RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LAS SANCIONES DE APERCIBIMIENTO Y AMONESTACIÓN PREVISTAS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY RELATIVA, POR REGLA GENERAL SON INIMPUGNABLES ANTE LOS TRIBUNALES DE LO ADMINISTRATIVO Y LOS DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DE LA ENTIDAD. RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LAS SANCIONES DE APERCIBIMIENTO Y AMONESTACIÓN, PREVISTAS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY RELATIVA, SON IMPUGNABLES EXCEPCIONALMENTE ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN CUANDO SE RECLAMAN CONJUNTAMENTE CON ALGUNA DE LAS OTRAS CONTEMPLADAS EN DICHO NUMERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 170/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, ya que los criterios discrepantes provienen de conflictos competenciales en los que se involucran las materias administrativa y de trabajo, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que emitió uno de los criterios en posible contradicción.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias que originaron la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el conflicto competencial **********, en sesión de veintitrés de abril de dos mil diez, en lo que interesa, consideró lo siguiente:
a) Dos servidores públicos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco demandaron de ésta, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del mismo Estado, la nulidad de la resolución en la que se les impusieron las sanciones consistentes en apercibimiento y amonestación previstas en las fracciones I y II del artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
b) El citado Tribunal de Arbitraje declinó la competencia a favor del Tribunal de lo Administrativo de la misma entidad, cuya Cuarta Sala Unitaria se negó a aceptarla, por lo que se integró el referido conflicto competencial **********.
c) En la resolución respectiva, que es materia de la presente contradicción, el referido Tribunal Colegiado fincó la competencia a favor de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.
d) Al respecto, el Tribunal Colegiado consideró que el artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, establece que las sanciones por faltas administrativas consistirán en: I. Apercibimiento; II. Amonestación por escrito; III. Suspensión en el empleo, cargo o comisión hasta por ocho días; IV. Destitución; V. Destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y, VI. Sanción pecuniaria; y que el artículo 76 de la propia legislación establece que las resoluciones por las que se impongan las sanciones previstas en las fracciones de la III a la VI podrán ser impugnadas por el servidor público ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
En ese sentido, concluyó, la ley le da el carácter de tribunal administrativo al Tribunal de Arbitraje, al establecer que la impugnación que se haga ante tal órgano jurisdiccional será a través de un recurso administrativo, por lo que la materia de que se trata es administrativa, aun cuando el referido tribunal tenga un carácter predominantemente laboral.
Al respecto, estableció que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 243/2007, de rubro: "SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DE DICHA ENTIDAD, AL RESOLVER EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES RELATIVA, CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", consideró que el Tribunal de Arbitraje tiene una competencia dual que nace de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios que regula la relación laboral de dichos servidores, y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la propia entidad, que establece las sanciones que se imponen en materia de responsabilidad de servidores públicos.
Agregó que de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco no se advierte la forma de impugnar las sanciones contempladas en las fracciones I (apercibimiento) y II (amonestación) del artículo 64 de la propia ley, pero que, por exclusión, dichas sanciones deben impugnarse a través del juicio administrativo local, ya que no puede estimarse la competencia del Tribunal de Arbitraje dado que éste conoce, en su carácter dual, como tribunal administrativo, de las restantes sanciones (fracciones III a VI), que son diferentes a las de las fracciones I y II; lo anterior de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 76 de la legislación citada, en relación con los numerales 65 de la Constitución Local, 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la misma entidad.
Esto es, concluyó, los supuestos de sanción administrativa del caso a estudio no corresponden a aquellos respecto de los que el numeral 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco otorga competencia expresa para el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
De la ejecutoria cuyas consideraciones se sintetizaron derivó la tesis aislada III.2o.T.202 L, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, junio de dos mil diez, página 903, de rubro: "COMPETENCIA RESPECTO DE SANCIONES CONSISTENTES EN APERCIBIMIENTO Y/O AMONESTACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO, CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO LA."
B. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el conflicto competencial **********, resuelto el once de mayo de dos mil nueve, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
a) Un servidor público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco demandó de ésta, ante el Tribunal de lo Administrativo de la misma entidad, la nulidad de la resolución en la que se le impuso un apercibimiento en términos de la fracción I del artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
b) El citado Tribunal de lo Administrativo declinó la competencia a favor del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de la misma entidad, el que se negó a aceptarla, por lo que se integró el referido conflicto competencial **********.
c) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la resolución dictada en ese conflicto, fincó la competencia a favor del referido Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
d) Para llegar a esa determinación, el Tribunal Colegiado partió del reconocimiento de que las funciones que realizaba el actor eran de índole administrativa (mecánico) y no de seguridad pública.
Por otro lado, estableció que aunque el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco nada dispone en relación con las sanciones previstas en las fracciones I (apercibimiento) y II (amonestación) del artículo 64 de la propia ley, el órgano "más afín" para conocer de la demanda en la que se impugna el apercibimiento es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, en términos de los artículos 72 de la Constitución Local, y 1o., 2o., 14, 112 y 114 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lo anterior, señaló, porque para entender el pensamiento del legislador es necesario armonizar o concordar todas las normas legales relativas a la cuestión que se trate de resolver, a fin de conocer su naturaleza, pues de atender a la simple interpretación literal, se restringiría en perjuicio de los gobernados el ejercicio eficaz de su derecho de defensa, máxime que de los artículos 116 y 123 de la Constitución Federal se advierte que los conflictos individuales entre los trabajadores del Estado y las dependencias se someterán a un Tribunal de Arbitraje.
Así pues, concluyó, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco mantiene una competencia dual para conocer de los asuntos administrativos y laborales referentes a los servidores públicos del mismo Estado, lo que tiene su origen en las citadas leyes burocrática y de responsabilidades administrativas; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Estatal, corresponde al citado tribunal laboral resolver las controversias que se susciten entre la entidad federativa de que se trata con sus servidores, con motivo de las relaciones de trabajo.
Por ello, abundó, con independencia de que el artículo 76 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios otorgue expresamente competencia al apuntado tribunal arbitral respecto de las sanciones previstas en las fracciones III a VI de su artículo 64, el propio órgano es el idóneo para conocer de la impugnación en relación con las demás sanciones (previstas en las fracciones I y II).
Además de que el Tribunal de lo Administrativo no es el órgano afín para conocer de dichos actos, pues de acuerdo con la ley, a éste le corresponde dirimir los conflictos de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre el Estado y los particulares; y si bien dicho órgano administrativo conoce de los actos de las autoridades estatales y municipales, relativos a la relación administrativa con sus cuerpos de seguridad pública, en el caso el demandante, aunque labore para la Procuraduría General de Justicia del Estado, desempeña funciones administrativas. De esto deriva que el acto impugnado por el servidor público, al tratarse de un conflicto derivado de su relación laboral que mantiene con dicha dependencia, no se encuentra previsto como competencia del tribunal administrativo y, en cambio, sí resulta dable su conocimiento, por ser el más afín, al Tribunal de Arbitraje de la entidad.
De la ejecutoria cuyas consideraciones se sintetizaron derivó la tesis aislada III.2o.A.209 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de dos mil nueve, página 1867, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA IMPUGNACIÓN DE LAS SANCIONES DE APERCIBIMIENTO Y AMONESTACIÓN POR ESCRITO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DE LA ENTIDAD."
CUARTO. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la existencia de las contradicciones de tesis no necesita ya pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", puesto que dicho criterio fue interrumpido, como se advierte de la jurisprudencia P./J. 72/2010, aprobada el doce de julio de dos mil diez; pendiente de publicar, de rubro:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
Del criterio anterior se advierte que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
En el caso concreto, de acuerdo con las consideraciones de las sentencias antes reseñadas, se advierte que existe contradicción de tesis, pues mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito considera que el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco es el legalmente competente para conocer y resolver los asuntos en los que se impugnen las sanciones de apercibimiento y amonestación previstas en el artículo 64, fracciones I y II, de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, porque el artículo 74 de ésta le da el carácter de tribunal administrativo al Tribunal de Arbitraje, al establecer que la impugnación que se haga ante tal órgano jurisdiccional será a través de un recurso administrativo, por lo que la materia de que se trata es administrativa, aun cuando el referido tribunal tenga un carácter predominantemente laboral; esto es, los supuestos de las fracciones I y II no corresponden a aquellos respecto de los que el numeral 76 otorga competencia expresa al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito considera que el competente para conocer de ese tipo de asuntos es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, porque aun cuando el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco nada dispone en relación con las sanciones previstas en las fracciones I (apercibimiento) y II (amonestación) del artículo 64 de la propia ley, el órgano "más afín" para conocer de la demanda en la que se impugnan esas sanciones es el repetido Tribunal de Arbitraje, el que mantiene una competencia dual para conocer de los asuntos administrativos y laborales referentes a los servidores públicos del mismo Estado, lo que tiene su origen en las leyes burocrática y de responsabilidades administrativas; además de que el acto impugnado por el servidor público, por tratarse de un conflicto derivado de su relación laboral, no se encuentra previsto dentro de la competencia del tribunal administrativo y, en cambio, sí resulta del conocimiento, por ser el más afín, del Tribunal de Arbitraje de la entidad.
De lo anterior se advierte que el punto de contradicción radica en determinar cuál es el órgano jurisdiccional que tiene atribuciones para conocer de los asuntos en los que se impugnen las sanciones de apercibimiento y amonestación previstas, en su orden, en las fracciones I y II del artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determina que deben prevalecer, con carácter de jurisprudencia, las tesis que se sustentan en la presente resolución.
En principio, conviene precisar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia por reiteración número 2a./J. 243/2007, de rubro: "SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DE DICHA ENTIDAD, AL RESOLVER EL RECURSO PREVISTO EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES RELATIVA, CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." (Registro 170587. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, tesis 2a./J. 243/2007, página 219).
Uno de los precedentes integradores de esa jurisprudencia fue el conflicto competencial 101/2007, resuelto el diecisiete de octubre de dos mil siete. En la resolución respectiva se consideró, en síntesis, que:
1. En ese caso, el contralor del Estado de Jalisco impuso a dos servidores públicos una amonestación por escrito y una sanción pecuniaria, en términos del artículo 64, fracciones II y VI, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.
2. De los artículos 64, fracción VI, 66, fracción V y 67, fracción I, incisos c) y d), de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, deriva que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco tiene una competencia dual que nace de dos tipos de leyes: una de carácter netamente administrativo, como es el recurso previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco; y otra, derivada de la legislación que regula el estatus laboral de dichos servidores, como es la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual establece un procedimiento de índole laboral; esto es, tiene la naturaleza formal de un tribunal laboral que aplica el derecho laboral burocrático a nivel estatal y municipal, pero también, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de ese Estado, actúa como tribunal revisor de actos administrativos, ya que este precepto legal le otorga facultades para conocer de las impugnaciones que se formulen en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos.
3. La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios prevé un solo trámite tanto para el recurso administrativo como para el juicio laboral, de manera que ante la inexistencia de alguna norma que contemple una distinción para uno y otro casos debe entenderse que las reglas procesales son las mismas. Sin embargo, la circunstancia de que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón deba tramitar el procedimiento y resolver el juicio de origen con apoyo en la ley burocrática estatal, como lo es la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no conlleva a que el juicio sea de naturaleza laboral.
4. Lo anterior, porque dicha legislación se aplica en cuanto al procedimiento que se sigue ante ese órgano jurisdiccional, y su competencia nace de la naturaleza de la acción, la que, en el caso, se vincula con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, y que, acorde con la jurisprudencia de esta Segunda Sala (tesis 2a./J. 14/99), los conflictos derivados de la aplicación de esta ley son de naturaleza administrativa.
5. De ahí, sigue señalando el precedente, que resulte intrascendente la ley adjetiva en que se apoyó la autoridad responsable (Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco) para tramitar el asunto, porque ello no implica, necesariamente, que sea de naturaleza laboral, pues dicha ley es la que rige el procedimiento del tribunal y es la aplicable. Sin embargo, como se dijo, el órgano jurisdiccional en mención tiene competencia dual y conoce de juicios administrativos y laborales por lo que, en cada caso, se debe atender a la ley de la materia que lo rige, al margen de que en la demanda se reclame el pago de salarios caídos, vacaciones, aguinaldo o cualquier otra prestación de carácter laboral, ya que la competencia de ese órgano nace de la naturaleza de la acción, la que en el caso particular se vincula con la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco de indudable naturaleza administrativa.
6. En consecuencia, el Tribunal Colegiado que resulta competente para conocer de la demanda de amparo directo, origen de ese conflicto, lo es el especializado en la materia administrativa, porque los actores se refieren a la existencia de un procedimiento administrativo de responsabilidad, del que resultaron sancionados por incumplir disposiciones del artículo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, el cual es un juicio que tiene su origen en la resolución dictada por la autoridad administrativa, con fundamento en la referida ley.
No obstante, en una nueva reflexión, esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 71/2010, en sesión de dos de junio de dos mil diez, abandonó el criterio relativo a que el recurso administrativo previsto en el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y el juicio laboral burocrático que contempla la Ley para los Servidores Públicos de dicho Estado y sus Municipios, se rigen por las mismas reglas procesales, contenido en la resolución antes reseñada.
Al respecto, se consideró en esa contradicción, en lo que interesa, que:
• No es jurídicamente posible aplicar al recurso administrativo previsto en el citado artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, las normas sustantivas o adjetivas de la Ley para los Servidores Públicos de dicha entidad y sus Municipios, porque ésta, en primer lugar, no establece el trámite de algún recurso administrativo, sino contiene, por un lado, normas que regulan las relaciones individuales o colectivas del trabajo entre los titulares y servidores públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, organismos constitucionales autónomos, Ayuntamientos y sus dependencias, y por otro lado, regula el procedimiento destinado a resolver los conflictos individuales y colectivos del trabajo suscitados entre ellos, entre aquéllos o sólo entre éstos, en ocasión o con motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas del trabajo burocrático. Es decir, porque dichas legislaciones establecen trámites de naturaleza disímbola.
• En segundo lugar, porque dichas leyes se desenvuelven en ámbitos distintos, ya que la primera se refiere a la materia administrativa y la segunda a la laboral, y en ellas no existe alguna norma que remita a una o a otra.
• La resolución dictada en un procedimiento administrativo de responsabilidades constituye un acto administrativo emanado de una autoridad de la misma índole, y resuelve una controversia de esa naturaleza suscitada entre una autoridad con un particular conforme a las reglas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, por lo que contra aquella resolución no procede el juicio laboral previsto en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sino el juicio en materia administrativa ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.
• Se expone tal aserto, porque conforme al artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el juicio en materia administrativa tiene por objeto resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades del Estado, las municipales y de los organismos descentralizados de aquéllas, con los particulares, así como de las que surjan entre dos o más de dichas entidades; dentro de las que se encuentran las controversias en materia de responsabilidades, no así las controversias o conflictos individuales y colectivos del trabajo suscitados entre los burócratas del Estado de Jalisco y sus titulares, en ocasión o con motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas del trabajo.
• En términos del artículo 2 de dicha ley, el juicio administrativo se tramita conforme al procedimiento que determina la misma, el cual inicia con una demanda de anulación y culmina con una sentencia que conforme a los diversos artículos 74 y 76, puede reconocer la validez o resolución del acto impugnado; declarar su nulidad lisa y llana o para efectos; y en ciertos casos restituir al particular en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de que hubiere ocurrido el acto o resolución impugnada cuando el acto fuere de carácter positivo, y cuando fuere de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que subsane las omisiones en que hubiere incurrido.
• De lo anterior se sigue que el servidor público del Estado de Jalisco sancionado administrativamente con la suspensión en el empleo, cargo o comisión, hasta por ocho días; destitución; destitución con inhabilitación hasta por seis años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; y pecuniaria, cuenta con dos medios de defensa a su alcance para cuestionar la sanción; el primero, el juicio administrativo previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado, y el segundo, el recurso administrativo que contempla el artículo 76 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón.
En esa tesitura, carece de razón el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al establecer que las resoluciones en las que se imponen las sanciones administrativas previstas en las fracciones I y II del artículo 64 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco son de índole laboral, al tratarse de un conflicto derivado de la relación laboral que mantiene el servidor público con la dependencia respectiva.
Luego, si las cuestiones de responsabilidad son de índole administrativa, cabría concluir, como consecuencia lógica, que a los órganos jurisdiccionales de esa materia, concretamente al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, correspondería resolver, de manera absoluta, las controversias respectivas.
Sin embargo, deben formularse dos preguntas: una, consistente en por qué el legislador del Estado de Jalisco otorgó atribuciones a un órgano jurisdiccional preponderantemente laboral para resolver cuestiones administrativas, es decir, relacionadas con la responsabilidad administrativa de los servidores públicos (fracciones III a VI del artículo 64); y dos, por qué no se la otorgó en relación con dos causas específicas de responsabilidad, a saber, el apercibimiento y la amonestación por escrito, previstas, respectivamente, en las fracciones I y II del mismo numeral, siendo que éstas gozan de la misma naturaleza que las restantes. Las respuestas a estas interrogantes darán pauta para resolver la presente contradicción.
El Estado de Jalisco ha tenido tres leyes de responsabilidades:
a) Ley Orgánica de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en el Periódico Oficial del Estado el doce de octubre de mil novecientos veintidós, reformada según publicación efectuada el treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y nueve.
b) Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que abrogó la anterior, publicada en dicho medio de difusión el siete de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, reformada mediante publicación oficial de doce de junio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22453-c82a438a/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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