CONTRAGARANTÍA. SE DEBE CAUCIONAR EL MONTO TOTAL POR EL QUE SE PRETENDA EJECUTAR LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO CIVIL, EN CASO DE HABERSE CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN PARA EL EFECTO DE QUE ÉSTA NO SE EJECUTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO (AHORA SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO) Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente asunto, según lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, pues se trata de una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuya resolución no está reservada al Tribunal Pleno, conforme al segundo punto del instrumento normativo por el que se reforman las fracciones I, VI, IX y X del punto tercero del referido acuerdo general; y el tema a que se refiere corresponde a la materia civil, especialidad de la Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, puesto que la formula el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tiene facultades para presentarla en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo.
TERCERO. Antes de establecer si en el caso existe o no contradicción de criterios, es conveniente analizar las ejecutorias que en ella participan:
1) Tercer Tribunal Colegiado (ahora Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo) del Décimo Primer Circuito.
Ese órgano colegiado resolvió el recurso de queja **********, derivado del juicio de amparo directo **********, promovido por **********, en contra de la resolución dictada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dictada en el juicio civil pago de pesos, donde confirmó la condena del quejoso por la cantidad de **********.
En el juicio de garantías se concedió la suspensión al quejoso; y, para que surtiera efectos dicha medida, se determinó que debería exhibir la cantidad de **********.
La tercero perjudicada solicitó que se le fijara una contragarantía para dejar sin efectos la medida cautelar otorgada al impetrante; lo cual fue acordado de conformidad por el presidente de la Primera Sala responsable en acuerdo del **********, para lo cual dijo que la solicitante debía presentar la cantidad de **********, la cual resultaba de la exigida al quejoso para que surtiera efectos la suspensión, fijada en ********** más el interés legal del seis por ciento anual respecto de esa cifra, que asciende a ********** por concepto de perjuicios, más ********** por concepto de gastos pagados por la quejosa a la empresa afianzadora; señalando que la tercero perjudicada podía exhibir la contragarantía fijada en cualquiera de los medios establecidos por la ley.
Ese acuerdo fue impugnado por la impetrante a través de la queja radicada con el número **********, en el entonces Tercer Tribunal Colegiado (ahora Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo) del Décimo Primer Circuito; órgano que declaró infundado ese recurso con las siguientes consideraciones:
"Es infundado el único agravio hecho valer por la institución bancaria recurrente.
"En efecto, opuestamente a lo que sostiene la parte recurrente, es inexacto que la Sala responsable, al haber fijado el monto de la contrafianza solicitada por el tercero perjudicado, a fin de dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado por la ahora parte inconforme, debió haber tomado en cuenta el monto del negocio del juicio natural, toda vez que el artículo 126, primer párrafo, de la Ley de Amparo dispone que: ‘La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y pagar los daños y perjuicio que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo ...’; de donde se sigue que al referirse que la caución debe ser bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías, no obedece al monto de lo que se hubiere reclamado en el juicio de origen, sino a lo que el juzgador estime suficiente para garantizar por el tercero perjudicado dicha restitución y los daños y perjuicios que se le llegaren a ocasionar al quejoso, en el caso de que resulte concedido el amparo. Orienta esta postura la tesis de jurisprudencia que se invoca en el acuerdo recurrido, la cual es del tenor literal siguiente: ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CONTRAGARANTÍA PARA LEVANTARLA PUEDE FIJARSE AUNQUE NO SE HAYAN PAGADO AL QUEJOSO LOS GASTOS QUE REALIZÓ PARA OBTENERLA, PERO DEBEN CUBRIRSE ANTES DE DEJARLA SIN EFECTOS.’ (se transcribe).
"Además, del proveído impugnado se advierte que la autoridad responsable sí tomó en cuenta el valor de lo reclamado en el juicio de origen, puesto que estimó, en lo conducente, que: (se transcribe), esto es, para fijar la contragarantía, sí se tomó en cuenta la cantidad a que resultó condenada la ahora recurrente, en su carácter de parte demandada del juicio de origen, de tal suerte que con ello se colmó lo dispuesto en el referido numeral 126 de la Ley de Amparo, el cual no exige que para fijar la garantía al tercero perjudicado, deba tomarse como base el monto de lo reclamado en el juicio de origen.
Por último, es oportuno mencionar que la interpretación que se debe hacer del artículo 126 de la Ley de Amparo, no es como lo propone el recurrente en cuanto a que al fijarse el monto de la contrafianza deba tomarse en cuenta que la misma cubra la cuantía del negocio del juicio natural, por las siguientes razones:
"En la parte considerativa de la jurisprudencia por contradicción de tesis pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Tomo once correspondiente al mes de mayo del año dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: ‘SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO.’, se consideró, en lo conducente, que: (se transcribe).
"De donde se sigue que la referida Segunda Sala del Máximo Tribunal del País consideró, en esencia, que la autoridad competente para resolver sobre la caución relativa a la suspensión debe atender al monto por el cual se haya otorgado tal medida y sobre el mismo realizar los cálculos necesarios para determinar los daños y perjuicios que dicha suspensión le podría ocasionar a la parte tercero perjudicada; sin que pueda advertirse que estos últimos sean equivalentes al valor de la prestación cuyo cumplimiento se pretende asegurar, toda vez que la suspensión obra sobre la ejecución del acto reclamado, afecta las medidas que tienden a ponerlo en ejecución, por tal motivo, el acto cuya inconstitucionalidad se reclama, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provocará que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización.
"De donde se concluye que, si en la jurisprudencia indicada, ya se precisó cuál es la finalidad que se persigue al fijar la garantía que se exige al quejoso para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, que es responder de los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar al tercero perjudicado, en caso de que no se obtenga amparo favorable, sin comprender al fijar dicha garantía, el monto de la condena del juicio natural.
"Se estima que la misma razón debe imperar al fijar la contragarantía, puesto que esta última forma parte y se otorga dentro del incidente de suspensión del acto reclamado, además de que al otorgarla la autoridad correspondiente también debe cuidar, al igual que en la suspensión, que el juicio de amparo principal no quede sin materia, y para hacer efectiva la responsabilidad proveniente, tanto de la garantía, como la contragarantía, debe tramitarse el incidente previsto por el artículo 129 de la Ley de Amparo; de tal suerte que si la mencionada Segunda Sala estimó que la suspensión del acto reclamado no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del juicio principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto reclamado, de ahí que la caución que debe otorgar el peticionario de garantías para responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de este último; es inconcuso que puede concluirse que la contrafianza tampoco afecta la validez del acto reclamado, y su finalidad es la misma que la garantía, es decir, responder de los daños y perjuicios que se ocasionen al tercero perjudicado o al quejoso, con la suspensión o la ejecución del acto reclamado. Sin prejuzgar en ambos casos sobre la validez ni la existencia de éste, tan es así, que el comentado artículo 126 del citado ordenamiento legal exige que para su otorgamiento, el tercero perjudicado dará caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, pero no dispone que dicha caución deba ser el equivalente a la cuantía del juicio del que emana el acto reclamado, sino que el juzgador tendrá libertad para fijar el monto de la misma, pues el texto de dicho numeral sólo refiere que la caución debe ser bastante para cubrir dichos requisitos.
"Consecuentemente, procede declarar infundado el presente recurso de queja ..."
De la ejecutoria transcrita derivó la tesis aislada XI.3o.13 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 1698, de rubro y texto siguientes:
"CONTRAGARANTÍA. SU MONTO NO DEBE SER EQUIVALENTE A LA CONDENA DECRETADA EN EL JUICIO NATURAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO). De la tesis de jurisprudencia 2a./J. 40/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, mayo de 2000, página 262, de rubro: ‘SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO.’, se advierte que la finalidad de la garantía exigida al quejoso para que surta efectos la suspensión del acto reclamado consiste en responder de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al tercero perjudicado, en caso de no obtener sentencia favorable; lo cual no implica que sea equivalente al valor de la prestación reclamada en el juicio natural; luego, la misma razón debe imperar al fijar la contragarantía prevista por el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues participa de la misma naturaleza, pues se otorga dentro del incidente de suspensión del acto reclamado, además de que al concederla la autoridad correspondiente también debe cuidar, al igual que en la suspensión, que el juicio de amparo principal no quede sin materia, y para hacer efectiva la responsabilidad proveniente tanto de la garantía como de la contragarantía, debe tramitarse el incidente previsto por el artículo 129 de la citada ley; de tal suerte que, si la mencionada Segunda Sala estimó que la suspensión del acto reclamado no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del juicio principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto reclamado; es dable concluir que la contrafianza tampoco afecta la validez del citado acto, y su finalidad es la misma que la garantía, es decir, responder de los daños y perjuicios que se ocasionen al tercero perjudicado o al quejoso, según sea el caso, con la suspensión o la ejecución del acto reclamado, sin prejuzgar en ambos casos sobre la validez ni la existencia de éste."
2) Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito.
Resolvió la queja civil número **********, que derivó del amparo directo **********, también promovido por **********, en contra de la resolución dictada por la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el juicio sobre pago de pesos, en el que resultó condenado a cubrir a la demandante la cantidad de **********.
En ese juicio se concedió a la quejosa la suspensión del acto reclamado, previa garantía de **********.
Sin embargo, ante la solicitud de la tercero perjudicada, actora en el juicio principal, en proveído del **********, el Magistrado de la Sala responsable fijó contragarantía para dejar sin efectos la medida cautelar, señalando que para ello la solicitante debía otorgar en efectivo o en bienes raíces, la cantidad de ********** y que ese monto se fijaba en base al ********** por ciento anual y por el término de tres meses, que era el tiempo probable para la resolución del amparo, sobre la suma de ********** fijada a la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión concedida; lo cual, haciendo la cuenta aritmética, daba la cantidad de ********** para los daños, y otra por la misma cantidad para los perjuicios que se pudieran ocasionar al quejoso con la ejecución del acto reclamado.
Inconforme con ese proveído, la parte quejosa interpuso la mencionada queja, radicada con el número ********** en el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito; órgano que declaró fundado ese medio de impugnación por las siguientes razones:
"Así, encontramos que el acuerdo materia de la queja que nos ocupa es ilegal.
"Para explicarlo, es pertinente citar algunos preceptos de la Ley de Amparo, a saber:
"‘Artículo 125.’ (se transcribe).
"‘Artículo 126.’ (se transcribe).
"Las anteriores disposiciones ponen de manifiesto que el monto de la garantía exigida al quejoso para suspender el acto reclamado, está en función directa solamente de la cantidad a la que asciendan o puedan ascender los daños o perjuicios que se causen al tercero con la suspensión de ese acto, o el grado de afectación de sus derechos que no puedan cuantificarse.
"En cambio, el monto en la contragarantía o contrafianza como también se le llama, a que alude el primer párrafo del numeral 126 de la Ley de Amparo, para que a petición del tercero perjudicado quede sin efectos la suspensión previamente otorgada al quejoso, debe cubrir los siguientes aspectos:
"1. La cantidad que asegure la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías durante el tiempo en que pueda ser fallado el amparo; y,
"2. Los daños y perjuicios que se puedan causar al quejoso con la ejecución del acto reclamado en caso de que se conceda el amparo.
"Sobre lo anterior pueden consultarse la tesis 2a. LIII/2000, publicada en la página 315 del Tomo XI, mayo de 2000, Novena Época; así como la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la Quinta Época, publicada en la página 1854 del Tomo LXXXII del Semanario Judicial de la Federación que, respectivamente, dicen:
"‘SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe).
"‘CONTRAFIANZA, MONTO DE LA.’ (se transcribe).
"‘Artículo 80.’ (se transcribe).
"Luego, si el precitado precepto legal entre otras cosas establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, entonces, la disposición del numeral 126, primer párrafo, de la ley en cita, acerca de que la suspensión de tal acto quedará sin efecto si el tercero perjudicado da caución bastante ‘para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías’, en el caso de que al quejoso se le conceda el amparo, debe interpretarse en el sentido de que esa caución o contragarantía ha de ser suficiente para que la ejecutoria protectora pueda cumplimentarse cabalmente en su oportunidad, y cumplir su objeto previsto en el artículo 80 citado, sin necesidad de que el quejoso tenga que hacer alguna otra gestión o ejercer alguna acción civil frente al tercero perjudicado; y de ello se sigue que si el acto reclamado consiste en una sentencia definitiva que condena al quejoso a pagarle una cantidad de dinero determinada al tercero perjudicado, la contragarantía que éste debe otorgar para dejar sin efectos la suspensión y poder ejecutar esa sentencia, debe comprender precisamente el importe de la condena, a fin de que mediante su devolución al quejoso, de concedérsele el amparo, se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías.
"Al respecto, pueden consultarse la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 24 del Tomo XVIII del Semanario Judicial de la Federación; así como la tesis aislada de la Tercera Sala de la propia Corte, publicada en la página 249 del Tomo LVI del propio Semanario; de la Quinta Época que, respectivamente, dicen:
"‘FIANZA Y CONTRAFIANZA.’ (se transcribe).
"‘CONTRAFIANZA EN AMPARO, MONTO DE LA.’ (se transcribe).
"En tales condiciones, si en el asunto que nos ocupa la quejosa reclamó en amparo la sentencia que la condenó a pagarle a su demandante la cantidad de **********, y obtuvo la suspensión de tal acto, la tercero perjudicada, para conseguir que esa medida quede sin efectos y pueda ejecutar tal sentencia, deberá otorgar una contragarantía que comprenda la cantidad referida, a fin de asegurar la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías, más los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la quejosa con la ejecución del acto reclamado; y como los daños ante la falta de datos objetivos se traducen en la pérdida o menoscabo que la quejosa jurídicamente podría resentir por la disminución del poder adquisitivo de aquella cantidad de dinero sobre la que se ejecutaría la sentencia reclamada, en el tiempo que el amparo tardara en resolverse, han de fijarse discrecionalmente en la suma de **********, tomándose en cuenta que tales daños serían casi nulos durante el plazo de seis meses en que la autoridad responsable al conceder la suspensión estimó como probable para la resolución del amparo.
"Por otra parte, los perjuicios se representan por la ganancia lícita que la quejosa dejaría de percibir, que se calculan al 6% anual (interés mercantil legal mensual) sobre tal cantidad por el indicado lapso de seis meses, que ascenderían a la cantidad de **********, ya que tal porcentaje anual sobre **********, da **********, que, divididos entre los doce meses del año arroja **********, que multiplicados por los seis meses que podría tardar el amparo en resolverse, da el total mencionado de *********.
"Así, la caución que la tercero perjudicada debe otorgar para que la suspensión concedida a la quejosa quede sin efectos y esté en posibilidades de ejecutar el acto reclamado, es por la cantidad total de **********.
"Sobre el particular puede consultarse, a guisa de orientación, la jurisprudencia 2a./J. 40/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********, publicada en la página 262 del Tomo XI, mayo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente:
"‘SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe).
"Consecuentemente, la queja planteada se estima fundada, y así debe declararse."
De la mencionada ejecutoria derivó la tesis aislada XI.C.13 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1505, de rubro y texto siguientes:
"CONTRAGARANTÍA PARA QUE QUEDE SIN EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA SENTENCIA DEFINITIVA QUE CONDENA AL QUEJOSO A PAGAR UNA DETERMINADA CANTIDAD DE DINERO AL TERCERO PERJUDICADO, AQUÉLLA DEBE COMPRENDER EL IMPORTE PRECISADO EN DICHO FALLO, MÁS EL DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDAN OCASIONARSE AL QUEJOSO CON TAL EJECUCIÓN. Los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo ponen de manifiesto que el monto de la garantía exigida al quejoso para suspender el acto reclamado, está en función directa solamente de la cantidad a la que asciendan o puedan ascender los daños y perjuicios que se causen al tercero con la suspensión de ese acto o al grado de afectación de sus derechos que no puedan cuantificarse. En cambio, el de la contragarantía o contrafianza, como también se le llama, a que alude el primer párrafo del indicado numeral 126, para que a petición del tercero perjudicado quede sin efectos la suspensión previamente otorgada al quejoso, debe cubrir los siguientes aspectos: 1. La cantidad que asegure la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías durante el tiempo en que pueda ser resuelto el juicio; y, 2. Los daños y perjuicios que puedan causarse al quejoso con la ejecución del acto reclamado en caso de que se conceda la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, si el artículo 80 de la propia ley establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, entonces el citado artículo 126, primer párrafo, al prever que la suspensión de tal acto quedará sin efecto si el tercero perjudicado da caución bastante ‘para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías’, debe interpretarse en el sentido de que esa caución o contragarantía ha de ser suficiente para que la ejecutoria protectora pueda cumplimentarse cabalmente en su oportunidad y satisfacer su objeto, previsto en el indicado artículo 80, sin necesidad de que el quejoso tenga que hacer alguna otra gestión o ejercer alguna acción civil frente al tercero; y de ello se sigue que si el acto reclamado consiste en una sentencia definitiva que condena al quejoso a pagar una determinada cantidad de dinero al tercero perjudicado, la contragarantía que éste debe otorgar para dejar sin efectos la suspensión y poder ejecutar esa sentencia, debe comprender el importe precisado en dicho fallo, más el de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al quejoso con tal ejecución."
CUARTO. Existencia de la contradicción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ha sostenido que para existir la contradicción de tesis basta que los Tribunales Colegiados de Circuito hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales y hubiesen llegado a conclusiones opuestas, sin necesidad de que sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean, según se desprende de la jurisprudencia 72/2010 del Tribunal Pleno, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (No. Registro: 164120. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7).
En esa virtud, con base en lo expuesto en párrafos anteriores, se arriba a la convicción de que sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues las ejecutorias transcritas evidencian que los Tribunales Colegiados examinaron una cuestión esencialmente igual, como lo es la contragarantía (también llamada contrafianza), que en términos de los artículos 107, fracción X, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se fija en un amparo directo civil a petición del tercero perjudicado, para dejar sin efectos la suspensión previamente otorgada al quejoso. Sin embargo, adoptaron criterios discrepantes en cuanto a si para establecer su monto se debe incluir el importe de la condena decretada en el juicio natural.
Lo anterior dado que el entonces Tercer Tribunal Colegiado (ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo) del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, consideró que para el otorgamiento de la contragarantía, el tercero perjudicado debe otorgar caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, a fin de cubrir los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso; sin que dicha caución deba ser equivalente a la cuantía del juicio del que emana el acto reclamado.
Por su parte, el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, estimó que la contragarantía debe ser suficiente y comprender el importe de la condena más los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la parte quejosa.
Lo reseñado demuestra que sí existe la contradicción de tesis denunciada y que ésta consiste en determinar:
Si el monto de la contragarantía que en un juicio de amparo directo civil, pago de pesos, solicite el tercero perjudicado para dejar sin efectos la suspensión concedida previamente al quejoso, debe comprender el importe de la condena determinada en el juicio natural.
QUINTO. Para resolver la presente contradicción de tesis es importante destacar que la suspensión del acto reclamado se cataloga como una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del proceso, cuyo contenido reviste la forma de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22663-09d30601/contragarantia-se-debe-caucionar-el-monto-total-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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