NOTIFICACIONES IMPUGNADAS COMO VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. EL AGRAVIADO NO ESTÁ OBLIGADO A SU PREPARACIÓN ANTES DE PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 206/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa la denuncia corresponde a la materia administrativa de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que participaron en la solución de uno de los asuntos respecto de los que se hace dicha denuncia y, por ende, están facultados para hacerlo en términos de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones que sirvieron de sustento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 162/2008, en la parte conducente, son las siguientes:
"SÉPTIMO. Refiere la quejosa en su único concepto de violación, que la sentencia reclamada es incongruente y violatoria del artículo 16 constitucional, en atención a que desde el escrito inicial de demanda se señaló como domicilio el ubicado en calle **********, número **********, despacho **********, colonia **********, delegación **********, código postal **********, con fundamento en el artículo 2o., fracción XIV, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; sin embargo, mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil siete, se requirió a la quejosa para que señalara domicilio dentro de la jurisdicción de la responsable con el apercibimiento para el caso que de no hacerlo se realizarían las subsecuentes notificaciones en el domicilio fiscal. Que la responsable de manera incorrecta no realizó las notificaciones subsecuentes en el domicilio señalado para tal efecto ni en el domicilio fiscal, violándose la garantía de debido proceso, dado que el acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil siete, por el cual se otorgó el derecho para ampliar la demanda fue notificado por lista el veinticinco de septiembre del mismo año, lo que es violatorio del artículo 67, párrafo tercero, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, puesto que no existe ninguna causal o circunstancia que haya dado motivo para notificar por lista dicho acuerdo, circunstancia que la colocó en estado de indefensión para formular su ampliación de demanda. ... Son fundados tales argumentos. Antes de exponer las razones por las que se consideran fundados los argumentos esgrimidos por la peticionaria de garantías, se estima conveniente señalar por qué es posible abordar su estudio. Ciertamente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en jurisprudencia que tratándose de amparos directos que deriven de un asunto en materia administrativa, los quejosos pueden plantear violaciones procesales que se hubiesen cometido en el juicio natural sin necesidad de que hubiesen ‘preparado’ tal impugnación, pues dicha exigencia sólo es dable en materia civil. Ciertamente, los artículos 107, fracción III, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 161 de la Ley de Amparo que dicen: ‘Artículo 107.’. ‘Artículo 161.’ (se estima que no es conveniente realizar su transcripción). De los preceptos transcritos, se advierten dos enunciados normativos. El primero, está contemplado en el primer párrafo y establece que las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo sólo pueden reclamarse en el amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. El segundo de los enunciados normativos, se encuentra en el segundo párrafo, fracciones I y II, que prevé que tratándose de juicios civiles, para que proceda el juicio de amparo directo, el agraviado deberá impugnar la violación en el curso del procedimiento a través de los recursos o medios de defensa en los términos de la ley que rija el procedimiento; precisando que si la ley no concede el recurso ordinario o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación en la segunda instancia, si se cometió en la primera, eximiendo de esta obligación cuando se trate de acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia. De esta manera, si en ninguno de los enunciados normativos se menciona a la materia administrativa; es válido concluir que ésta se encuentra dentro de la regla general que prevé el primer párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, ya que si la finalidad de la norma era establecer alguna regla especial respecto de dicha materia, así lo hubiera contemplado expresamente. Por tanto, para que proceda el amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, el agraviado no requiere preparar las violaciones, pues basta que se trate de alguna o algunas de las contempladas en los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, para que puedan reclamarse en el amparo. El criterio que antecede, se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 198/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI (sic) octubre de 2007, página 437, que dice: ‘VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL AGRAVIADO NO ESTÁ OBLIGADO A SU PREPARACIÓN ANTES DE COMBATIRLA EN LA DEMANDA DE AMPARO.’ (en este momento es innecesaria la transcripción del texto respectivo pues se hará posteriormente). Ahora bien, para demostrar lo fundado de los conceptos de violación esgrimidos, conviene tener presente (sic) los antecedentes del caso, que se desprenden de las actuaciones del juicio natural, a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2o., que son los siguientes: ... De lo anterior, queda de manifiesto que efectivamente se violaron las reglas del procedimiento como lo alega la quejosa, pues si bien es cierto que en el acuerdo de cuatro de mayo de dos mil siete se requirió a la entonces actora para que señalara domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala responsable, también cierto es que el apercibimiento decretado fue en el sentido de que en caso de que no se designara domicilio en ese lugar, las subsecuentes notificaciones se realizarían en el domicilio fiscal. Sin embargo, no obstante que en forma clara se estableció en dónde se realizarían las subsecuentes notificaciones, el Magistrado instructor de la Sala del conocimiento de manera ilegal en el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil siete, acordó que las notificaciones se realizarían por medio de lista, ello, aparentemente, al hacer efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de cuatro de mayo del mismo año, circunstancia que es contraria a derecho pues, como se vio, en éste no se hizo apercibimiento alguno en esos términos. ... Por tanto, si a consideración del Magistrado instructor era dable realizar las notificaciones en el domicilio fiscal de la actora en caso de que ésta no señalara un domicilio para oír y recibir notificaciones; así debió realizarlo y no ordenar que se practicaran las notificaciones por medio de lista, pues este proceder no es acorde con el apercibimiento previamente decretado. Máxime si se toma en consideración que mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil siete se estaba dando la posibilidad a la parte actora para que formulara su ampliación de demanda, lo que denota que se trataba de un proveído que requería su notificación personal, lo anterior con independencia de que la actora no hubiese designado domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala responsable, pues lo cierto es que ésta sostuvo que las realizaría en su domicilio fiscal. En las narradas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación expuestos en la demanda de garantías, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, ordenando la reposición del procedimiento a partir del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil siete y haga efectivo el apercibimiento decretado en los términos en que fue señalado en el acuerdo de cuatro de mayo del mismo año, esto es, para que las subsecuentes notificaciones se realicen en el domicilio fiscal de la actora. Por último, debe decirse que no escapa a la consideración de este órgano colegiado el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la tesis VI.1o.A.242 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, página 2837, que dice: ‘VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO LA CONSTITUYE LA ILEGALIDAD DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SINO LA DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL INCIDENTE DE NULIDAD RESPECTIVO.’ (en este momento es innecesaria la transcripción del texto de este criterio porque se hará posteriormente). Sin embargo, no se comparte el criterio antes aludido, dado que se considera que la jurisprudencia 2a. 198/2007, de rubro: ‘VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL AGRAVIADO NO ESTÁ OBLIGADO A SU PREPARACIÓN ANTES DE COMBATIRLA EN LA DEMANDA DE AMPARO.’, es clara en cuanto a que no es posible que se exija la preparación de las violaciones procesales para hacerlas valer en amparo directo. Por tanto, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se considera oportuno realizar la denuncia por contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva qué criterio debe prevalecer."
Por otra parte, las consideraciones que sustentó el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la sentencia dictada en el amparo directo 506/2007, en la parte que interesa, son del tenor siguiente:
"QUINTO. Deben desestimarse los conceptos de violación hechos valer, por las razones que a continuación se exponen. ... Por otra parte, en el segundo concepto de violación (fojas 5 a 18 de este expediente), la quejosa sostiene que la sentencia reclamada contraviene lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, además del numeral 67, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que a su decir, nunca le fueron notificados legalmente tanto el acuerdo de seis de febrero de dos mil siete, por el que la Magistrada instructora en el juicio de nulidad le concedió el término de ley para ampliar la demanda fiscal, como el proveído de tres de mayo siguiente, en el que se tuvo por precluído el derecho de la actora para formular la respectiva ampliación. Al respecto, refiere la impetrante que las notificaciones de dichos proveídos resultan ilegales en virtud de que no consta que el funcionario encargado haya circunstanciado la forma en que se cercioró de que el domicilio en el que se constituyó, efectivamente corresponde al de la contribuyente; asimismo porque el funcionario practicó la diligencia en formatos preimpresos, en los cuales se concretó al llenado de los espacios en blanco, sin asentar por sí mismo los medios por los cuales se cercioró de encontrarse en el domicilio de la contribuyente, con lo que no se tiene la certeza de que efectivamente se hayan desahogado en el domicilio del particular interesado y si requirió la presencia del representante legal; que la utilización de formatos previamente impresos origina incertidumbre para los particulares, quienes no tendrán pleno conocimiento de que se haya practicado legalmente la notificación en comento, esto es, que se hayan respetado las formalidades de ley, aunado a que el asentar las referidas formalidades es un requisito elemental para el debido desahogo de una diligencia. Agrega que el fin último de las notificaciones es que el particular tenga conocimiento de las actuaciones de las autoridades, por lo que de no observarse las formalidades, como acontece en el caso de utilizar formatos preimpresos, no existe certeza de que el acto se haya notificado conforme a derecho; aunado a que la ley no permite el uso de dichos formatos, por ende, su uso contraviene el principio de legalidad. Asimismo, la quejosa solicita la suplencia de la queja con base en la jurisprudencia de rubro: ‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.’. Deben desestimarse los argumentos anteriores. En efecto, sobre el planteamiento anterior, este Tribunal Colegiado estima conveniente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido jurisprudencialmente que, conforme al artículo 161 de la Ley de Amparo, en los juicios administrativos el agraviado no está obligado a preparar las violaciones procesales antes de combatirlas en el amparo directo, dado que si bien el artículo 161 de la Ley de Amparo señala que dentro de los juicios civiles debe impugnarse la violación procesal que causa indefensión en el curso mismo del procedimiento a través de los medios ordinarios de defensa que la ley prevé, a efecto de que con posterioridad se pueda reclamar dicha violación en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, dicho precepto legal no establece la misma exigencia para la materia administrativa. La jurisprudencia a que se alude se identifica con el número 198/2007, pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que a la letra dice: ‘VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL AGRAVIADO NO ESTÁ OBLIGADO A SU PREPARACIÓN ANTES DE COMBATIRLA EN LA DEMANDA DE AMPARO.’ (en este momento se considera innecesaria la transcripción del texto de este criterio, pues se hará posteriormente.). Al caso importa transcribir la parte conducente de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia antes transcrita, derivada de la contradicción de tesis 162/2007-SS, sustentada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en la misma materia del Cuarto Circuito, cuyo contenido es el siguiente: (en este momento no se estima conveniente realizar la transcripción respectiva). De la transcripción precedente se advierte que la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país sostuvo que, dada la distinción existente entre las materias civil y administrativa, la aplicación estricta de las obligaciones procesales, y la inaplicabilidad del principio de definitividad contra autos que se dicten en el procedimiento, se tiene que en el juicio de amparo directo en materia administrativa, el quejoso puede plantear en su demanda las violaciones procesales que prevé el artículo 159 de la Ley de Amparo, sin necesidad de agotar previamente los medios de defensa que establecen las leyes que rigen el procedimiento contencioso administrativo, y sin que resulte por ende aplicable a la materia administrativa la regla que para los juicios civiles prevé el segundo párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, consistente en la exigencia de agotar contra las violaciones al procedimiento los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de garantías. Ahora bien, a efecto de determinar cuáles son las violaciones procesales que, como lo indica la Segunda Sala del Alto Tribunal, pueden impugnarse en el juicio de amparo directo en materia administrativa sin necesidad de prepararlas previamente, importa transcribir el artículo 159 de la Ley de Amparo, en el que se establece un catálogo de los casos en que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ‘Artículo 159.’ (se considera innecesaria su transcripción). En la fracción V del artículo transcrito, se constata que la ley reglamentaria del juicio de garantías establece como una violación procesal en los juicios civiles, administrativos o del trabajo, la resolución ilegal de un incidente de nulidad; esto es, que agotado el incidente previsto en la ley que rija el procedimiento ordinario, dicha determinación podrá ser objeto de examen en el juicio de amparo directo como violación intraprocesal. La porción normativa en estudio, interpretada (sic) contrario sensu, determina que las resoluciones dictadas en el procedimiento ordinario que en términos de la ley respectiva puedan ser impugnadas mediante la promoción de un incidente de nulidad, no constituyen por sí mismas violaciones al procedimiento dables de examinarse en el juicio de amparo directo, salvo que previamente se haya agotado en su contra el incidente de nulidad en la sede de la jurisdicción ordinaria. Precisado lo anterior, en el caso concreto se tiene que la parte quejosa combate la ilegalidad de las notificaciones de los proveídos por los que la Magistrada instructora, respectivamente, le concedió el término de ley para ampliar la demanda fiscal y tuvo por precluído el derecho de la actora para formular la citada ampliación; mismas notificaciones que no fueron impugnadas previamente por la entonces actora mediante la presentación del incidente de nulidad de notificaciones previsto en el título II, capítulo IV, artículos 29, fracción III y 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Los precitados artículos son del tenor literal siguiente: ‘Título II. De la substanciación y resolución del juicio.’. ‘Capítulo IV. De los incidentes.’. ‘Artículo 29.’ (se considera innecesaria su transcripción). ‘Artículo 33.’ (se considera innecesaria su transcripción). De todo lo anterior este Tribunal Colegiado concluye que, al tenor de lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 198/2007, de rubro: ‘VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL AGRAVIADO NO ESTÁ OBLIGADO A SU PREPARACIÓN ANTES DE COMBATIRLA EN LA DEMANDA DE AMPARO.’, y en la ejecutoria que le dio origen, se tiene que en el juicio de amparo directo en materia administrativa se pueden plantear las violaciones procesales previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, sin necesidad de prepararlas antes de su impugnación mediante la acción constitucional, y sin que les resulte aplicable la excepción que para la materia civil prevé el segundo párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, consistente en la impugnación ordinaria de las violaciones procesales antes de combatirlas en el amparo directo; lo anterior, conforme lo sostuvo el Alto Tribunal, obedece a la distinción existente entre las materias administrativa y civil, a la aplicación estricta de las obligaciones procesales, y a la inaplicabilidad del principio de definitividad contra autos que se dicten en el procedimiento, a fin de hacer más expedito el juicio contencioso administrativo en cumplimiento al principio de justicia pronta del artículo 17 constitucional. Por tanto, si sólo las violaciones del procedimiento que señala el artículo 159 de la ley de la materia, son dables de impugnarse sin preparación previa en el juicio de amparo directo en materia administrativa, y la fracción V del mismo precepto establece como violación procesal la resolución ilegal de un incidente de nulidad, se concluye que, (sic) contrario sensu, las resoluciones o actuaciones dictadas en el procedimiento ordinario que en términos de la ley respectiva puedan ser impugnadas mediante la promoción de un incidente de nulidad, como acontece con las notificaciones en el juicio fiscal en términos de los artículos 29, fracción III y 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no constituyen por sí mismas violaciones al procedimiento dables de examinarse en el juicio de amparo directo, salvo que en su contra previamente se haya agotado el incidente de nulidad respectivo en la sede de la jurisdicción ordinaria. En mérito de lo anterior, dado que en la especie la parte quejosa no combatió oportunamente la legalidad de las notificaciones respectivas mediante la promoción del incidente de nulidad ya referido, lo cierto es que los argumentos que en contra de tales notificaciones ahora hace valer la impetrante resultan inoperantes, toda vez que no pueden ser abordados legalmente por este Tribunal Colegiado al no haberse impugnado dichas violaciones en el momento procesal oportuno ante la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 159, fracción V, de la Ley de Amparo. ... En mérito de lo expuesto, al haberse desestimado los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada."
De la anterior resolución emanó la tesis aislada VI.1o.A.242 A, visible en la página 2837, del Tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de dos mil ocho, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tenor es:
"VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO LA CONSTITUYE LA ILEGALIDAD DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SINO LA DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL INCIDENTE DE NULIDAD RESPECTIVO. Al tenor de lo dispuesto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 198/2007, de rubro: ‘VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL AGRAVIADO NO ESTÁ OBLIGADO A SU PREPARACIÓN ANTES DE COMBATIRLA EN LA DEMANDA DE AMPARO.’, y en la ejecutoria que le dio origen, se tiene que en el juicio de amparo directo en materia administrativa se pueden plantear las violaciones procesales previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, sin necesidad de prepararlas antes de su impugnación mediante la acción constitucional, y sin que les resulte aplicable la excepción que para la materia civil prevé el segundo párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, consistente en la impugnación ordinaria de las violaciones procesales antes de combatirlas en el amparo directo; lo anterior, conforme lo sostuvo el Alto Tribunal, obedece a la distinción existente entre las materias administrativa y civil, a la aplicación estricta de las obligaciones procesales, y a la inaplicabilidad del principio de definitividad contra autos que se dicten en el procedimiento, a fin de hacer más expedito el juicio contencioso administrativo en cumplimiento al principio de justicia pronta del artículo 17 constitucional. Por tanto, si sólo las violaciones del procedimiento que señala el artículo 159 de la Ley de la Materia son dables de impugnarse sin preparación previa en el juicio de amparo directo en materia administrativa, y la fracción V del mismo precepto establece como violación procesal la resolución ilegal de un incidente de nulidad, se concluye que, a contrario sensu, las resoluciones o actuaciones dictadas en el procedimiento ordinario que en términos de la ley respectiva puedan ser impugnadas mediante la promoción de un incidente de nulidad, como acontece con las notificaciones en el juicio fiscal en términos de los artículos 29, fracción III y 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no constituyen por sí mismas violaciones al procedimiento dables de examinarse en el juicio de amparo directo, por lo que si en su contra no se agotó previamente el incidente de nulidad respectivo en la sede de la jurisdicción ordinaria, resultan inoperantes los conceptos de violación que pretendan combatir en amparo directo la ilegalidad de una notificación en el juicio fiscal."
CUARTO. El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, porque el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito determinó que en amparo directo es posible abordar el estudio de los conceptos de violación dirigidos a controvertir violaciones procesales que se hubiesen cometido en el juicio contencioso administrativo, como la referente a notificaciones incorrectamente realizadas que afecten las defensas del quejoso y que trasciendan al resultado del fallo, sin necesidad de que se hubiese preparado su impugnación agotando previamente al ejercicio de la acción constitucional el incidente de nulidad respectivo; mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito estableció que deben declararse inoperantes los conceptos de violación dirigidos a controvertir notificaciones incorrectamente realizadas durante la sustanciación del juicio contencioso administrativo, en virtud de que las mismas pueden ser impugnadas mediante la promoción de un incidente de nulidad, por lo que no constituyen por sí mismas violaciones al procedimiento dables de examinarse en el juicio de amparo directo, salvo que en su contra previamente se haya agotado el incidente de nulidad respectivo en la sede de la jurisdicción ordinaria.
Como se advierte, los tribunales contendientes analizaron una cuestión jurídica esencialmente igual, adoptando mediante sus consideraciones criterios discrepantes, no obstante que examinaron los mismos elementos, a saber: a) la impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de diversos créditos fiscales; b) el dictado de la sentencia de la Sala Fiscal de manera contraria a los intereses de la parte actora; c) la impugnación de esa determinación mediante el juicio de amparo directo, en el que se plantearon conceptos de violación tendientes a controvertir notificaciones incorrectamente realizadas durante la sustanciación del juicio contencioso administrativo; y finalmente, d) el conocimiento de estas resoluciones por los Tribunales Colegiados contendientes.
La concurrencia de los supuestos antes enumerados, demuestra la existencia de la contradicción denunciada, con apoyo, además, en la tesis jurisprudencial número P./J. 26/2001, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA."(1)
Por tanto, el punto a dilucidar consiste en determinar si en el amparo directo planteado contra la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo, es posible analizar directamente los conceptos de violación en los que se impugnan las notificaciones realizadas durante la sustanciación del juicio ordinario, sin necesidad de que hayan sido preparadas las violaciones alegadas mediante el agotamiento del incidente de nulidad respectivo, o bien, si aquellos conceptos de violación deben declararse inoperantes al ser violaciones susceptibles de ser impugnadas previamente mediante el indicado incidente de nulidad.
QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis que más adelante se precisará.
De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal,(2) la regla general es que procede el juicio de amparo directo contra las violaciones procesales cometidas durante la sustanciación del procedimiento común, cuando éstas afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. La propia Constitución señala en el artículo y fracción señalados, pero en sus incisos b) y c),(3) las excepciones que deben ser impugnadas mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, a saber, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio.(4)
La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio general de que cuando se trata de violaciones al procedimiento que afectan las defensas del quejoso y que trascienden al resultado del fallo, es requisito indispensable para que sean estudiadas dichas violaciones procesales en el amparo directo, el que se agote el recurso ordinario correspondiente, es decir, que se haya preparado el amparo al impugnarse la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario, debiéndose declarar inoperantes los conceptos de violación en los que se reclaman violaciones de procedimiento que no fueron recurridas en el momento procesal oportuno.
Concretamente, en relación con las violaciones procesales que tienen que ver con las notificaciones realizadas durante la sustanciación del juicio en sede común, la indicada Tercera Sala señalaba que debían declararse inoperantes los conceptos de violación en los que se controvertían tales actuaciones procesales, si es que no se había promovido previamente el incidente de nulidad de notificaciones, es decir, que para plantear en un juicio de amparo directo, como violación procesal, la nulidad de una actuación de la primera instancia, era requisito sine qua non que el agraviado hiciera valer previamente el incidente de nulidad correspondiente.(5)
El criterio señalado es acorde con la materia civil, pero no es aplicable en materia administrativa.
Recientemente, esta Segunda Sala, al analizar concienzudamente el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, concomitantemente con el artículo 161 de la Ley de Amparo, advirtió qu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21528-8e5703e5/notificaciones-impugnadas-como-violacion-a-las-leyes-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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