COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. LA CONDENA A SU PAGO NO REQUIERE QUE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NI DE LAS EXCEPCIONES, LAS DEFENSAS, LOS INCIDENTES O RECURSOS SEA NOTORIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 1084 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). PROCESO LEGISLATIVO. LAS RAZONES EXPUESTAS POR LOS ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN ÉL Y QUE NO FUERON REFLEJADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES PROMULGADAS EN EL DECRETO RESPECTIVO, NO FORMAN PARTE DEL CUERPO LEGAL DE UN ORDENAMIENTO, POR LO QUE EN SU INTERPRETACIÓN NO PUEDEN INTRODUCIRSE ELEMENTOS NO INCORPORADOS EN EL TEXTO DE LA DISPOSICIÓN LEGAL DE QUE SE TRATE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, segundo y cuarto, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción suscitada entre los criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de materia civil, de la competencia exclusiva de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, que se encuentran facultados para ello, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:
A) El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver con fecha veintiocho de septiembre de dos mil seis, el juicio de amparo directo número 606/2006, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"La cuestión a dilucidar en este asunto radica en determinar, si como lo sostiene la autoridad responsable, para que proceda la condena en costas, acorde con el artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, es necesario que la improcedencia de la acción sea notoria, debido a que la intención del legislador fue sancionar a la persona que deliberadamente busque demorar la solución del asunto, realizando maniobras que retarden la impartición de justicia, o si contrariamente a esa determinación, como lo aduce la quejosa, para decretar esa condena, basta con que se haya declarado, simplemente, la improcedencia de la acción. Y en opinión de este Tribunal Colegiado, el punto de debate debe decidirse a favor de los argumentos expuestos por la peticionaria de garantías, es decir, con base en la tesis de que es suficiente con que se haya declarado improcedente la acción, sin necesidad de que tal improcedencia sea notoria o evidente, para que proceda la condena en costas en términos del precepto y fracción antes citados, que literalmente disponen: ‘Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: ... V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes.’. El precepto antes reproducido claramente ordena que la condenación en costas tendrá lugar a partir de dos presupuestos determinados: a) cuando lo determina la ley; y, b) cuando a juicio del Juez se hubiere procedido con temeridad o mala fe; también expone casuísticamente cada una de las hipótesis -fracciones que lo integran- en que forzosamente debe existir condena al pago de costas y éstas van precedidas de las palabras: ‘Siempre serán condenados.’, de ahí que, fuera de esos casos, como ya se dijo, determinados casuísticamente, la condena dependerá del juicio del juzgador quien, de considerar que se ha procedido con temeridad o mala fe al sustanciarse el proceso, debe efectuar la condena. Uno de los supuestos en los que procede la condena obligatoria al pago de costas es el previsto en la fracción V del artículo 1084 del Código de Comercio, antes transcrito, de cuya literalidad se advierte que siempre se hará la citada condena cuando se haya intentado una acción, una excepción o una defensa improcedentes; cuando se haya interpuesto un incidente o un recurso también improcedentes; y cuando las excepciones procesales se hubieran declarado inoperantes. Ahora bien, para estar en aptitud de establecer qué debe entenderse por el adjetivo ‘improcedente’ que el precepto en comento atribuye a la acción, a la excepción o a la defensa, al recurso y al incidente, como de algún modo lo consideró necesario la autoridad responsable, habrá de acudirse solamente al elemento general de interpretación de la ley, común a todas las escuelas y métodos de interpretación, es decir, al gramatical, lingüístico o filológico, también llamado elemento natural de la interpretación de la ley, ya que la norma jurídica está escrita en signos gráficos, signos humanos de comunicación, palabras o lenguaje gramatical, para apelar de este modo al significado de las palabras y a las reglas gramaticales de la lengua usualmente aceptadas, debido a que este argumento o elemento de interpretación tiende a excluir que a una determinada disposición pueda atribuírsele un significado distinto -poco importa si más amplio o más restringido- del literal. Tenemos así, que el adjetivo ‘improcedente’ se compone del prefijo inseparable ‘in’ negación, y del verbo latino procedo-is-ere, ir adelante, avanzar; compuesto a su vez de la preposición latina pro, hacia delante y el verbo cedo-is-ere, ir, marchar. Añade el sufijo ‘nte’, sujeto o agente que realiza la acción del verbo. Por lo que, aplicando el sentido etimológico del vocablo a los términos de la acción, implicaría que ésta no avanzó hacia los efectos y consecuencias perseguidos con su ejercicio; es decir, que no consiguió su objetivo (lograr su estimación o acogimiento y el establecimiento de las condenas respectivas) por no ser conforme a derecho. En el caso concreto, consta de los autos del expediente de origen que la acción ejercitada se declaró improcedente, por haber prosperado la excepción de falta de acción opuesta por la parte demandada, consistente en que no se encontraba amparado en el contrato de seguro y las condiciones generales de la póliza expedida, el riesgo hecho valer de privación del vehículo asegurado, además de que tampoco se encontraba determinado por la autoridad penal el tipo de delito que se había cometido respecto del automotor, a fin de que pudiera actualizarse el supuesto amparado en la cláusula segunda del contrato. Por tanto, esa declaración de improcedencia de la acción emitida por el Juez de primera instancia y confirmada en apelación por la autoridad responsable implica, por sí, que aquélla no avanzó o marchó hacia los efectos y consecuencias perseguidos por la parte actora, es decir, que no se logró el propósito pretendido con su ejercicio (lograr su estimación o acogimiento y el establecimiento de las condenas respectivas) por no ser conforme a derecho, por lo que con ello es suficiente para estimar que la actora se ubica en el supuesto de condena forzosa a pagar las costas del juicio, prevista en el artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, con lo cual se está a su sentido literal, en respeto a la garantía de legalidad prevista en el artículo 14, último párrafo, constitucional, que constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando, en primer lugar, lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente, es decir, a realizar la interpretación literal o gramatical de éste, pues cuando es claro su contenido, por sentido común, no es jurídicamente correcto eludir su letra, so pretexto de penetrar en su espíritu. Ya que si el texto de la norma respectiva es oscuro o incompleto, y no basta el examen gramatical, es hasta entonces que se autoriza al juzgador a utilizar cualquier otro método de interpretación para conocer, controlar, completar, restringir o extender su alcance. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. LXXII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, junio de 2004, página 234, con el rubro y texto siguientes: ‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO. De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse «conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley», con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente.’. Empero, en este caso ya se dijo que el adjetivo ‘improcedente’ empleado por el legislador en el artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, para calificar a la acción, excepciones o defensas, incidentes o recursos, a fin de que se actualice el supuesto de condena forzosa a pagar las costas del juicio, no requiere de mayor interpretación que el que se desprende de su sentido gramatical, por lo que es inadecuado que la autoridad responsable haya utilizado el método de interpretación auténtica de la ley, con el fin de desentrañar cuál fue la intención del legislador al momento de crear la disposición legal, o bien, para conocer su pensamiento y su voluntad. Ahora bien, es cierto que en la exposición de motivos del decreto publicado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones legales, entre ellas, las que corresponden al Código de Comercio, el legislador indicó que las reformas propuestas respecto de este ordenamiento perseguían los mismos fines que las descritas para el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que en lo tocante a costas, son los tendentes a desalentar demandas o defensas a todas luces improcedentes, procurando que las costas sean pagadas por quien promueve de mala fe o con acciones o excepciones notoriamente improcedentes, pues en tal exposición, entre otras cosas, se dijo: ‘La complejidad de los sistemas legales, la existencia de procedimientos notoriamente improcedentes y el exceso de trámites y requisitos procesales fomentan la inseguridad jurídica de los gobernados y el sentimiento de injusticia. Asimismo, la incertidumbre derivada de normas inadecuadas constituye un problema que afecta el desarrollo del país, e inhibe la iniciativa de los particulares. A pesar de los innegables avances que se han logrado en México respecto a la modernización del marco jurídico, aún se observan rezagos que impiden la plena seguridad jurídica. Debemos reconocer que hoy en día subsisten normas y prácticas viciadas que obstaculizan el acceso a la justicia a un número importante de mexicanos, dando lugar a procesos de gran complejidad, en donde incluso la propia ley llega a propiciar comportamientos que desvirtúan la intención original del legislador.’. ‘... Debemos prever fórmulas para desalentar demandas o defensas a todas luces improcedentes, con una efectiva condenación en costas a quien incurra en estas conductas. Únicamente debe acudir o defenderse en juicio quien considere tener un legítimo derecho y quiera hacerlo valer y no quien, a sabiendas de que se fallará en su contra, busque exclusivamente demorar la sentencia a través de maniobras que retardan la impartición de justicia.’. ... Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ‘La reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que a través de esta iniciativa se somete a la consideración del H. Congreso de la Unión tiene como propósito la actualización y depuración de las normas que ordenan y conducen la actividad judicial, buscando en todo momento restituir el sano equilibrio que entre las partes debe existir en un Estado de derecho. Para ello, es fundamental impedir que bajo argumentaciones dolosas se manipule el ordenamiento procesal, obteniendo ventajas indebidas en perjuicio de quien, conforme a derecho, acude ante la autoridad judicial en busca de solución a una controversia. Es reprochable la utilización de instituciones del derecho adjetivo para evitar el cumplimiento de las obligaciones contraídas legalmente. La presente iniciativa recoge la experiencia forense en el Distrito Federal y atiende a las preocupaciones de Magistrados, Jueces y litigantes que afrontan juicios interminables ante la posición de algunos profesionales que hacen del entorpecimiento de los procesos su oficio en detrimento de sus contrapartes y, en general, de la administración de justicia. Se ha tenido especial cuidado en retornar al origen y motivación de múltiples figuras que fueron deformadas al paso de los años, restituyendo con ello el justo equilibrio entre los colitigantes.’. ‘... Se regula en forma eficiente la condenación en costas, para que éstas sean pagadas por quien promueve de mala fe, o con acciones o excepciones notoriamente improcedentes.’. ... Código de Comercio. ‘Las reformas propuestas a este código persiguen los mismos fines que las descritas para el ordenamiento procesal civil. Por ello, la gran mayoría de las figuras, términos, modificaciones y adiciones contenidas en el código adjetivo para el Distrito Federal, se recogen en este proyecto de reformas al Código de Comercio.’. Sin embargo, el hecho de que en la exposición de motivos antes reproducida se haya indicado que respecto de la propuesta de reformas y adiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, recogidas en el proyecto de reformas al Código de Comercio, se regulaba en forma eficiente la condenación en costas, procurando que éstas fueran pagadas por quien promueve de mala fe o con acciones o excepciones notoriamente improcedentes, no puede tener como efecto que tenga que ser notoria la improcedencia de la acción intentada o de las excepciones o defensas opuestas, así como la de la interposición de los incidentes o recursos a que alude el artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, para que opere la condena forzosa en costas, pues además de que, como se indicó, el adjetivo ‘improcedente’ no requiere de mayor interpretación que aquella que se desprende de su sentido gramatical, el calificativo de ‘notoriedad’ finalmente no fue incluido en la referida disposición legal, de ahí que en aras de la utilización del método de interpretación auténtica no puede derogarse ni modificarse la norma que se interpreta. En efecto, la naturaleza del proceso interpretativo por un órgano del Estado exige que su resultado sea la elección de una de las alternativas interpretativas jurídicamente viables del texto que se interpreta, pues en cualquier otro caso, no se estaría frente a una interpretación propiamente dicha, sino frente al desbordamiento y consecuente negación del sentido del texto original, por lo que en la utilización del método de interpretación auténtica, que consideró aplicable la autoridad responsable, debieron tomarse en cuenta las limitaciones que se advierten no sólo de las posibilidades semánticas del texto, sino también del sentido sistémico del orden jurídico a aplicar al caso concreto, pues de esas limitaciones podrá advertirse que en la especie no pueden añadirse aspectos que no se incluyeron en la disposición legal, por lo que solamente habrá de estarse a su sentido gramatical. Al respecto tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 87/2005, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 789, con el rubro y texto que dicen: ‘INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY. SUS LÍMITES. La interpretación auténtica de las normas legales no es una facultad de modificación o derogación de aquéllas, aunque siga el mismo trámite legislativo que para la norma inicial, sino que establece su sentido acorde con la intención de su creador. La naturaleza del proceso interpretativo exige que el resultado sea la elección de una de las alternativas interpretativas jurídicamente viables del texto que se analiza, pues en cualquier otro caso se estaría frente al desbordamiento y consecuente negación del sentido del texto original. Además, las posibilidades de interpretación de la norma original no pueden elaborarse tomando en cuenta solamente el texto aislado del artículo que se interpreta, pues éste es parte de un conjunto de normas que adquiere un sentido sistémico en el momento en que los operadores realizan una aplicación. Así, la interpretación auténtica tiene dos limitaciones: a) Las posibilidades semánticas del texto tomado de manera aislada, elaborando una serie de alternativas jurídicamente viables para el texto a interpretar; y, b) Esas posibilidades iniciales, pero contrastadas con el sentido sistémico del orden jurídico a aplicar para el caso concreto, tomando en cuenta no sólo las normas que se encuentran en una posición horizontal a la interpretada -artículos del mismo ordenamiento en el cual se encuentra el que se interpreta- sino también aquellas normas relevantes de jerarquía superior o vertical -Constituciones Federal y Local-, y los principios y valores en ellas expresados, establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.’. Es por eso que válidamente puede afirmarse que si en la aprobación final de la norma no se incluyeron elementos que se advierten de la exposición de motivos, como en el caso acontece con el calificativo de ‘notoriedad’ de la improcedencia de la acción, excepciones o defensas, etcétera, dicha exposición no puede formar parte del cuerpo legal de un ordenamiento, pues no podrían invocarse elementos ajenos a la norma por la simple circunstancia de que éstos se infieren de la exposición de motivos de la iniciativa de ley o de los debates del legislador, si no se plasmaron expresamente en el articulado correspondiente, ya que la interpretación teleológica subjetiva o exegética que deriva de tales exposiciones no justifica, de ningún modo, que se introduzcan elementos contemplados durante el proceso legislativo, pero no reflejados en la disposición legal. Tiene aplicación, en esta parte, la tesis I.7o.A.55 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, octubre de 2003, página 1008, con el rubro y texto que son: ‘EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y DEBATES DEL LEGISLADOR. NO FORMAN PARTE DE LA LEY. Las exposiciones de motivos contenidas en una iniciativa de ley, así como los debates del legislador suscitados con motivo de su aprobación, no forman parte del cuerpo legal de un ordenamiento y, por ende, carecen de todo valor normativo, tomando en consideración los siguientes elementos: a) El artículo 14, segundo párrafo, del Pacto Federal, que prevé el principio de seguridad jurídica, dispone que nadie podrá ser afectado en su esfera jurídica, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; es decir, tal dispositivo constitucional no hace referencia a las observaciones y justificaciones expresadas por el autor de la iniciativa legal, ni a los argumentos que señalen los legisladores para aprobar, modificar, derogar o abrogar una norma de carácter general; b) Por la publicidad de la norma, que se refiere a que los órganos del Estado encargados de difundir las normas en los respectivos ámbitos de su competencia, tales como el Diario Oficial de la Federación, gacetas o periódicos oficiales, generalmente publican solamente el contenido de las leyes o artículos aprobados mediante el proceso legislativo o, en su caso, refieren cuáles normas han sido abrogadas o derogadas, pero no suelen imprimir las iniciativas de ley y debates que dieron origen a las mismas. Por ende, no se puede invocar un derecho u obligación por la simple circunstancia de que el mismo se infiera de la exposición de motivos de la iniciativa de ley o de los debates del legislador, si no se plasmó expresamente en el articulado de la norma correspondiente; sin que sea lógico el argumento de que la interpretación teleológica subjetiva o exegética de la disposición legal permita introducir elementos contemplados durante el proceso legislativo, pero no reflejados en el cuerpo legal, pues tal medio de interpretación requiere que el intérprete de la norma acuda a la exposición de motivos, debates o preámbulo que dieron origen a una ley o tratado internacional para interpretar uno o varios preceptos ambiguos u oscuros, con la plena conciencia de que se están tomando en consideración cuestiones que son ajenas a la norma y, por ende, no forman parte de ella.’. Pero lo que es más, aun cuando el calificativo de ‘notoriedad’ de que se trata está contenido en el proyecto de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las cuales, como se evidenció, fueron adoptadas en su mayoría por lo que hace al proyecto de reformas al Código de Comercio, esta última circunstancia es ineficaz para concluir que respecto de la legislación mercantil en comentario deba ser notoria o evidente la improcedencia de la acción intentada o las excepciones o defensas opuestas, entre los otros supuestos que regula la fracción V del artículo 1084, pues no debe perderse de vista que ese adjetivo solamente fue incluido por el legislador en las disposiciones del ordenamiento adjetivo civil citado, no obstante que ambos ordenamientos se reformaron en la misma fecha, como se pone de manifiesto a continuación: ‘Artículo 140. La condenación en costas, se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando, a juicio del Juez, se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados; II. El que presentare instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados; III. El que fuere condenado en los juicios ejecutivo, hipotecario, en los interdictos de retener y recuperar la posesión, y el que intente alguno de estos juicios si no obtiene sentencia favorable. En estos casos la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso, la condenación comprenderá las costas de ambas instancias; V. El que intente acciones o haga valer excepciones notoriamente improcedentes; VI. El que oponga excepciones procesales improcedentes o haga valer recursos e incidentes de este tipo, a quien no solamente se le condenará respecto de estas excepciones, recursos e incidentes, sino que si la sentencia le es adversa, también se le condenará por todos los demás trámites, y así lo declarará dicha resolución definitiva, y VII. Las demás que prevenga este código.’. De ahí que podría afirmarse, válidamente, que si el adjetivo en alusión solamente se incluyó en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, fue el propio legislador quien, de algún modo, evidenció que aquel calificativo no sería exigible respecto de los asuntos que se tramitan conforme al Código de Comercio, pues de haber sido otra su intención, lo habría incluido también en este último ordenamiento, ya que ambas legislaciones, como se vio, fueron reformadas y adicionadas en la misma fecha, es decir, el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, pero sólo en el artículo 140, fracción V, del citado código procesal, previó la condena forzosa en costas en contra de quien intente acciones o haga valer excepciones o defensas notoriamente improcedentes. En conclusión, se ha evidenciado que el supuesto de condena obligatoria que prevé el artículo 1084, fracción V, del Código de Comercio, es decir, para quien intente acciones, excepciones o defensas, interponga incidentes o recursos improcedentes, no requiere que tal improcedencia sea notoria o evidente, sino que es suficiente con que aquéllos hayan sido declarados simplemente improcedentes para que la autoridad que conozca del asunto imponga la referida condena."
En similares términos resolvió con fecha veintiocho de septiembre de dos mil seis, el juicio de amparo directo número 620/2006.
B) Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el veinte de octubre de dos mil cinco, el juicio de amparo directo número 520/2005, consideró lo siguiente:
"En cambio, el planteamiento del quejoso en el que esencialmente esgrime que la resolución reclamada es ilegal en tanto que lo condenó al pago de gastos, no obstante que para acreditar su acción ofreció pruebas que se desahogaron, resulta esencialmente fundado, conforme a lo siguiente: El capítulo VII, título primero, del libro quinto del Código de Comercio, contiene las normas jurídicas que rigen en materia de costas en un procedimiento mercantil, como el de la especie. De esas disposiciones deriva que las costas consisten en los gastos o erogaciones que cada una de las partes tiene que hacer con motivo de la tramitación del juicio, es decir, por las diligencias o actos que realiza durante un procedimiento, de modo que, en principio, cada parte es inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promueva, y sólo se adquiere el derecho a que se le cubran, cuando se surte alguna de las hipótesis que expresamente se establecen en la ley procesal, y en general es a cargo de aquella que resulta vencida en juicio; asimismo, a cargo de quien haya procedido con temeridad o mala fe. El artículo 1084 del Código de Comercio vigente, dispone: ‘Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe. Siempre serán condenados: I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda en hechos disputados; II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados; III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso la condenación comprenderá las costas de ambas instancias, y V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes.’. El precepto transcrito establece que la condena en costas tendrá lugar a partir de dos presupuestos específicos: 1. Cuando lo determina la ley; y, 2. Cuando a juicio del Juez se hubiere procedido con temeridad o mala fe. En el primer supuesto, el propio artículo expone cada una de las hipótesis en que forzosamente debe existir condena al pago de costas, porque al respecto dispone que ‘Siempre serán condenados’. Por el contrario, en la segunda hipótesis, el artículo en comento también permite considerar que fuera de esos casos, la condena dependerá del juicio del juzgador quien, de considerar que se ha procedido con temeridad o mala fe al sustanciarse el proceso, debe efectuar la condena correspondiente. En este caso, la materia de análisis únicamente consiste en la condena en costas impuestas por mandato de la ley conforme a las cinco fracciones del precepto aludido. A fin de desentrañar la esencia y fijar la interpretación del artículo 1084 del Código de Comercio en vigor, y en especial de su fracción V, es necesario conocer la exposición de motivos y el dictamen de origen de la Cámara de Senadores, relativas al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y del Código de Comercio, entre otras normas, que respectivamente disponen: ‘... Debemos prever fórmulas para desalentar demandas o defensas a todas luces improcedentes, con una efectiva condenación en costas a quien incurra en estas conductas. Únicamente debe acudir o defenderse en juicio quien considere tener un legítimo derecho y quiera hacerlo valer y no a quien, a sabiendas de que se fallará en su contra, busque exclusivamente demorar la sentencia a través de maniobras que retardan la impartición de justicia ...’. ‘... La reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que a través de esta iniciativa se somete a la consideración del H. Congreso de la Unión, tiene como propósito la actualización y depuración de las normas que ordenan y conducen la actividad judicial, buscando en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20183-cac03e4d/costas-en-materia-mercantil-la-condena-a-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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