DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICOS. ES IMPROCEDENTE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO CUANDO EN LAS CONCLUSIONES ACUSATORIAS EL MINISTERIO PÚBLICO OMITE PRECISAR LA FRACCIÓN APLICABLE DEL ARTÍCULO 194 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, RELATIVA A LA FINALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 100/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A, último párrafo, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia penal, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el defensor de uno de los procesados que fueron parte en los diversos amparos que dieron lugar a la presente contradicción de tesis.
Puntualizado lo anterior, se procede a analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuestión, para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, sostuvo su criterio al resolver los amparos directos penales números 2/2006 y 127/2006, el treinta y uno de marzo, y ocho de mayo, ambos de dos mil seis, respectivamente.
En la especie se procede a transcribir exclusivamente la parte que interesa de una de las ejecutorias emitidas por el referido órgano colegiado, toda vez que en ambas se sostiene, en esencia, el mismo criterio.
Amparo directo penal 2/2006.
"SEXTO. ... Seguido el proceso penal por sus trámites legales, cerrada que se declaró la instrucción, la representación social federal, mediante escrito que obra de fojas 226 a 233 de los autos, formuló sus conclusiones acusatorias y pidió al Juez de la causa que se sentenciara a ... como penalmente responsable en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de estupefacientes con fines de realizar alguna de las conductas previstas por el artículo 194 del Código Penal Federal, previsto y sancionado por el diverso numeral 195, primer párrafo, del citado cuerpo de leyes. El defensor público federal del entonces procesado, al presentar sus conclusiones de no acusación, en esencia expresó que consideraba deficientes las conclusiones acusatorias formuladas por el agente del Ministerio Público de la Federación, ya que en su pliego acusatorio no definía cuál era la finalidad que pretendía realizar el inculpado con la cocaína que le fue asegurada, toda vez que sólo mencionaba de manera genérica que se encontraba acreditado el cuerpo del delito contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína con fines de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal, previsto y sancionado por el diverso numeral 195, pero sin especificar a cuál de esas conductas concretamente se refería. Al efecto citó, entre otras, una cierta tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, bajo el rubro: ‘SALUD, DELITO CONTRA LA, EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS. TRATÁNDOSE DE LA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 195, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEBE PRECISARSE A CUÁL DE LAS CONDUCTAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 194 DEL MENCIONADO CÓDIGO ESTABA DESTINADA.’ (fojas 235 a 263 de los autos). El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, al dictar la sentencia condenatoria apelada ante el Tribunal Unitario de este Vigésimo Tercer Circuito tanto en los resultandos como en sus considerandos alude al delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína con fines de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal, previsto y sancionado por el diverso numeral 195, párrafo primero, del citado cuerpo de leyes. Incluso a foja 287 del expediente, textualmente expresa lo que a continuación se transcribe: ‘... conforman prueba por demás eficaz para considerar que la posesión de dicho narcótico tenía como finalidad la de realizar alguna de las conductas previstas por el artículo 194 del Código Penal Federal, tales como el tráfico, el comercio, el suministro o su ilícita prescripción, sin que resulte óbice para lo anterior el hecho de que no se precise la finalidad que se perseguía con la detentación de la droga, puesto que con cualquiera de tales conductas se configura el delito tipificado en el artículo 195, párrafo primero, de la legislación sustantiva penal federal.’. Concluye el citado Juez Federal, en el resolutivo primero de la sentencia que se comenta, que ‘se acreditó plenamente en autos el cuerpo del delito contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína con fines de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal, previsto y sancionado por el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal; así como la plena responsabilidad de ... en su comisión’. Resolución la anterior que fue confirmada por el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito que hoy se señala como responsable, quien a foja 33 del toca de apelación en el que se contiene el fallo impugnado que el quejoso ‘... tuvo bajo su radio de acción y disponibilidad inmediata siete envoltorios con clorhidrato de cocaína con la finalidad de efectuar alguna de las conductas previstas por el artículo 194 del código aplicable, en específico su venta’. Ahora bien, la actual Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha dieciséis de noviembre de dos mil cinco, aprobó el rubro y texto de la tesis jurisprudencial número 164/2005, que dice: ‘DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN, PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. PARA QUE SE ACTUALICE, TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO COMO EL JUZGADOR, DEBEN PRECISAR CUÁL DE LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN EL DIVERSO NUMERAL 194 DE DICHO CÓDIGO PRETENDÍA REALIZAR EL SUJETO ACTIVO CON EL NARCÓTICO ASEGURADO.’ (se transcribe). Como bien puede apreciarse del contenido del citado criterio jurisprudencial tanto el Ministerio Público al formular su acusación como el Juez del proceso, al dictar la sentencia respectiva en relación con el elemento subjetivo del tipo penal (finalidad), deben precisar, para que se actualice la modalidad de posesión de estupefaciente prevista en el primer párrafo del artículo 195 del Código Penal Federal, cuál de las conductas descritas en el diverso numeral 194 de dicha ley, pretendía realizar el sujeto activo con el narcótico asegurado, ya que si no se hace, no se actualiza el tipo penal apuntado, sino uno diverso. En el anterior orden de ideas, se tiene que el agente del Ministerio Público de la Federación, en su pliego de consignación, concretamente a foja 58 de los autos, determinó ejercitar acción penal en contra de ... ‘por su probable responsabilidad en la comisión de los elementos del cuerpo del delito contra la salud en sus modalidades de posesión de estupefacientes con fines de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal y comercio en la variante de venta de estupefacientes, previsto y sancionado por el texto legal de los artículos 193, 194 y 195, párrafo primero, en concordancia con el texto legal del artículo 13, párrafo primero, fracción II, del Código Penal Federal. Recibida que fue la consignación por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, como ya se dijo al inicio de este estudio, al resolver sobre la situación jurídica del inculpado, determinó dictarle auto de libertad con las reservas de ley, en lo tocante a la modalidad de comercio, en la variante de venta de estupefacientes y formal prisión como probable responsable en la comisión del delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína con fines de realizar alguna de las conductas previstas por el artículo 194 del Código Penal Federal, previsto y sancionado por el diverso numeral 195, párrafo primero, del citado cuerpo de leyes, ilícito por el que se continuó el proceso. Luego, salta a la vista la ilegalidad del proceso seguido en contra del ahora quejoso, en el que en ningún momento se precisó o especificó concretamente cuál de las conductas descritas en el artículo 194 del Código Penal Federal, pretendía realizar con el narcótico asegurado, en tratándose del ilícito previsto en el primer párrafo del artículo 195 del código punitivo federal, tal como lo ordena la tesis jurisprudencial apuntada, sustentada por la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, sin que sea válido que en una parte de la resolución impugnada al Magistrado del Tribunal Unitario señalado como responsable, se haya expresado, como también ya quedó anotado, que la finalidad era en específico la venta del estupefaciente, porque no es, de conformidad con el pluricitado criterio jurisprudencial, al sustanciarse el recurso de apelación, en donde se deba precisar la finalidad, sino al formular el representante social su acusación y cuando el Juez del proceso dicta su sentencia, lo que trae como consecuencia que deba otorgarse el amparo solicitado, para el efecto de que el Magistrado del Tribunal Unitario señalado como responsable, deje insubsistente la resolución combatida y dicte otra, en la que prescindiendo de la consideración relativa a que en autos existen datos suficientes que demuestren la finalidad de comercio, en la modalidad de venta que a su juicio pretendía llevar a cabo el enjuiciado, analice si esa posesión encuadra en alguna de las hipótesis a que se contraen los numerales 195 bis o 199 del código punitivo de aplicación federal, y hecho que sea, resuelva lo que conforme a derecho proceda."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión penal 125/2006 y 494/2002, con fechas veintidós de junio de dos mil seis y veintinueve de mayo de dos mil tres, respectivamente, sostuvo en la parte que interesa, las siguientes consideraciones:
Amparo en revisión 125/2006.
"TERCERO. ... Según lo expuesto, la cuestión jurídica fundamental a decidir, consiste en determinar si, en virtud de la omisión del representante social adscrito al juzgado de origen, en precisar en las conclusiones acusatorias que formuló, las finalidades para las cuales, en su opinión, el procesado poseía la droga que le fue incautada, debiera o no el tribunal de apelación mandar reponer el procedimiento, como así lo declaró en la resolución reclamada. En la tesis de jurisprudencia 164/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 136/2003-PS, que invoca el quejoso y cuya aplicación pretende por estimarla beneficiosa a sus intereses, se establece: ‘DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN, PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. PARA QUE SE ACTUALICE, TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO COMO EL JUZGADOR, DEBEN PRECISAR CUÁL DE LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN EL DIVERSO NUMERAL 194 DE DICHO CÓDIGO PRETENDÍA REALIZAR EL SUJETO ACTIVO CON EL NARCÓTICO ASEGURADO.’ (se transcribe). En la especie, ninguna duda existe en cuanto a que tanto el Magistrado del Tribunal Unitario como el a quo atendieron al contenido de la tesis jurisprudencial de que se trata, ya que conforme a las argumentaciones contenidas en la ejecutoria que constituyen el sumario y la tesis antes transcrita, se desprende que tratándose del delito contra la salud en su modalidad de posesión cuya comisión se imputa al hoy quejoso, es necesario que el órgano acusador, al formular las conclusiones respectivas, señale las omisiones en que dichas conclusiones pueden verse afectadas y concretamente, en la ejecutoria relativa, la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo conducente, argumentó lo siguiente: (se transcribe). Señalado lo anterior, se advierte que el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el problema planteado en la especie, estriba en que resulta necesario que el órgano acusador exprese en las conclusiones, la finalidad o las finalidades para las cuales el inculpado poseía el enervante para, en su momento, individualizar las penas aplicables, ubicando la conducta reprochable en el tipo penal correspondiente; mas no que ante la omisión de dicho órgano acusador en destacar dichos extremos, se impida dejar sin efecto la sentencia materia de la apelación y, por ende, que no pueda ordenarse la reposición en el proceso penal relativo, únicamente, como ya se dijo, lo que se exige es que en las conclusiones acusatorias se mencionen las finalidades para las cuales el acusado poseía el narcótico, esto es necesario para precisar la finalidad que el activo pretendía realizar con el narcótico. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la precisión de la finalidad que el sujeto activo pretendía realizar con el enervante, son dos, a saber: una, la consistente en que al ser un elemento del tipo penal, se debe hacer del conocimiento del inculpado al informarle el delito que se le atribuye en estricto acatamiento a la fracción III del artículo 20 constitucional; y la otra, la cual considera más importante para fines prácticos, es la relativa a que, de no precisarse, y, por ende, no demostrarse la conducta que se pretendía realizar con el narcótico, prevista en el artículo 194 del propio código (Código Penal Federal) se daría un delito distinto que realmente no es agravado, como lo es el previsto en el artículo 195 bis del propio código. Cabe destacar que en la propia ejecutoria se considera que estimar lo contrario, atentaría en contra de la defensa adecuada del inculpado, al no hacérsele saber los hechos constitutivos del delito, siendo que el elemento subjetivo, consistente en la finalidad que se pretendía dar al narcótico poseído, constituye un elemento del tipo penal descrito en el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal, cuya penalidad es mayor a la posesión del narcótico sin dicha finalidad, y provocaría inseguridad jurídica al inculpado ante la existencia de dos tipos penales, uno agravado y otro atenuado, cuya diferencia es: si el acusado, con el narcótico poseído, tenía el propósito de destinarlo a alguna finalidad de las descritas en el diverso numeral 194. Por otra parte, no es cierto que el Tribunal Unitario a quo haya considerado erróneamente que son hechos distintos los que constituyen la materia de la acusación y los que son materia del proceso. En efecto, en la sentencia recurrida, el a quo, al examinar los conceptos de violación, concluye que el tribunal responsable y en forma apegada a la legalidad, analizó las constancias del sumario y de su ponderación y valoración jurídicas en su conjunto, determinó la existencia de una transgresión al procedimiento, que deja sin defensa al encausado, aquí recurrente, concluyendo que por tal motivo, no se violan las garantías individuales invocadas por el quejoso y es apegada a la legalidad y, por ende, correcta la conclusión antes anotada, precisamente en observancia al contenido de la tesis ya transcrita, conforme a la cual, la falta de precisión de la finalidad que el sujeto activo pretendía dar al estupefaciente que poseía, implica dejarlo sin defensa por desconocer el motivo de la acusación. También debe destacarse que en la sentencia materia de la apelación, se declaró al quejoso penalmente responsable del delito contra la salud, en su modalidad de posesión de marihuana con fines de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal y sancionado por el diverso 195, párrafo primero, de dicho ordenamiento, imponiéndole las penas mínimas, consistentes en cinco años de prisión y cien días multa; por lo que, considerando lo anterior, no puede estimarse que al quejoso le cause agravio la reposición del procedimiento, ya que como resultado de la enmienda de las conclusiones formuladas no podía agravarse la situación jurídica procesal creada por dicha sentencia, lo que no sucedería en el supuesto distinto, o sea, que la sanción impuesta correspondiera al delito atenuado, esto es, por la simple posesión del narcótico, es decir, que el resultado de la corrección de las conclusiones ya formuladas, podría, en todo caso, beneficiar al quejoso si no se señalara con precisión la finalidad que éste pretendía dar al estupefaciente que poseía o formular la acusación por el delito atenuado, mas no otro con penalidad mayor al que se refiere el artículo 195 bis del Código Penal Federal. En el caso, tampoco puede estimarse que en la resolución reclamada la autoridad responsable hubiese considerado hechos distintos los que fueron materia del proceso y los que se invocan en las conclusiones, pues en tal resolución dicha autoridad expresó, en lo conducente: ‘... El defensor público de la Federación adscrito, alegó en dicho agravio que el Ministerio Público no precisó en su acusación cuál de las conductas a que se refiere el artículo 194 del Código Penal se pretendía realizar con el narcótico asegurado, lo cual debía precisarse claramente, ya que de otra forma se dejaba en estado de indefensión al procesado; que por ello, lo procedente era absolver a su defenso de la acusación formulada en su contra, por lo que hace al tipo penal establecido en el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal, o bien, reclasificar los hechos en términos del artículo 195 bis del mismo código sustantivo (tipo base), reduciendo en forma proporcional las penas impuestas y resolviendo lo atinente a la concesión de los beneficios de sustitución de la pena de prisión y de la condena condicional a que se refieren los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal. En efecto, es esencialmente cierto lo aducido por el defensor público de la Federación adscrito, en el agravio que se analiza; sin embargo, no por ello es procedente absolver al acusado, ni reclasificar los hechos a la conducta prevista por el artículo 195 bis del precitado código sustantivo, sino que lo procedente es ordenar la reposición del procedimiento, por las siguientes razones: En principio, es preciso señalar que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, dictó sentencia condenatoria de fecha tres de noviembre de dos mil cinco, en la causa penal 20/2005-B, en la que determinó que se acreditó plenamente en autos el cuerpo del delito contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana con fines de realizar alguna de las conductas previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal, previsto y sancionado por el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal, así como la plena responsabilidad de ... en su comisión. Ahora bien, el suscrito Magistrado estima que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, estuvo en lo correcto al concluir como lo hizo, que la finalidad de la posesión de marihuana que se atribuye al acusado ... (sic) fue con la intención de comerciar el estupefaciente, pues ese elemento subjetivo se deduce plenamente de las circunstancias que se desprenden de los medios de prueba existentes en autos, principalmente, de la diligencia de inspección ministerial levantada el veintiuno de febrero de dos mil cinco, en la cual el fiscal de la Federación dio fe de que parte de la droga asegurada al enjuiciado estaba distribuida en cuarenta y siete envoltorios, lo que es indicativo de que -y así se puntualizó también en la sentencia recurrida-, dicho sujeto poseía la droga con un fin distinto al de su consumo personal, pues si reconoció haber adquirido la marihuana en dos bolsas, de haber sido para su propio consumo no había motivo alguno para separarla en cuarenta y siete envoltorios; así como que la posesión de la totalidad de la droga tuvo lugar en la vía pública y al admitir el acusado que un día antes de su captura la había adquirido, pone en evidencia que no la tenía con el propósito de consumirla, pues de haber sido ese su interés, no había razón tampoco para traerla consigo, menos aún porque refirió que consumía una paloma por día; y que otro dato igualmente indicativo de la finalidad aquí analizada, lo constituye que el acusado, en su declaración preparatoria, dijo tener un ingreso semanal de trescientos pesos, lo que relacionado con el hecho de que le fue asegurado casi un kilogramo de estupefaciente y considerando el costo que tendría la susodicha cantidad de vegetal enervante, difícilmente podría aceptarse que adquirió la droga sólo para satisfacer su adicción, por todo lo cual tanto en resoluciones anteriores como en la que aquí se impugna, se concluyó que la finalidad de esa posesión era para comercializar (vender) el vegetal enervante incautado. De ahí que en el orden natural de la cosas, si los hechos por los que se siguió el proceso materia de la apelación son los mismos por los que luego se acusó en definitiva al hasta ahora enjuiciado, entonces resultaba de suma trascendencia que el Ministerio Público hubiera precisado en su acusación cuál de las conductas a que se refiere el artículo 194 del Código Penal era la que se pretendía realizar con el narcótico asegurado, máxime que el Juez natural de la causa ya lo había precisado, al resolver la situación jurídica del propio encausado en el proceso respectivo y aun en la sentencia condenatoria impugnada en apelación, razón por la cual aun considerando que en sus conclusiones el Ministerio Público solicitó que se aplicara la pena prevista por el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal, que es la que corresponde precisamente a aquella hipótesis finalista de posesión, debía precisar cuál de las conductas descritas en el diverso numeral 194 de dicho código pretendía realizar el sujeto activo con el narcótico asegurado, de acuerdo con las constancias que obran en autos y las circunstancias que concurrieron en la ejecución del hecho, mismas que ya quedaron establecidas con anterioridad, para concluir que la finalidad de la posesión del narcótico en cuestión, era precisamente la de comerciar o vender la droga incautada, toda vez que en acatamiento a la garantía contenida en la fracción III del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si dicha finalidad constituye un elemento subjetivo del tipo penal, debe informarse al inculpado el delito que se le atribuye, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, pero como no se procedió así; y por otra parte, se advierte que en este caso hubo una violación manifiesta del procedimiento que dejó sin defensa al procesado y que no fue combatida debidamente porque éste fue condenado por hechos distintos a los que fueron considerados en las conclusiones del Ministerio Público; deberá suplirse esa deficiencia, para subsanar el agravio correspondiente, dejando sin efecto la sentencia apelada y, en su lugar, ordenarse la reposición del procedimiento, en términos de los artículos 387 y 388, fracción XIV, del Código Federal de Procedimientos Penales, para el efecto de que el Juez de primera instancia remita las aludidas conclusiones formuladas por el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, con el proceso respectivo, al procurador general de la República, a fin de que éste manifieste si son de confirmarse o modificarse dichas conclusiones, conforme a los supuestos establecidos por el artículo 294, segundo párrafo, inciso a) y 295 del Código Federal de Procedimientos Penales, y hecho lo anterior, continúe con el procedimiento respectivo y, en su oportunidad, pronuncie sentencia y resuelva lo que en derecho proceda. Al respecto, debía atenderse a la tesis jurisprudencial 164/2005, contenida en (sic) contradicción de tesis 136/2003-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito. 26 de octubre de 2005. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosaura Rivera Salcedo, cuyo texto y rubro son los siguientes: ‘DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN, PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 195 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. PARA QUE SE ACTUALICE, TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO COMO EL JUZGADOR, DEBEN PRECISAR CUÁL DE LAS CONDUCTAS DESCRITAS EN EL DIVERSO NUMERAL 194 DE DICHO CÓDIGO PRETENDÍA REALIZAR EL SUJETO ACTIVO CON EL NARCÓTICO ASEGURADO.’. Pero además, sirve de fundamento a lo resuelto, la jurisprudencia 1a./J. 53/2001, consultable en la página 44, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, (sic) octubre de 2001, que dice: ‘CONCLUSIONES ACUSATORIAS. PROCEDIMIENTO A SEGUIR CUANDO SE FORMULAN EN CONTRAVENCIÓN A LOS ARTÍCULOS 292 Y 293 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (FALTA DE CITA DEL ARTÍCULO 13 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).’ (se transcribe). Se estima lo anterior, porque en la jurisprudencia 1a./J. 53/2001, transcrita anteriormente, se determinó que si se diera el caso de que el agente del Ministerio Público, en sus conclusiones, que sirven para fijar el alcance de la sentencia y que el inculpado pueda responder a la acusación, no concretiza la pretensión punitiva o su acusación (lo que como ya se vio ocurre en el caso que nos ocupa y alega el propio defensor oficial inconforme), y si el apelante es el acusado, el tribunal de apelación debe ordenar la reposición del procedimiento, para que el Juez de la causa proceda en términos de los artículos 294 y 295 del código adjetivo de la materia, atento lo dispuesto por los numerales 387 y 388, fracción XIII, del propio ordenamiento, pues tales reglas tienen como propósito otorgar la debida seguridad jurídica en el proceso penal y respetar la garantía de audiencia del inculpado. En este orden de ideas, procede confirmar la sentencia que se revisa, ya que por otra parte, no se advierte deficiencia alguna en la queja que deba suplirse de oficio, conforme al artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo."
Revisión principal 494/2002.
"IV. Como conceptos de violación, la quejosa expresó: ‘Único. La responsable viola las garantías individuales de legalidad, libertad y seguridad jurídica de mi defenso, consagradas en los artículos 14, 16, 19 y 21 constitucionales, en virtud de que como lo alegué en mi escrito de expresión de agravios en la segunda instancia, lo procedente es dictar sentencia absolutoria a mi representada, entrando al fondo del asunto, conforme a la concreción de hechos delictuosos que establece el Ministerio Público de la Federación en sus conclusiones acusatorias. Lo anterior resulta así, ya que la concreción de la pretensión punitiva se establece en los hechos que menciona el agente del Ministerio Público en su pliego de conclusiones de acusación. Así, no es aplicable la tesis de jurisprudencia número 53/2001, aprobada en sesión de cuatro de julio de dos mil uno, que deriva de la contradicción de tesis 8/94, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que usa como fundamento el unitario responsable, ya que no estamos en un caso en el que el Ministerio Público no haya concretado su pretensión punitiva, ya que el Ministerio Público estableció en forma expresa, razonada y suficiente, los hechos que estima delictivos y que deben ser materia de reproche, y de esa manera estableció en su pliego de consignación que ...’. La concreción de esa pretensión punitiva se refiere a un tipo penal diferente por el que el Juez condenó. Como puede apreciarse fácilmente de las conclusiones acusatorias del fiscal, éste señala que acusa por el delito de transporte de marihuana pero concreta los hechos materia de la acusación, o sea, su pretensión punitiva, al establecer que los hechos materia del proceso demuestran que mi patrocinada tuvo dentro de su radio de acción y disponibilidad con el objeto lógico de la transportación, la cantidad de seis kilos novecientos noventa y ocho gramos de marihuana. Así, dicha tesis jurisprudencial no es aplicable al presente caso, ya que el Ministerio Público cita el artículo 13 del Código Penal Federal y señala de qué manera la acusada pudo haber dado origen al delito contra la salud materia de la acusación; y se razona sobre su culpabilidad, pero sobre todo las conclusiones no son contra constancias, si no de acuerdo a las mismas, ya que se trata del mismo delito por el cual se le dictó auto de formal prisión a la inculpada, y que lo es el delito contra la salud; por lo que el Ministerio Público sólo varía su acusación en cuanto a la modalidad de ese mismo delito, que como se a (sic) apuntado lo es sólo el de contra la salud. Por lo que lo procedente no es ordenar la reposición del procedimiento sino entrar al fondo del asunto, ya que se trata de los mismos hechos del proceso, pero el Ministerio Público al concluir con el ejercicio de su acción penal, mediante la acusación definitiva en sus conclusiones acusatorias, decidió que la misma debe enderezarse por los mismos hechos, es decir, por el delito contra la salud, pero en la modalidad de posesión de marihuana. Es aplicable la tesis consultable en la Séptima Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo 30, Segunda Parte, página 19 que dice: ‘DELITO CONTRA LA SALUD. CONSTITUYE UN SOLO DELITO A PESAR DE QUE SE COMETAN VARIAS DE SUS MODALIDADES (LEGISLACIÓN FEDERAL).’. Por ello, contra lo que resuelve el unitario responsable sí se está concretizando la pretensión punitiva, pues se trata del mismo delito por el cual se siguió proceso a mi defensa, de conformidad con el artículo 19 constitucional; lo cual sí le está permitido al Ministerio Público, ya que éste perfecciona el ejercicio de su acción penal (sic) a emitir su acusación. Es aplicable por analogía la tesis localizable en la Novena Época, Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Fuente: Semanario Jud
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20011-12c444e7/delito-contra-la-salud-en-su-modalidad-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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