Corpus
Modo: Corpus Pro

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE CONFIRMAR EL AUTO QUE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, POR UNA CAUSA DIVERSA A LA INVOCADA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO, SIEMPRE QUE SEA INDUDABLE Y MANIFIESTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21282
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 322.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario número 4/2002,(1) de ocho de abril de dos mil dos, pues si bien el presente asunto es en materia común, respecto de la cual debería conocer el Pleno de este Alto Tribunal, sin embargo, resulta innecesaria la intervención de éste por no revestir el tema de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional; y además, el citado acuerdo faculta a esta Sala para que conozca y resuelva la posible contradicción de tesis que sustentaron diversos Tribunales Colegiados de Circuito en materia común, con el objetivo de agilizar su resolución y definir, en su caso, el criterio jurisprudencial que genere certidumbre jurídica a los gobernados sobre el punto de derecho controvertido.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. El denunciante, Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, a través de su presidente, se encuentra legitimado con base en lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para efectuar la denuncia de la contradicción de tesis a que este asunto se refiere, toda vez que uno de los criterios en contienda se sustentó en un asunto del que conoció dicho Tribunal Colegiado, esto es, el amparo en revisión 67/2008.

TERCERO. Ejecutorias que participan en la contradicción. Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

I. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito -denunciante- al resolver el amparo en revisión 67/2008, en lo que interesa, son las siguientes:

"...

"QUINTO. En el caso resulta innecesario analizar las consideraciones en que se sustenta la resolución de sobreseimiento fuera de audiencia sujeta a revisión, así como los agravios vertidos, en atención a que este órgano de control constitucional advierte de oficio la existencia de una causal de improcedencia, de manera manifiesta e indudable, distinta a la invocada por el Juez de Distrito que obliga a sobreseer en el juicio de amparo.

"La causa de improcedencia que se actualiza en el presente juicio de amparo, es la prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con lo dispuesto por el diverso 114, fracción III, segundo párrafo, interpretado en sentido en contrario, ambos de la Ley de Amparo, según se expone a continuación.

"Los artículos invocados en el párrafo precedente, son del tenor literal siguiente:

"‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"‘...

"‘XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley.’

"‘Artículo 114. El amparo se pedirá ante Juez de distrito:

"‘...

"‘III. Contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.

"‘Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiere dejado sin defensa al quejoso ...’

"En el caso concreto, de los antecedentes narrados por el propio promovente del amparo, se observa que los actos reclamados son dictados en la etapa de ejecución de sentencia, en un procedimiento en el cual el quejoso es parte, siendo que precisamente se trata de un acto dictado para ejecutar la resolución del juicio, sin que sea éste la última resolución de esa fase procedimental.

"Efectivamente, en el caso concreto la quejosa reclamó los siguientes actos:

"‘... El auto de fecha 07-siete de junio del 2007 y diligencia actuarial del mismo día, mes y año, el primero por ordenar que se le ponga en posesión material al depositario judicial del dinero en efectivo embargado que se encuentra en las cajas donde se maneja el numerario en atención a clientes; así como, el dinero que se encuentra en la bóveda de mi representada y la ilegal medida de apremio consistente en una multa del equivalente al importe de 20-veinte días de salario mínimo vigente en la capital del Estado y la segunda por pretender ejecutar dicho ordenamiento, dentro de los autos del expediente judicial número 179/1995, relativo al juicio ordinario mercantil.’

"En este orden de ideas, debe precisarse que sobre el significado de última resolución el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la tesis de jurisprudencia por contradicción 32/2001, publicada en la página 31, del Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son:

"‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (se transcribe).

"En similares términos, se pronunció anteriormente la Segunda Sala de ese Alto Tribunal en la tesis XLIX/96, consultable en la página 367, del Tomo III, junio de 1996, época y órgano de difusión invocados, en donde se señaló:

"‘AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO QUE DEBE DARSE A LA EXPRESIÓN «ÚLTIMA RESOLUCIÓN», A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA.’ (se transcribe).

"En este asunto, de acuerdo a lo antes señalado, es claro que no se está ante la resolución final dictada en la etapa de ejecución, en la que se dé por cumplida la sentencia del juicio, por lo que luego entonces el juicio de amparo deviene improcedente acorde a lo establecido en el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario.

"Es dable invocar al respecto, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis VIII/98, publicitada en la página 230, del Tomo VII, febrero de 1998, época y órgano de publicación también antes señalados, la cual es del tenor literal siguiente:

"‘RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.’ (se transcribe).

"De la misma manera es aplicable al caso concreto, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 780, del Tomo X, septiembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial antes citado, la cual señala:

"‘ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO. CASOS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO).’ (se transcribe).

"En este orden de ideas, es conveniente destacar que el propio Pleno del máximo Tribunal Constitucional del País ha establecido tesis en el sentido de que en tratándose de resoluciones intermedias no procede el amparo indirecto aun cuando se reclame inconstitucionalidad de leyes, sino que el precepto legal relativo deberá reclamarse hasta el momento de impugnar precisamente la última resolución mediante la cual culmine el procedimiento respectivo.

"La tesis citada en el párrafo precedente es la LVI/97, consultable en la página 15, del Tomo V, abril de 1997, época y órgano judicial antes citados, con el rubro y texto siguientes:

"‘AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.’ (se transcribe).

"En efecto, en asuntos como el que se presenta en la especie debe estarse a que la finalidad del legislador al establecer la norma contenida en el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es la de evitar la obstaculización de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, derivada de un procedimiento en el cual el afectado fue precisamente parte vencida, lo cual iría en contra del orden público y del interés social en el que se cumplan las sentencias ejecutorias de los órganos judiciales; sostener lo contrario implicaría que el ejecutado impugnara en esta vía constitucional de amparo indirecto cada proveído dictado ‘en’ y ‘para’ ejecución de sentencia, provocando con ello un retardo injustificado en un procedimiento en el cual ya fue oído y vencido.

"Por consiguiente, los agravios esgrimidos por el recurrente se tornan inoperantes, puesto que independientemente de que resultaren fundados, debe prevalecer el sobreseimiento decretado de oficio por este Tribunal Colegiado en los términos antes apuntados.

"En la inteligencia de que no pasa inadvertido de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito estableció tesis, por mayoría de votos, en el sentido de que en la revisión en amparo indirecto en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia, no es procedente analizar la actualización de una diversa causal de improcedencia, tesis consultable en la página 1814, Tomo XXVI, diciembre de 2007, época y órgano de difusión en cita, del contenido siguiente:

"‘REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CARECE DE FACULTADES PARA CONFIRMAR POR MOTIVO DISTINTO, EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO POR EL QUE SOBRESEYÓ FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL AL ADVERTIR UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe).

"Sin embargo, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio antes transcrito, por lo que en su oportunidad se habrá de denunciar la correspondiente contradicción de tesis, ello en virtud de que el estudio de las causales de improcedencia es de oficio, conforme lo establecido en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, sin importar si se trata de la revisión en contra de una sentencia definitiva o del auto de sobreseimiento fuera de audiencia.

"Sobre la obligación de analizar de oficio las causales de improcedencia en la revisión, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de jurisprudencia 122/99, consultable en la página 28, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en donde se consideró:

"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe).

"Es cierto que en la tesis jurisprudencial se hace referencia a lo establecido en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, y como lo sostiene la tesis que ahora se contradice, ese numeral hace referencia al estudio de las causales de improcedencia en la audiencia constitucional, por ende, resulta inaplicable en la especie, en que se trata de la revisión interpuesta en contra del auto de sobreseimiento fuera de audiencia; empero, independiente de esa circunstancia, debe estarse al hecho de que el citado artículo 73, último párrafo, rige para una u otra hipótesis.

"Efectivamente, en relación con el estudio de las causales de improcedencia en la revisión, sigue vigente el principio de que siendo una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, tal y como se establece en la diversa tesis 30/97 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, visible en la página 137, Tomo VI, julio de 1997, época y órgano de difusión judicial citados, cuyo rubro y texto son:

"‘REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (se transcribe).

"De tal manera, que en tratándose de la revisión interpuesta en contra del auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y se advierte por parte del órgano revisor la actualización, de manera manifiesta e indudable, de una causal de improcedencia, es claro que se encuentra facultado para analizar la misma, como sucede en la especie, ya que la causa de improcedencia analizada no podrá variar ulteriormente, aun cuando se celebre la audiencia constitucional y se ofrezcan pruebas, por lo que debe evitarse se retarde la resolución definitiva del asunto, en respeto a la garantía de pronta y expedita administración de justicia contenida en el artículo 17 constitucional.

"Consecuentemente, aun por motivos diversos lo que procede es confirmar el auto de sobreseimiento fuera de audiencia sujeto a revisión. ..."

II. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión principal 146/2007, en lo que interesa al presente fallo, son las siguientes:

"... En el auto de sobreseimiento recurrido el Juez Federal consideró que en el caso se concretó de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 con relación a los numerales 1o. y 11, todos de la Ley de Amparo, al estimar que los actos reclamados -derivados del contrato de compraventa celebrado por el Gobierno Federal, con estipulación a favor de terceros, con la señora **********- llevados a cabo por la Secretaría de la Reforma Agraria, no pueden ser considerados actos de autoridad que puedan ser impugnados a través del juicio de amparo.

"Sostuvo, que la Secretaría de la Reforma Agraria -en el referido contrato de compraventa-, no actuó en su carácter de autoridad, sino como ente de derecho privado, al no imponer obligación alguna a ningún particular, ya sea modificando obligaciones preexistentes o limitando derechos, por lo que, en tales condiciones, dicho acto no es susceptible de impugnarse mediante el juicio de garantías.

"En contra de la determinación inmediata anterior, el recurrente aduce, esencialmente, que resulta incorrecto el sobreseimiento decretado fuera de la audiencia de ley, dado que también reclamó que de la escritura pública número **********, no sólo contiene la compra venta y la estipulación a tercero, sino también la existencia de ampliación de ejido y la aportación de inmueble, ‘por lo tanto se trata de un acto eminentemente agrario, de aquellos a los cuales se refiere el artículo 27 de la Constitución General de la República ..., es claro que ya no se está en presencia de un contrato privado o de un acto jurídico entre particulares, propio del derecho civil, sino de la constitución del ejido de nombre **********.

"Que el Gobierno Federal, cuando les entrega a los campesinos las superficies de ********** y de ********** hectáreas, ‘ya no lo hace como ente privado, sino con las facultades que tiene conforme al artículo 27 constitucional, en ese momento surge un nuevo núcleo campesino, regulado por la Ley Agraria Vigente ... de suerte que hacen procedente al juicio de garantías’.

"Aduce el disconforme, que por ello el sobreseimiento decretado fuera de la audiencia es incorrecto; toda vez que el Juez Federal inadvirtió que los actos reclamados no involucran solamente actos de particulares, toda vez que de la escritura pública número ********** ya no se está en presencia de un contrato privado o de un acto jurídico entre particulares, propio del derecho civil, sino de la constitución del ejido **********, por lo tanto sí hubo las facultades de imperio, coacción y unilateralidad, lo que debe resolver el amparo. En esas condiciones se debe revocar el acuerdo que se recurre’ (foja a 8 del toca de revisión).

"Como se anticipó, asiste razón al disconforme.

"Ante todo, resulta importante establecer que, conforme lo disponen los artículos 74, fracción III; y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo y por jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del procedimiento de amparo se posibilita el decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, con la condicionante de que la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable.

"Así lo sostuvo la Segunda Sala del Máximo Órgano de Justicia del país, en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 -obligatoria para este Tribunal Colegiado conforme lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo-, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, cuyo epígrafe sinopsis, al tenor, establece:

"‘SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.’ (se transcribe).

"Por motivo manifiesto debe entenderse todo aquello que se advierta en forma clara, patente, evidente; lo indudable resulta cuando se tiene certidumbre y plena convicción de que la improcedencia es operante en el caso concreto, lo que la torna en inobjetable.

"En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado, pues no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de las constancias de autos, lo cual se considere probado sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables.

"Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio que se encuentra consultable en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicado en el Tomo LIX, página 2080, que a la letra, rubro y texto, expresa:

"‘IMPROCEDENCIA EN AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE.’ (se transcribe).

"En esa tesitura, contrario a lo sostenido en el auto de sobreseimiento recurrido, la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito no se advierte notoria, indudable y manifiesta, esto es, no se concreta en forma clara, patente, evidente ni se tiene certidumbre y plena convicción de que la improcedencia es operante, indudable e inobjetable, toda vez que, como lo aduce el disconforme, el a quo inadvirtió que en los actos reclamados se involucran cuestiones diversas a las que dieron sustento a la causal de improcedencia.

"Cierto, de la demanda de amparo se observa que los actos reclamados a las autoridades responsables se hicieron consistir: ‘Del secretario de la Reforma Agraria, los acuerdos y resoluciones de cualquier naturaleza que haya pronunciado a fin de adquirir la propiedad del señor **********, en el orden de ********** hectáreas, las cuales se enclavan dentro de las propiedades y posesiones de los quejosos, para incorporarlas al régimen ejidal en beneficio del grupo de campesinos del poblado de **********, en consecuencia los mandatos y designación de comisionado, así como facultades al resto de las responsables para que entreguen la posesión física y material a dichos terceros perjudicados, obviamente la integración del expediente administrativo correspondiente, cuyo número se desconoce, pero donde se contienen las órdenes que se reclaman y cualesquier otro acto que tienda a la desposesión y consumación de la entrega de tierras a favor del núcleo campesino de referencia, así como la formalización de la escritura definitiva y los trabajos técnicos llevados a cabo para tal efecto’; así como los actos de ejecución respectivos.

"Y, del auto de sobreseimiento recurrido se aprecia que el Juez Federal sustentó su determinación en la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 con relación a los numerales 1o. y 11, todos de la Ley de Amparo, al estimar que los actos reclamados no pueden ser considerados actos de autoridad que puedan ser impugnados a través del juicio de amparo, toda vez que la Secretaría de la Reforma Agraria -en el referido contrato de compraventa- no actuó en su carácter de autoridad, sino como ente de derecho privado, por lo que, en tales condiciones, dicho acto no es susceptible de impugnarse mediante juicio de garantías.

"Empero, como lo aduce el recurrente, dicho sobreseimiento deviene incorrecto, dado que el Juez Federal inadvirtió que en los actos reclamados se involucra el argumento de que la escritura pública número **********, no sólo contiene la compra venta y la estipulación a tercero, sino también la existencia de ampliación de ejido, ‘por lo tanto se trata de un acto eminentemente agrario, de aquellos a los cuales se refiere el artículo 27 de la Constitución General de la República ... es claro que ya no se está en presencia de un contrato privado o de un acto jurídico entre particulares, propio del derecho civil, sino de la constitución del ejido de nombre **********, ello provoca que la causal de improcedencia invocada por el a quo no sea inobjetable, clara, patente y notoria.

"En tanto que el Juez Federal debió interpretar los actos reclamados hechos valer en la demanda de amparo en su integridad, en sentido amplio y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención de los promoventes de amparo; esto es, armonizar, a fin de determinar -como una recta administración de justicia-, la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el anotado artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.

"Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar las jurisprudencias identificadas con el número 70, consultable en el Apéndice 2000, Séptima Época, Tomo I, Constitucional, Jurisprudencia SCJN, página 99, y Novena Época del Tomo XI, abril de 2000, página 32, respectivamente, que dicen:

"‘ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL.’ (se transcribe); y ‘DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.’ (se transcribe).

"Por tanto, al involucrarse en los actos reclamados el argumento atinente a que de la escritura pública número **********, no sólo contiene la compra venta y la estipulación a tercero, sino también la existencia de ampliación de ejido, y que ‘por lo tanto se trata de un acto eminentemente agrario, de aquellos a los cuales se refiere el artículo 27 de la Constitución General de la República’, resulta dable arribar a la conclusión de que, en este momento, la causal de improcedencia invocada por el a quo no es inobjetable, clara, patente, notoria y manifiesta; lo cual, dichas cuestiones, en su caso, debe dirimirse al resolverse en la sentencia que se dicte al celebrarse la audiencia constitucional.

"Al respecto, resulta oportuno citar el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, octubre de 2005, Tesis V.2o.46 K, página 2502, que dice:

"‘SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO PROCEDE DECRETARLO SI SU EXAMEN INVOLUCRA ASPECTOS VINCULADOS CON EL FONDO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA.’ (se transcribe).

"Consecuentemente, procede revocar el auto de sobreseimiento y ordenar la devolución de los autos al Juez de Distrito para la continuación del procedimiento hasta su regular conclusión, a fin de que resuelva integralmente la controversia constitucional conforme en derecho corresponda.

"Resulta importante establecer que cuando el Tribunal Colegiado revisa -a través del recurso de revisión- un auto de sobreseimiento dictado por el a quo fuera de la audiencia de ley, en el que se advierte que la causal de improcedencia invocada por el Juez Federal no es notoria e indudable, el órgano colegiado no puede reasumir jurisdicción en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, cuenta habida que ello sólo es posible cuando el sobreseimiento en el juicio acontece en la audiencia constitucional, después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado alegatos, presupuestos que no se cumplen cuando se sobresee en forma incorrecta fuera de dicha audiencia.

"Cierto, carece de base legal confirmar el auto de sobreseimiento por diversas razones a las sostenidas por el a quo, pues únicamente corresponde a este Tribunal Colegiado verificar si la causal de improcedencia invocada por el Juez Federal es notoria e indudable, sin que sea jurídicamente dable que este colegiado reasuma jurisdicción, dado que no se surten las hipótesis previstas en la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo. ..."

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis y fijación del tema a dilucidar.

I. Como una cuestión previa a resolver la existencia de la contradicción denunciada, debe señalarse que para que se surta su procedencia, es necesario que las posiciones opuestas se susciten en un mismo plano de análisis, pues no basta atender a la conclusión del razonamiento, sino que es necesario tener en cuenta las circunstancias fácticas y jurídicas que por su enlace lógico son fundamento del criterio asumido, ya que únicamente cuando exista tal coincidencia puede presentarse una contradicción de tesis.

Asimismo, al estudiar las circunstancias aludidas, se debe distinguir entre las que sirven de fundamento a los criterios emitidos, de aquellas que aun cuando aparentemente son sustento de las consideraciones respectivas, no constituyen un presupuesto lógico del razonamiento.

En otros términos, se actualiza la contradicción de tesis cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Al respecto, es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(2)

II. Debe señalarse que en la especie, sí se acreditan los extremos a que se refieren los incisos anteriores, entre los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 67/2008, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión principal 146/2007, que dio origen a la tesis aislada de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CARECE DE FACULTADES PARA CONFIRMAR POR MOTIVO DISTINTO, EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO POR EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL AL ADVERTIR UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."

Para clarificar que se acreditan los extremos a que se ha hecho referencia, se precisa lo siguiente:

II.a El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito resolvió el amparo en revisión 67/2008, que deriva del juicio de amparo indirecto 436/2007-VII, promovido en contra del auto de fecha siete de junio de dos mil siete y la diligencia actuarial de la misma fecha.

A continuación, se presentarán los hechos concomitantes al caso referido, así como las consideraciones relevantes de la decisión jurisdiccional.

Hechos. **********, en representación ********** -tercero perjudicada en el juicio de amparo arriba referido-, promovió en contra de **********, juicio ordinario mercantil -179/95-, el cual una vez agotado en todas sus instancias, quedó pendiente sólo respecto de la ejecución del punto resolutivo tercero de la sentencia de veintiuno de junio de dos mil dos, consistente en el pago a la actora de la cantidad que en ejecución de sentencia resultare. Dicha actora promovió incidente de liquidación y ejecución, mismo que se resolvió mediante sentencia interlocutoria de fecha treinta y uno de enero de dos mil siete.

Con motivo de la ejecución de la sentencia interlocutoria, el nueve de mayo de dos mil siete se requirió a la demandada el pago de **********, cantidad que al no ser pagada, se procedió al embargo de los bienes que el acreedor señaló para tal efecto. El siete de junio del mismo año se dictó el auto que ordenó poner en posesión material y jurídica de la cantidad antes referida, al depositario judicial designado para ello.

Para materializar dicha determinación, el mismo día se constituyó en el domicilio de la demandada el secretario adscrito del juzgado que conoció del asunto, materialización que no se llevó a cabo por la oposición de **********.

En contra del auto de siete de junio de dos mil siete y de su ejecución, la sociedad ********** antes referida interpuso juicio de amparo del que conoció el Juzgado Quinto de Distrito, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, registrándolo con el número 436/2007-VII.

Por auto de veintiocho de junio de dos mil siete, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio fuera de audiencia. En contra de ese auto, la quejosa interpuso recurso de revisión, del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, quedando registrado con el número 407/2007. Se resolvió en el sentido de reponer el procedimiento, a fin de que se ordenara aclarar la demanda respecto de la personalidad del promovente.

Cumplido lo anterior, el once de febrero de dos mil ocho, el juzgador sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que los efectos del acto impugnado no se han concretado ni se concretarán en la esfera jurídica de la quejosa, en tanto que ésta efectuó el pago del adeudo que tenía con la empresa tercero perjudicada, según se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21282-f1b5f7e8/improcedencia-del-juicio-de-amparo-el-tribunal-colegiado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.