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Modo: Corpus Pro

CONFLICTOS LABORALES ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS TRABAJADORES. CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE LOS DIRIMEN NO EXISTE RECURSO QUE AGOTAR PREVIO AL AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 173/2010. · Registro digital (IUS): 22518
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Diciembre de 2010, , Pág. 269.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 173/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL MISMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados en asuntos en materia de trabajo, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis se estima que proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Los preceptos transcritos anteriormente establecen los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios a través de resoluciones de tesis contradictorias sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito que sustentan los criterios contradictorios, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios, a fin de que se determine el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el Magistrado presidente de uno de los tribunales que sustentó uno de los criterios denunciados como contradictorios, a decir, el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, razón por la cual es indudable que cuenta con legitimación para denunciar la presente contradicción de tesis, en términos del criterio que se reproduce a continuación, con los datos de localización correspondientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS, DENUNCIA DE. ES IMPROCEDENTE SI NO SE FORMULA POR PARTE LEGITIMADA. Conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, sólo podrán denunciar contradicción entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de su competencia: a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) El procurador general de la República; c) Los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren; y, d) Las partes que intervinieron en los juicios correspondientes. Consecuentemente, si una denuncia de tal naturaleza se formula por una autoridad o persona distinta de las que señala dicho precepto, la misma es improcedente por carecer de legitimación el denunciante." (No. Registro: 803032. Jurisprudencia. Materia(s): Común. Octava Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 63, marzo de 1993, tesis 4a./J. 4/91, página 17).

TERCERO. El Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, al resolver el amparo directo 706/2009 en sesión de veintidós de abril de dos mil diez, por unanimidad de votos, emitió criterio en el sentido de que no había necesidad de agotar el recurso de revisión establecido en el artículo 164, fracción I, del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, antes de acudir a impugnar los laudos emitidos por los tribunales municipales de arbitraje a través del juicio de amparo directo, toda vez que en el Código Administrativo de referencia no se establece de manera expresa la competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado de Chihuahua para conocer, en revisión, los conflictos individuales suscitados entre los Municipios y sus trabajadores.

Las consideraciones que le dan sustento a tal criterio, son del tenor siguiente:

"QUINTO. Previo al análisis de los conceptos de violación propuestos, este Tribunal Colegiado considera necesario establecer su postura con relación a la competencia que asume para conocer del presente juicio de amparo. Lo anterior, en razón de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, residente en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, sostuvo la tesis que se consulta en la página 1669 del Tomo XX, agosto de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 180805, de voz y contenido siguiente: ‘RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA EN UN CONFLICTO INDIVIDUAL DE TRABAJO SUSCITADO ENTRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA Y SUS TRABAJADORES. La resolución dictada en un conflicto individual de trabajo suscitado entre la presidencia municipal de Chihuahua y sus trabajadores, por el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua -equiparable a una Junta Arbitral-, constituye una primera instancia en términos del artículo 163 del Código Administrativo del Estado, contra la que procede el recurso de revisión previsto en el artículo 164, fracción I, de ese mismo ordenamiento, y cuyo conocimiento corresponde al Tribunal de Arbitraje del Estado. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o. del Reglamento que fija las Condiciones Generales de Trabajo entre la presidencia municipal y los trabajadores a su servicio, así como en los diversos 77 y 78 del Código Municipal de Chihuahua; y que establece el segundo dispositivo que tratándose de las relaciones laborales entre el Municipio y sus trabajadores es aplicable en lo previsto en ese código lo dispuesto en la primera parte, libro único, título IV, del Código Administrativo del Estado, sin mencionar limitación alguna; consecuentemente, si el referido Código Administrativo regula al proceso en el tribunal laboral mencionado, y prevé el recurso de revisión, es incuestionable que si tal medio ordinario no se agota, el juicio de garantías resulta improcedente al actualizarse la causal contenida en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo.’. Criterio del que difiere este órgano colegiado en el sentido de que el artículo 78 del Código Municipal de Chihuahua, establece que tratándose de las relaciones laborales entre el Municipio y sus trabajadores, es aplicable a lo previsto en ese código lo dispuesto en la primera parte, libro único, título IV, del Código Administrativo del Estado, sin limitación alguna; y que por ello, si el referido Código Administrativo regula al proceso en el tribunal laboral mencionado, y prevé el recurso de revisión, resulta incuestionable que tal medio ordinario, no puede aplicarse al caso concreto. En efecto, constituye premisa de la divergencia que se plantea, que el artículo 78 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que estuvo en vigor hasta el sábado cinco de junio de dos mil cuatro, y que es al que se refiere la tesis en comento, establecía lo siguiente: ‘Artículo 78. En cada Municipio existirá un Tribunal de Arbitraje, accidental o permanente, para resolver los conflictos de trabajo individuales o colectivos; integrándose por un representante del Municipio, uno de los trabajadores y otro, designado de común acuerdo entre ellos, que tendrá el carácter de presidente. El Tribunal de Arbitraje se sujetará al procedimiento establecido en el Código Administrativo del Estado.’. Y el texto actualmente vigente de dicha disposición legal, es el que sigue: ‘Artículo 78. En cada Municipio existirá un Tribunal de Arbitraje, el cual podrá funcionar accidental o permanentemente, para resolver los conflictos de trabajo individuales o colectivos. El Tribunal de Arbitraje será competente para conocer de los conflictos laborales que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores, así como del personal de los cuerpos de policía, tránsito y bomberos, de acuerdo al régimen especial que los norma. El Tribunal de Arbitraje se integrará por un representante del Municipio; uno de los trabajadores y, otro, designado de común acuerdo entre ellos, quien tendrá el carácter de presidente, y se constituirá dentro de los treinta días siguientes a aquel en que se haya presentado la demanda, sujetándose al procedimiento establecido en el Código Administrativo.’. Es por ello que este Tribunal Colegiado considera que el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Chihuahua capital, no es aplicable al caso. En efecto, si bien es cierto que en tratándose de los conflictos individuales planteados por los trabajadores de los Municipios, ventilados ante los Tribunales de Arbitraje municipales, se deben sujetar al procedimiento establecido en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, también lo es que debe atenderse a dicha legislación para determinar si el conocimiento del conflicto, en revisión, compete al Tribunal de Arbitraje Estatal; esto es, si está dotado de facultades para resolver en revisión los conflictos y controversias que se susciten entre los Municipios y sus trabajadores. En otras palabras, establecer si dentro de las facultades que el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, otorga al Tribunal de Arbitraje Estatal para dirimir las controversias suscitadas entre la administración estatal y sus trabajadores, comprende, inclusive, a la administración pública municipal. Lo anterior es así, en razón de que si bien el Municipio es un nivel de gobierno con una esfera de competencia propia, ella se encuentra constitucionalmente limitada, en diversas materias, a lo establecido en la legislación local de la entidad federativa en que se ubican, salvo el caso en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga expresamente el ejercicio absoluto de determinadas facultades. Así, el artículo 164 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, establece: ‘Artículo 164. El Tribunal de Arbitraje del Estado será competente: I. Para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la administración o sus representantes y sus trabajadores; II. Para conocer y resolver los conflictos colectivos que surjan entre la organización sindical y el Estado; III. Para llevar a cabo el registro del sindicato y la cancelación del mismo registro.’. De dicho texto legal se desprende con claridad que el Tribunal de Arbitraje del Estado, sólo será competente para conocer en revisión de los conflictos individuales suscitados entre la administración estatal o sus representantes y sus trabajadores, sin incluir a los que involucren a las administraciones públicas municipales y con quienes mantiene una relación de trabajo o del orden administrativo. Luego, no obstante que el artículo 78 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, expresamente disponga que el Tribunal de Arbitraje será competente para conocer de los conflictos laborales que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores, así como del personal de los cuerpos de policía, tránsito y bomberos, de acuerdo al régimen especial que los norma, sujetándose al procedimiento establecido en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, esta última legislación no establece expresamente la competencia del Tribunal de Arbitraje Estatal, para conocer en revisión los conflictos individuales suscitados entre los Municipios y con quienes mantiene una relación de trabajo o del orden administrativo. El artículo 164 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, al prever la competencia del Tribunal de Arbitraje del Estado, para conocer en revisión, de los conflictos tanto individuales como colectivos que surjan entre el Estado de Chihuahua, y sus trabajadores o con la organización sindical respectiva, no incluyó a los juicios que se promuevan en contra de los Municipios; por consiguiente, si el legislador local no previó dicha circunstancia al aprobar ese artículo, debe entenderse que dicho tribunal no fue dotado de competencia para resolver, en revisión, los conflictos derivados de esa relación (laboral o administrativa); de ahí que, ante la ausencia de norma expresa, debe tomarse en cuenta el régimen constitucional y legal que rigen las relaciones de donde emana la prerrogativa cuya tutela se pretende. Por consiguiente, de acuerdo con lo establecido por el artículo 115, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la Legislatura del Estado de Chihuahua, no previó otorgar competencia al Tribunal de Arbitraje Estatal, para conocer en revisión los conflictos individuales suscitados entre los Municipios y con quienes mantiene una relación de trabajo o del orden administrativo, es claro que, en estos casos, el recurso de revisión previsto en el artículo 164 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, no debe agotarse, previamente, a la promoción del juicio constitucional para combatir un laudo dictado por un Tribunal de Arbitraje Municipal que resuelva un conflicto generado entre el Ayuntamiento y con quienes mantiene una relación de trabajo o del orden administrativo. En esos términos, siguiendo el principio general de derecho de que donde la ley no distingue no debe hacerlo el juzgador, si el legislador del Estado de Chihuahua al emitir el Código Administrativo del Estado no otorgó expresamente competencia al Tribunal de Arbitraje Estatal para conocer en revisión de los conflictos que se susciten entre los Municipios y sus trabajadores, ni los generados entre los Ayuntamientos y el personal de los cuerpos de policía, resulta incorrecto exigir que, en esos caso, deba agotarse dicho medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio constitucional. Por consiguiente, el laudo ahora reclamado, emitido por el Tribunal de Arbitraje del Municipio de Juárez, Chihuahua, al resolver un conflicto individual suscitado entre el Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, y un miembro del cuerpo de policía de dicho Municipio, debe estimarse definitivo en términos de lo que establece el artículo 158 de la Ley de Amparo, porque ni el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, ni el reglamento correspondiente, establece algún recurso o medio de defensa por medio del cual pueda ser revocado, modificado o anulado."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo 18/2004, en sesión de veinte de febrero de dos mil cuatro, sostuvo criterio en el sentido de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, cuando se acude a impugnar, a través del juicio de amparo directo, los laudos de los Tribunales de Arbitraje de los Municipios del Estado de Chihuahua, sin que previamente se haya agotado el recurso de revisión previsto en el artículo 164, fracción I, del Código Administrativo del Estado de Chihuahua.

Las consideraciones en que se apoya el criterio de referencia son del tenor siguiente:

"TERCERO. En el caso, resulta innecesario transcribir y analizar tanto la resolución reclamada en esta vía constitucional, como los conceptos de violación hechos valer en su contra, en atención a que este órgano de control constitucional advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, misma que a continuación se analizará de oficio, acorde a lo dispuesto en el último párrafo del precitado numeral. En efecto, el artículo y fracción referidos, determinan que el juicio de amparo es improcedente: ‘Contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiere hecho valer oportunamente ...’. Aquello es así, pues en el caso a estudio, se advierte que la resolución reclamada se emitió el veintinueve de octubre de dos mil, por el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua (fojas 77 a 83 del anexo), siendo que en contra de esa resolución procedía un medio ordinario de defensa (recurso de revisión), que era obligatorio agotar antes de acudir al juicio de amparo a reclamar la citada resolución, pues como se dijo, el acto reclamado deriva de un juicio laboral intentado por el quejoso **********, en contra de la presidencia municipal de Chihuahua, Chihuahua y/o Dirección de Obras Públicas y/o Desarrollo Urbano de la presidencia municipal y/o quien resulte responsable, de quienes demandó las prestaciones que menciona en su escrito de demanda (fojas 1 a 4 del anexo), toda vez que consideró haber sido despedido injustificadamente de la fuente de trabajo, para la cual prestaba sus servicios. Como se ve, el acto reclamado deriva de que una persona que se dijo empleado de las demandadas, aduce haber sido despedido injustificadamente; por tanto, y atendiendo a la cualidad de las partes materiales, se tiene que para el caso concreto, es decir, la resolución de la controversia, son aplicables las disposiciones relativas del Código Administrativo del Estado, según se desprende del artículo 1o. del Reglamento que fija las Condiciones Generales de Trabajo entre la Presidencia Municipal y los Trabajadores a su Servicio, que dice: ‘Artículo 1o. La relación laboral entre la presidencia municipal de Chihuahua y los trabajadores a su servicio, se regirá por las disposiciones contenidas en este reglamento, el Código Municipal, el Reglamento del I.M.P.E., el Código Administrativo del Estado en su primera parte, libro único, título IV y la Ley Federal del Trabajo.’. Así como en lo previsto por los diversos artículos 77 y 78 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, que al efecto disponen: ‘Artículo 77. En la relación laboral entre el Municipio y sus trabajadores se sujetará, en lo no previsto en este ordenamiento, a lo dispuesto en la primera parte, libro único, título IV, del Código Administrativo del Estado. El personal de los cuerpos de policía y bomberos se regirá por los reglamentos que al efecto expida el Ayuntamiento. Los Municipios podrán celebrar convenios entre sí o con instituciones públicas o privadas para la prestación de los servicios de seguridad social a sus trabajadores.’. ‘Artículo 78. En cada Municipio existirá un Tribunal de Arbitraje, accidental o permanente, para resolver los conflictos de trabajo individuales o colectivos; integrándose por un representante del Municipio, uno de los trabajadores y otro, designado de común acuerdo entre ellos, que tendrá el carácter de presidente. El Tribunal de Arbitraje se sujetará al procedimiento establecido en el Código Administrativo del Estado.’. De lo apuntado se obtiene que se trata de un juicio laboral, el cual y por disposición expresa de los artículos transcritos, se regirá en cuanto al trámite y sustanciación del procedimiento, por lo que al efecto disponga el Código Administrativo del Estado de Chihuahua; esto es, respecto a la controversia o conflicto individual de trabajo que se suscitó en la presidencia municipal de Chihuahua y sus trabajadores. No obstante, antes de iniciar el estudio de la causal de improcedencia invocada; es menester apuntar que conforme al artículo 78 supratranscrito, en cada Municipio existirá un Tribunal de Arbitraje accidental o permanente, para resolver los conflictos de trabajo individuales o colectivos, dispone también que ese tribunal se sujetará al procedimiento establecido en el Código Administrativo del Estado. Partiendo de ello, se tiene que en el caso, la resolución reclamada se dictó por el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Municipio y el Ayuntamiento de Chihuahua, autoridad que resolvió el conflicto suscitado entre el quejoso-actor y la presidencia municipal de Chihuahua, Chihuahua, siendo que tal autoridad para dictar su resolución, se apoyó en el artículo 163 del citado Código Administrativo. Apuntado lo anterior, si por disposición del propio Código Municipal y del mismo Reglamento que fija las Condiciones Generales de Trabajo entre la Presidencia Municipal y los Trabajadores a su Servicio, se deben aplicar y ajustarse al procedimiento correspondiente previsto en el Código Administrativo, debe decirse que esa actuación es equiparable a lo que una Junta Arbitral (que prevé el artículo 163 del Código Administrativo) resuelve, es decir, constituye una primera instancia en cuanto a la solución de los conflictos laborales apuntados. En efecto, de las consideraciones de mérito, se corrobora que las controversias laborales como la que originó este juicio de garantías, serán resueltas en una primera instancia; esto es, ante el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua -equiparable a la Junta arbitral por lo que se aclaró-, como así ocurrió; sin embargo, y en relación con la causal de improcedencia referida (la prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo) ésta se acredita en autos, toda vez que la parte quejosa a pesar de que impugna una resolución dictada por aquella autoridad laboral, no agotó el principio de definitividad que rige en la materia de amparo. Esto es así, toda vez que en contra de la citada resolución procedía el recurso de revisión a que se refiere el diverso artículo 164 del Código Administrativo, pues al efecto previene: ‘El Tribunal de Arbitraje del Estado será competente: I. Para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la Administración o sus representantes y sus trabajadores. ...’ Como se aprecia del artículo 164 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, en contra de la resolución dictada por la Junta arbitral procede un medio ordinario de defensa como es el recurso de revisión; esto como consecuencia de aquellas disposiciones aplicables a la controversia (artículos 1o., de aquel reglamento, 77 y 78 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y 164 del código en cita, estos dos ordenamientos en forma supletoria), de manera tal que el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua, constituye una primera instancia para los juicios donde intervengan, por una parte un trabajador y, por otra, una dependencia perteneciente a la administración pública del Estado de Chihuahua, siempre y cuando dentro de sus condiciones generales de trabajo, ley, reglamento o por cualquier otro acto celebrado entre esas partes, expresamente establezcan que para la solución de los conflictos laborales, se aplicará la primera parte, libro único, título IV, del Código Administrativo del Estado; especialmente, en cuanto a que la controversia se resolverá por los tribunales que tal legislación previene. De tal manera que, como se dijo, debe considerarse entonces que el juicio de carácter laboral contemplado por aquellas disposiciones o leyes, se compone de dos instancias, pues en contra de lo que resuelve en definitiva el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Municipio y Ayuntamiento de Chihuahua (o en su caso la Junta arbitral al que se le equipara por disposición expresa de su propio ordenamiento), procede el recurso de revisión que previene el artículo 164 del mismo código, y conocerá de él, el Tribunal de Arbitraje del Estado, como también se apuntó. En esta virtud, se hacía necesario para la parte quejosa, agotar el recurso de revisión a que se refiere el artículo 164 supratranscrito, a fin de cumplir con el principio de definitividad que opera en el juicio de garantías, como se apuntó. Lo expuesto es así, ya que la fracción XIII del artículo 73 de la ley de la materia, exige que se agote el medio ordinario de defensa previsto por la legislación aplicable, antes de acudir al juicio de amparo, pues con ese medio de defensa, la parte agraviada por el acto que impugna, podría obtener sentencia o resolución favorable, que por consecuencia, haría innecesaria la tramitación de un medio extraordinario de defensa, como es esta instancia constitucional. Para efectos de aclarar sobre la procedencia de aquel recurso de revisión, es menester traer a colación lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó y determinó al resolver la contradicción de tesis 138/2002, suscitada entre Tribunales Colegiados de este circuito, donde en esencia determinó que: ‘... En estas condiciones, atendiendo a las características del proceso laboral que regula el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, no puede estimarse que el legislador estatal al establecer en el artículo 164, fracción I, de dicho ordenamiento legal, que: «El Tribunal de Arbitraje del Estado será competente para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la administración o sus representantes y sus trabajadores», hubiese tenido la intención de hacer procedente el recurso de revisión contra las resoluciones que deciden sobre la personalidad de las partes dentro del juicio laboral burocrático, ya que ello es incompatible con la naturaleza de un proceso predominantemente oral que restringe el empleo de medios impugnativos para combatir resoluciones intermedias, a fin de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso laboral. Cabe destacar que en todo el título cuarto del referido código, que se refiere a las relaciones del Estado con sus trabajadores, incluido el capítulo VII que alude al procedimiento laboral, no se incluyó norma alguna que estableciera de manera específica la procedencia del recurso de revisión contra determinadas resoluciones, y si bien el aludido precepto da competencia al Tribunal de Arbitraje para conocer en revisión de los conflictos laborales de referencia, esto se refiere a los asuntos (conflictos) ya concluidos, es decir, a las resoluciones que concluyen el juicio tramitado por una Junta arbitral, mas no a cualquier otra resolución dictada durante la sustanciación del mismo (el énfasis es de este tribunal). Lo anterior se ve corroborado con otros dos aspectos, el primero, que en términos de lo dispuesto por el artículo 165 del referido código, el procedimiento laboral se reduce a una sola audiencia en la que las partes presentarán sus pruebas y alegatos y el tribunal o la Junta arbitral pronunciará resolución, salvo que a juicio de éstos se requiera la práctica de diligencias posteriores, y el segundo, que los incidentes en el juicio, entre otros el de personalidad de las partes, deben resolverse de plano conforme a lo previsto por el artículo 173, por lo que la regla es que cualquier incidencia que se presente durante el juicio se resuelva de plano en la misma audiencia que concluye con el fallo definitivo, de tal modo que sólo este último es el que, en su caso, vendría a justificar la procedencia del recurso de revisión. Tal conclusión debe prevalecer en el caso que se analiza, al margen de que en la práctica se den resoluciones interlocutorias sobre la personalidad d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22518-251b87e9/conflictos-laborales-entre-los-ayuntamientos-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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