AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. REQUIERE MANDATO EXPRESO PARA ABSOLVER O ARTICULAR POSICIONES EN NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 155/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios de Tribunales Colegiados de Circuito relacionada con la materia civil que corresponde a la especialidad de esta Primera Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso la contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, por lo que formalmente se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.
En este sentido, tiene aplicación la tesis jurisprudencial cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los que a continuación se indican:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, enero de 2005
"Tesis: 1a./J. 129/2004
"Página: 93
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA. Adicionalmente al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, para que la denuncia de contradicción de tesis sea procedente, no se requiere que los criterios que se consideren opuestos constituyan jurisprudencia, toda vez que los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito."
CUARTO. En primer lugar, deben determinarse cuáles son los requisitos para la existencia de contradicción de criterios.
Para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio es el que debe prevalecer, es necesaria la existencia de cuando menos formalmente una oposición de criterios jurídicos, en los que se analice la misma cuestión; es decir, para que se surta su procedencia la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de las sentencias respectivas.
En otras palabras, existe contradicción de criterios cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y c) Que los diferentes criterios provengan del examen de los mismos elementos.
En este sentido, resulta aplicable la tesis jurisprudencial número P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", visible en el Tomo XIII, abril de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 76, Pleno, Novena Época.
En esa virtud, se procede a analizar las ejecutorias que participan en la presente contradicción, a fin de determinar si en la especie se surten los mencionados supuestos.
I. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 623/2006 en sesión de cinco de octubre de dos mil seis, en su parte medular, sostuvo lo siguiente:
"En el único concepto de violación la quejosa argumenta, en esencia, que se violan en su perjuicio las garantías de legalidad previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales porque en la sentencia reclamada se le otorga el carácter de confesión a lo expresado por el licenciado Sergio Delfino Vargas al evacuar la vista que se dio a la parte actora con el escrito de contestación de demanda, lo cual es ilegal, porque a ese profesionista sólo se le autorizó en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, acorde con el cual carece de facultades para producir una confesión.
"...
"La figura del abogado procurador tiene, entonces, la finalidad de que el autorizado pueda realizar en nombre y en representación del autorizante los actos procesales necesarios para la defensa del cliente y por cuestión de economía procesal, en las mismas leyes que rigen el procedimiento se prevé una manera fácil de autorizarlo, que generalmente es mediante la designación por la parte interesada, dentro de un escrito dirigido a la autoridad que conoce del juicio.
"...
"Con base en lo anterior, la autorización para oír notificaciones, con las facultades previstas por el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, no tiene los alcances de considerar que el abogado puede generar o producir confesión, ya que por un lado, habrá de considerarse que el término ofrecer y rendir pruebas, no implica que se faculte al abogado para articular o absolver posiciones, sino que se refiere exclusivamente a que puede firmar el escrito en el que se ofrezcan las pruebas, y puede además realizar todos los trámites necesarios para su desahogo, pero no puede desahogarlas, es decir, no podría firmar el pliego de posiciones, pues ello implicaría desahogar la prueba y confesar hechos, para lo cual el precepto legal no le faculta, dado que para ese efecto requiere cláusula especial.
"A mayor abundamiento, se cita lo dispuesto en el artículo 1234 del Código de Comercio que señala (se transcribe).
"Este precepto viene a confirmar que sólo puede articular posiciones quien tiene el carácter de parte en el juicio, pues al referir que el absolvente puede a su vez articular posiciones a quien se las articula, es evidente que ‘el articulante’ sólo puede ser su contrario y no el abogado autorizado en términos del artículo 1069, párrafo tercero, del ordenamiento legal en aplicación.
"Y si bien el precepto legal en comentario señala que el abogado autorizado podrá realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante, con lo cual pudiera entenderse que a aquél se le están confiriendo amplias facultades, dentro de éstas no puede quedar comprendida la relativa a generar o producir confesión en el juicio, pues esta disposición no debe interpretarse de manera aislada, sino en función del sentido sistémico del orden jurídico a aplicar al caso concreto, del cual, según se han visto, para producir confesión es necesario contar con cláusula especial para ello."
Dichos razonamientos dieron lugar a las siguientes tesis cuyo tenor literal es el siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, diciembre de 2006
"Tesis: XXIII.3o.15 C
"Página: 1237
"ABOGADO AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. CARECE DE FACULTADES PARA PRODUCIR CONFESIÓN EN PERJUICIO DE SU AUTORIZANTE. El Código de Comercio regula de manera insuficiente los casos en los que se produce la confesión judicial expresa en el juicio, pues el artículo 1212 solamente establece que aquélla se da al contestar la demanda y al absolver posiciones, por lo que tal insuficiencia debe colmarse con lo dispuesto en el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a los artículos 1054 y 1063 de la codificación mercantil, en el cual se establece que la confesión es expresa cuando se da en la demanda, en la contestación al absolver o al articular posiciones, o en cualquier otro acto del juicio. A partir de lo anterior, si los actos de demandar, contestar la demanda, y absolver o articular posiciones implican una confesión, y esta última consiste en el reconocimiento de que determinados hechos propios son ciertos, habrá de concluirse que el abogado autorizado en términos del artículos 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, carece de facultades para producir confesión en perjuicio de su autorizante, pues para que persona diversa al litigante pueda, por ejemplo, absolver posiciones, requiere cláusula especial, conforme a los artículos 1214, párrafo segundo, y 1215 del Código de Comercio, preceptos que si bien hacen referencia sólo al acto de absolver posiciones, también deben aplicarse a los actos de demandar, contestar la demanda y articular posiciones, ya que éstos, como se dijo, implican la confesión de hechos propios. Además, al establecer el artículo 1234 del mismo ordenamiento, que el absolvente puede, a su vez, articular posiciones a quien se las articula, evidencia que ‘el articulante’ sólo puede ser su contrario y no el abogado autorizado para oír notificaciones, por lo que este numeral corrobora que sólo puede articular posiciones quien tiene el carácter de parte en el juicio. Sin que pueda arribarse a una conclusión contraria por el hecho de que en términos de la autorización de que se trata el abogado pueda ofrecer y rendir pruebas, ya que esta facultad se refiere, exclusivamente, a que puede firmar el escrito en el que aquéllas se ofrezcan y realizar los trámites necesarios para su desahogo, pero no que las pueda desahogar, es decir, no podría absolver o articular posiciones -en este último caso, firmar el pliego respectivo o formularlas en forma verbal- pues ello implicaría desahogar la prueba y confesar hechos, lo cual no está dentro de las facultades que comprenden su autorización, y si bien en éstas se encuentra la relativa a que el abogado puede realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos de su autorizante, tampoco puede quedar comprendida en esta facultad la posibilidad de confesar hechos propios en perjuicio de su autorizante, pues como se indicó, para ello requiere cláusula especial.
"Amparo directo 623/2006. Andamios y Pararrayos, S.A. de C.V. 5 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Lucila Castelán Rueda. Secretario: Gelacio Villalobos Ovalle.
"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 155/2006-PS, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
"Novena Época
"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, diciembre de 2006
"Tesis: XXIII.3o.16 C
"Página: 1237
"ABOGADO AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. CARECE DE FACULTADES PARA EVACUAR LA VISTA QUE SE DA A SU AUTORIZANTE CON LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA, EN LA PARTE EN LA QUE ESTE ÚLTIMO EXPRESARÁ LO QUE A SU DERECHO CONVENGA RESPECTO DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS. Las manifestaciones que en su caso se hagan en relación con las excepciones admitidas a la parte demandada al producir contestación, en términos del artículo 1400, párrafo segundo, del Código de Comercio, solamente puede suscribirlas la parte actora, ya sea por sí, o por medio de su representante, pues como lo expresado en ese escrito es susceptible de implicar una confesión en perjuicio de quien las hace, y el abogado autorizado en términos de los dispuesto en el artículo 1069, párrafo tercero, del citado ordenamiento, carece de facultades para confesar hechos propios de su autorizante, este último estará impedido para evacuar la vista que se dio a la parte actora con la contestación de demanda, pero sólo en aquella parte en la que expresará lo que a su derecho convenga, pues considerar que sí puede hacerlo, implicaría admitir que puede reconocer como ciertos hechos que no le son propios.
"Amparo directo 623/2006. Andamios y Pararrayos, S.A. de C.V. 5 de octubre de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Lucila Castelán Rueda. Secretario: Gelacio Villalobos Ovalle.
"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 155/2006-PS, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
II. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 423/2000, en sesión de veinticuatro de enero de dos mil uno, sostuvo lo siguiente:
"En otro aspecto, resultan inoperantes las aseveraciones de la parte quejosa, al señalar que el licenciado Gerardo Soria Árciga, autorizado del demandado carece de facultades para articular posiciones a nombre de su autorizante, porque el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, sólo otorga derecho a los autorizados para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, pero no para articular posiciones; que dicho autorizado estaba obligado a mostrar la cédula profesional en la diligencia de desahogo de la prueba de reconocimiento de documentos (foja 82), por disposición del propio artículo 1069, tercer párrafo, del Código de Comercio, sin que lo hubiere hecho, lo que da lugar a la invalidez de tal actuación; habida cuenta que tales inconformidades no fueron materia de disenso en vía de apelación adhesiva y, por tanto, se estiman consentidas.
"...
"A mayor abundamiento, en relación con lo aseverado por la quejosa en el sentido de que el licenciado Gerardo Soria Árciga, autorizado de la demandada carece de facultades para articular posiciones a nombre de su autorizante; cabe señalar que sería infundado, dado que contrario a la apreciación de la inconforme, el aludido precepto contempla dos supuestos, uno, por el cual se establece que el actor o demandado podrán designar para oír notificaciones a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en la audiencias, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulta ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante; y dos, relativo a la facultad de las partes para autorizar a persona con capacidad legal, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos; por tanto, resulta evidente, que la facultad de articular posiciones se encuentra comprendida dentro de la primera hipótesis, pues no se explica que un autorizado pueda ofrecer y rendir pruebas si no le aporta al Juez del conocimiento los elementos necesarios para el correcto desahogo de las mismas, pues de no hacerlo correría el riesgo de que no se recibieran; luego, si en la especie, el autorizado del demandado fue dotado como se vio, de las facultades previstas en la norma citada, evidentemente que dentro de estas se encuentra la de articular posiciones; a más que tal acto debe entenderse en todo caso, necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pues no debe soslayarse que fue el propio demandado, no su autorizado, quien ofreció la prueba confesional a cargo del actor ahora quejoso, pero sin formular las posiciones relativas.
"Sin que en el caso sea aplicable el artículo 2587 del Código Civil para el Distrito Federal y en Materia Común para toda la República, que establece que se requiere de mandato especial para articular posiciones; porque el Código de Comercio, que es el que rige todo lo concerniente a la sustanciación de los juicios mercantiles, contiene norma expresa sobre el tema de que se trata, como es el artículo 1069, el cual determina que los autorizados para oír notificaciones quedan facultados para ofrecer pruebas e intervenir en su desahogo, de donde se sigue que no es indispensable contar con un mandato especial para articular posiciones."
De la anterior resolución surgió el siguiente criterio:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, agosto de 2001
"Tesis: XI.1o.19 C
"Página:1195
"AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. ESTÁ FACULTADO PARA ARTICULAR POSICIONES. De acuerdo con lo previsto por el artículo 1069 del Código de Comercio, el autorizado para oír notificaciones está facultado para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante; y una adecuada interpretación permite establecer que dentro de la primera hipótesis queda comprendida la posibilidad de articular posiciones, ya que no sería lógico que un autorizado pueda ofrecer y rendir pruebas si no tiene la potestad de aportar los elementos necesarios para su desahogo.
"Amparo directo 423/2000. Semillas Conlee, S.A. de C.V. 24 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Ángel Hernández Hernández, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: María Angélica Salazar Rangel."
Para mejor comprensión, se hace una síntesis de las cuestiones planteadas en ambos asuntos.
Por un lado, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al conocer del amparo directo civil 623/2006, tuvo como antecedentes los siguientes:
• Analizó un amparo directo derivado de un juicio ejecutivo mercantil, en el que se demandó, entre otras prestaciones, el pago del importe de un pagaré; seguidos los trámites de ley, en sentencia definitiva de treinta de enero de dos mil seis, dictada por el Juez Sexto de lo Civil y de Hacienda, dentro de los autos del expediente 325/2005, se resolvió condenar al demandado al pago de las prestaciones reclamadas.
• Inconforme con dicha sentencia, el demandado promovió recurso de apelación en cuya resolución, de veintiocho de junio de dos mil seis, se determinó revocar la sentencia de primer grado, al considerarse que el actor no probó su acción y el demandado sí probó sus excepciones, así como condenar al actor al pago de costas y gastos originados con motivo del juicio.
• En contra de la resolución del tribunal de alzada, dictada en el toca 93/2006-I, la parte actora en el juicio principal demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridades responsables a la Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia que resolvió el recurso de apelación, así como al Juez Sexto de lo Civil y de Hacienda, ambos del Estado de Aguascalientes.
Esencialmente, formuló como conceptos de violación, la transgresión a los artículos 14 y 16 constitucionales, porque en la sentencia reclamada se otorga el carácter de confesión a lo expresado por el abogado autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, al evacuar la vista que se dio a la parte actora con el escrito de contestación de demanda, lo cual es ilegal porque al mencionado profesionista sólo se le autorizó para los efectos del precepto legal mencionado.
El tribunal del conocimiento al resolver el asunto tuvo en cuenta que la Sala responsable al valorar la contestación de vista, le otorgó pleno valor probatorio; sin embargo, consideró que las facultades del abogado procurador se reducen a recibir un mandato judicial o un poder para pleitos y cobranzas por parte de su cliente, a fin de comparecer a nombre y representación de éste ante los tribunales, sustituyéndose en su actividad procesal; en tanto que el abogado patrono es quien aconseja al cliente, le prepara los escritos que debe firmar y lo asiste en las audiencias.
Asimismo, adujo el tribunal que el abogado procurador podía realizar en nombre y representación del autorizante los actos procesales necesarios para la defensa del cliente, bastando para ello la designación de la parte interesada en un escrito dirigido a la autoridad que conoce del juicio.
Señaló que para generar o producir una confesión de parte de una persona diversa al litigante, se requiere cláusula especial toda vez que el artículo 1214 del Código de Comercio dispone que es permitido articular posiciones al procurador que tenga poder especial para absolverlas o general con cláusula especial, precepto que debe aplicarse al acto de absolver, demandar, contestar la demanda o la vista que con esta última se dé, pues todos estos actos implican la confesión de hechos propios.
Por tanto, la autorización para oír notificaciones, con las facultades previstas en el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio no tiene los alcances de considerar que el abogado pueda generar o producir una confesión ya que, el vocablo ofrecer y rendir pruebas, no significa que el abogado pueda articular o absolver posiciones, sino que sólo puede firmar el escrito en que se ofrezcan las pruebas y puede realizar los trámites necesarios para su desahogo.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil 423/2000 consideró los antecedentes siguientes:
• En escrito de treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, el actor a través de sus apoderados jurídicos, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, el pago de diversas prestaciones, derivadas de la suscripción, que el demandado hizo, de un título de crédito.
El demandado en el escrito de contestación de demanda hizo valer diversas excepciones que consistieron en: a) el pago total del título de crédito base de la acción; b) la inexistencia de la obligación de pago, consistente en que el demandado no suscribió el título para obligarse cambiariamente con la actora, sino que lo suscribió para garantizar el manejo de semillas que distribuiría de parte de ésta; c) la de alteración del texto del documento, y d) la de improcedencia del pago de intereses.
Para acreditar lo anterior, entre otras probanzas, el demandado ofreció la prueba confesional a cargo del representante legal de la actora, para el efecto de demostrar que con la firma del documento en el que se fundó la acción no se obligó al pago, sino que éste fue firmado en garantía del manejo de mercancías (semillas), así como que el documento fue alterado en su texto, al haberse asentado en él, intereses moratorios convencionales, sin haber sido pactado por las partes.
• Al dictar la sentencia de dieciséis de febrero de dos mil, el a quo, entre otras cuestiones, no consideró apta la prueba confesional para acreditar lo que se pretendía, determinando declarar procedente la acción cambiaria directa, y condenar al demandado al pago de las prestaciones que le fueron reclamadas, al considerar improcedentes las excepciones opuestas.
• En contra de dicha resolución el demandado interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por sentencia del quince de mayo de dos mil, en la que se declararon fundados los agravios hechos valer; se revocó la sentencia apelada y se condenó a la actora al pago de costas de la segunda instancia.
En efecto, el tribunal de alzada al analizar y valorar la prueba confesional, se percató de que ésta no fue desahogada al no haber comparecido el representante legal de la empresa actora el día y hora señalados para que tuviera verificativo, como consecuencia de ello el abogado autorizado por el demandado no estuvo en posibilidad de articular las posiciones respectivas.
Al valorar dicha prueba, el ad quem declaró confesa a la actora por no comparecer a la audiencia de pruebas quien habría de absolver posiciones en su nombre, por lo que el articulante que las formularía no estuvo en posibilidad de hacerlo.
Lo anterior lo hizo así, en virtud de que el abogado autorizado por el demandado estaba en posibilidad de rendir prueba en contrario y no lo hizo; además, concurrieron en ella las circunstancias del numeral 1298 del código mercantil, toda vez que no se encontraba contradicha con ningún otro medio convictivo y al ser corroborada con otras pruebas, se optó por declarar confeso al abogado de la actora, por incomparecencia del absolvente, considerándola pertinente para justificar las excepciones opuestas por el demandado.
• Inconforme con dicha resolución la parte actora en el juicio principal, interpuso juicio de amparo directo en el que señaló como garantías violadas los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, mismo que al resolverse en sentencia de quince de mayo de dos mil, negó el amparo solicitado.
La referida resolución consideró que la quejosa esencialmente formuló como concepto de violación que se incurrió en diversas violaciones en la apelación, toda vez que el ad quem no consideró que el representante de la demandada, tercero perjudicada en el juicio de amparo, según el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, no estaba facultado para articular posiciones a nombre de su autorizante.
En este sentido, el tribunal de amparo estimó que "... la facultad de articular posiciones se encuentra comprendida dentro de la primera hipótesis, pues no se explica que un autorizado pueda ofrecer y rendir pruebas si no le aporta al Juez del conocimiento los elementos necesarios para el correcto desahogo de las mismas ... a más, que tal acto debe entenderse en todo caso, necesario para la defensa de los derechos del autorizante".
En cuanto al argumento de la quejosa, en el sentido de que el artículo 2587 del Código Civil para el Distrito Federal y en Materia Común para toda la República establece que se requiere mandato especial para articular posiciones, el Tribunal Colegiado estimó que no es aplicable al caso puesto que "... el Código de Comercio que rige en todo lo concerniente a la sustanciación de los juicios mercantiles, contiene norma expresa sobre el tema de que se trata, como es el artículo 1069, el cual determina que los autorizados para oír notificaciones quedan facultados para ofrecer pruebas e intervenir en su desahogo, de donde se sigue que no es indispensable contar con un mandato especial para articular posiciones".
QUINTO. De la confrontación de las consideraciones expuestas en las resoluciones de los tribunales contendientes, se llega a la conclusión de que sí se dan los requisitos para la existencia de la contradicción de tesis, por las razones que a continuación se expondrán:
Si bien ambos Tribunales Colegiados partieron del análisis de hipótesis jurídicas disímiles, al estudiar, por un lado, la contestación a una vista que entrañó manifestaciones que en opinión del ad quem produjeron confesión en perjuicio de su autorizante y, por otro lado, se analizó una confesión ficta, derivada de la no comparecencia del absolvente a la audiencia de desahogo de pruebas, lo cierto es, que ambos tribunales analizaron la misma cuestión jurídica, consistente en determinar si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1069 del Código de Comercio un autorizado para oír y recibir notificaciones puede articular o absolver posiciones.
En efecto, el primer Tribunal Colegiado mencionado en el considerando anterior, resolvió la hipótesis referida derivada de que el absolvente no contaba con atribuciones para contestar la vista ordenada y el segundo tribunal resolvió que el abogado autorizado no estaba facultado legalmente por la parte para articular posiciones.
El Primer Tribunal del Décimo Primer Circuito concluyó que el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, faculta al abogado autorizado para articular posiciones en nombre de su autorizante, y que no se requiere cláusula especial para tal efecto.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito resolvió que no debía darse el carácter de confesión a la contestación, pues sólo puede absolver posiciones quien cuenta con cláusula especial.
De tal manera, es cierto que ambos tribunales partieron de hipótesis jurídicas diversas, puesto que en un caso se calificó la contestación de la vista ordenada por el a quo y desahogada por el autorizado para oír notificaciones por parte de la actora, como una confesión lisa y llana; sin embargo, al conocer del asunto el Tribunal Colegiado consideró que no se había actualizado la confesión toda vez que el autorizado para oír notificaciones no contaba con el poder o la cláusula especial para absolver posiciones, al ser autorizado conforme al tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio.
En tanto, que en el otro asunto se tuvo en cuenta la incomparecencia a la audiencia respectiva del autorizado de la parte actora, por lo que se actualizó la figura jurídica de la confesión ficta; sin embargo, en este último asunto la cuestión debatida fue que el articulante no contaba con facultades para formular las posiciones al absolvente, concluyendo el Tribunal Colegiado que sí las tenía en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio.
En ambos casos se interpretó el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, desde diferentes contextos, pero con base en el mismo planteamiento jurídico, respecto de lo cual sus criterios resultan discrepantes, por lo que esta Primera Sala
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20119-4384fd23/autorizado-para-oir-notificaciones-en-terminos-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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