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Modo: Corpus Pro

MENORES DE EDAD. EN LOS JUICIOS DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN NO REVISTEN EL CARÁCTER DE PARTE PROCESAL Y, POR TANTO, ES INNECESARIO DESIGNARLES UN TUTOR INTERINO PARA QUE LOS REPRESENTE (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE NAYARIT Y MICHOACÁN). MENORES DE EDAD. DEBE DÁRSELES INTERVENCIÓN PARA QUE SE ESCUCHE SU OPINIÓN EN RELACIÓN CON LA CONTROVERSIA DE LOS JUICIOS DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/2008-PS. · Registro digital (IUS): 21742
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 164.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 60/2008-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como lo señalado en los puntos segundo, párrafo primero y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios emitidos por Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza civil, que corresponde a la exclusiva competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo.

TERCERO. Los criterios que se aducen contradictorios, son los siguientes:

El Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver en sesión de tres de noviembre de dos mil cinco, por unanimidad de votos, el amparo directo civil 682/2005, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. ... Por ello, en cualquier ámbito en el que se vean involucrados derechos inherentes a menores, debe resolverse, incuestionablemente, atendiendo a algunos de los principios rectores que motivaron la ley; a saber; el interés superior del niño; y el respeto a sus garantías constitucionales o a los derechos reconocidos legalmente, sin que el ejercicio de los derechos de los adultos pueda, en momento alguno y bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de aquéllos. Por ende, en casos como el que ocupa este estudio, en que la materia de la litis natural consiste en determinar si es o no procedente anular el juicio de adopción tramitado por la quejosa ********** y, por ende, si ésta debe devolver o no a la madre biológica, ahora tercero perjudicada, **********, la custodia legal y entrega física de la menor ********** o **********, debe cumplirse con el imperativo constitucional y legal de vigilar, siempre, el respeto y cumplimiento de tales principios, fundamentalmente, el del interés superior de la infancia. Sentadas las anteriores premisas, debe ahora decirse que del cuidadoso examen de las constancias que integran el expediente del juicio natural número 777/2004, este Tribunal Colegiado de Circuito, en suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo, advierte que en dicho procedimiento se incurrió en diversas violaciones a las reglas esenciales del mismo, que generaron que la menor ********** o **********, no fuera legalmente representada en dicha contienda, y por consecuencia, que no se respetara su derecho constitucional de ser oída en defensa de sus particulares intereses; y porque además, no se entabló la relación jurídico procesal entre las partes, con interés legítimo en intervenir en el juicio; circunstancias que, desde luego, impedían el dictado de una sentencia que resolviere el fondo de la controversia; de ahí que, al no haberlo advertido así la autoridad responsable ad quem, es inconcuso que con ello violentó en perjuicio de la infante mencionada, las garantías de defensa y legalidad, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo que, en la especie, obliga a conceder el amparo y protección de la Justicia solicitados. En efecto, como ya se precisó con anterioridad, el Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, al radicar el juicio de nulidad promovido por **********, ordenó dar la intervención que en derecho corresponda al agente del Ministerio Público de su adscripción y al delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (foja trescientos cincuenta y seis); empero, en modo alguno ordenó la designación de un representante especial o tutor interino para que la menor ********** o ********** fuera debidamente representada y oída en dicho juicio, no obstante lo ya precisado y lo dispuesto, además, en los artículos 462, 463 y 468 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit ... . Por su parte, los numerales 441, 442 y 527 de dicha legislación, que se refieren a tutela, disponen lo siguiente: ... Asimismo, de los tres últimos preceptos citados, se advierte, en lo que importa, que la tutela puede tener también por objeto la representación interina del incapaz en los casos especiales que señale la ley; que de acuerdo a la legislación civil local, los menores de edad tienen incapacidad natural y legal; y que todo tutor, cualquiera que sea su clase, debe aceptar previamente el cargo y, en su caso, presentar las garantías exigidas por el Código Civil para que se le discierna el mismo, debiendo manifestar si acepta o no el cargo conferido dentro de los tres días que sigan a la notificación de su nombramiento, precisando en ese mismo lapso, si tiene impedimento o excusa alguno para desempeñar su función. Luego, si en el presente caso, en esencia, se reclama la nulidad del juicio que decretó la adopción de la menor ********** o y, por ende, la recuperación de la guarda y custodia y entrega física de ésta, es indubitable que cualquiera que sea el resultado del juicio, se verán afectados los intereses de la citada menor, de suerte que, correspondía al a quo, en respeto de su garantía constitucional de audiencia, designarle un tutor interino o representante especial a efecto de que fuera debidamente escuchada en el juicio, de manera particular, y no a través de alguna de las partes en el juicio, que necesariamente tienen intereses enfrentados. Es verdad que la legislación civil local no prevé expresamente que deba ser oída la menor de edad en el caso específico (de nulidad de juicio concluido de adopción), tal como sí lo dispone en tratándose de juicios en los que se discute la contradicción de la paternidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 329 del código sustantivo de la materia, que dice: (se transcribe). Sin embargo, también verdadero resulta que, a efecto de dar cabal cumplimiento a lo preceptuado en las disposiciones previamente invocadas establecidas tanto en el sexto párrafo del artículo 4o. de la Constitución, en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se impone la obligación de escuchar en el procedimiento de origen a la citada menor **********o **********, a través de un tutor interino para que, por conducto de éste, defienda sus intereses en relación a la acción y demás pretensiones ejercidas por las partes, pues indiscutiblemente que, como ya se dijo, cualquiera que sea el sentido que se adopte en dicho juicio, se verán afectados sus intereses. ... En esas condiciones, si en el presente asunto, las partes en conflicto **********, madre biológica de la menor ********** o **********, y **********, principalmente, mantienen una controversia respecto al derecho de custodia de la citada menor, merced al juicio de nulidad de adopción intentado por la primera de las citadas, aquí tercero perjudicada, es indudable que dicha menor debió ser escuchada en defensa de sus propios intereses a través de un tutor interino, a efecto de que éste vigilara el cabal respeto a su garantía constitucional de audiencia y de sus derechos procesales, desvinculada de los intereses de las partes conflictuadas; empero, como ello no sucedió en dicho sumario natural, se evidencia la infracción a las normas que regulan el procedimiento en perjuicio de la citada menor; dado que no basta la notificación del auto de radicación al funcionario idóneo para desempeñar el cargo de tutor interino de la menor para que se le hubiere dado la intervención que le corresponde en el juicio de origen, sino que era necesario que alegara, ofreciera pruebas y, en su caso, interpusiera los recursos correspondientes a favor de aquélla, porque sólo de esta manera podría, válidamente, estimarse que, efectivamente, se respetó en el procedimiento natural, el interés superior de la precitada menor de edad, por cuanto que se le brindó la oportunidad de, con las formalidades legales del caso, ser escuchada en defensa en forma personalísima y, desde luego, agotar su garantía de defensa a plenitud; de lo que se concluye que al no haber sucedido ello en el procedimiento de origen, tal como ya se ha dicho reiteradamente, se violentaron en perjuicio de la menor ********** en cita, las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales."

Consideraciones anteriores que dieron lugar a la tesis cuyo rubro y texto enseguida se precisan:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXII, diciembre de 2005

"Tesis: XXIV.6 C

"Página: 2722

"MENORES DE EDAD. EN EL JUICIO DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN, LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTÁ OBLIGADA A DESIGNARLES UN TUTOR INTERINO QUE LOS REPRESENTE DE MANERA DESVINCULADA DE LAS PARTES EN CONFLICTO, A FIN DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). De los artículos 3, 9, 12, 19, 20, 21 y 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio del año citado, y ratificado por el Ejecutivo el diez de agosto siguiente, se desprende que el Estado mexicano se comprometió a otorgar al niño la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, y adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para salvaguardar el interés superior de la infancia, como uno de los principios rectores que sustentan la nueva doctrina integral de protección de la niñez. Así, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de abril de dos mil, se reformó el sexto párrafo del artículo 4o. constitucional, y se estableció el deber del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Asimismo, se decretó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de cuyas disposiciones se advierte la intención del legislador de colmar una imperativa urgencia de certeza y seguridad en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, a fin de proporcionarles un desarrollo pleno e integral que les genere la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, estableciéndose en el artículo 3 de dicha legislación, los principios rectores de la protección de sus derechos, entre los que destacan, el del interés superior de la infancia, y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Por tanto, en un juicio de nulidad del procedimiento de adopción, en el que necesariamente se ven involucrados los intereses de los menores, pues según el sentido del fallo definitivo éstos deberán permanecer, ya sea al lado de sus adoptantes, o bien, de sus ascendientes biológicos, el Juez está obligado a designarles un tutor interino a efecto de que éste vigile el cabal respeto del interés superior de aquéllos, de sus garantías constitucionales de audiencia y legítima defensa, así como de sus derechos procesales. Lo anterior, no obstante que en la legislación civil del Estado de Nayarit no existe disposición expresa que autorice tal intervención en esa clase de juicios, ya que de acuerdo con lo previsto por los artículos 462, 463 y 468 del Código de Procedimientos Civiles de la localidad, los problemas inherentes a la familia son de orden público y, por ello, tratándose de menores, la autoridad judicial goza de amplias facultades para intervenir aun oficiosamente, y decretar las medidas necesarias para protegerlos; disposiciones que, interpretadas en armonía con las obligaciones que contrajo el Estado mexicano en la convención aludida, permiten concluir que nombrar a los menores un tutor que los represente en juicio de manera desvinculada a las partes en conflicto, es una medida necesaria y eficaz para salvaguardar el interés superior del infante."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver en sesión de nueve de abril de dos mil ocho, por unanimidad de votos, el amparo directo civil 824/2007, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. ... . Es infundado el concepto de violación así planteado, por cuanto que del análisis sistemático de los preceptos 1o., 2o., 3o., 4o., 9o. y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; o., 4o., 7o., 41, 48 y 49 de la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; se obtiene que las autoridades judiciales que conozcan de las controversias donde se decidan derechos de menores, deberán velar por el interés superior de éstos, pero no disponen que necesariamente en todas esas controversias deberán estar representados -los menores- por un tutor designado por la autoridad judicial y menos que necesariamente sean parte, como litigantes, contra lo pretendido por los quejosos. ... En efecto, conforme a los normativos 1o., 3o., 4o., 7o., 9o. y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en armonía con el 3o., 4o., 7o., 23, 41, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se obtiene que en todos los procedimientos judiciales así como en las medidas concernientes a infantes, los órganos jurisdiccionales, inclusive cualquiera otra autoridad, siempre deben tomar en consideración que el interés del niño es superior a cualquier circunstancia, lo que obliga al Estado a adoptar todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, y cuando sea el caso -dentro del marco de la cooperación internacional, con el fin de salvaguardar el interés del menor, así también al de que se garantice a los niños y adolescentes que estén en condiciones de formarse un juicio propio- el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez que presenten, dándosele en particular a éstos la oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecten. De ahí que la autoridad judicial, durante la tramitación de los juicios civiles que versan o tienen que determinar sobre derechos de menores -entre ellos sobre la guarda, custodia o patria potestad- deben no sólo de actuar, atendiendo al interés primordial del menor y allegándose incluso los elementos necesarios para ello, sino también escuchar tanto al Ministerio Público y a las partes como a los menores, con el fin de salvaguardar el interés superior de los menores, al existir disposición de derecho internacional que de conformidad con el artículo 113 (sic) constitucional resulta obligatorio, al establecer los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el Presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de las leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente. Por ello, atendiendo al contenido del artículo 4o. constitucional y los citados de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley Para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, debe otorgarse al niño, niña o adolescente la protección y el cuidado necesarios para su bienestar, y adoptar todas las medidas, legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para salvaguardar el interés superior de éstos, escuchando dentro de un procedimiento donde se vaya a decidir sobre sus derechos, su opinión respecto a la controversia, pero ello no implica que deba de dárseles la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 constitucional. Lo anterior, porque la garantía del menor de ser escuchado prevista en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la ley para la protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (sic), es distinta y ajena a la garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, que establece: (se transcribe). En principio, para determinar los alcances de la garantía de audiencia que establece el citado artículo 14 constitucional en su segundo párrafo, resulta necesario recordar sus antecedentes constitucionales (se transcribe). Reseñado lo anterior, procede establecer que la garantía de audiencia, consiste en el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de sus derechos más preciados, como lo son la libertad y sus propiedades o posesiones. Ahora bien, el acto de privación regido por lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, lo es aquel que constituye un fin por sí mismo con existencia independiente y no el que únicamente es un medio para la consecución de otro acto. En el primero de ellos, el fin perseguido por el acto radica en privar al sujeto de sus bienes, propiedades, posesiones o derechos, con carácter definitivo; en cambio, en el segundo, la privación no constituye la intención teleológica del acto, sino una medida de tipo provisional y accesoria para el logro de un fin diverso. Aunque en ambos casos el acto produce o puede generar una privación, sólo aquel cuyo sentido es definitivo, se encuentra regido por la norma constitucional de referencia, pues atendiendo a su naturaleza, se garantiza al gobernado que no debe llevarse a cabo sin que se le brinde la oportunidad de ser oído en defensa de sus intereses, con la debida amplitud, por la evidente gravedad que el acto reviste. Por lo contrario, cuando el acto privativo es provisional, esto es, cuando la privación no es la razón de ser del acto, resulta innecesario otorgar previamente al afectado la oportunidad de defensa en virtud de la accesoriedad de la medida. Por tanto, si esa afectación tiene como propósito privar al gobernado de sus bienes, entonces se actualiza el supuesto previsto en la norma constitucional y se genera su consecuencia, a saber: la obligación de la autoridad de otorgar al sujeto en forma previa al acto, la garantía de audiencia, mientras que cuando el fin del acto no estriba en esa privación definitiva, sino que constituye una medida accesoria o preventiva, se estará entonces frente a una privación provisional, es decir, frente a un acto de molestia respecto del cual no es indispensable que, previamente, se brinde al sujeto la referida garantía. La distinción entre actos de privación y actos de molestia deriva precisamente de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que erigen las garantías de audiencia y de legalidad, respectivamente, en contra de los actos de la autoridad, y esa diferenciación deriva de la naturaleza del acto, de su razón teleológica y no de los efectos que en primer término produce. Esto último se pone de manifiesto si se considera que tanto los actos a que se refiere el artículo 14 constitucional, como aquellos a que se contrae el numeral 16 de la Constitución, pueden producir, en mayor o menor medida, directa o indirectamente, una ‘privación’ en la esfera jurídica del gobernado causándole una afectación, sea por indisponibilidad de sus bienes, por la disminución de su patrimonio, por la imposición de una carga u obligación, que de no existir el acto no tendría que soportar o cumplir, etcétera; de tal manera que si se atendiera solamente a los efectos del acto, resultaría carente de sentido la distinción entre actos de privación y actos de molestia, supuesto que ambos pueden generar esa ‘privación’ y, en esa medida, todo acto de autoridad que afectara la esfera jurídica de un gobernado no podría realizarse sin la previa garantía de audiencia. Por ello, es que se afirma que la distinción establecida por los numerales 14 y 16 de la Constitución deriva de la naturaleza del acto y no en primera instancia de los efectos a que puede dar lugar. Los perjuicios -en sentido amplio- al gobernado, que se pueden producir tanto por un acto regido por el numeral 14 de la Constitución como por uno de aquellos a los que se refiere el artículo 16 de ese ordenamiento, constituyen el efecto del acto; lo que no puede servir de base para distinguir entre ellos, pues ese efecto puede presentarse en ambos. Tampoco puede estimarse que la distinción entre dichos actos esté constituida por su mayor o menor reparabilidad, dado que esta condición también puede actualizarse en los dos casos y depende de circunstancias de hecho o jurídicas. El análisis de la reparabilidad de los efectos de los actos reclamados tiene como punto de partida la naturaleza del acto, y la posibilidad de exigir esa reparación se actualiza una vez que se ha determinado sobre la juridicidad del mismo, lo que supone que, previamente, se analice si éstos se encuentran sujetos o no a respetar al gobernado la garantía de audiencia. De lo anterior se sigue que, lógicamente, primero debe apreciarse la finalidad perseguida por el acto de autoridad y luego la entidad de los efectos, dentro de lo que se encuentra la causación de perjuicios y su reparabilidad, para determinar si un acto se encuentra o no regido por el numeral 14 de la Constitución; y es por esa razón que la referida causación de perjuicios no es el criterio determinante para sujetar un acto al cumplimiento de la garantía de previa audiencia, pues esos efectos también pueden presentarse en un acto regido por el artículo 16 constitucional. Por tanto, para concluir si un acto queda regido por lo dispuesto por el artículo 14 constitucional debe atenderse a su finalidad. Sobre el particular, cabe invocar la tesis quinta tesis (sic) relacionada con la tesis de jurisprudencia número 267, publicada en el del Apéndice al (sic) Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda parte de la letra ‘A’ a la ‘CH’, página cuatrocientos ochenta y uno, que establece: ‘AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.’ (se transcribe). Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia número 40/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, página 5, que establece: ‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, debe decirse que dentro de las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 constitucional antes transcrito destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa, este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa de los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicte de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Así, con arreglo en tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa la demuestre, y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de demostrar sus afirmaciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Cobra aplicación la tesis número 440, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo I, página 309, que precisa: ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE.’ (se transcribe). Asimismo, es aplicable la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, consultable en la página 151, que establece: ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE.’ (se transcribe). También resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 175-180, Tercera Parte, página 65, cuyo rubro y texto establecen: ‘GARANTÍA DE AUDIENCIA, ALCANCE DE LA.’ (se transcribe). En efecto, la garantía de audiencia vela que todo gobernado sea oído y vencido en juicio; sin embargo, dicha garantía no es jurídicamente posible que sea reclamada a favor de un menor en el que sus padres biológicos y adoptivos se encuentran disputando la legalidad de la adopción, puesto que como se vio con antelación conforme a las diversas disposiciones que se encuentran contenidas en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas Adolescentes (sic), en su caso atendiendo a la edad que tengan, sólo se deberá escuchar su opinión respecto a la controversia que tenían y con ello resolver lo relativo a su situación jurídica; pero, de ninguna manera para que sea oído y vencido en juicio para que origine la reposición de un procedimiento. Lo anterior, porque como se vio con anterioridad, para que exista violación a la garantía de audiencia, prevista en el artículo 14 constitucional, necesariamente debe existir un acto privativo, el cual es aquel cuya finalidad connatural perseguida es la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado y la Constitución los autoriza sólo a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo en comento, y que si el acto de autoridad por su propia naturaleza y finalidad no tiende a la privación definitiva y sólo es un medio para lograr otros propósitos, no será acto privativo sino de molestia. Consecuentemente, en virtud de que a un menor, dentro del juicio de que se trata, no se le viola la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, como se vio con anterioridad, es lógico jurídico sostener que tampoco puede ordenarse la designación de un representante especial o tutor interino para que el menor fuera debidamente representado y oído en dicho juicio. De ahí que sea loable concluir que la opinión del menor de edad que debe escuchar el juzgador para resolver su situación jurídica dentro de un juicio en el que se rebatan cuestiones relacionadas con su persona, no debe ser considerado o traducido en garantía de audiencia, dado que el infante no reviste el carácter de parte procesal y que, por ello, tenga que ser oído y vencido en juicio, sino que atendiendo a las condiciones específicas del caso -edad del menor- únicamente se le escuche para saber su sentir respecto de la controversia; por tanto, -como ya se dijo- tampoco es necesaria la intervención de un representante especial o tutor interino para que sea debidamente representado y oído en juicio, amén de que el Juez de lo familiar, de manera oficiosa, debe velar por el interés del menor a efecto de que no sean transgredidos sus derechos. Por todo ello es que este Tribunal Colegiado, no comparte el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en la tesis de rubro: ‘MENORES DE EDAD. EN EL JUICIO DE NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN, LA AUTORIDAD JUDICIAL ESTÁ OBLIGADA A DESIGNARLES UN TUTOR INTERINO QUE LOS REPRESENTE DE MANERA DESVINCULADA DE LAS PARTES EN CONFLICTO, A FIN DE SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT).’. En consecuencia, deberá de hacerse a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21742-60fa2da1/menores-de-edad-en-los-juicios-de-nulidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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