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Modo: Corpus Pro

DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 191/2009. · Registro digital (IUS): 22233
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, TODOS DEL CUARTO
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, , Pág. 68.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 191/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO, TODOS DEL CUARTO CIRCUITO; EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL, AMBOS DEL SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito y no se estima necesaria la intervención del Tribunal Pleno para su resolución.

SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues mediante el oficio **********, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito manifestó que los Magistrados integrantes de ese órgano jurisdiccional denunciaban la posible contradicción de criterios, quienes están legitimados para formular la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Diferendo de criterios y fijación del tema a dilucidar. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(1), puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

¿Qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes (énfasis añadido):

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

En ambos artículos se contiene una norma que confiere poderes de ejercicio obligatorio para la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando ya sea en Salas o en Pleno. Mediante el ejercicio de ese poder conferido, se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados -o las Salas de la Corte, en su caso- llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.

Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio", sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.

Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas" esencialmente porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional mediante el que se va creando el llamado derecho en acción. La legalidad, como dice Alejandro Nieto, se complementa con el arbitrio judicial: "el sistema de arbitrio judicial y el sistema de legalidad forman una unidad imprescindible: tan falso e incompleto es un principio de arbitrio que prescinde de la legalidad como un principio de legalidad que prescinde del arbitrio. La razón de lo anterior, es que tanto la legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva como el arbitrio necesita de la legalidad para ser lícito" (cita requerida). La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que ha de solventar, o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

El anterior criterio se sustenta en las tesis jurisprudenciales números 22/2010 y 23/2010, aprobadas por esta Primera Sala, pendientes de publicación, que respectivamente, a la letra dicen:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA(2). Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO(3). El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto "contradictorio" ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."

Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

I. Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto en el amparo directo **********, en lo esencial son las siguientes:

Que de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorios de la Ley de Amparo, la notificación de una resolución puede hacerse en el juicio de amparo de diversa manera de la personal, cuando el interesado no designe domicilio en donde se ubique la sede del tribunal.

La parte conducente de la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito es la que a continuación se transcribe:

"... como en dicha demanda, que es el primer escrito en el juicio constitucional, el quejoso señaló como domicilio para oír notificaciones el ubicado en la casa número **********, de las **********, en el **********, el cual se encuentra en una población diversa a la de Toluca, Estado de México, que es donde reside este órgano colegiado, el Presidente del propio tribunal estuvo en lo correcto al ordenar que con fundamento en los artículos 305 y 306 antes transcritos, la notificación de la resolución de que se trata, que debía ser personal, se hiciera conforme a las reglas previstas para las no personales, es decir, por medio de lista, en virtud de que el litigante no había designado casa ubicada en la población en donde tiene su sede el tribunal."

De esas consideraciones derivó la siguiente tesis:

"NOTIFICACIONES PERSONALES EN AMPARO DIRECTO CUANDO NO SE SEÑALA PARA RECIBIRLAS UN LUGAR DONDE RESIDE EL TRIBUNAL. PUEDEN HACERSE COMO LAS NO PERSONALES(4). Los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de amparo, en términos del artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, disponen: ‘Artículo 305. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben señalar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique, por la intervención que deban tener en el asunto. No es necesario señalar el domicilio de los funcionarios públicos. Éstos siempre serán notificados en su residencia oficial.’. ‘Artículo 306. Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte del artículo anterior, las notificaciones personales se le harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales. Si faltare a la segunda parte del mismo artículo, no se hará notificación alguna a la persona o personas contra quienes promueva o a las que le interese que sean notificadas, mientras no se subsane la omisión; a menos que las personas indicadas ocurran espontáneamente al tribunal, a notificarse.’; de donde se desprende que para poder efectuar las notificaciones personales, se exige a los interesados que en su primera comparecencia señalen domicilio en el lugar donde reside la autoridad judicial ante quien se acude, es decir, para que puedan efectuarse todas las notificaciones personales que fueran necesarias dentro del juicio de garantías, conforme a lo que se regula en tales preceptos legales, es requisito previo e indispensable, que en su primera comparecencia el interesado señale domicilio dentro del lugar donde reside el juzgado o tribunal ante quien se siga el procedimiento; por tanto, si no obstante ese imperativo legal, el interesado en su primer comparecencia señala un domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia del tribunal ante el cual comparece, es claro que de esa manera no cumple con lo preceptuado legalmente, por lo cual aun cuando la notificación ordenada tuviera el carácter de personal, ésta puede hacerse legalmente en la forma prevista para las no personales."

II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo número **********, en sesión de nueve de octubre de dos mil dos, estimó en esencia lo siguiente:

Que con apego a lo dispuesto en el artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo, es legal el señalamiento del domicilio para recibir notificaciones en algún Municipio integrante de la zona conurbada, no obstante que en el territorio de aquél no se ubique el tribunal laboral, ya que éste ejerce jurisdicción en todo el Estado de Nuevo León.

La parte conducente de la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, es la que a continuación se transcribe:

"En consecuencia, debe concluirse que resulta legal el señalamiento del domicilio convencional de las partes en el juicio laboral, cuando se realiza dentro de algún Municipio integrante de la zona conurbada (a excepción de Guadalupe y San Nicolás de los Garza, cuya competencia está reservada a las Juntas Once y Doce), no obstante que en éste no se encuentre físicamente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues si la misma posee jurisdicción territorial en el Estado, puede actuar válidamente dentro de un Municipio conurbado al de Monterrey, como es San Pedro Garza García, ya que al estar conurbados dichos Municipios integran un solo centro de población.

"...

"En ese contexto, fue correcto el domicilio señalado por la quejosa, dentro del municipio de San Pedro Garza García, pues se encuentra dentro de la zona conurbada y por tanto al constituir un único centro de población junto con el Municipio de Monterrey, Nuevo León, en que se encuentra la Junta responsable; es inconcuso que la Junta, al desechar de plano el incidente de nulidad de actuaciones, vulneró por inexacta aplicación del numeral ********** de la ley laboral y en consecuencia, las garantías individuales de debido proceso legal, legalidad y seguridad jurídicas ..."

Los anteriores razonamientos sirvieron de sustento a la siguiente tesis aislada:

"DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. LAS PARTES PUEDEN SEÑALARLO EN UN MUNICIPIO CONURBADO A LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, AUN CUANDO NO SEA EL DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LA JUNTA, PERO DENTRO DE SU JURISDICCIÓN(5). De conformidad con los artículos 739 de la Ley Federal del Trabajo y 2o. del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en relación con los decretos del Ejecutivo Estatal publicados en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, y treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, resulta legal el señalamiento del domicilio convencional de las partes para oír y recibir notificaciones, cuando se realiza dentro de algún Municipio integrante de la zona conurbada (a excepción de Guadalupe y San Nicolás de los Garza, cuya competencia está reservada a las Juntas Especiales Once y Doce), no obstante que en éste no se encuentre físicamente la Junta Local, ya que los Municipios que integran la zona conurbada forman un solo centro de población; además de que por lugar de residencia debe entenderse aquel en donde el tribunal ejerce jurisdicción territorial, de tal manera que si las Juntas Especiales de la Local de Conciliación y ‘Arbitraje ejercen jurisdicción en el Estado de Nuevo León (con excepción de aquellos Municipios cuya competencia se delimitó a las Juntas Especiales Ocho, Nueve, Once y Doce, respecto de las cuales se modificó su competencia territorial, según los acuerdos del Poder Ejecutivo, publicados en el Periódico Oficial del Estado el ocho de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, y el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro), debe concluirse que las Juntas Especiales pueden actuar válidamente dentro de un Municipio conurbado al de Monterrey, aun cuando no sea el domicilio o residencia de la Junta Local, pues dicha interpretación es acorde con los principios de economía procesal, concentración e inmediatez, ya que las Juntas Especiales pueden actuar válidamente en los Municipios que integran la zona conurbada -a excepción de Guadalupe y San Nicolás de los Garza- y las partes pueden designar como domicilio el de su lugar de residencia, con el consiguiente contacto directo entre la autoridad jurisdiccional y las partes."

III. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja número **********, el veintiséis de septiembre de dos mil tres, estimó esencialmente:

Que de acuerdo a lo indicado en el artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es válido designar domicilio para oír notificaciones en la ciudad donde reside el juzgador, o en la zona metropolitana en que ejerza su jurisdicción.

Dicho razonamiento se corrobora con la transcripción de la parte que interesa de la ejecutoria relativa:

"En cuanto a la designación de domicilio para oír y recibir notificaciones en el juicio de garantías, el artículo 30 fracción I de la Ley de Amparo, establece que debe ubicarse ‘en el lugar de la residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto’.

"Si bien, la ciudad en que se ubica el recinto oficial del Juzgado Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, es la Ciudad de Monterrey, Nuevo León; también lo es, que no debe pasar por alto que al igual que la ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo León y otras, conforman la zona metropolitana; esto es, con motivo de la concentración geográfica dada su proximidad, forman un solo centro de población según decreto del Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintitrés de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.

"Ello conlleva a establecer que si bien el domicilio designado por la aquí recurrente no se ubica en la ciudad en que reside la autoridad de amparo, también lo es que el concepto de ‘lugar de residencia’a que alude la disposición legal en cita no debe entenderse en sentido literal y estricto, sino de manera que debe considerarse al lugar en que el tribunal ejerce jurisdicción territorial."

Esas consideraciones sirvieron de sustento para emitir la siguiente tesis aislada:

"DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO. TRATÁNDOSE DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, ES CORRECTA LA DESIGNACIÓN REALIZADA EN CUALESQUIERA DE LOS MUNICIPIOS QUE LA CONFORMAN(6). Si bien el artículo 30, fracción I de la Ley de Amparo permite establecer que el domicilio señalado por los interesados para recibir notificaciones personales se debe ubicar en el lugar de la residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, el concepto ‘lugar de residencia’, no debe entenderse en sentido literal y estricto, sino acorde con los principios de economía procesal e inmediatez en la administración de justicia, así como, en el caso concreto, con la finalidad de la creación de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, según decreto del Ejecutivo Estatal, relativa a la concentración geográfica de diversos Municipios del Estado dada su proximidad, para formar un solo centro de población; lo cual conlleva a estimar que el concepto ‘lugar de residencia del juzgador’ debe entenderse en su sentido amplio como el lugar en que el Juez o tribunal ejerce su jurisdicción; por tanto, la designación del domicilio en cualesquiera de los Municipios que conforman la zona metropolitana de dicha entidad es correcta."

IV. Las consideraciones que emitió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la queja número **********, en sesión de diez de marzo de dos mil cinco, son las que a continuación se sintetizan:

Que del artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que se debe designar domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional, esto es, el lugar en que el Juez o tribunal ejerce jurisdicción, por lo que se puede hacer tal designación en cualquiera de los Municipios que conforman la zona metropolitana respectiva.

La parte conducente de la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es la que a continuación se transcribe:

"Los argumentos en cuestión, resultan fundados, pues si bien el artículo 30, fracción I de la Ley de Amparo, permite establecer que el domicilio señalado por los interesados para recibir notificaciones personales, se debe ubicar en el lugar de la residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, el concepto ‘lugar de residencia’, no debe entenderse en sentido literal y estricto, sino acorde con los principios de economía procesal e inmediatez en la administración de justicia, así como, en el caso concreto, con la finalidad de la creación de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, según decreto del ejecutivo estatal relativo a la concentración geográfica de diversos Municipios del Estado dada su proximidad, para formar un solo centro de población; lo cual conlleva a estimar que el concepto ‘lugar de residencia del juzgador’, debe entenderse en sentido amplio, como el lugar en que el Juez o tribunal ejerce su jurisdicción; por tanto, la designación del domicilio en cualquiera de los Municipios que conforman la zona metropolitana de dicha entidad es correcta."

De esas consideraciones derivó la siguiente tesis de jurisprudencia:

"DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO. TRATÁNDOSE DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, ES CORRECTA LA DESIGNACIÓN REALIZADA EN CUALESQUIERA DE LOS MUNICIPIOS QUE LA CONFORMAN(7). Acorde con la interpretación del artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, el domicilio señalado por los interesados para recibir notificaciones personales, se debe ubicar en el lugar de la residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto. Así, el concepto ‘lugar de residencia’, no debe entenderse en sentido literal y estricto, sino acorde con los principios de economía procesal e inmediatez en la administración de justicia; luego, al tratarse de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, según decreto del Ejecutivo Estatal relativo a la concentración geográfica de diversos Municipios del Estado dada su proximidad, para formar un centro de población; conlleva a estimar que el concepto ‘lugar de residencia del juzgador’, debe entenderse en su sentido amplio, esto es, como el lugar en que el Juez o tribunal ejerce su competencia; por tanto, la designación del domicilio en cualquiera de los Municipios que conforman la zona metropolitana de dicha entidad es correcta."

El criterio del citado tribunal lo reiteró al resolver los diversos recursos de queja números **********, **********, ********** y **********.

V. Las consideraciones que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver la queja número **********, el veintiocho de septiembre de dos mil seis, son las que a continuación se sintetizan:

Que en términos del artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo 57/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para las notificaciones personales puede designarse domicilio en la ciudad en la que tenga su residencia el juzgador, así como en los Municipios que integran la zona conurbada en que radique el tribunal o ejerza jurisdicción.

Tales razonamientos se corroboran con la siguiente transcripción de la parte considerativa de la sentencia del recurso de queja **********:

"QUINTO. Es fundado el único agravio que se hace valer.

"En efecto, en la especie este Tribunal Colegiado considera que tiene razón el tercero perjudicado inconforme, pues indebidamente el Juzgado de Distrito a quo lo requirió para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, no obstante que había señalado domicilio para tal efecto en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, por lo que se aplicó de manera errónea el artículo 30, fracción I de la Ley de Amparo, numeral atinente a las notificaciones personales que deben hacerse en el domicilio o casa señalados para oír notificaciones.

"Lo anterior es así, pues tal y como lo advierte el ********** ‘**********’ discordante, al término ‘lugar de residencia’, no se le puede dar una acepción tan limitada como se hace en el auto recurrido, en el que se le equipara a la ciudad en la que se encuentra el Juzgado de Distrito, pues acorde a los principios de economía procesal, concent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22233-f326d970/domicilio-para-recibir-notificaciones-personales-en-el-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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