COMPRAVENTA A PLAZOS. PUEDE REPUTARSE COMO UN CRÉDITO CONTRATADO PARA EFECTOS DE LA APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 24 DE MAYO DE 1996.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que se trata de una denuncia sobre una posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza civil, de la competencia exclusiva de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la presentó (**********), en su carácter de autorizado de la parte quejosa del juicio de amparo 417/2006, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, donde se pronunció la sentencia recurrida en el amparo en revisión 84/2007, que dio origen a la ejecutoria donde se sustentó el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, como se desprende del siguiente estudio.
El referido amparo en revisión es de materia civil y conforme al artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la parte agraviada puede autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante; y en las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada debe acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización.
A efecto de constatar si se dio cumplimiento a esa exigencia legal, conviene señalar que junto con la denuncia de contradicción de tesis se exhibió una copia simple del auto de siete de septiembre de dos mil seis pronunciado por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, en el juicio de amparo 417/2006, en el cual se requirió a la parte quejosa la aclaración de varios puntos, y se tuvo como autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo a (**********).
Debido a que la copia simple de referencia no hace prueba plena por sí misma del contenido del auto de siete de septiembre de dos mil seis, luego que fue solicitada, el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California remitió copia certificada de la referida actuación, a la cual se le concede pleno valor probatorio con apego a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2o. de esta última ley.
Por tanto, se encuentra acreditado que (**********), autorizado de la parte quejosa del juicio de amparo 417/2006, por disposición expresa del referido artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, estaba autorizado en los términos amplios que indica ese numeral, y podía realizar los siguientes actos:
1. Interponer los recursos que procedan.
2. Ofrecer y rendir pruebas.
3. Alegar en las audiencias.
4. Solicitar la suspensión o diferimiento de dichas audiencias.
5. Pedir que se dicte sentencia para evitar que se consume el término de caducidad o de sobreseimiento por inactividad procesal; y,
6. Realizar "cualquier" acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante.
Cabe señalar que la voz "cualquier", antes de acto, es un pronombre indeterminado, y el Diccionario de la Real Academia Española establece que significa: "alguno, sea el que fuere".
A su vez, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, permiten que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer.
De la misma manera los artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se refieren a "las partes que intervinieron en los juicios", y no distinguen entre el quejoso y el tercero perjudicado o si se refiere también a la parte procesal, que lo constituye el autorizado para oír notificaciones en los términos amplios del artículo 27 de la ley de referencia, y de acuerdo al principio general de derecho que establece que donde la ley no distingue, el Juez no puede distinguir, debe entenderse que la expresión transcrita, también se refiere a las partes procesales como el autorizado de la quejosa en términos amplios.
De manera que si la presente denuncia la formuló (**********), en su carácter de autorizado de la parte quejosa del juicio de amparo 417/2006, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, donde se pronunció la sentencia recurrida que motivó el amparo en revisión 84/2007, y por ello se emitió la ejecutoria de la que derivó el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que considera opuesto a la posición del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, es por lo que el promovente se encuentra legitimado para denunciar la posible contradicción de criterios que dio origen a este expediente, conforme a la interpretación del artículo 27 mencionado, y del diverso 197-A de la Ley de Amparo.
Para ese efecto, el promovente de la denuncia de contradicción tenía especial interés en conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que decida en este caso cuál tesis debe prevalecer, y aunque la resolución que se dicte no puede afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias, sí podría brindarle a la parte que representa el promovente certeza y seguridad jurídica, en algún procedimiento distinto, posterior, derivado o relacionado con el que dio origen al criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el que también se involucre a la parte quejosa, autorizante de (**********).
De ahí que tenga interés en que sobre el tema respecto del cual estima que existe la contradicción de criterios, se emita un pronunciamiento que resuelva tal diferendo, por tener relación con los actos que reclamó en el juicio de amparo del que derivó uno de los criterios en cuestión, y es inobjetable que la denuncia de tal contradicción es un acto que al menos podría resultar necesario para la defensa de los intereses de su autorizante, vinculados al procedimiento del que derivó el criterio del Tribunal Colegiado de Circuito de referencia, para evitar la posible aplicación futura de un criterio que a juicio del autorizado no es el adecuado, perjudica a los intereses de la persona que representa, y busca que con la posición que determine la Suprema Corte de Justicia le pueda beneficiar a la directamente quejosa, en el presente o en casos futuros.
Incluso, independientemente de que con la denuncia relativa se lleve a cabo o no la efectiva defensa de los intereses de la parte quejosa, lo cierto es que su sola formulación sin duda obedece a que el autorizado de la agraviada considera que el pronunciamiento que se emita al resolver la contradicción de tesis, podrá ser útil a los intereses de ésta, y de considerarse lo contrario la indefinición de los criterios que considera en oposición podría obstaculizar la adecuada representación de la propia quejosa.
Máxime que la figura jurídica de contradicción de tesis que regula la Ley de Amparo, principalmente en sus artículos 197 y 197-A, es un procedimiento que tiene como propósito resolver las opiniones divergentes que sobre un tema jurídico emitan los diversos Tribunales Colegiados de Circuito, incluso las mismas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras de obtener la unificación de criterios, para brindar certeza y seguridad jurídica, y este Alto Tribunal, en Pleno y en Salas, se ha pronunciado en el sentido de ampliar las facultades de que gozan los representantes de las partes en los juicios de amparo, a que se refiere el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y no de restringirlas como se desprende de las siguientes tesis:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VII, mayo de 1998
"Tesis: 2a. LXIV/98
"Página: 584
"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA. La enumeración de facultades que establece esa disposición en favor del autorizado para intervenir en términos amplios en el juicio de amparo es enunciativa y no limitativa, pues además de precisar las de interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del plazo de la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal, señala la de realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, que entraña una diversidad importante de facultades de representación, cuyo ejercicio dentro del juicio debe entenderse que se inicia con la presentación de la demanda de garantías en la que se confiere tal representación y subsiste mientras exista un acto que realizar en relación con el juicio constitucional.
"Contradicción de tesis 6/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió."
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, marzo de 2000
"Tesis: P./J. 26/2000
"Página: 5
"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. ESTÁ FACULTADO PARA DESISTIR DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS EN EL JUICIO, POR ÉL O POR SU AUTORIZANTE. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto, el autorizado en términos amplios goza de la capacidad procesal necesaria para realizar, a nombre del autorizante, cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos de éste, por lo que a aquél corresponde valorar qué actuaciones procesales son factibles de permitir al autorizante obtener una resolución favorable a sus intereses, con independencia de que en un caso concreto pudieren ser desfavorables a este último, riesgo que asume el autorizante al conferir su representación a un tercero, profesional en derecho, cuando se trate de las materias administrativa, civil y mercantil. En esa medida, en ejercicio de la representación conferida, el autorizado puede válidamente desistir de una prueba ofrecida por él o por su autorizante, lo que se corrobora por la circunstancia de que tal actuación encuadra dentro de la relativa a utilizar en juicio los medios de prueba que se estimen pertinentes, la que no se limita a su aspecto positivo, el ofrecimiento y rendición de pruebas, pues también se expresa en su aspecto antagónico, la posibilidad de desistir de pruebas previamente ofrecidas.
"Contradicción de tesis 27/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito y Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito. 15 de febrero de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina."
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VII, mayo de 1998
"Tesis: 2a. LXV/98
"Página: 585
"AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. PUEDE DENUNCIAR LA CONTRADICCIÓN DE TESIS DIMANADA DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN EL QUE SE LE CONFIRIÓ TAL REPRESENTACIÓN. El mencionado autorizado se encuentra facultado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo en el que se le otorgó tal representación y otra, ya que si bien en el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no aparece precisada tal facultad, la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa, pues, entre otras, señala la de realizar cualquier acto que sea necesario para la defensa de los derechos del autorizante, y aunque la denuncia no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la citada legislación se desprende que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas hubieran sido sustentadas, ha de concluirse que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado artículo, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros.
"Contradicción de tesis 6/98. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 3 de abril de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván.
"Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió."
Se concluye entonces que "cualquier" acto que puede realizar el autorizado en términos del artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, es factible que lo determine aquel quien presumiblemente conoce las circunstancias que pudieran favorecer a los intereses cuya representación le confió la autorizante, y que tenga como objeto contribuir directa o indirectamente a ese fin, como la presente denuncia de contradicción de tesis, y por ello el nombrado (**********), en su carácter de autorizado de la quejosa del juicio de amparo 417/2006, sí tiene legitimación para realizar la presente denuncia de contradicción de tesis.
Por consiguiente, esta Primera Sala considera que el hecho de que el artículo 197-A de la Ley de Amparo establezca que las partes que intervinieron en los juicios donde las tesis se hubieran sustentado, pueden formular la denuncia de contradicción de tesis, no excluye la posibilidad de que un autorizado legal de la parte directamente quejosa tenga tal facultad, ya que esa disposición legal no puede considerarse opuesta ni desvincularse del diverso precepto 27 del ordenamiento legal en comento, por lo que de una interpretación sistemática y armónica de esos numerales, se arriba a la conclusión de que el autorizado legal de referencia sí puede válidamente denunciar una contradicción de tesis como la presente.
En este tenor, una interpretación literal, estricta y restrictiva de lo que establece el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en el sentido de que sólo las partes de los juicios de donde derivaron las tesis contradictorias pueden realizar la denuncia de contradicción de tesis, y no las personas que se encuentren autorizadas conforme al segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, a efecto de realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, podría constituir un obstáculo a esa finalidad, a pesar de que el juicio de garantías es un medio de control de la constitucionalidad, que entre sus fines se encuentra el de realizar una debida tutela de los derechos constitucionales de los gobernados, y protegerlos de los actos de autoridad que violen sus garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En sentido similar al aquí consignado resolvió esta Primera Sala la contradicción de tesis 107/2006-PS, de la ponencia del señor Ministro Juan N. Silva Meza, fallada el día ocho de noviembre de dos mil seis, por mayoría de cuatro votos, en contra del emitido por el señor Ministro Sergio A. Valls Hernández.
TERCERO. Las consideraciones de la postura emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de reclamación 15/96, el seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, derivaron de los siguientes antecedentes:
1. La Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato pronunció el auto de seis de agosto de mil novecientos noventa y seis, en el toca 616/96, en el que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia.
2. En contra de ese proveído la inconforme promovió juicio de amparo y el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito desechó la demanda de garantías, porque se presentó extemporáneamente.
3. La parte quejosa impugnó tal desechamiento a través del recurso de reclamación (15/96), y en la ejecutoria de seis de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el referido tribunal revocó el auto de presidencia recurrido y ordenó admitir a trámite la demanda de garantías.
Las consideraciones que motivaron y fundaron dicha determinación consistieron en lo siguiente:
a) Que era fundado el agravio en el que se hizo valer el decreto de la reforma del artículo 1075 del Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis; pues consideró que a partir de la vigencia del decreto de referencia en materia mercantil las notificaciones surtían efectos el día siguiente al en que se practicaren, y los términos judiciales comenzaban a transcurrir desde el día siguiente al en que surten efectos las notificaciones.
b) El Tribunal Colegiado de Circuito razonó, conforme a lo expuesto, que por haberse notificado a la quejosa el auto reclamado el siete de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando ya estaba vigente la reforma de referencia, dicha notificación surtió efectos el día siguiente al en que se practicó y el término de quince días para promover la demanda de amparo inició el nueve de agosto de mil novecientos noventa y seis y concluyó el día veintinueve del mismo mes y año.
c) Por último, el Tribunal Colegiado de Circuito apoyó la conclusión a que arribó, en que de conformidad con el artículo primero transitorio del decreto de la reforma al Código de Comercio, publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, no es aplicable respecto de los créditos contratados con anterioridad, y ello implicaba que el objeto de la contratación, para poder ubicarse en el supuesto de la prohibición legal del artículo primero transitorio, debía ser precisamente un crédito, cuya situación no se actualizaba en ese caso, debido a que el acto reclamado derivaba de un juicio ordinario mercantil en el que se demandó el pago de una mercancía materia de un contrato de compraventa.
Es decir, en concepto del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito el contrato de compraventa no constituía un crédito y, por tanto, para hacer el cómputo del plazo para la interposición de la demanda de garantías, en específico el momento en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, debía tomarse en consideración lo dispuesto en el Código de Comercio reformado.
De esas consideraciones derivó la tesis aislada que enseguida se reproduce:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo V, marzo de 1997
"Tesis: XVI.2o.12 C
"Página: 788
"CRÉDITOS CONTRATADOS, ALCANCE DE ESTA EXPRESIÓN CONFORME AL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. El artículo primero transitorio del decreto que reformó diversas disposiciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, establece que las reformas al Código de Comercio no son aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a su entrada en vigor. La expresión ‘contratados créditos’ implica necesariamente que el objeto de la contratación haya sido precisamente un crédito, situación que no acontece cuando el acto reclamado deriva de un juicio ordinario mercantil en el que se reclamó el pago de mercancías por virtud de un contrato de compraventa y, en estas condiciones, en el caso de mérito deben aplicarse las reformas mencionadas, entre las que se incluyen las relativas al momento en el que surten efectos las notificaciones.
"Reclamación 15/96. (**********). 6 de diciembre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Javier Pons Liceaga. Secretario: Salvador González Baltierra."
CUARTO. Por su parte, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, sustentado al resolver el amparo en revisión 84/2007, el veintidós de mayo de dos mil siete, tuvo como antecedentes los siguientes hechos:
1. La parte quejosa en el juicio de amparo en revisión 84/2007, fue demandada en la vía ordinaria mercantil por una empresa inmobiliaria que exigía la rescisión de un contrato de compraventa de un bien inmueble.
2. Una vez admitida la demanda y seguidos los trámites legales, la parte demandada solicitó al Juez que decretara la caducidad de la instancia por haber una inactividad procesal mayor a la establecida en el Código de Comercio para tal efecto.
3. Enseguida, el Juez negó la petición de la parte demandada, al considerar que el juicio natural era ordinario mercantil, y que las obligaciones derivadas de los actos de comercio celebrados antes de ser reformado el Código de Comercio mediante el decreto publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, se regían por lo dispuesto en el Código de Comercio anterior a dichas reformas; el cual no contemplaba la figura jurídica de la caducidad de la instancia, además de que el crédito materia del juicio se contrajo en una fecha anterior a dicha reforma.
4. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso recurso de apelación, y al resolverlo la Sala del Tribunal Superior de Justicia correspondiente, confirmó el auto recurrido porque existía un crédito pactado previamente a la entrada en vigor de la indicada reforma, "ya que el contrato base de la acción, que contiene la operación de compraventa de un bien raíz, fue celebrado el día trece de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve", por lo cual estimó que en el juicio de origen no tenía aplicación lo dispuesto en la reforma de referencia.
5. En contra de esa resolución, la parte demandada promovió juicio de amparo, y la Juez de Distrito negó el amparo bajo la consideración de que en la reforma del Código de Comercio, de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, ya se contemplaba la caducidad de la instancia, y que conforme al artículo primero transitorio del decreto de esa reforma, no era aplicable en los casos de que se hubieran contratado créditos con anterioridad a su entrada en vigor, y como el contrato base de la acción (compraventa) se celebró el trece de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, no le era aplicable lo dispuesto para la caducidad en la citada reforma.
Puntualizó que en los conceptos de "créditos contratados" y "créditos contraídos" se incluían todos los derechos personales que implicaban el cumplimiento de obligaciones pecuniarias que el acreedor podía exigir de su deudor, en cuya hipótesis encajaba el contrato de compraventa referido, por lo cual, tal como en el caso acontecía, en el acuerdo de voluntades celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del citado decreto se consignaba un crédito "lato sensu", y por ello, conforme al Código de Comercio anterior a la reforma, por no regularla no procedía decretar la caducidad de la instancia.
6. La parte quejosa interpuso recurso de revisión contra esa sentencia del Juez, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que fue registrado con el número de amparo en revisión 84/2007, y al resolverlo en la ejecutoria de veintidós de mayo de dos mil siete, confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo, bajo las siguientes consideraciones:
a) Que la reforma al Código de Comercio publicada el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, que introdujo la figura jurídica de la caducidad de la instancia, no es aplicable a quienes hubieren contratado créditos con anterioridad a su entrada en vigor, y por ello dicha reforma no puede regir a las compraventas celebradas con anterioridad a la citada reforma.
b) Que en la contratación de créditos a que alude el artículo primero transitorio del decreto mencionado, encajaban todos los derechos personales que implican el cumplimiento de obligaciones pecuniarias que el acreedor puede exigir de su deudor, siempre que se hubieren pactado con anterioridad a la entrada en vigor de las aludidas modificaciones legislativas; y que por haberse celebrado el trece de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve el contrato base de la acción, consistente en una compraventa, anterior al decreto de reformas de que se trata, no eran aplicables éstas para decretar la caducidad de la instancia del juicio ordinario mercantil promovido en contra de la parte quejosa, que no estaba prevista con anterioridad, pues en sentido amplio por crédito debía entenderse un derecho personal de carácter subjetivo que la ley reconoce a su titular (acreedor), susceptible de exigirse a un diverso sujeto denominado (deudor).
La parte considerativa que interesa de esa ejecutoria, es la siguiente:
"Inconforme con la anterior resolución, los quejosos interpusieron el recurso de revisión materia de este fallo, en el que hacen valer los agravios transcritos en el considerando tercero de esta ejecutoria, los cuales, como ya se dijo son infundados.
"Se afirma lo anterior, ya que lo resuelto por la Juez de Distrito se encuentra ajustado a derecho, pues contrario a lo que alegan los recurrentes, el acto reclamado no es violatorio de las garantías individuales que refieren, en virtud que como de manera correcta lo resolvió la Sala responsable, en la especie no son aplicadas las reformas del Código de Comercio publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, y por ello no se actualiza la figura jurídica de la caducidad de la instancia.
"En efecto, el artículo 1076 del Código de Comercio, reformado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, contempla la figura de la caducidad de la instancia, al establecer lo siguiente:
"‘Artículo 1076. ... La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: ...’
"Por otra parte, el artículo primero transitorio de las mencionadas reformas al Código de Comercio, establece: ‘... Primero. Las reformas previstas en los artículos lo. y 3o., del presente decreto, entrarán en vigor sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y no serán aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco serán aplicables tratándose de la novación o reestructuración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto.’
"De lo antes transcrito, se advierte que las reformas previstas en los artículos 1o. y 3o. del citado decreto, no serán aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor de dicho decreto, ni en los casos en que se trate de novación o reestructuración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto; por lo que, es obvio que se refiere a todos los derechos personales que por su propia naturaleza implican el cumplimiento de obligaciones de carácter pecuniario que el acreedor puede exigir de su deudor mediante el ejercicio de las acciones respectivas, siempre y cuando se hayan pactado los créditos con anterioridad a la entrada en vigor de las modificaciones; y como en el caso, el contrato base de la acción relativo a la compraventa celebrada entre el actor y demandados en el juicio natural, se celebró el trece de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, es decir, anterior a la citadas reformas, no son aplicables éstas al caso concreto.
"Por otra parte, contrario a lo argumentado por el impetrante de garantías, en cuanto a que el documento de donde deriva el juicio mercantil, es un contrato de compraventa, y que como la acción que se ejerce es la rescisoria, el caso que nos ocupa encuadra en lo previsto por el citado artículo transitorio, que dispone que no serán aplicables las reformas en los créditos contratados con anterioridad a las mismas; pues no obstante que lo reclamado sea la rescisión del contrato aludido, respecto del cual los quejosos refieren que existen diversas causas para exigir la rescisión de un contrato de compra venta mercantil, como es la falta de entrega de lo contratado no es suficiente para q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21373-8c80ec77/compraventa-a-plazos-puede-reputarse-como-un-credito · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RECURSOS ORDINARIOS. EL EMPLEO DEL VOCABLO "PODRÁ" EN LA LEGISLACIÓN NO IMPLICA QUE SEA POTESTATIVO PARA LOS GOBERNADOS AGOTARLOS ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. (CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/2007-PS)
- MENORES DE EDAD. EN LOS JUICIOS DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN NO REVISTEN EL CARÁCTER DE PARTE PROCESAL Y, POR TANTO, ES INNECESARIO DESIGNARLES UN TUTOR INTERINO PARA Q (CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/2008-PS)
- REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. EL ARTÍCULO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 5 DE ENERO DE 2004, NO (CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2008-SS)
- FALTA DE PERSONALIDAD EN MATERIA MERCANTIL. SI SE ADVIERTE DE OFICIO, DEBE OTORGARSE EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1126 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PERSONALIDAD. EL TRIBUNAL DE (CONTRADICCIÓN DE TESIS 82/2007-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- DOCUMENTOS PUBLICOS. NO PRUEBAN ACTOS INCIDENTALES. (s/clave)
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis