ser modificadas, habida cuenta que dichos fallos establecieron la verdad legal respecto del fondo de la controversia que se dirimió a través de ellas, y que en términos de lo previsto por el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no admiten recurso alguno en su contra, sin que se esté en alguno de los casos de excepción que en el mismo se establecen, pues de permitirse que mediante el ejercicio de una nueva acción, se pudiera afectar la inmutabilidad de la cosa juzgada y de la verdad legal, se vulneraría el principio de seguridad jurídica que debe regir en todo Estado de derecho, lo cual es inadmisible."

Con motivo de este pronunciamiento, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito emitió la tesis aislada VI.1o.A.168 A, que dice:

"COSA JUZGADA EN MATERIA AGRARIA. LA ASÍ ESTABLECIDA EN EJECUTORIAS DE AMPARO DIRECTO QUE DEFINEN EN EL FONDO A QUIÉN CORRESPONDE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS AGRARIOS RESPECTIVOS, NO ES SUSCEPTIBLE DE MODIFICARSE, NI AUN ALEGÁNDOSE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN AMPARO INDIRECTO, POR PREVALECER EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. En términos del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones que en materia de amparo directo dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, salvo los casos de excepción que en el mismo se establecen; por lo cual, aun cuando en un juicio de amparo indirecto la parte quejosa alegue violación a la garantía de audiencia por no haber sido llamada a los juicios agrarios a defender los derechos que aduce tener respecto de los derechos agrarios amparados mediante el certificado expedido a nombre del extinto ejidatario, si ya existe pronunciamiento de fondo mediante ejecutorias de amparo directo, dictadas por el Tribunal Colegiado en relación con las partes originalmente contendientes, sobre a quién de ellas corresponde la titularidad de tales derechos, las situaciones jurídicas derivadas de dichas ejecutorias no pueden ser modificadas al haber establecido la verdad legal respecto del fondo del asunto, pues de permitirse que mediante el ejercicio de una nueva acción pudiera afectarse la inmutabilidad de la cosa juzgada y de la verdad legal, se vulneraría el principio de seguridad jurídica que debe regir en todo Estado de derecho, lo cual es inadmisible".(1)

CUARTO. A continuación, es necesario determinar si existe la contradicción denunciada, para lo cual se debe atender a los requisitos delimitados en la jurisprudencia 26/2001, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.".(2) Esos requisitos son:

1. Que al resolver negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

2. Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.

3. Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

En la especie, de las consideraciones de los Tribunales Colegiados que se sintetizaron en párrafos antecedentes se advierte que existe la contradicción de tesis denunciada.

Esto es así, porque los órganos contendientes se ocuparon de cuestiones jurídicas esencialmente iguales. Es decir, en ambos casos los Tribunales Colegiados se pronunciaron sobre si una persona que en un amparo indirecto se ostenta como tercera extraña a un juicio sucesorio agrario puede reclamar la sentencia dictada en este último procedimiento, alegando que se violó su garantía de audiencia al no ser emplazada a la contienda sucesoria. Asimismo, en las dos ejecutorias se tomó en cuenta que había cosa juzgada respecto de la sucesión de los derechos agrarios que en vida pertenecieron al ejidatario fallecido, pues esa cuestión se dilucidó en un juicio sucesorio agrario y se confirmó en amparo directo.

Por un lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito negó el amparo a la quejosa que se ostentó como tercera perjudicada en el juicio agrario sucesorio, señalando, como acto reclamado, la sentencia que se dictó en ese procedimiento. Para justificar esta negativa, expuso dos argumentos. El que interesa para efectos de esta contradicción de tesis, es aquel donde se sostuvo que había cosa juzgada respecto de a quién corresponde la titularidad de los derechos agrarios que en vida pertenecieron al ejidatario extinto. Es decir, aunque la quejosa hubiera alegado una violación a su garantía de audiencia, por no haber sido llamada al juicio sucesorio donde se dilucidó a quién correspondían esos derechos, no se pueden modificar las resoluciones firmes que ya se pronunciaron sobre esa cuestión y donde se estableció la verdad legal respecto del fondo de la controversia sucesoria. Así pues, la concesión del amparo equivaldría a afectar la inmutabilidad de la cosa juzgada y de la verdad legal, a la vez vulnerando el principio de seguridad jurídica.

Por el otro lado, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, denunciante de la presente contradicción, sostuvo que efectivamente había cosa juzgada entre los contendientes en el juicio agrario donde se disputaron los derechos sucesorios a bienes de la ejidataria de cujus, pues el Tribunal Unitario Agrario no sólo dictó sentencia definitiva, sino que ésta fue confirmada en amparo directo. No obstante, esta circunstancia no puede afectar a la quejosa en el juicio de amparo indirecto, en atención a que se ostenta como tercera extraña

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21471-741f25e5/cosa-juzgada-no-se-produce-respecto-del-tercero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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