PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA. LA PRERROGATIVA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, EN FAVOR DE LOS EJIDATARIOS, COMUNEROS Y JORNALEROS DEL CAMPO, SE ACTUALIZA AUN CUANDO SE ENCUENTREN DENTRO DE LA ZONA URBANA EJIDAL O COMUNAL, SI SE TRASLADAN DE ÉSTA U OTRO LUGAR A REALIZAR SUS ACTIVIDADES DE TRABAJO O VICEVERSA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 85/2006-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto segundo del Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente; por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de naturaleza penal, de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por el defensor público adscrito al Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, quien fungió como defensor en algunos de los asuntos que originaron el presente diferendo interpretativo, en términos de lo que dispone el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que es del contenido siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, diciembre de 2003
"Tesis: 1a./J. 65/2003
"Página: 24
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL DEFENSOR DEL PROCESADO ESTÁ LEGITIMADO PARA FORMULAR SU DENUNCIA. Al otorgarse al defensor del procesado la autorización necesaria para litigar en su representación, con los derechos y obligaciones inherentes a la personalidad de su representado, se encuentra legitimado conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo para formular la denuncia de una contradicción de tesis que surge del asunto en el que interviene, sin necesidad de recabar el consentimiento expreso de su defenso."
TERCERO. Los criterios que originaron la denuncia de contradicción de tesis que ahora se resuelve, son los siguientes:
A) Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el veinticuatro de octubre de dos mil cuatro, el amparo directo número 249/2004, son, fundamentalmente, las siguientes:
"QUINTO. ... De todo lo anterior se desprende, con meridiana claridad, que al reformar el artículo 10 constitucional, el Constituyente Permanente tomó en cuenta las condiciones poco propicias para que las autoridades defendieran eficazmente a los habitantes de la República contra el ataque violento a su vida o derechos, determinando instituir como garantía individual la de poseer y portar armas para la seguridad personal y legítima defensa; por ello, estableció la portación de aquellas armas no prohibidas y cuyo uso no reservó al Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, como uno de tantos medios para lograrlas, la cual sujetó a las limitaciones que la tranquilidad y paz públicas exijan, a las que consideró como apoyo fundamental de aquéllas, sin olvidar la correlación entre el otorgamiento de derechos y la imposición de obligaciones que la mejor convivencia social requiera, lo que estimó derivaría en mejores condiciones de vida para el hombre, concluyendo que el permiso para portar armas no debe implicar un peligro para la colectividad, sino crear una mayor tranquilidad y eficaz protección personal, por lo que sólo se justifica en aquellos casos y lugares en que las autoridades del país no estén en aptitud de otorgar a las personas una inmediata y eficaz protección; consideración que continuará siendo válida en todo momento y lugar determinado en que el Estado no pueda garantizar esa seguridad personal y defensa de derechos eficazmente. Dejando para la ley secundaria de carácter federal, el señalamiento de los casos, condiciones y lugares para otorgar licencias de portación de armas y de actividades relacionadas, así como cuáles serían las que los particulares podrían poseer y portar y las prohibidas, quedando, por exclusión, todas las que no se señalen en dicha ley, reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales. Así, para satisfacer una necesidad social en materia de seguridad de las personas, sus bienes y de la colectividad, como adecuada respuesta al clamor público y haciendo eco en la medida de lo posible del sentir nacional, se expidió la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la que se establecen, entre otras cosas, los casos, lugares, condiciones y requisitos para autorizar la portación de armas, los cuales son objeto de una minuciosa regulación, con la finalidad de garantizar la tranquilidad del país, a efecto de evitar en lo posible los hechos de sangre y prevenir el pistolerismo, el mal uso de las armas y asegurar el respeto a la vida y derechos de los demás, buscando proteger a la colectividad del temor a la inseguridad y a los abusos de quienes ponen en peligro a la sociedad, y más todavía, de quienes en uso de armas con el ilícito propósito de atentar contra la vida o el patrimonio de las personas, causan en ocasiones verdadero pánico colectivo. Por ello, en diversas disposiciones de la ley en comento, el legislador federal estableció la portación de aquellas armas como uno de tantos medios para lograr la seguridad y legítima defensa de las personas y sus bienes, pero la sujetó a las limitaciones que estimó exigen la paz y tranquilidad de los habitantes del país, tales como que para la operabilidad funcional del registro de armas, invariablemente, quienes las adquieran y posean deben manifestarlas a la Secretaría de la Defensa Nacional, en términos del artículo 7o. de la ley en comentario, así como realizar el pago del derecho correspondiente a la obtención de la licencia de portación; obligaciones que incluyen a los particulares, funcionarios, empleados públicos y miembros de los cuerpos de policía federales, estatales y municipales. Además, se señalaron diversos tipos de permisos para dedicarse a las actividades y operaciones relacionadas con armas y explosivos, las normas para su importación y exportación, transporte y almacenamiento, y se estableció el régimen de su control y vigilancia, sujetando la posesión y portación de armas en el país a las limitaciones exigidas por la paz y tranquilidad de sus habitantes, y buscando combatir el pistolerismo, siempre condicionadas a la seguridad y legítima defensa de las personas y sus bienes. De igual forma, el artículo 9o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, prevé que los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de funcionamiento semiautomático, de calibre no superior al .380" (9mm.) y revólveres calibres no superiores al .38" Especial, con excepción del calibre .357" Magnum, o un rifle calibre .22" o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25"), y las de calibre superior al 12 (.729" o 18.5 mm.), pues el legislador consideró que fuera de las zonas urbanas, donde comúnmente se desenvuelven éstos, o sea, el campo o zonas rurales, existen condiciones poco propicias para que las autoridades los defiendan eficazmente contra el ataque violento a su vida o derechos, es decir, justificó la posesión y portación de esas armas para salvaguardar con eficacia su seguridad personal y legítima defensa, reconociendo que en aquellos casos y lugares las autoridades del país no están en aptitud de otorgar a las personas una inmediata y eficaz protección, pero sin menoscabo de la tranquilidad y paz pública, a las que consideró como su apoyo fundamental, pues no olvidó que el permiso para portar armas no debe implicar un peligro para la colectividad, sino crear una mayor tranquilidad y eficaz protección personal, y con dicha medida consideró protegida a la colectividad del temor a la inseguridad y a los abusos de quienes ponen en peligro a la sociedad y de quienes en uso de armas con el ilícito propósito de atentar contra la vida o el patrimonio de las personas, causan en ocasiones verdadero pánico colectivo. Asimismo, dada la desigualdad económica y como acto de justicia social, el legislador consideró eximir al sector de ejidatarios y comuneros del pago del derecho por la obtención de la licencia de portación. En resumen, debe precisarse, en lo que al caso interesa, que la intención del legislador federal al prohibir la portación de armas, fue la de proteger el bien jurídico tutelado, consistente en la paz y tranquilidad públicas, pero sin olvidar que ello debe ser regulado en la medida en que las posibilidades del Estado permitan brindar a los particulares la protección inmediata y eficaz de sus personas y sus bienes contra el ataque violento de los mismos, por lo que instituyó como garantía individual la posesión y portación de armas de fuego como una de las formas de autoprotección en aquellos casos y lugares en los que dicha protección no sea posible inmediata y eficazmente, pero sujetándolas a las limitaciones que determina el propio bien jurídico que tutela, por lo que, en el caso de los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, permitió que portaran armas para su seguridad personal y legítima defensa fuera de las zonas urbanas, dado que en el medio rural o en el campo, que son los lugares en que éstos se desenvuelven comúnmente, las autoridades del país no están en posibilidad de brindarles la protección inmediata y eficaz de sus personas y sus bienes contra el ataque violento de los mismos; eximiéndoles además, de la obtención de la licencia de portación y el pago de la misma, pero siempre con la obligación de manifestarlas ante la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora bien, en este punto se considera pertinente indicar que la generalidad de los doctrinistas del derecho penal coinciden en que para que una conducta sea delictiva, precisa de los siguientes elementos: a) Tipicidad, que se integra a su vez, regularmente, con los elementos objetivos y subjetivos, excepcionalmente también se exigen los elementos normativos (como sucede en la especie) y los especiales elementos subjetivos del autor del delito, distintos del dolo; b) Antijuricidad o antijuridicidad, que consiste en la prohibición del Estado para la realización de determinadas conductas; y, c) Culpabilidad, consistente en el grado de participación en la realización de la conducta típica y antijurídica, que determina la responsabilidad del inculpado. Por lo anterior, debe decirse que, contrario a lo establecido por el Tribunal Unitario responsable, en el caso no se demostró uno de estos elementos del delito, consistente en la antijuridicidad de la conducta desplegada por el hoy quejoso, toda vez que ésta es lícita, como se pasa a demostrar. Para ello, en primer lugar, debe tenerse presente la parte considerativa de la sentencia reclamada, en que la autoridad responsable realizó el estudio de los agravios que ante ella hizo valer el hoy solicitante de garantías, que dice: (se transcribe). De lo anterior debe dejarse sentado, como ya se dijo, que en la especie se acreditó que el peticionario de amparo tiene el carácter de ejidatario del ejido Cofradía de Cuyutlán, Nayarit; que tiene manifestada ante la Secretaría de la Defensa Nacional el arma afecta a la causa de origen, la cual portaba al momento de ser detenido por los agentes de la Policía Judicial del Estado; y que la referida arma no es de las prohibidas por la ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales. En cambio, opuesto a lo razonado por la responsable, en el proceso penal natural se acreditó que el quejoso portó dicha arma fuera de las zonas urbanas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es decir, en una zona rural, por lo que su conducta es permitida por la ley y el estudio siguiente se hará en torno a este tópico. En esa tesitura, precisa establecer lo que debe entenderse por zonas urbanas, para efectos del artículo indicado, y diferenciarlas de las zonas rurales o del campo, para estar en aptitud de resolver el caso puesto a consideración de este órgano colegiado. Así, el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, vigésima primera edición, tomos I y II, publicado por Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, Madrid, mil novecientos noventa y dos, define las palabras ‘urbano’, ‘urbe’, ‘rural’, ‘campo’, en lo conducente, y ‘campirano’, de la siguiente forma: ‘Urbano, na. (Del lat. urbanus) adj, Perteneciente o relativo a la ciudad. 2. V. Milicia, policía urbana. 3. V. Mobiliario, predio urbano. 4. fig. cortés, atento y de buen modo. 5. M. Individuo de la milicia urbana. Urbe. (Del lat. urbs, bis.) f. ciudad, especialmente la muy populosa. Rural. (Del lat. ruralis, de rus, ruris, campo). adj. Perteneciente o relativo al campo y a las labores de él. 2. fig. Inculto, tosco, apegado a cosas lugareñas. Campo. (Del lat. campus, terreno llano, campo de batalla). m. Terreno extenso fuera de poblado. 2. Tierra laborable. 3. En contraposición a sierra o monte, campiña. 4. Sembrados, árboles y demás cultivos. Están perdidos los campos ... raso. en que es llano sin árboles ni casas. regadío. A.r. tierra de cultivo con agua de riego permanente ... A campo traviesa, o travieso. loc. adv. dejando el camino y cruzando el campo. ... -Campirano, na. (De campero.) adj. C. Rica. Patán, rústico. 2. Méj. Campesino. Ú.t.c.s. 3. Méj. Diestro en el manejo del caballo y en domar o sujetar otros animales. Ú.t.c.s.’. En el mismo orden de ideas, cabe destacar, que los artículos 9o., 43, 44, 56, 63, 64, 65, 66, 68, 73, 76 y 87 de la Ley Agraria señalan lo siguiente: (se transcribe). Para los mismos efectos, debe ponerse de relieve que los artículos 41, 47, 48, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, literalmente dicen: (se transcribe). De los artículos transcritos, se concluye que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propios y son propietarios de aquellas tierras que les hayan sido dotadas al núcleo o incorporadas al régimen ejidal, y según la Ley Agraria, las tierras ejidales pueden ser: 1. Tierras para el asentamiento humano; 2. Tierras de uso común; y, 3. Tierras parceladas. Las primeramente mencionadas son aquellas que integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, en las que se encuentran los terrenos de la zona de urbanización y fundo legal del ejido, así como la parcela escolar, la unidad agrícola industrial de la mujer, la unidad de productividad para el desarrollo integral de la juventud y demás áreas reservadas al asentamiento humano, de las que todo ejidatario tendrá derecho a recibir gratuitamente un solar al constituirse la zona de urbanización, pudiendo ser aportadas por la asamblea ejidal al Municipio o entidad correspondiente para dedicarlas a los servicios públicos. Las aludidas en segundo lugar, son las que constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y pueden ser de tres clases: a) Las tierras que no han sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento humano; b) Las que no han sido parceladas por la misma asamblea; y, c) Las que así han sido clasificadas expresamente por la asamblea. Por último, las tierras parceladas son aquellas que han sido delimitadas por la asamblea con el objeto de constituir una porción terrenal de aprovechamiento individual, y respecto de las cuales los ejidatarios, en términos de ley, ejercen directamente sus derechos agrarios de aprovechamiento, uso y usufructo. Así, ‘tierras de uso común’ son todas aquellas que no son de ‘asentamiento humano’ ni ‘parceladas’, o que así han sido clasificadas por la asamblea; sin embargo, todas ellas son propiedad del ejido y sujetas al régimen agrario. Tiene aplicación en la especie, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 298 del Tomo XIII, febrero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: (se transcribe). Asimismo, de la recta interpretación de los artículos en comento, se tiene que, si bien es verdad, los solares de la zona de urbanización, así como las tierras ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento humano, integran lo que se conoce como tierras de asentamiento humano del núcleo de población, por lo que en algunos casos es necesario que cuenten con los servicios públicos de urbanización, como alumbrado, alcantarillado o pavimentación, también es verdad que dichos terrenos no pueden ser considerados como las zonas urbanas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues no participan de idéntica naturaleza, ya que, según se ha visto, éstas se identifican como las pertenecientes o relativas a la ciudad, en tanto que aquéllas, aun cuando cuenten con los servicios públicos municipales, continúan siendo ejidales y, por tanto, pertenecientes al régimen agrario o del campo, pero únicamente diferenciadas de las demás tierras ejidales para efectos de la Ley Agraria por el destino que se les da; sin embargo, ello no significa que pertenezcan a la ciudad y no al campo, es decir que dejen de ser zonas rurales por antonomasia. Lo anterior se confirma con la exposición de motivos de la reforma al artículo 27 constitucional, de seis de enero de mil novecientos noventa y dos, que en lo conducente dice: (se transcribe). Como se ve, el Constituyente Permanente, con acierto, denominó indistintamente al agro mexicano como ‘campo’ o ‘sector rural’ y a los ejidatarios y comuneros como ‘campesinos’, e incluyendo a los pequeños propietarios como ‘la sociedad rural’, la cual, dijo, exige reconocerla con vigor y urgencia, pues la nación lo requiere para su desarrollo y modernización. Por ello, con la reforma en comento se propuso proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal, reafirmando las formas de tenencia de la tierra derivadas de la gesta agraria de los mexicanos y adecuarlas a las nuevas realidades del país, originadas, y con el propósito, de los intereses y la interacción entre grupos históricamente conformados, cuyo respeto y protección a su configuración como asentamiento humano señaló como condición para la preservación del ejido social. Por ello elevó a nivel constitucional el reconocimiento y protección al ejido y la comunidad, entes de vida comunitarios creados a lo largo de la historia, a los que también denominó como centros de población, confirmándolos sin ambigüedad como formas de propiedad al amparo de la Ley Suprema, destacando que los ejidos indivisibles pasaron a ser propiedad de los Municipios, aunque muchas veces distantes física y socialmente de la comunidad, siendo escasas las constancias del cumplimiento final de estas disposiciones. Además, advirtió que dentro de los ejidos y comunidades se conformaron tres áreas básicas con funciones diversas y derechos específicos y diferenciados, a saber: el área común, la parcela y el centro de población, a las cuales reconoció y protegió constitucionalmente, pues indicó que el Estado mexicano no renuncia a la protección de los intereses de los ejidatarios y comuneros, señalando que el centro de población es la base territorial del asentamiento humano, como sustento de una cultura de vida comunitaria, y la parcela es la tierra para las actividades productivas del núcleo ejidal y comunal en el ámbito parcelario. En esas condiciones, si en el caso quedó demostrado (como lo reconoció el Tribunal Unitario responsable), que al momento de ser detenido el catorce de febrero de dos mil cuatro, el hoy quejoso portaba un arma tipo pistola, de funcionamiento semiautomático y calibre .22" L.R.; que esa arma es de las contempladas en el artículo 9o., fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que no es considerada prohibida ni del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales; que la tenía manifestada y registrada ante la Secretaría de la Defensa Nacional desde el seis de octubre de dos mil dos, mediante manifestación con folio A1723440; que es ejidatario del ejido de Cofradía de Cuyutlán, Municipio de Rosamorada, Nayarit; también debe tenerse por cierto que fue detenido en el poblado del mismo ejido, que constituye el área del asentamiento humano de dicho núcleo ejidal, entonces, resulta inconcuso que se encontraba en la hipótesis establecida en el segundo párrafo de la fracción II del precepto antes citado, y al considerar lo contrario la autoridad responsable, violó en detrimento del quejoso las garantías individuales establecidas en los párrafos segundo y tercero del artículo 14 y primer párrafo del numeral 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, pues como se ha visto, quedó demostrada la licitud de la conducta del quejoso (ausencia de antijuricidad), ya que el artículo 9o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, legitima a los ejidatarios a portar un arma de las mencionadas en la fracción I del mismo precepto legal, o un rifle calibre .22", o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25"), y las de calibre superior al 12 (729" o 18.5 mm.); por tanto, no es antijurídica la portación de una de estas armas por parte de ejidatarios cuando las tengan manifestadas ante la Secretaría de la Defensa Nacional y lo hagan fuera de las zonas urbanas, como sucedió en el caso. Lo anterior, no obstante que al final de la copia de la manifestación del arma de fuego afecta a la causa penal de origen ante el Registro Federal de Armas, de la Secretaría de la Defensa Nacional, con folio A1723440, diga que ‘bajo ningún concepto autoriza su portación’, pues como se dijo, se trata de una copia de la ‘manifestación’ de dicha arma, único requisito exigido por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en el caso del sector de los ejidatarios y comuneros, e inclusive para los jornaleros del campo, para la portación de armas de fuego no prohibidas ni reservadas al uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, fuera de las zonas urbanas. Corolario de todo lo anterior resulta que, conforme al artículo 10 constitucional, la exposición de motivos de su reforma de veintidós de octubre mil novecientos setenta y uno; el artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la exposición de motivos de esta ley, la intención del Constituyente Permanente y del legislador federal, fue la de prohibir la portación de aquellas armas consideradas prohibidas y para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales para la protección de la tranquilidad y paz públicas. Sin embargo, al permitirla a las personas, en los lugares y condiciones a que se refiere el artículo 9o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, consideró que las autoridades del país no están en aptitud de brindarles la protección inmediata y eficaz de su persona y sus bienes contra el ataque violento de los mismos; por tanto, según se desprende de los artículos 9o., 43, 44, 56, 63, 64, 65, 66, 68, 73, 76 y 87 de la Ley Agraria, y los artículos 41, 47, 48, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, para efectos del citado artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el área de asentamiento humano de los ejidos, aun cuando se trate de aquellas en que se encuentra el núcleo de población y cuenten con los servicios públicos municipales, deben considerarse como zonas rurales por antonomasia, o del campo, pues no por ello dejan de pertenecer al ejido y al régimen agrario, lo cual permite concluir, que por zonas urbanas, para efectos de la disposición de última cita, deben entenderse aquellas pertenecientes a la ciudad y no al campo o rurales."
Lo anterior dio lugar al siguiente criterio:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, marzo de 2005
"Tesis: XXIV.1o.12 P
"Página: 1190
"PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO POR EJIDATARIOS EN LAS ÁREAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EJIDALES. ES LÍCITA SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS. Conforme al artículo 10 constitucional, la exposición de motivos de su reforma de veintidós de octubre de mil novecientos setenta y uno, el artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la exposición de motivos de esta ley, la intención del Constituyente Permanente y del legislador federal fue la de prohibir la portación de aquellas armas consideradas prohibidas y para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, para la protección de la tranquilidad y paz públicas. Sin embargo, al permitirla a las personas en los lugares y condiciones a que se refiere el artículo 9o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, consideró que las autoridades del país no están en aptitud de brindarles la protección inmediata y eficaz de su persona y sus bienes contra el ataque violento de los mismos; por tanto, según se desprende de los artículos 9o., 43, 44, 56, 63, 64, 65, 66, 68, 73, 76 y 87 de la Ley Agraria; 41, 47, 48, 49, 50 y 51 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares y la exposición de motivos de la reforma de seis de enero de mil novecientos noventa y dos al artículo 27 constitucional, para efectos del citado artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el área de asentamiento humano de los ejidos, aun cuando se trate de aquellas en que se encuentra el núcleo de población y cuenten con los servicios públicos municipales, deben considerarse como zonas rurales por antonomasia o del campo, pues no por ello dejan de pertenecer al ejido y al régimen agrario, lo cual permite concluir que, por zonas urbanas, para efectos de la última disposición citada, deben entenderse aquellas pertenecientes a la ciudad y no al campo o rurales.
"Amparo directo 249/2004. 21 de octubre de 2004. Mayoría de votos. Disidente: Patricia Mújica López. Ponente: Arturo Cedillo Orozco. Secretario: Hugo Peyro Valles."
B) Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el dos de junio de dos mil cinco, el amparo directo número 156/2005 son, fundamentalmente, las siguientes:
"SEXTO. ... Ahora bien, en el único concepto de violación que se hace valer por el defensor público federal adscrito al Tribunal Unitario de este circuito, autorizado por el quejoso en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, refiere que en forma incorrecta el Magistrado responsable interpreta la fracción II, segundo párrafo, del artículo 9o. de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que rebasa los términos de la misma y la intención del legislador, haciendo típica una conducta que no lo es, contradiciendo incluso la tesis de jurisprudencia que invocó en sus agravios, bajo el rubro: ‘PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA. SUPUESTO EN QUE NO SE ACTUALIZA ESE DELITO RESPECTO DE LOS EJIDATARIOS, COMUNEROS O JORNALEROS DEL CAMPO.’, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 72/2004, que establece la interpretación de la prerrogativa contenida en el numeral antes citado de la Ley de Armas de Fuego, otorgada por el legislador a través del establecimiento de una condición objetiva de punibilidad para que se actualice el delito de portación de arma de fuego sin licencia, respecto de las personas que tienen la calidad específica de ejidatario, comunero o jornalero del campo. Que en este tenor, el Tribunal Unitario agrega un elemento sustancial al caso de excepción que se prevé en el citado numeral, al señalar que ese dispositivo legal exige que el trabajador del campo porte el arma de fuego sólo en el ámbito o radio de acción en donde desempeñe su propia actividad. Que carece de sustento esta afirmación del tribunal responsable, al hacer una interpretación extensiva del caso de juricidad que prevé el pluricitado numeral y restringe el derecho del inculpado. Que se comprobó que su defenso tiene como actividad principal las labores propias del campo; que se trató de un rifle calibre .22 y que la portación se realizó fuera de cualquier zona urbana, como se demostró con la documental pública exhibida en la audiencia de vista de segunda instancia. Que de la tesis de jurisprudencia citada con antelación, se advierte claramente que la prerrogativa para los trabajadores del campo se origina en función de la actividad que desempeñan y no únicamente como una cuestión geográfica. Que en este orden de ideas, el Tribunal Unitario no apreció debidamente que los trabajadores del campo, como el quejoso, por la actividad que desempeñan, pueden portar un arma de fuego como la asegurada, en virtud de que al referirse la ejecutoria que dio origen a la tesis aludida, al ‘... ámbito propio de su actividad ...’, no tiene el alcance que le da el Magistrado unitario al decir que debe restringirse al radio de acción donde desempeña su actividad, ya que sin duda, ese ‘ámbito propio de su actividad’, son las zonas rurales, el campo, ya que la prerrogativa se refiere no al lugar en donde se vive o se trabaja, sino a la actividad que se desempeña, con tal de que no se porte el arma de fuego de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20423-47b090de/portacion-de-arma-de-fuego-sin-licencia-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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