PRUEBA PSICOLÓGICA A CARGO DE LOS MENORES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYEN UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
I. Al resolver el amparo en revisión civil **********, el once de marzo de dos mil diez, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito revocó la decisión del Juez de Distrito en la que se había estimado que el acto reclamado, consistente en la sentencia de segunda instancia en la que se ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que el juzgador de primer grado desahogara la prueba pericial de psicología del menor del que se reclama la patria potestad y/o la guarda y custodia, no es de imposible reparación, por lo que el juicio de amparo resultaba improcedente, por las siguientes razones:
- El Pleno de la Suprema Corte ha considerado que para el efecto de establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, debe estudiarse en cada caso concreto si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada son o no de imposible reparación, esto, según se desprende de la tesis P./J. 17/91, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."(3)
- Conforme a lo anterior, este órgano de control constitucional, contrario al parecer del Juez de Distrito, considera que la resolución reclamada por sus alcances y características particulares constituye un acto cuya ejecución es de imposible reparación, ya que puede producir una afectación a los derechos de carácter sustantivo de la menor.
- En efecto, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen el derecho de los menores a la salud mental. En este aspecto, ese derecho constituye una garantía individual, un derecho de los niños oponible al Estado consistente en que éste debe velar por la protección de la salud psicológica de los niños en cualquier acto que realice, incluyendo, desde luego, los actos emitidos en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
- Por lo anterior, se considera que la reposición del procedimiento para que se desahoguen las pruebas pericial psicológica y médica a la menor, puede acarrear el riesgo de causar un daño psicológico a la menor, perjuicio que no podrá repararse mediante la sentencia definitiva aunque ésta garantice los derechos de los menores de la mejor manera posible y, por tanto, esa sola eventualidad conduce a considerarlo como un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo.
- Las anteriores consideraciones guardan congruencia con los criterios sustentados por el Máximo Tribunal en el País, particularmente, con el establecido en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 182/2005, de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."(4)
- Razón por la cual, este Tribunal Colegiado no comparte y denuncia la contradicción, con la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, de rubro: "PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE DESAHOGUEN LAS PRUEBAS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN LOS DOMICILIOS DE LAS PARTES Y ESTUDIO PSICOLÓGICO A UN MENOR DE EDAD CON LA ASISTENCIA DE SUS PADRES, LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y ANTE LA PRESENCIA DEL JUEZ."(5)
- De los razonamientos expuestos por este Tribunal Colegiado emanó la tesis siguiente:
"PRUEBA PERICIAL PSICOLÓGICA A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE GUARDA Y CUSTODIA Y PÉRDIDA DE PATRIA POTESTAD. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’, publicada con el número 1a./J. 182/2005, en la página 478 del Tomo XXIII de enero de 2006 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la admisión y orden de desahogo de la prueba testimonial a cargo de los menores sobre hechos materia de divorcio necesario de sus padres puede causar daños a la salud psicológica de aquéllos porque tendrán que declarar sobre cuestiones como violencia intrafamiliar, infidelidad, maltrato, amenazas, etcétera, por lo que una prueba de esta clase debe considerarse como un acto de imposible reparación para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ese mismo criterio es aplicable tratándose de los casos en los que se admita el desahogo de la prueba pericial psicológica respecto de menores en juicios de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad, a participar de la misma naturaleza que aquélla, pues se puede causar al menor un daño a su salud psicológica, la cual se encuentra protegida por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, signada por el Estado mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, cuya protección es obligación del Estado en todos los actos que realice respecto de los menores, esto es así, merced a que es posible que los menores sean sometidos por los peritos en psicología a un interrogatorio sobre cuestiones como violencia intrafamiliar, maltrato, amenazas, etcétera; por lo que el posible perjuicio sufrido al desahogar la prueba de mérito no podría desaparecer ni restituírseles."(6)
II. Al resolver el amparo en revisión civil **********, el veinticuatro de septiembre de dos mil siete, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito confirmó la decisión del Juez de Distrito en la que se había estimado que el acto reclamado, consistente en la sentencia de segunda instancia en la que se ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que el juzgador de primer grado desahogara la prueba pericial de psicología del menor del que se reclama la patria potestad, no es de imposible reparación, por lo que el juicio de amparo resultaba improcedente. Lo anterior, por las siguientes razones:
- El acto reclamado no es impugnable en amparo indirecto, pues tal resolución por sus alcances y características particulares no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, porque no produce de manera directa o inmediata alguna afectación a los derechos sustantivos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, en tanto que únicamente afecta derechos de naturaleza adjetiva o procesal, porque los efectos del acto que se reclama sólo tienen como consecuencia que se lleve a cabo nuevamente el desahogo de las pruebas y que se dicte un nuevo fallo que resuelva el fondo del asunto planteado, lo que puede ser reparado si la promovente obtiene sentencia favorable en el juicio natural y, en caso de que ésta le sea adversa, puede reclamar la citada determinación en el amparo directo que se intente en contra de la sentencia definitiva que resuelva el juicio del que deriva el acto reclamado, en términos de lo dispuesto en los artículos 159, fracción III y 161 de la Ley de Amparo.
- Dado que no hay datos que demuestren que el desahogo de la prueba psicológica puede causarle una afectación de imposible reparación al menor, no se puede sostener de antemano que este acto invariablemente le producirá un daño a la salud mental del menor.
- De los razonamientos expuestos por este Tribunal Colegiado emanó la siguiente tesis:
"PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD. AL NO CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA QUE SE DESAHOGUEN LAS PRUEBAS DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO EN LOS DOMICILIOS DE LAS PARTES Y ESTUDIO PSICOLÓGICO A UN MENOR DE EDAD CON LA ASISTENCIA DE SUS PADRES, LA INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y ANTE LA PRESENCIA DEL JUEZ. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. La expresión ‘actos en juicio’ contenida en el precepto constitucional citado, así como en la referida ley secundaria, desde luego, se refiere a actuaciones concretas que por sus particularidades o alcances, afecten de manera directa e inmediata derechos sustantivos fundamentales del gobernado, o causen a éste una afectación en grado predominante o superior. Por otra parte, los casos en que se pretende la pérdida de la patria potestad, atribuyendo al demandado alguna conducta de las previstas en la ley como supuestos para que se dé aquélla, importa de suyo que el debate mismo y, consecuentemente, las pruebas a desahogar en el proceso, versen sobre circunstancias que necesariamente afectan al desenvolvimiento del núcleo familiar; por lo tanto, generalmente producirán emociones desagradables a las partes contendientes y, desde luego, a los menores hijos. Sin embargo, ello no basta para considerar que el desahogo de las pruebas, necesariamente, ocasionará al quejoso o al menor de edad, respecto del cual se discutió la pérdida de la patria potestad, una afectación indeleble; en congruencia con lo anterior, se concluye que el amparo indirecto es improcedente en controversias relativas a la pérdida de la patria potestad, contra la sentencia de segunda instancia que deja insubsistente la de primer grado y ordena reponer el procedimiento para que se desahoguen las pruebas de investigación de campo en los domicilios de las partes y estudio psicológico a un menor de edad con la asistencia de sus padres, la intervención del Ministerio Público y ante la presencia del Juez, por tratarse de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, ya que sólo tiene como finalidad que se acumulen al acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de éstas, para que el resolutor pueda emitir su determinación con la mayor información posible y proteger, además, el interés superior del menor, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse."(7)
CUARTO. En primer lugar, debe precisarse que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis radica en unificar los criterios contendientes. Es decir, para identificar si es existente la contradicción de tesis deberá tenerse como premisa generar seguridad jurídica.
De diversos criterios de esta Suprema Corte podemos derivar las siguientes características que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis:
1. No es necesario que los criterios deriven de elementos de hecho idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, arribando a decisiones encontradas;(8)
2. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
3. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
4. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
De acuerdo a lo anterior, esta Sala considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, por las siguientes consideraciones:
- Los Tribunales Colegiados contendientes analizaron en los diversos amparos en revisión sometidos a su consideración un punto jurídico idéntico consistente en determinar si la prueba psicológica de los menores ordenada en reposición de procedimiento constituye un acto de imposible reparación y si, en consecuencia, es procedente el juicio de amparo indirecto en su contra.
- En efecto, ambos tribunales analizaron la procedencia del amparo indirecto en contra de una sentencia que repone el procedimiento para el efecto de que se practiquen a los menores pruebas de carácter psicológico con el objetivo de preservar el interés superior del niño y determinar con base en el mismo a quién le corresponde la patria potestad y/o la guarda y custodia de los menores.
- Al respecto, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito resolvió que, en tratándose de las periciales psicológicas practicadas a menores, puede verse afectado un derecho sustantivo consistente en el derecho a la salud mental de los niños, por lo que su desahogo es un acto de imposible reparación susceptible de impugnarse en amparo indirecto.
- Mientras que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito consideró que el acto reclamado no es de imposible reparación, porque no se ve involucrado ningún derecho sustantivo y, en consecuencia, el amparo indirecto es improcedente.
- Por lo que, respecto a la misma cuestión jurídica, consistente en la procedencia del amparo indirecto en contra de la sentencia de segunda instancia que ordena la reposición del procedimiento para el efecto de que se admitan y desahoguen las periciales de psicología, llegaron a soluciones distintas, pues mientras uno determinó su procedencia, el otro concluyó que el amparo debía ser improcedente.
- No obsta a lo anterior que en el primero de los asuntos se reclame la patria potestad y/o la guarda y custodia del menor y en el segundo tan sólo la patria potestad, pues ambos juicios tienen la misma naturaleza familiar y, por ende, no trascienden al fondo de la cuestión jurídica que se debe resolver en la presente contradicción.
En efecto, esta Suprema Corte ha considerado que es existente la contradicción de tesis independientemente de las circunstancias secundarias o accesorias que no sean relevantes para definir el punto de derecho en cuestión. Tal criterio se estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(9)
Asimismo, a pesar de que en la jurisprudencia 1a./J. 182/2005 esta Primera Sala ya se ha pronunciado en el sentido de que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la admisión y desahogo de la prueba testimonial a cargo de los menores hijos en un juicio de divorcio,(10) es necesario analizar la presente contradicción de tesis con el objetivo de generar seguridad jurídica, al resolver el supuesto fáctico no previsto por la misma, consistente en la admisión y desahogo de la prueba psicológica a cargo de los menores en los juicios en los que se reclame la guarda y custodia y/o la patria potestad, así sea aplicando las mismas consideraciones que derivaron de dicha tesis jurisprudencial.
Con lo anterior, puede llegarse a la conclusión de que sí existe la contradicción de tesis denunciada y que la litis de la misma consiste en determinar: si la sentencia de segunda instancia que ordena la reposición del procedimiento para el efecto de la realización de determinadas pruebas psicológicas a los menores en un juicio de patria potestad y/o de guarda y custodia, constituye un acto de imposible reparación y, en consecuencia, si es procedente el juicio de amparo indirecto en su contra.
QUINTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia lo sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Debe hacerse extensivo el criterio sostenido por esta Primera Sala en la contradicción de tesis ********** -la cual establece que la admisión y desahogo de la prueba testimonial a cargo de los menores en un juicio de divorcio puede generar consecuencias de imposible reparación- al caso que nos ocupa, que se refiere a la admisión y desahogo de la pericial en psicología a cargo de los menores en juicios en los que se reclama la patria potestad y/o la guarda y custodia.
En efecto, en ese criterio se sostuvo que son actos de imposible reparación los que afecten derechos sustantivos y que la salud mental de los niños es un derecho fundamental reconocido tanto por la Constitución como por la Convención sobre los Derechos del Niño. Con base en tales premisas se argumentó que las pruebas testimoniales a cargo de los menores ofrecidas en un juicio de divorcio pueden ocasionar afectaciones al derecho a la salud, por lo que el auto que ordena su desahogo es de imposible reparación.
En consecuencia, lo que corresponde resolver en la presente contradicción es si las pruebas psicológicas de los menores en los juicios en los que se demande la patria potestad y/o la guarda y custodia de los mismos, son actos que pueden afectar la salud mental de los niños y, por tanto, si debe aplicarse la misma consecuencia jurídica que la establecida en la contradicción de tesis **********, es decir, si son actos de imposible reparación y si, en consecuencia, es procedente el amparo indirecto.
Para lo anterior, en primer lugar, se retomará lo expuesto en la contradicción de tesis **********, en cuanto a la definición de los actos de imposible reparación, posteriormente, se establecerá que el derecho a la salud mental de los niños es un derecho fundamental y, finalmente, se explicará que las pruebas psicológicas realizadas a menores pueden vulnerar tal derecho y, constituyen, por tanto, un acto de imposible reparación susceptible de impugnarse en amparo indirecto.
a. Procede el amparo indirecto contra actos de imposible reparación.
De acuerdo con el inciso b de la fracción III del artículo 107 constitucional(11) y la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo,(12) el amparo indirecto es procedente para actos dentro de un proceso siempre y cuando sean de imposible reparación.
Los actos que se consideran de esta naturaleza son aquellos que afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por la Constitución y que la afectación que generan no es susceptible de repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio. En cambio, quedan excluidos de esta categoría aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos y procesales dado que, por su naturaleza, sí es posible reparar su afectación mediante sentencia favorable dado que su afectación recae sobre cuestiones meramente formales.(13)
Ahora bien, en principio, los derechos sustantivos garantizados por la Constitución de imposible reparación son los derechos personales o reales. Estos derechos surten efectos independientemente de la existencia de algún juicio o procedimiento. Por ejemplo, figuras jurídicas como el arresto, arraigo o embargo limitan las garantías de libertad de tránsito, de propiedad, de posesión, entre otras, y, dada su naturaleza, sus consecuencias son de imposible reparación, ya que aunque el afectado obtenga sentencia favorable nada ni nadie podrá restituirle el tiempo que dejó de gozar de los derechos a los que se le privó.
En cambio, los derechos adjetivos o procesales surgen durante el trámite de algún procedimiento o juicio y, por ende, si el ciudadano sufre una afectación en los mismos éstos pueden ser subsanados mediante sentencia definitiva favorable o, en caso de obtener sentencia en contra, el ciudadano puede reclamar las violaciones sufridas a través del amparo directo de acuerdo con el inciso a, fracción III, del artículo 107 constitucional y los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo.
b. La salud mental de los niños es un derecho sustantivo.
Con base en las consideraciones anteriores, debe determinarse si la salud mental de los niños es un derecho sustantivo garantizado por la Constitución.
De acuerdo a la contradicción de tesis ********** la salud física y mental de los menores es un derecho sustantivo garantizado de manera expresa por el artículo 4o. constitucional y reconocido también por la Convención sobre los Derechos del Niño.
En efecto, el artículo 4o. de la Constitución reconoce distintos derechos a los niños y establece el deber del Estado de proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de los mismos. Al respecto, dicho numeral señala expresamente lo siguiente:
"Artículo 4o. ... Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos ..."
La primera cuestión que hay que aclarar es cuáles son los derechos de los niños protegidos por la Constitución. Aunque el derecho a la salud se encuentra expresamente reconocido en tal artículo constitucional, debe precisarse que los derechos fundamentales de los niños no son exclusivamente los enumerados expresamente en ese precepto.
En efecto, uno de los objetivos declarados de dicha reforma fue adecuar el marco constitucional mexicano a los tratados internacionales en materia de derechos del niño, firmados y ratificados por nuestro país.(14) Por esa razón, cualquier interpretación que se haga del artículo 4o. constitucional tiene que hacerse a la luz de las normas de derecho internacional en materia de derechos del niño y los criterios de los distintos órganos encargados de su interpretación.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que "los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos -menores y adultos- y tienen además derechos especiales derivados de su condición".(15) Si se traslada este criterio interpretativo al ordenamiento mexicano, es posible concluir que los niños tienen todos los derechos establecidos en la Constitución, además de algunos otros derechos especiales previstos en el artículo 4o.(16)
Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que el derecho a la salud como derecho de los niños debe dotarse de contenido desde las disposiciones de orden internacional que fueron a las que respondió la reforma constitucional del texto actual del artículo 4o.
En tal sentido, el marco internacional de los derechos del niño está constituido por varios instrumentos internacionales, entre los que destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 24), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 19), la Declaración de los Derechos del Niño y, muy especialmente, la Convención sobre los Derechos del Niño.
Así, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 3, 4, 19 y 24,(17) se ha establecido el deber del Estado para:
1. Tener como primordial el interés superior de los menores en cualquier decisión que tomen los tribunales.
2. Reconocer que los niños tienen el derecho a disfrutar del nivel más alto de salud.
3. Asegurar el bienestar de los menores y adoptar cualquier medida (de cualquier índole) para dar efectividad a los derechos reconocidos por la convención, especialmente, medidas para proteger a los menores contra toda forma de daño a su salud física o mental.
Por lo que, en primer lugar, el derecho a la salud de los niños debe ser interpretado desde el interés superior del niño. El interés superior del niño es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos previstos en el artículo 4o. Esta idea encuentra respaldo en un argumento teleológico. Como se sostuvo anteriormente, en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o. se reconoce expresamente que uno de los objetivos del Órgano Reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño.(18)
En este sentido, el principio del interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. No sólo es mencionado expresamente en varios instrumentos, sino que es constantemente invocado por los órganos internacionales encargados de aplicar esas normas.(19)
En tanto principio normativo, el interés superior del niño tiene una función justificativa y una función directiva. Por un lado, sirve para justificar todos los derechos que tienen como objeto la protección del niño. Por otro lado, constituye un criterio orientador de toda producción normativa, entendida en sentido amplio, relacionada con los derechos del niño, lo que incluye no sólo la interpretación y aplicación del derecho por parte de los Jueces, sino también todas las medidas emprendidas por el legislador y las políticas públicas, programas y acciones específicas llevadas a cabo por las autoridades administrativas. Así, el principio del interés superior del niño debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores.
Se reconoce, asimismo, en la Convención sobre los Derechos del Niño, el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, lo que implica, en conjunción con el interés superior del niño, que la protección a la salud de los mismos se debe hacer a través de medidas "reforzadas" o "agravadas". El hecho de que haya mayores exigencias para el Estado cuando se trata de salvaguardar los derechos del niño también puede justificarse a la luz de las disposiciones del derecho internacional relacionadas con los derechos del niño.(20)
Por otro lado, el derecho a la salud no debe entenderse simplemente como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino como un estado completo de bienestar físico, mental y social.(21) En tales términos lo ha reconocido la Convención sobre los Derechos del Niño, al establecer que la salud de los niños también involucra a su salud mental y que se refiere no sólo al tratamiento o curación de afectaciones, sino a su prevención.(22)
Con base en lo anterior, es claro que el derecho a la salud es un derecho fundamental reconocido tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como por la Convención sobre los Derechos del Niño y que no sólo involucra a la salud física, sino a la salud mental de los niños, interpretada desde el interés superior del niño, el cual impone una carga especialmente alta al Estado cuando se trata de proteger la salud de los infantes.
De lo anterior se deriva que el Estado debe velar por la protección de la salud psicológica de los niños en cualquier acto que realice, incluyendo, desde luego, los actos que realiza en el ejercicio de la potestad jurisdiccional.
c. La admisión y desahogo de las pruebas periciales psicológicas implica un riesgo de vulneración al derecho a la salud mental de los niños.
Precisado que el derecho a la salud mental de los niños es un derecho de rango constitucional, debe analizarse si el ofrecimiento y desahogo de pruebas psicológicas puede afectar dicho derecho sustantivo y si tal afectación no es susceptible de repararse obteniendo sentencia favorable en el juicio.
Dada la naturaleza de la pericial psicológica en la que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22876-1d38254d/prueba-psicologica-a-cargo-de-los-menores-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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