PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO EL QUE NO SE ENCUENTRE AGREGADO AL EXPEDIENTE LABORAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral, cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, quien en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, está facultado para denunciar la posible contradicción de criterios.
TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo laboral 165/2010, en la parte que interesa, determinó:
"CONSIDERANDO: ... QUINTO. Como consideración previa, se advierte que no consta en autos el proyecto de resolución en forma de laudo, ni acta de su discusión y votación; sin embargo, tal circunstancia no basta para considerar la existencia de una violación a las leyes del procedimiento establecidas en los numerales 885 al 889 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, tal omisión no conlleva a afirmar que se violaron las reglas del procedimiento en los términos del artículo 159, fracciones VIII y XI de la Ley de Amparo, pues el que no se haya glosado a los autos del juicio laboral del que emana el acto reclamado, el referido proyecto de laudo y su acta de discusión y votación, no es indicativo de la afectación a las defensas del quejoso ni de su trascendencia al resultado del fallo. En efecto, el artículo 158 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados. En primer lugar, por lo que se refiere a la omisión del proyecto de laudo, se considera que no afecta las defensas del quejoso ni trasciende al resultado del fallo, puesto que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 193/2009, que dio origen a la jurisprudencia de rubro: ‘PROYECTO EN FORMA DE LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DEL AUXILIAR QUE LO FORMULÓ NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO.’, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció: (se transcribe). De lo anterior, se observa que al analizar el tema relativo a si la falta de firma en el proyecto del laudo por parte del auxiliar constituye una violación a las reglas del procedimiento, la Segunda Sala analizó la naturaleza jurídica del proyecto de laudo y estableció: 1. No es propiamente una actuación de la Junta, diligencia o resolución. 2. Es un documento elaborado a fin de que los integrantes de la Junta tengan conocimiento detallado del caso y estén en condiciones de discutirlo y emitir su voto. 3. No es un documento vinculante para los integrantes de la Junta. 4. Sólo es un documento que refleja una opinión de quien lo formula respecto de la forma en que debe resolverse el asunto. 5. Es el propio laudo el que puede causar perjuicio al quejoso. Por ello, concluyó que la ausencia de firma del auxiliar que formuló el proyecto de laudo no constituye una violación a las reglas del procedimiento análoga a las previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. En forma análoga se pueden traer dichas consideraciones para el caso de que no obre el proyecto de laudo correspondiente, pues si por las razones antes mencionadas se ha establecido que no es una violación a las normas del procedimiento la falta de firma del proyecto de laudo respectivo, debe concluirse que tampoco es una violación a las normas del procedimiento el que no obre agregado el proyecto de laudo respectivo, pues no se trata de una actuación de la Junta, es un documento elaborado, no vinculante, a fin de que los integrantes de la Junta tengan conocimiento detallado del caso y estén en condiciones de discutirlo y emitir su voto, sólo refleja una opinión de quien lo formula respecto de la forma en que debe resolverse el asunto y, finalmente, es el propio laudo el que puede causar perjuicio al quejoso. Por su parte, en lo que respecta a la discusión y votación del laudo, al resolver la contradicción de tesis 2/93, que dio origen a la jurisprudencia de rubro: ‘LAUDO, ACTA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DEL. DEBE LEVANTARSE Y FIRMARSE POR EL SECRETARIO CUANDO EL PROYECTO SE MODIFICA O ADICIONA Y LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA OMISIÓN ES LA INVALIDEZ DE LA ACTUACIÓN.’, la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró: (se transcribe). En dicha ejecutoria, la Cuarta Sala realizó un comparativo de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, con la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos setenta, reformada en mil novecientos ochenta, y estableció que las dos leyes no siguen sistemas exactamente iguales en lo que al procedimiento de preparación del proyecto, discusión, votación, engrose y firma se refiere, puesto que en la primera se otorgaba una importancia capital al acta de la sesión o audiencia. En cambio, en la ley actual, a partir de que se declara cerrada la instrucción, el auxiliar tiene fijado un término para formular el proyecto de resolución en forma de laudo. Celebrada la sesión de discusión y votación, opera una distinción que es básica: I. Si el proyecto es aprobado sin adiciones ni modificaciones, automáticamente se convierte en laudo y debe ser firmado de inmediato por los miembros de la Junta; II. En cambio, si hubo adiciones o modificaciones, se ordena al secretario que redacte el laudo, el que una vez engrosado se firma. Así, respecto al primer caso, estableció que carece de consecuencias jurídicas productoras de invalidez la falta de la firma del secretario en el acta de la sesión, dado que la elevación del proyecto a la categoría de laudo en el acto mismo de la Junta, así como la firma de los representantes y del secretario en el laudo, otorgan la seguridad de que el sentido y consideraciones del laudo corresponden, efectivamente, a lo aprobado. Incluso, dicho órgano colegiado estableció que en el mismo caso del artículo 889 de la Ley Federal del Trabajo, puede inferirse que ni siquiera es necesario que el resultado se haga constar en acta, pero en el supuesto de que se tuviera que levantar como parte de la actuación y se omitiera en dicha acta la firma del secretario, ello no daría lugar a la reposición del procedimiento, ya que tal omisión no trascendería al resultado de la resolución, puesto que la firma inmediata del proyecto por los integrantes de la Junta y el secretario, convirtiéndolo automáticamente en laudo, garantizan su autenticidad. Además, en dicha ejecutoria se consideró obsoleta la diversa jurisprudencia de rubro: ‘JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, OMISIÓN DE LA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN POR LAS.’, en virtud de que los artículos de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno que interpreta, establecen un sistema de proyección, discusión, votación y firma del laudo, que no coincide en su integridad con el sistema de la ley actual. Derivado de lo anterior, se considera que la falta de constancia de discusión y votación tampoco es una violación a las leyes del procedimiento, puesto que la propia Cuarta Sala consideró que en caso de que el proyecto de laudo se haya aprobado sin adiciones ni modificaciones, del propio artículo 889 de la Ley Federal del Trabajo puede inferirse que no es necesario que el resultado se haga constar en acta. Por ello, es que si en el caso no obra proyecto de laudo ni el acta relativa a su discusión y aprobación, debe entenderse que el proyecto se aprobó sin adiciones ni modificaciones, por lo que automáticamente se convirtió en laudo, el cual fue firmado por los miembros de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dado que como lo estableció la Cuarta Sala, la elevación del proyecto a la categoría de laudo en el acto mismo de la Junta, así como la firma de los representantes y del secretario en tal resolución, otorgan la seguridad de que el sentido y consideraciones del laudo corresponden a lo aprobado. En consecuencia, es que se considera que la omisión de anexar el proyecto de laudo, así como su discusión y votación, no puede estimarse como una violación al procedimiento que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, pues independientemente del sentido en que se haya resuelto el asunto, ese solo hecho no revela esa afectación que es el requisito indispensable para que sea analizada en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, es decir, la acción intentada no procedió por otras causas, pero no a consecuencia inmediata o mediata de que no se haya hecho constar el proyecto de laudo, así como su discusión y votación. En mérito a lo expuesto, se concluye que tales omisiones no trascienden de manera fundamental al laudo reclamado si finalmente éste fue aprobado por los integrantes de la Junta, tanto es así, que está firmado por aquéllos como lo exige el numeral 889 de la Ley Federal del Trabajo. Considerar lo contrario, implicaría dejar de observar la garantía de expeditez en la impartición de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no tendría objeto reponer el procedimiento si finalmente la Junta resolverá el asunto en los mismos términos para el quejoso. En base en tales consideraciones, es que se disiente del criterio contenido en las siguientes tesis: a) Jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que establece: ‘LAUDO, PROYECTO DE. LA FALTA DE CONSTANCIA QUE ACREDITE SU EXISTENCIA CONSTITUYE VIOLACIÓN DE CARÁCTER PROCESAL.’ (se transcribe). b) Tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que dice: ‘VIOLACIÓN PROCESAL EN EL JUICIO LABORAL. LA CONSTITUYE EL HECHO DE QUE LA JUNTA NO OBSERVE LOS REQUISITOS FORMALES QUE ESTABLECE LA LEY DE LA MATERIA SOBRE LA ELABORACIÓN, TURNO, VOTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LAUDO.’ (se transcribe). Por tanto, en términos del numeral 197-A de la Ley de Amparo, se estima pertinente denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que decida qué criterio debe prevalecer ..."
CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo laboral 250/2001, en la parte que interesa, determinó:
"CONSIDERANDO: ... OCTAVO. El segundo concepto de violación en que se alegan infracciones a las leyes del procedimiento es infundado, y el primero y tercero fundados y suficientes para conceder el amparo por esas violaciones procesales, que impiden el examen de los argumentos de fondo planteados. ... Igualmente, es fundado, parcialmente, el tercer concepto de violación, en la parte en que se alega: 1) Que la celebración de la audiencia de discusión y votación del laudo se llevó a cabo fuera del momento procesal oportuno. 2) Falta de formulación del proyecto del laudo. 3) Falta de celebración de la audiencia de discusión y votación. 4) Que el acta de discusión y votación del laudo es nula, porque contiene alteraciones manuscritas, las que aparecen subrayadas. 5) Que los representantes de la Junta no se reunieron para discutir y votar el laudo. 6) Que son aplicables, como sustento legal de este tercer concepto de violación, las tesis con los rubros: ‘AUDIENCIA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL LAUDO, FALTA DE CELEBRACIÓN DE LA.’, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito; la de rubro: ‘AUDIENCIA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DEL LAUDO, OMISIÓN DE LA.’, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito; y la de rubro: ‘AUDIENCIA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DEL LAUDO, CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LABORAL.’, que es sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. Es infundado lo alegado en los puntos 3, 4 y 5 porque, contrario a lo que en ellos se argumenta, no faltó celebrar el acta de discusión y votación, pues ésta tuvo lugar el 12 de febrero de 2001. Aunado a ello, no hay prueba que acredite la alteración de dicha acta, según los quejosos, por aparecer texto subrayado, pues ello sólo podría deducirse a través de una prueba técnica que así lo determinara; y tampoco está demostrado que los representantes de la Junta no se hayan reunido para discutir y votar el laudo, supuesto que esa reunión se dio de acuerdo con la citada acta de discusión y votación que obra a foja 2242, de la que aparece que se reunieron el presidente y el secretario de la Junta, así como los representantes del capital y del trabajo. Es fundado pero inoperante lo argüido respecto a que para la celebración de la audiencia de discusión y votación de laudo, no se respetaron los términos que señalan los artículos 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo. Es fundado, porque la Junta contraviene lo dispuesto por el artículo 887 de la Ley Federal del Trabajo, que señala que transcurrido el término de cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto del laudo o, en su caso, cuando hayan sido desahogadas las diligencias que en ese término se hubiesen solicitado, el presidente citará a los miembros de la Junta para la audiencia de discusión y votación y, en la especie, se citó a la audiencia, sin que hubiera transcurrido dicho término, como lo alegan las quejosas. En efecto, los artículos 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo establecen: (se transcriben). El citado artículo 887, claramente señala que transcurrido el término a que se refiere el artículo 886, es decir, cinco días, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para la discusión y votación que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que concluya dicho término y, en el caso, la entrega del proyecto de laudo se realizó el seis de febrero de dos mil uno, según lo asienta la razón del secretario de la Junta en autos; y, en la misma fecha, sin que la Junta haya dejado transcurrir ese término, se citó para la audiencia de discusión y votación, señalándose al efecto, el día doce de febrero de dos mil uno. Dicho de otra manera, si el secretario en el acuerdo de seis de febrero de dos mil uno, entregó la copia del proyecto de laudo, y al mismo tiempo citó a los integrantes de la Junta a la audiencia de discusión y votación, ello evidencia la transgresión al artículo 887 de la Ley Federal del Trabajo, supuesto que no transcurrió un solo día de los cinco que impone el numeral 886, en su segundo párrafo, dado que el mismo día que entregó la copia del proyecto de laudo, citó para la audiencia señalada; sin que pase desapercibido que la citación le correspondía al presidente de la Junta y no al secretario que la efectuó, aspecto éste que no lo alegan las amparistas. Luego, si esa citación se hizo cuando no había transcurrido el término de cinco días hábiles a que se refiere el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, es evidente que no se respetó el término que al efecto señala dicho precepto, para que se hiciera la citación para la audiencia de discusión y votación del laudo. Entonces, si la citación a los miembros de la Junta para la audiencia de discusión y votación del laudo no se hizo hasta que hubiese transcurrido el término de cinco días que señala el segundo párrafo del numeral 886, impidió que cualquiera de los miembros de la Junta hiciera valer el derecho de solicitar la práctica de diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o la práctica de cualquier otra diligencia para el esclarecimiento de la verdad, siendo categórico el artículo 887, al señalar que ese plazo de cinco días debe haber transcurrido, para que el presidente pudiera efectuar tal citación, lo que actualiza las hipótesis de infracción al procedimiento de las fracciones VI y XI del artículo 159 de la Ley de Amparo. Sin embargo, pese a los argumentos expuestos, resulta inoperante lo aducido, porque para que una infracción a las leyes del procedimiento se actualice, debe afectar las defensas del quejoso y trascender al resultado del laudo, aspectos estos dos últimos que no ocurren con esa violación procesal, en virtud de que no afecta a la quejosa, pues dicho término se otorga a los integrantes de la Junta, para que si estiman que falta por desahogar alguna diligencia, soliciten se lleve a cabo la práctica de las mismas, es decir, no es un término que se otorgue a las partes, por lo que si bien la infracción procesal se actualiza, la misma no le causa agravio a la quejosa; de ahí que aunque fundado el argumento debe declararse inoperante. Asiste razón también a las amparistas en la parte que alegan infracción procesal, en virtud de que dentro de los autos que integran el expediente laboral, no obra el proyecto de laudo. Es fundada su inconformidad, ya que analizando las constancias que integran el expediente laboral, se advierte que no obra en autos el proyecto de laudo, lo que actualiza esa violación procesal, que se traduce en inseguridad jurídica ante la falta de certeza que se haya elaborado del mismo, y que ese proyecto haya sido formulado con los requisitos que al efecto señala el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que dispone que a partir de que se declara cerrada la instrucción, el auxiliar tiene un término de diez días para formular el proyecto de resolución en forma de laudo, con el extracto de la litis, el señalamiento de los hechos, el estudio de las pruebas, de las consideraciones jurídicas y de la formulación de los puntos resolutivos. Lo anterior lleva a considerar también, en este aspecto, violadas las leyes que rigen el procedimiento, porque si el proyecto de resolución del que deriva el laudo reclamado, no se encuentra en autos, esa omisión evidencia desacato de la norma; amén de que produce la falta de certeza y, se repite, de la seguridad jurídica de las partes, de que dicho proyecto se haya elaborado conforme a lo dispuesto por los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, si efectivamente lo formuló el auxiliar de la Junta, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se declaró cerrada la instrucción, y que dicho proyecto contenga: a) un extracto de la demanda, contestación, réplica y contrarréplica, en su caso, reconvención y contestación de la misma; b) señalamiento de los hechos controvertidos; c) relación de pruebas admitidas y desahogadas, su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; d) consideraciones que fundadas y motivadas se deriven de lo alegado y probado; y, e) los puntos resolutivos, amén de que tal proyecto haya sido emitido por el auxiliar de la Junta. Para determinar lo anterior, importa destacar cuál es la integración del personal jurídico que auxilia a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, en el ejercicio de la función jurisdiccional que a éstas compete. Al respecto, el artículo 625 de la misma ley establece: (se transcribe). Para considerar las facultades y obligaciones de los auxiliares, se precisa tomar en consideración que el artículo 628 establece los requisitos que debe satisfacer: (se transcribe). Las funciones que competen a esta clase de servidores públicos son de trascendencia jurídica dentro del procedimiento, pues les corresponde sustituir a los presidentes de las Juntas, llevar el trámite de los juicios hasta dejarlos en estado de resolución, emitir las actuaciones que conforme a la ley proceda y cuidar que los juicios no queden inactivos, como se infiere de los siguientes preceptos: ‘Artículo 610.’ (se transcribe). ‘Artículo 620.’ (se transcribe). ‘Artículo 771.’ (se transcribe). De los preceptos transcritos se infiere que los auxiliares de las Juntas son servidores públicos que, por regla general, llevan el trámite de los juicios laborales y los ponen en estado de resolución; empero, esas funciones no las realizan con independencia, porque no son autónomos, sino que están jerárquicamente sometidos a la Junta respectiva. En concordancia con los anteriores preceptos, también el numeral 886 del propio cuerpo legal establece: (se transcribe). Las transcritas disposiciones legales llevan a considerar, en principio, que la función jurisdiccional que compete a las Juntas de Conciliación y Arbitraje es llevada a cabo a través de la realización de diversos actos procesales, con la concurrencia de los actuarios, secretarios, auxiliares, secretarios generales, etcétera, que dependen jerárquicamente de aquéllas; de ahí que la ley laboral impone, por un lado, la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mejor economía, concentración y sencillez del proceso y, por otro, el deber que tienen de ordenar que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, lo que debe hacerse extensivo al dictado de la resolución definitiva, pues todo ello comprende el ejercicio de la función jurisdiccional. Por lo tanto, para dar cumplimiento a lo anterior, el auxiliar debe formular el proyecto del laudo, conforme a lo dispuesto por el artículo 885, y tal proyecto debe obrar en el expediente para que se cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y que se cumpla con el principio de seguridad jurídica que anima el mismo, conforme a los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, que regulan dentro del procedimiento ordinario ante las Juntas, la etapa previa al proyecto de resolución, así como la forma y requisitos que deben seguirse para que los integrantes de la Junta lo eleven a la categoría de laudo. Luego, si en las actuaciones no aparece agregado el proyecto del laudo, es evidente que esa omisión de su glosa constituye otra diversa infracción a las normas procesales. No pasa inadvertido, que en el expediente laboral existe un acta de seis de febrero de dos mil uno, en la que se hizo constar la entrega de la copia simple del proyecto de resolución, a los representantes del capital y del trabajo, cuyo texto dice: ‘En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las diez horas del día seis de febrero del año dos mil uno, se hizo entrega a los CC. representantes del capital y del trabajo, una copia simple del proyecto de resolución emitido en autos, citándosele a una audiencia de discusión y votación, la cual tendrá verificativo a las doce horas del día doce de febrero del año dos mil uno. Doy fe.’. Asimismo, se advierte la existencia de un acta de discusión y votación, cuyo texto dice: ‘En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las doce horas del día doce de febrero del año dos mil uno, día y hora indicados para que tenga verificativo el desahogo de una audiencia de discusión y votación, dentro de los autos del expediente número 687/i/1/96, que contiene la reclamación laboral promovida por **********, en contra de **********. Se hace constar que se encuentran presentes ante la licenciada Leticia Nieto González, presidente de la Junta Especial Número Uno, los C.C. representantes del capital y del trabajo, licenciado Carlos Ibarra González y señor Ramiro Torres Oyervides, así como el C. secretario licenciado Jesús Héctor Federico Reese López. El C. secretario dio lectura al proyecto de resolución emitido en autos, habiendo manifestado el representante patronal en su voto en los términos de su razonamiento consignado en el escrito que se acompaña en este acto. La excepción de los puntos resolutivos (espacio en blanco), mientras que el representante del trabajo emitió su voto de conformidad, a excepción de los puntos resolutivos quinto y sexto, ahora bien, la presidencia aprueba el proyecto de resolución emitido en autos, se hizo la debida valorización de las pruebas ofrecidas por las partes, por lo tanto, se eleva dicho proyecto a la categoría de un laudo, procediéndose a la firma del mismo por los integrantes de esta Junta Especial Número Uno. En virtud de lo anterior, se pasa el expediente a la secretaría de esta Junta para los efectos legales conducentes a que haya lugar. Con ello se concluye el desahogo de la presente audiencia, firmando los que en ella intervinieron.’. Actuaciones que no eximen a la Junta de agregar al expediente el proyecto del laudo, sin que la constancia de entrega del proyecto a los representantes del capital y del trabajo sustituya la existencia material de aquél, porque no basta que únicamente se entregue a los miembros de la Junta, sino que su texto material corra agregado a las actuaciones. Y tampoco el hecho de que se haya celebrado la audiencia de discusión y votación satisface la existencia del proyecto en las actuaciones. Al respecto, se comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, del mes de junio de 1997, visible en la página 761, que dice: ‘LAUDO DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO DEJANDO LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA JUNTA RESPONSABLE, AL PRONUNCIARLO DEBEN OBSERVARSE LOS REQUISITOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 888 Y 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe). También es aplicable como soporte legal de esta consideración, la diversa tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que este tribunal comparte por cuanto al tratamiento similar del tema a estudio, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, del mes de octubre de 1996, visible en la página 591, que a la letra dice: ‘PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO, OMISIÓN DE FORMULARLO Y DE ENTREGAR UNA COPIA DEL MISMO A CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA. ES VIOLATORIA DE LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). Tesis éstas que corroboran la aplicación de los criterios que invocan los quejosos en su concepto de violación. Entonces, si en las constancias que integran el expediente laboral no se encuentra agregado el proyecto del laudo, ello constituye una infracción a las leyes del procedimiento, de acuerdo con lo previsto en los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, que trasciende al resultado del laudo y afecta las defensas del quejoso que actualiza los supuestos de las fracciones VIII y XI del numeral 159 de la Ley de Amparo, en razón de que ello impide a las partes alegar lo que a su interés legal convenga, al no mostrarse ese proyecto por no constar engrosado en las actuaciones amén de no otorgar la certeza jurídica de que haya sido aprobado, sin adiciones ni modificaciones, y que contenga: a) el extracto de la demanda, de la contestación, réplica o contrarréplica; b) el señalamiento de los hechos controvertidos; c) la relación de pruebas admitidas y desahogadas; d) la valoración en conciencia de las pruebas; e) la precisión de los hechos que se consideraron probados; f) las consideraciones fundadas y motivadas de lo alegado y probado; y, g) los puntos resolutivos. En consecuencia, las violaciones procesales en examen, imponen dejar insubsistente el laudo reclamado, y ordenar reponer el procedimiento, lo que impide analizar los conceptos de violación relativos al fondo del juicio, atento al criterio establecido en la tesis 168, visible en la página 113 del Apéndice de jurisprudencia de 1917-1995, del tomo Común del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). Igualmente, es aplicable, por cuanto a esta última consideración, la jurisprudencia 392, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Apéndice de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, página 2295, que dice: ‘PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES DEL.’ (se transcribe). Por las razones expuestas, procede conceder el amparo para que se deje insubsistente el laudo impugnado y se reponga el procedimiento para que la Junta establezca que existió discrepancia entre los estudios rendidos por los peritos de las partes y ordene se recabe la opinión de un perito tercero en discordia para que dictamine lo conducente respecto a la prueba pericial técnica de avalúo ofrecida por el actor; y, en su momento, con base en los argumentos que fundan esta ejecutoria, se cumpla con lo dispuesto por los artículos que regulan la etapa previa a la emisión del proyecto de laudo, se elabore y agregue al expediente el proyecto respectivo; y dentro de los términos legales, con plenitud de jurisdicción, se emita el laudo."
En los amparos directos 452/2001, 547/2001, 582/2001 y 588/2001, el aludido órgano jurisdiccional federal reiteró las consideraciones expuestas en el amparo directo 250/2001, motivo por el cual, en obvio de repeticiones innecesarias, no se transcriben.
El Tribunal Colegido emitió la siguiente tesis:
"Núm. registro: 188580
"Jurisprudencia
"Materia(s): Laboral
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la F
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22977-309d50a9/proyecto-de-resolucion-en-forma-de-laudo-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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