PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. EN SU VALORACIÓN ES INAPLICABLE EL PRINCIPIO DE QUE EN CASO DE DUDA DEBE ESTARSE A LO MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 194/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por un Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, por lo que en términos del artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, está facultado para denunciar la posible contradicción de criterios.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, al resolver el amparo directo 745/2009, promovido por **********, en la parte que interesa, determinó lo siguiente:
"CONSIDERANDO: ... SEXTO. ... es fundado el tercer concepto de violación. En él se afirma que la autoridad responsable transgredió las garantías individuales que le asisten a la quejosa, por cuanto que con base en la confesional a cargo de ésta tuvo por desvirtuado el argumentado despido injustificado, al sostener que con ella se acreditó que éste no se llevó a cabo en la forma estipulada en la demanda, ya que mientras en el libelo actio se sostuvo que el mismo lo llevó a cabo **********, al absolver la posición ‘7’, la quejosa negó conocerlo; lo cual -se asegura- carece de consistencia jurídica por no existir tal contradicción. Como se adelantó, dicho motivo de inconformidad es fundado. Quedó asentado en el considerando que precede que el tribunal responsable determinó que la demandada cumplió con la carga probatoria que le fue impuesta con la confesional a cargo de la ahora quejosa, debido a que de la respuesta que dio a la posición ‘7’, se deriva que el despido que argumentó no se realizó en las circunstancias señaladas en su escrito de demanda. Con base en tal premisa conviene traer a colación la posición que la autoridad tomó en cuenta. ‘7. Que diga el absolvente cómo es cierto como lo es que usted desconoce cuál es la persona que lleva el nombre de **********’. Posición que se le dio respuesta de la siguiente manera: ‘No lo conozco’. La manera en la que fue redactada la posición transcrita como la respuesta que se le dio, adversamente a lo considerado por el tribunal responsable, no evidencia que la absolvente variara las circunstancias que refirió en su demanda relativas al despido injustificado del que se dijo víctima, pues en ésta expresamente refirió que siendo como las diez horas, en las instalaciones de la fuente de trabajo se presentó ********** de quien dijo desconocer los apellidos y la llamó. Esto es, para lo que al caso interesa, la absolvente expresamente hizo hincapié en que se presentó ********** de quien señaló desconocer sus apellidos. Luego, al ser cuestionada sobre si ‘desconoce cuál es la persona que lleva el nombre de **********’, inconcuso resulta que no varió lo que señaló en su demanda, puesto que en ésta, se repite, mencionó no conocer los apellidos de la persona de nombre **********, en tanto que en la posición se le cuestionó sobre una persona de nombre ********** de apellidos **********, los cuales -se reitera- dijo desconocer en su libelo actio. En adición a lo considerado, el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece el principio in dubio pro operario, relativo a que en caso de duda debe resolverse a favor del trabajador; armónicamente con el mismo está el principio pro homine, virtud al cual en cualquier interpretación debe estarse siempre a lo más favorable al hombre. Así, los señalados principios autorizan a sostener que aun cuando ********** aceptó no conocer a **********; empero, como en los hechos de la demanda expresamente indicó no saber los apellidos de quien la despidió, sólo su nombre **********, existe la duda de que, efectivamente, con la respuesta que otorgó a la posición ‘7’ contradiga lo que sostuvo en los hechos de la demanda; por lo que, en obsequio a los comentados principios, lo mejor para la ahora quejosa es que se determine que la respuesta que dio a la señalada posición no le perjudique, por ser lo más favorable para ella. No escapa a la atención de este Tribunal Colegiado que dentro de los diversos métodos de interpretación que se autorizan para esclarecer la verdad legal se encuentra el de exclusión y el sistemático; por lo que ante la existencia de éstos y de los enunciados principios, evidentemente que uno de los elementos que deben tomarse en cuenta para establecer a cuáles se debe atender, es determinar cuál materializa de manera más efectiva las pretensiones legales, y en el caso, lo son los indicados principios, particularmente el in dubio pro operario, por estar expresamente consignado en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, lo que, incluso, es más coherente con los contenidos de la Carta Magna de hacer efectivo lo que significa ‘legalidad’ en el Estado constitucional. De ahí que al margen de que la prueba idónea para demostrar las excepciones opuestas por el H. Ayuntamiento tercero perjudicado hubiese sido la inspección ocular, con relación a la cual desistió dicha parte, lo cierto es que éste incumplió la carga probatoria que le fue impuesta, debido a que la confesional que tomó en cuenta no tiene los alcances ni el valor pleno que le otorgó la autoridad responsable. Al no estimarlo de esa manera, la autoridad responsable transgredió las garantías individuales que le asisten a la quejosa, por lo que en su reparación, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados a efecto de que: 1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Emita otro en el que determine: 2.1. El H. Ayuntamiento demandado no demostró la carga que le fue impuesta; 2.2 Resuelva lo que en derecho corresponda. Concesión que se hace extensiva por lo que incumbe al acto de ejecución atribuido a la actuaria del tribunal responsable, a la luz de lo que al efecto postula la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1995, Tomo VI, tesis (sic), página 67, del rubro: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS INCONSTITUCIONALES DE LAS.’."
Similares consideraciones adoptó el referido Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo 743/2009, en cuanto al punto de contradicción que se denuncia, razón por la cual en obvio de repeticiones innecesarias no se transcribe.
CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, al resolver el amparo directo 473/96, promovido por **********, sostuvo, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, lo siguiente:
"CONSIDERANDO: ... TERCERO. Son infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. El peticionario de amparo señala en sus conceptos de violación, que se infringen en su perjuicio las garantías individuales establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales y los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, porque aduce, en síntesis, lo siguiente: a) Que la autoridad responsable falsea las constancias porque, a pesar que los peritos tanto del actor como el tercero en discordia coinciden en los padecimientos y estado de invalidez que le aquejan, y que tiene derecho al pago de la pensión de invalidez que demanda conforme lo establece el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, no les da valor probatorio, otorgándoselo en cambio al perito de la demandada a pesar de que éste no concluyó si el quejoso presenta o no estado de invalidez. b) Que en todo caso, conforme a los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, la autoridad responsable debió optar por los dictámenes del perito tercero y del perito del actor, porque son coincidentes y lo benefician. Antes de analizar los conceptos de violación indicados, resulta importante transcribir los razonamientos que la autoridad responsable realizó al valorar los dictámenes periciales de las partes, en torno al estado de invalidez que refiere el quejoso, en los términos siguientes: (se transcribe). Ahora bien, de la transcripción anterior se advierte que, contrariamente a lo expuesto por el peticionario de amparo, la Junta responsable no confirió al dictamen del perito ofrecido por la demandada ningún valor probatorio, pues para concluir que el actor no acreditó los extremos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social, estimó los aspectos siguientes: 1. Que le concede valor probatorio al dictamen del perito tercero solamente en cuanto al diagnóstico emitido por enfermedades profesionales que el actor padece, porque se apoyó en mayores y mejores elementos de carácter técnico médico especializados, tales como: audiometría tonal, tele de tórax, espirometría, estudio radiológico de columna lumbar, interconsulta al servicio de oftalmología, estudios que no se practicaron en los peritajes de las partes, a las que le niega valor. 2. Que respecto al estado de invalidez, aunque el perito tercero en discordia refiere que el actor presenta padecimientos del orden general que le impiden desempeñar sus labores habituales, por lo que debe recibir el beneficio de pensión de invalidez en términos el artículo 128 de la Ley del Seguro Social; sin embargo, no quedó acreditado que el actor se encontrara imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo, pues no basta que el nombrado perito haga referencia a ese requisito, si no señala los elementos y razonamientos en que se apoya. Las consideraciones aludidas son ajustadas a derecho, por las razones siguientes: El artículo 128, fracción I, de la Ley del Seguro Social establece: (se transcribe su texto). Por tanto, es necesario que se integren dos supuestos para el otorgamiento de la pensión por invalidez. El primero, consistente en que el asegurado demuestre plenamente con algún elemento de prueba, que está imposibilitado para procurarse mediante un trabajo, un ingreso económico superior al cincuenta (50%) de su remuneración habitual percibida en el último año de labores. El segundo supuesto consiste en que la imposibilidad citada derive de una enfermedad o accidente no profesionales. El cumplimiento de los dos requisitos resulta lógico para declarar el estado de invalidez de una persona, porque aun cuando un asegurado tenga una enfermedad o haya sufrido un accidente no profesional, no por ello, necesariamente, está imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, un ingreso superior al cincuenta (50%) de su remuneración habitual percibida en el último año de labores. En el caso, con la prueba pericial médica, en concreto con los dictámenes del perito del actor y del perito tercero en discordia (fojas 35, 36 y 49 del expediente laboral, respectivamente), quedó establecido que el actor presenta padecimientos del orden general; sin embargo, con dichos dictámenes no se acreditó fehacientemente que el actor está imposibilitado para procurarse mediante un trabajo una remuneración superior al cincuenta (50%) de su remuneración habitual percibida, durante el último año de trabajo, como tampoco lo demostró con las demás pruebas aportadas de su parte, como fueron la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Por tanto, se arriba al convencimiento de que es correcta la consideración de la responsable, en el sentido de que el ahora quejoso no reunió los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, para tener derecho a la pensión por invalidez, pues contrariamente a lo que sostiene, los dictámenes médicos que refiere, no fueron suficientes para acreditar los requisitos del artículo indicado, ya que los peritos ni siquiera mencionaron si la invalidez impedía o no desarrollar el trabajo o algún otro, pues se concretaron a manifestar, en lo conducente, lo siguiente: El perito del actor expuso: (se transcribe). Por su parte el perito tercero en discordia manifestó: (se transcribe). En atención a lo antes expuesto, resulta infundado el concepto de violación precisado en el inciso a) que antecede. El mismo criterio fue sostenido por este Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo DT. 9523/95, promovido por **********, por unanimidad de votos, en sesión de fecha once (11) de octubre de mil novecientos noventa y cinco (1995), aprobándose la tesis siguiente: ‘INVALIDEZ. DEBE ACREDITARSE POR EL ASEGURADO QUE LA ENFERMEDAD O EL ACCIDENTE NO PROFESIONAL LO IMPOSIBILITA PARA PROCURARSE MEDIANTE UN TRABAJO, UNA REMUNERACIÓN SUPERIOR AL 50% DE LA QUE PERCIBÍA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE TRABAJO.’ (se transcribe su texto). Por otra parte, es infundado lo alegado por el peticionario de amparo en el concepto de violación sintetizado en el inciso b) que antecede, en el sentido de que debe concederse valor a los dictámenes de los peritos del actor y del perito tercero en discordia, porque coinciden y benefician al trabajador, apoyándose para ello en los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, pues tales argumentos carecen de sustento lógico-jurídico, debido a que en la valoración de la prueba no predominan los principios de la aplicación inmediata de las normas laborales que benefician al trabajador y de in dubio pro operario, establecidos en los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, ni el de la mayoría, sino el de la lógica. En efecto, el artículo 6o. del ordenamiento legal en cita, prevé el principio de la aplicación inmediata de las normas laborales que benefician al trabajador al establecer que: ‘las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a la relación de trabajo en todo lo que beneficie al trabajador a partir de la fecha de la vigencia.’. El artículo 18 de la ley laboral en mención, contiene el reconocido principio de in dubio pro operario al establecer que en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o., y en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Los preceptos indicados se refieren a la aplicación inmediata de las normas laborales y a la duda sobre su interpretación por los tribunales en beneficio del trabajador, mas no a la valoración de las pruebas y, en consecuencia, no puede legalmente considerarse que si las pruebas ofrecidas no forman convicción, cuando menos crearon una situación de duda y ante ella la Junta debe estar a lo más favorable al trabajador en términos de los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, porque no es esto lo que tales preceptos establecen. Cabe concluir, con base en lo anterior, que el valor probatorio de la prueba pericial depende de los fundamentos de cada dictamen y el juzgador debe apreciarlos en relación con las constancias de autos, para decidir en forma fundada y motivada a cual le concede valor, según su prudente arbitrio. Además, como ya quedó expresado, los dictámenes periciales aportados por las partes, son ineficaces para acreditar los extremos exigidos por el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, para declarar la invalidez del actor."
Similares consideraciones sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los amparos directos 22683/2006, 1203/2007, 5063/2007 y 1066/2008, motivo por el cual resulta innecesario transcribir su contenido.
Derivado de la reiteración del criterio adoptado, el mencionado órgano colegiado emitió la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Página: 1788
"Tesis: I.3o.T. J/21
"Jurisprudencia
"Materia(s): Laboral
"PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EN SU VALORACIÓN RESULTAN INAPLICABLES LOS PRINCIPIOS IN DUBIO PRO OPERARIO Y DE APLICACIÓN INMEDIATA DE LAS NORMAS LABORALES. En la valoración de las pruebas no predominan los principios de aplicación inmediata de las normas laborales que beneficien al trabajador y el de in dubio pro operario contenidos en los artículos 6o. y 18 de la Ley Federal del Trabajo, ni el de mayoría, sino el de la lógica. En efecto, el referido artículo 6o. prevé el principio de aplicación inmediata de las normas laborales que beneficien al trabajador, al disponer: ‘Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia.’; en tanto que el artículo 18 contiene el principio in dubio pro operario, al establecer que en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración las finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o., y que en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. Por tanto, dichos principios resultan aplicables exclusivamente en la interpretación de las normas laborales, pero no en la valoración de las pruebas, por lo que no puede considerarse que si éstas no forman convicción, cuando menos pueden crear una situación de duda, y ante ello la Junta debe estar a lo más favorable al trabajador, en términos de los indicados artículos 6o. y 18, por no ser esto lo que tales preceptos establecen."
QUINTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 318/2004, promovido por **********, determinó lo siguiente:
"CONSIDERANDO: ... OCTAVO. ... Alega la amparista que es ilegal lo resuelto por la Junta, porque al existir discrepancia entre las dos actas en que se llevó a cabo el desahogo de la prueba de inspección, dado que, en la primera, se negó la demandada a exhibir la documentación correspondiente y, en la segunda no; por lo que considera que es ilógico que en la segunda, se hayan tenido a la vista documentos que no existían, como lo afirmó la patronal en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, por lo que al existir duda estima que debió sancionarse a la negociación demandada de tener por presuntivamente cierta la relación laboral. Es infundado porque la decisión de la autoridad laboral de negarle valor probatorio a la prueba de inspección ofrecida por la hoy quejosa, se encuentra ajustada a derecho. En efecto, de autos se desprende que **********, demandó al centro de trabajo dedicado al ramo papelero ... y a **********, ... indemnización constitucional por despido injustificado de uno de octubre de dos mil uno. Adujo que ingresó a laborar a principios de enero de mil novecientos noventa y ocho, en el puesto de jefe de ventas, con salario diario de trescientos cincuenta y cinco pesos y jornada ininterrumpida y continua, de ocho a veinte horas de lunes a domingo. ... A folios 49 y 50 se desprende contestación de ********** en lo personal y, como propietario del centro de trabajo demandado, en la que niega el nexo laboral. El veinticuatro de julio de dos mil dos, dentro de la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, la parte actora ofreció, entre otras pruebas, la de inspección ocular, en los siguientes términos: (se transcribe). La Junta acordó admitir dicho medio de convicción y señaló fecha y hora para su desahogo. El veintinueve de julio de dos mil dos se llevó a cabo el desahogo de la citada prueba vista a foja 54 de los autos. El veintiocho de noviembre de dos mil dos, la Junta emitió laudo absolutorio. Inconforme la hoy quejosa, promovió el diverso juicio de garantías número 444/2003, del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo, resuelto en sesión de veintisiete de agosto de dos mil tres, en el que se le concedió el amparo a la amparista, a fin de que se repusiera el procedimiento y se ordenara el correcto desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora. Al considerar lo siguiente: (se transcribe). Luego, una vez que la Junta dejó insubsistente el laudo reclamado, repuso el procedimiento y señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba de inspección, el cual se llevó a cabo el tres de noviembre de dos mil tres, según consta a foja 103 del expediente en la que se lee textualmente lo siguiente: (se transcribe). En el laudo por esta vía reclamado, la Junta negó valor probatorio al citado medio de convicción al estimar que según el acta circunstancial llevada a cabo por el actuario adscrito, tuvo a la vista los documentos consistentes en alta del Instituto Mexicano del Seguro Social, contratos de trabajo, controles de asistencia y controles de nómina abarcando el periodo de principios de enero de mil novecientos noventa y ocho, al uno de octubre de dos mil uno, e hizo constar que en dichos documentos no aparece el nombre de la actora **********, considerando al efecto que no le favorecía a sus intereses, ya que no se justificaba la existencia del vínculo laboral con esa prueba. De lo anterior deviene que es acertada la determinación de la Junta al estimar que a la ahora quejosa no le benefició a sus intereses el desahogo de la prueba de inspección celebrada el tres de noviembre de dos mil tres, ya que el actuario adscrito, una vez que requirió la documentación materia de la prueba del periodo de principios de enero de mil novecientos noventa y ocho a uno de octubre de dos mil uno a la persona que lo atendió y que la tuvo a la vista, hizo constar que no aparecía el nombre de la amparista, por lo que correctamente consideró que de ese medio de convicción no se justificó la existencia del nexo laboral; sin que estuviese obligada la autoridad laboral a tomar en cuenta el anterior desahogo de la referida probanza efectuada el veintinueve de julio de dos mil dos, ya que la misma fue declarada sin efectos con motivo de un previo amparo que promovió la hoy quejosa, en el que se le concedió precisamente para que la Junta dejara sin efecto legal dicho desahogo. Por lo tanto, no le asiste razón al argumentar que existe discrepancia en el desahogo de la prueba de inspección. ... Por último, también es infundado lo que alega la amparista, tocante a que la Junta debió resolver a lo más favorable al trabajador al existir duda en el presente asunto, por lo que debió tener por presuntivamente cierta la relación laboral. Es infundado, porque el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que contiene el principio de in dubio pro operario, al establecer que en la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. del citado ordenamiento legal y, que en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador, se refieren a la aplicación de las normas laborales ante la duda sobre su interpretación por los tribunales del trabajo en beneficio del trabajador, mas no sobre la valoración de pruebas y, en consecuencia, no puede legalmente considerarse que si las pruebas ofrecidas no forman convicción, cuando menos crearon una situación de duda, y que ante ello la Junta deba estar a lo más favorable al trabajador; ni tampoco cuando se alegue que exista duda sobre alguno de los puntos controvertidos o de fondo, como en el presente asunto; pues como ya se dijo, ese principio sólo es aplicable cuando se refiere a la duda que tienen los tribunales laborales sobre la interpretación de algún precepto de la Ley Federal del Trabajo aplicable al caso a resolver. De ahí que no era procedente que la autoridad laboral resolviera a favor de la trabajadora como lo alega en su concepto de violación, ya que dicho principio no opera cuando se refiere a la existencia de duda respecto a cuestiones de fondo, sino a la interpretación de un precepto de la ley laboral. Se comparte al caso por este Tribunal Colegiado, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito ... tesis aislada, con número de registro 253464, ... que dice: ‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY LABORAL EN CASO DE DUDA, SEGÚN SU ARTÍCULO 18.’ (se transcribe su texto). En consecuencia, no se conculcan en perjuicio de la amparista, las garantías consagradas en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni disposición legal alguna, no existiendo elementos que permitan suplir las deficiencias en lo alegado, lo que impone se niegue el amparo solicitado."
Del fallo anteriormente citado se originó la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XX, diciembre de 2004
"Página: 1407
"Tesis: IV.3o.T.190 L
"Tesis aislada
"Materia(s): Laboral
"PRINCIPIO IN DUBIO PRO OPERARIO. SÓLO PROCEDE SU APLICACIÓN EN LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY LABORAL, MAS NO TRATÁNDOSE DE VALORACIÓN DE PRUEBAS. El artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que en la interpretación de las normas laborales deben tomarse en consideración las finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. del citado ordenamiento legal, y que en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador, se refiere a la aplicación de las normas laborales ante la duda sobre su interpretación por los tribunales del trabajo en beneficio del trabajador, mas no sobre la valoración de pruebas; en consecuencia, el principio in dubio pro operario previsto en el artículo citado no opera cuando se refiere a la existencia de duda respecto a cuestiones de fondo, sino a la interpretación de un precepto de la ley laboral."
SEXTO. En principio es relevante precisar que es criterio del Pleno de este Alto Tribunal, que para tener por configurada la contradicción de tesis es innecesario que los elementos fácticos analizados por los Tribunales Colegiados contendientes sean idénticos, pues lo trascendente es que el criterio jurídico establecido por ellos respecto de un tema similar sea discordante esencialmente.
Cabe advertir que la regla de mérito no es absoluta, pues el Tribunal Pleno dejó abierta la posibilidad de que previsiblemente cuando la cuestión fáctica analizada sea relevante e incida en el criterio al cual arribaron los Tribunales Colegiados contendientes, sin ser rigorista, es válido declarar la inexistencia de la contradicción de tesis denunciada.
Lo anterior de acuerdo a las tesis siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVI/2009
"Página: 68
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22607-8f5a42ae/pruebas-en-el-juicio-laboral-en-su-valoracion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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