DEMANDA DE AMPARO. LA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE ÉSTA PARA EL TRASLADO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, NO CONSTITUYE UN FORMALISMO SIN SENTIDO O UN OBSTÁCULO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 111/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema en materia común.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues en el caso, fue realizada por el presidente del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Para poder resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.
1. Criterio del tribunal denunciante.
El Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el toca de revisión RT. 16/2010, analizó un asunto con las siguientes características:
a. Se interpuso demanda de amparo indirecto contra actos de una Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (auto que desechó la demanda laboral por diversos codemandados).
b. El Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda mencionada, con fundamento en los artículos 120 y 146 de la Ley de Amparo, previno al peticionario para que dentro de un término de tres días exhibiera una copia de su escrito inicial de demanda, en razón de que había anexado cinco copias de la misma y, en la especie, eran necesarias seis para distribuirlas entre las partes (una para la autoridad responsable, cuatro para emplazar a los terceros perjudicados y una para dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado).
c. Una vez transcurrido el término referido y ante la omisión de la parte quejosa en desahogar la prevención decretada, el órgano jurisdiccional tuvo por no interpuesta la demanda de garantías.
d. Inconforme con dicho proveído, la parte quejosa promovió recurso de revisión, argumentando, en la parte que interesa, que la copia faltante de su demanda de garantías era para traslado al agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado de Distrito y, por tanto, no estaba obligado a su exhibición en términos del criterio contenido en la tesis de rubro: "COPIAS PARA EL AMPARO. MINISTERIO PÚBLICO.".
Asimismo, manifestó que si bien en su escrito inicial de demanda había señalado a diversos terceros perjudicados, el juzgador debió verificar si les correspondía o no tal carácter, pues de no reconocer la calidad mencionada, habrían copias suficientes de la demanda para el traslado a las demás partes.
e. Del recurso de revisión mencionado, conoció el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, bajo el número de expediente RT. 16/2010, quien al resolver determinó confirmar el auto sujeto a revisión, en los siguientes términos:
"Finalmente, en el primer agravio aduce que el Juez Federal tuvo por no interpuesta la demanda de garantías que presentó, porque el recurrente no dio cumplimiento al acuerdo en el que se le requirió exhibiera una copia más de la demanda de garantías; sin embargo, de la lectura del acuerdo preventivo se advierte que una de las copias que le fueron solicitadas era para ser entregada al agente del Ministerio Público de la Federación y respecto de esta parte no se encontraba obligado a exhibir la copia de referencia; por tanto, el Juez no debió requerirlo en ese sentido y tener por no presentada la demanda de garantías; lo anterior, en términos de la tesis aislada, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: ‘COPIAS PARA EL AMPARO. MINISTERIO PÚBLICO.’.
"Agrega, que el Juzgado Sexto de Distrito debió observar el criterio jurisprudencial de referencia, por lo que considera que el recurso que ahora se resuelve debe declararse fundado.
"Es infundado lo aducido por el recurrente.
"El artículo 166 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar.
"Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son: el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa.
"Una de esas formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de garantías lo constituye el emplazamiento de las partes, a quienes debe entregarse copia de la demanda de amparo que dio origen al juicio, lo cual encuentra justificación en que el legislador estableció como presupuesto procesal previo al proceso de amparo, que el quejoso tenga la carga de exhibir sendas copias para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público, y dos para el incidente de suspensión cuando éste sea solicitado.
"Cuando el peticionario de amparo no exhibe las copias que señala el citado artículo 120, el Juez de Distrito debe prevenir al promovente para que presente las copias dentro del término de tres días para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo, con la consecuencia legal de tener por no interpuesta la demanda en caso de incumplimiento, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, tal como sucede en los juicios en que se demandan prestaciones económicas derivadas de una relación laboral.
"Ahora bien, la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de Amparo establece que la institución del Ministerio Público Federal, en representación de la sociedad, es parte en los juicios de amparo y, por tanto, debe ser llamado a juicio, emplazándolo legamente con la copia simple de la demanda de garantías de que se trate, para estar en aptitud de intervenir y hacer valer sus derechos si a su criterio se afecta el interés público; o en caso contrario, abstenerse de intervenir en el procedimiento, ya sea manifestándolo expresamente o simplemente guardando silencio, revelando con ello el desinterés en el asunto
"De esta manera, no existe justificación legal para soslayar que la institución del Ministerio Público sea emplazada al juicio de garantías sin entregarle copia de la demanda de garantías ...
"En efecto, conforme al precitado artículo 120 de la Ley de Amparo deben exhibirse con la demanda copias suficientes para cada una de las partes del juicio constitucional, lo que como ya se vio, tiene por objeto que puedan ocurrir a defender sus intereses con la debida oportunidad, y dado que en el caso concreto se señalaron cuatro terceros perjudicados, una autoridad responsable y, además, debe darse la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público adscrito, es inconcuso que el quejoso se encontraba obligado a exhibir, en igual número, copias de su demanda, a fin de colmar la apuntada necesidad procesal. Y al no haberlo hecho de esa manera, dentro del plazo que se le otorgó, fue correcto que el Juez tuviera por no interpuesta la demanda.
"No obsta que el quejoso alegue que resulta innecesario que se entregue copia de la demanda al agente del Ministerio Público, apoyándose para ello en la tesis aislada aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes Ciento Cuarenta y cinco-Ciento Cincuenta, Sexta Parte, Materia Común, página ochenta y ocho, del siguiente tenor:
"‘COPIAS PARA EL AMPARO. MINISTERIO PÚBLICO.’ (se transcribe).
"Del contenido de la tesis transcrita se advierte que en ésta, esencialmente, se sostiene que no existe necesidad de entregar copia de la demanda al representante social, pues se parte de la premisa de que éste tiene acceso a los autos originales; empero, lo aseverado por el quejoso, así como el contenido de la tesis aislada de referencia este tribunal no lo comparte.
"En efecto, el texto de la tesis transcrita no puede tener aplicación cuando, como en el caso, se trata de requisitos de observancia estricta para la promoción del amparo, porque finalmente tal exigencia descansa sobre el principio de certeza jurídica, de donde se colige que la autoridad de amparo, en este caso, el Juez Federal se encuentra obligado a dar a conocer al agente del Ministerio Público de la Federación la demanda de garantías promovida por el quejoso, de modo tal, que tenga pleno conocimiento de los términos en que se ejercitó la acción constitucional, siendo indispensable para esto, acompañar copia de la demanda para ser entregada al Ministerio Público Federal y, sólo entonces, satisfacer este presupuesto procesal del juicio de amparo.
"Tanto más que, como se precisó en líneas precedentes, los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y la exhibición de copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; y para el Ministerio Público, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, en la especie, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público para proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa; sin que sea dable justificar que es innecesaria la entrega de dicha demanda, porque el representante social tenga acceso a los autos originales, puesto que ello no es un argumento válido para incumplir con esa obligación, pues llevaría al extremo inaceptable de considerar que es innecesaria la exhibición de copias de la demanda, porque bastaría que cualquiera de las partes solicitara la consulta del expediente, o bien, copia fotostática de la referida demanda, para tener conocimiento de su contenido; sin embargo, esa no fue la intención del legislador al establecer la obligación de que las partes exhiban suficientes copias del libelo de amparo para ser distribuidas a cada una de las partes del juicio de control constitucional; de ahí lo infundado del agravio esgrimido, así como de la inaplicabilidad de la tesis citada al presente asunto."
2. Como se asentó en la presente ejecutoria, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito informó sobre el extravió del expediente 1064/1980, con motivo de los sismos ocurridos en la ciudad de México, Distrito Federal, el diecinueve de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco. Asimismo, mencionó que se encuentra imposibilitado para informar si se comparte o no el criterio sustentado al resolver el señalado expediente.
Sin embargo, ello no impide que esta Sala aborde el estudio respectivo, pues ante la imposibilidad de tener a la vista la ejecutoria de la que derivó el criterio contendiente, es suficiente con la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, pues ésta es clara en cuanto a su contenido.
Apoya lo anterior la tesis 2a. CXI/2001, sustentada por la Segunda Sala, que esta Sala comparte, de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE, AUN ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TENER A LA VISTA LA EJECUTORIA DE LA QUE DERIVÓ ALGUNO DE LOS CRITERIOS QUE SE ESTIMAN DIVERGENTES, SI EL TEXTO DE LA TESIS PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES SUFICIENTEMENTE CLARO Y EL PUNTO DE DERECHO QUE EN ÉL SE ABORDA PUEDE PRESENTARSE EN SITUACIONES FUTURAS Y REITERADAS. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un principio de seguridad jurídica, debe resolver las denuncias de contradicción de tesis formuladas por parte legítima aun en aquellos casos en que no se tenga a la vista la ejecutoria de la que derivó alguno de los criterios que se estiman divergentes, por alguna razón justificada como sería el extravío del expediente, siempre y cuando la redacción de la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación sea lo suficientemente clara como para desprender de ella la opinión jurídica que el tribunal sostuvo sobre un punto de derecho y, además, éste sea de tal manera general que pueda presentarse en situaciones futuras y reiteradas. Ello es así, porque el vocablo ‘tesis’ a que aluden los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, debe entenderse en sentido amplio, es decir, como la opinión que formulan de un tema jurídico determinado los órganos jurisdiccionales que resuelven los asuntos sometidos a su consideración, por lo que cuando el texto de la tesis cuente con los elementos jurídicos necesarios para fijar con nitidez cuál fue la postura adoptada por aquéllos, la imposibilidad material de recabar la ejecutoria de la que derivó constituye un elemento secundario en la contradicción, que no impide que el más Alto Tribunal del país realice el análisis de la denuncia respectiva."(4)
De esta forma, ante la inexistencia de las constancias relativas, la presente resolución se concretará a observar lo establecido en la tesis que derivó de la resolución del expediente mencionado, cuyos rubro y texto, señalan:
"COPIAS PARA EL AMPARO. MINISTERIO PÚBLICO. Cuando el Ministerio Público desee formular pedimento en los juicios de amparo, en términos de los artículos 5o., fracción IV, 29, fracción II, 146 y 179 de la Ley de Amparo, se pasan los autos originales al agente correspondiente, para tal efecto, por lo que teniéndolos a la vista no puede decirse que el debido proceso legal consagrado en el artículo 14 constitucional obligue a que la parte quejosa o recurrente entregue copias de traslado para dicho efecto, y al desechar la demanda o un recurso por la falta de una copia de traslado para el Ministerio Público, implica una denegación de justicia contraria a la misma garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 señalado, por lo que los artículos 120 y 168 de la Ley de Amparo no deben interpretarse con tan injustificado rigor."(5)
Del anterior criterio se desprende que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la improcedencia 1064/1980, consideró innecesario obligar a la parte quejosa -o recurrente- a entregar copias de traslado de la demanda de amparo -o de un recurso- cuando dichas reproducciones sean para correr traslado al agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado del conocimiento.
Para llegar a la anterior determinación, estimó que los artículos 120 y 168 de la Ley de Amparo no debían ser interpretados de forma injustificada, pues desechar la demanda por falta de una copia de traslado para el fiscal federal, implica una denegación de justicia contraria a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional.
CUARTO. Existencia de la contradicción. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(6), puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.
Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.
Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
El discernimiento expuesto, es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL.(7)
Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(8)
Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de la resolución emitida por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, así como del criterio aislado sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se detallaron en el considerando tercero de la resolución.
Segundo requisito: Razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un razonamiento sobre el contenido de los artículos 120 y 167 de la Ley de Amparo.
En efecto, los órganos colegiados abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica, que fue determinar si la parte quejosa se encuentra obligada o no, a exhibir copia del escrito inicial de demanda para su traslado al fiscal federal adscrito al órgano del conocimiento.
Así, el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideró que de conformidad con el artículo 120 de la Ley de Amparo, deben exhibirse con la demanda copias suficientes para cada una de las partes, incluyendo al agente del Ministerio Público Federal adscrito para darle la intervención que legalmente le compete, y en el caso de que no se cumpla con dicho requisito legal, previo desahogo de la prevención, procede tener por no interpuesta la demanda de garantías.
Por el contrario, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo que los artículos 120 y 168 de la Ley de Amparo no pueden ser interpretados de forma rigorista, y consideró que desechar la demanda por la falta de una copia de traslado por el Ministerio Público implica una denegación de justicia contraria a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, máxime que el fiscal federal tiene acceso a los autos originales. De este último criterio se desprende que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció de un juicio de amparo directo, en el que se requirieron copias de la demanda en términos del artículo 167 de la ley de la materia.
No obsta para afirmar que los órganos colegiados abordaron el estudio de la misma cuestión jurídica, el hecho de que las consideraciones de los tribunales se hayan basado, en un caso, en las disposiciones relativas al amparo indirecto (artículo 120) y, en el otro, en normas respecto del amparo directo (artículo 167), porque las normas aplicadas por los órganos colegiados tienen el mismo contenido, en el sentido de que ambas contienen la obligación de la parte quejosa para exhibir copia de la demanda de amparo para traslado a las partes.
En efecto, el artículo 120 de la Ley de Amparo establece lo siguiente:
"Artículo 120. Con la demanda se exhibirán sendas copias para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público, y dos para el incidente de suspensión si se pidiere ésta y no tuviera que concederse de plano conforme a esta ley."
Por su parte, el artículo 167 de la misma ley es del tenor literal siguiente:
"Artículo 167. Con la demanda de amparo deberá exhibirse una copia para el expediente de la autoridad responsable y una para cada una de las partes en el juicio constitucional; copias que la autoridad responsable entregará a aquéllas, emplazándolas para que, dentro de un término máximo de diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos."
De la lectura de los anteriores preceptos se advierte que en cuanto al trámite del amparo indirecto, el artículo 120 de la Ley de Amparo establece que con la demanda de garantías se deben anexar copias para su traslado a las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de que se solicite; asimismo, el artículo 167 de la misma ley establece que con la demanda de amparo deberá exhibirse una copia para el expediente de la autoridad responsable y una para cada una de las partes en el juicio constitucional.
En ese contexto, es evidente que no es obstáculo para la existencia de la contradicción que los órganos jurisdiccionales no hayan interpretado los mismos artículos, pues ambos imponen la misma obligación.
De lo antes expuesto se desprende que sí existe oposición de criterios, puesto que en las resoluciones de ambos tribunales se realiza el análisis de los mismos elementos (juicios en los que se previno a los quejosos para que exhibieran las copias faltantes del escrito de demanda), y se plantea la misma cuestión jurídica (si es necesario que la parte quejosa exhiba copia de la demanda para traslado al agente del Ministerio Público Federal); sin embargo, se resuelve de forma opuesta.
En efecto, por un lado, el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consideró que es necesario que el impetrante de garantías exhiba copia del escrito inicial de demanda para su traslado al agente del Ministerio Público Federal. Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estimó innecesario entregar copia de la demanda al representante social, pues éste tiene acceso a los autos originales.
QUINTO. Criterio que debe prevalecer. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia lo sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Después de analizadas la ejecutoria y las tesis sustentadas por los tribunales contendientes, se desprende que resolvieron de manera diversa el mismo problema jurídico, relativo a si exhibir copias de traslado de la demanda de amparo para el agente del Ministerio Público constituye o no un requisito formal de observancia estricta.
En ese sentido, esta Primera Sala advierte que tendrá que responder la siguiente interrogante:
¿La falta de presentación de las copias a que se refieren los artículos 120 y 167 de la Ley de Amparo, para correr traslado al agente del Ministerio Público de la Federación, previo requerimiento del juzgador, es suficiente para tener por no interpuesta la demanda de garantías?
En ese sentido, para efecto de dar contestación a la pregunta planteada, es menester analizar, en primer término, el carácter del agente del Ministerio Público dentro del juicio de amparo, ya sea directo o indirecto y, en segundo término, razonar sobre los requisitos establecidos en los artículos 120 y 167 de la Ley de Amparo.
1. El carácter del Ministerio Público dentro del juicio de amparo directo e indirecto.
El artículo 5o. de la Ley de Amparo establece que son partes dentro del juicio de amparo: a) el agraviado; b) la autoridad o autoridades responsables; c) el tercero o terceros perjudicados; d) el ofendido o las personas con derecho a reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de algún delito; y, e) el Ministerio Público Federal.
En efecto, la fracción IV del precepto legal aludido establece que el Ministerio Público Federal es parte en el juicio de garantías, con facultades para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala dicho ordenamiento, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales. De igual forma, se encuentra facultado para interponer recursos dentro de amparos indirectos en materia familiar.
Dicha calidad ha sido reconocida por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal en diversos asuntos, tan es así que sustentó el criterio de que el fiscal federal al ser parte dentro del juicio de garantías, está legitimado para interponer el recurso de revisión en amparo contra leyes, tratándose de las disposiciones contenidas en el artículo 102 constitucional y en los ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos casos y materias en que el orden legal le señala específicamente a dicho representante de la sociedad, la defensa de un interés.
Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 4/91, sustentada por este Alto Tribunal, de rubro y texto:
"MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES. El artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, establece que el Ministerio Público Federal es parte en el juicio de garantías, con facultades para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala dicho ordenamiento; por tanto, el Ministerio Público está facultado para interponer el recurso de revisión, aun en amparo contra leyes, pero ello no significa que tenga legitimación para interponerlo ad libitum ni en todos los casos, sino únicamente cuando la Constitución o las leyes le encomiendan la defensa de un interés específico como propio de su representación social, pues aun cuando los artículos 2o., 3o., fracción I y 10, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le señalan genéricamente la tarea de velar por el orden constitucional, ésta debe interpretarse sin demérito de los principios que rigen todo juicio y, en especial, el de amparo, en cuanto que las partes sólo están legitimadas para interponer los recursos en contra de las resoluciones que afecten el interés que respectivamente les corresponde. Por tanto, el Ministerio Público Federal está legitimado para interponer el recurso de revisión tratándose de las disposiciones contenidas en el artículo 102 constitucional y en los ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos caso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22437-6512256f/demanda-de-amparo-la-exhibicion-de-copias-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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