CONCURSO IDEAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA CUANDO SE COMETEN SIMULTÁNEAMENTE LOS ILÍCITOS DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA Y PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 23/2013. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, ACTUALMENTE CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, EN APOYO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 22 DE ENERO DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO EN CUANTO AL FONDO. DISIDENTES: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIENES RESERVARON SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO DE MINORÍA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de especialidad de esta Primera Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, quien se encuentra facultada para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO. Consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo número 260/2012, en sesión del veintiuno de noviembre de dos mil doce, en la materia del presente estudio, consideró lo siguiente:
"Sin embargo, como se anunció, en suplencia de la queja, conforme a lo establecido en el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, debe concederse la protección constitucional solicitada respecto a la individualización de la pena de prisión impuesta al aquí quejoso, ya que las sanciones que le fueron impuestas al quejoso, aun benéficas, fueron erróneamente impuestas de acuerdo a las reglas del concurso ideal y no a las del concurso real, como debió de haberse realizado. Se explica. De acuerdo a lo ya externado en párrafos precedentes, el ahora inconforme es penalmente responsable de haber portado dos armas de fuego, con la que se violentaron dos diferentes disposiciones normativas, al haberse colmado los elementos de la portación de arma de fuego sin licencia y la portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas del país; así, contrario a lo resuelto por el ad quem, se actualiza un concurso real de delitos, no ideal, pues aun cuando tales acciones posesorias típicas se hayan realizado de manera simultánea, lo que importa para la actualización de esta clase de concurso, es la pluralidad de actos o acciones independientes entre sí y la pluralidad de delitos que con esas conductas se cometan. En ese tenor, la responsable erróneamente se ciñó a las reglas del concurso ideal, cuando legalmente debió haber impuesto las penas previstas para cada uno de los delitos cometidos, sin exceder de las máximas señaladas en el título segundo, del libro primero del Código Penal Federal, tal y como lo establece el numeral 64, segundo párrafo, del referido ordenamiento legal (sesenta años); así, le correspondería los cuatro años nueve meses que corresponden al ilícito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de los institutos armados del país (ello, acorde al grado de culpabilidad que se le impuso), más tres años tres meses correspondientes al diverso ilícito de portación de arma de fuego sin licencia; lo que evidentemente, perjudicaría al sentenciado, empero en atención al principio de exacta aplicación de la ley penal, se debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el tribunal responsable realice el ajuste correspondiente, sin aumentar la sanción previamente impuesta en atención al diverso principio de non reformatio in peius. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 47/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 157/2011, de rubro y contenido: ‘AMPARO DIRECTO PENAL PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE QUE INDEBIDAMENTE FUE SANCIONADO CONFORME A LAS REGLAS DEL CONCURSO IDEAL Y NO DEL CONCURSO REAL, DEBE CONCEDER LA PROTECCIÓN PARA QUE SE SUBSANE ESA IRREGULARIDAD APLICANDO LAS REGLAS DEL CONCURSO REAL, SIN QUE LA SANCIÓN PUEDA SER MAYOR A LA IMPUESTA.’ (se transcribe). En esa tesitura, aún con dicha concesión, al corresponderle una pena privativa de libertad mayor a cuatro años, no causa perjuicio al justiciable, como acertadamente resolvió el responsable, el haberle negado los beneficios establecidos en los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, pues en ellos, se establece como requisito imperativo, que la sanción impuesta no exceda, como en el caso sí acontece, de cuatro años de prisión, por lo que debe concluirse, que la negativa de los aludidos beneficios no implica violación alguna a las garantías del sentenciado, salvo que existiera petición expresa y la autoridad judicial de instancia no se hubiera pronunciado al respecto, o que habiéndose pronunciado no hubiera fundado y motivado tal pronunciamiento, que no es el caso, toda vez que el tribunal responsable expresó los motivos por los cuales justificó la negativa de conceder al sentenciado ahora inconforme alguno de los beneficios aludidos. Por las razones que la informan, acude en apoyo a lo considerado, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con la clave 1a./J. 30/97, publicada en la página noventa y ocho, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro IUS: 198219, que a la letra dice: ‘SUSTITUCIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. SU CONCESIÓN CONSTITUYE UNA FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUZGADOR.’ (se transcribe). Asimismo, es aplicable en lo conducente, la diversa tesis de jurisprudencia emanada de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, identificada con la clave 1a./J. 162/2005, visible en la página doscientos siete del Tomo XXIII, enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con registro «IUS:» 176,355, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: ‘CONDENA CONDICIONAL. CORRESPONDE AL JUEZ DETERMINAR SI PARA SU GOCE EL SENTENCIADO DEBE OTORGAR GARANTÍA O SUJETARSE A LAS MEDIDAS QUE SE LE FIJEN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).’ (se transcribe). En tales condiciones, adversamente a lo argumentado por el inconforme, la determinación del tribunal responsable que avaló la del Juez primario de confirmar el grado de culpabilidad, la pena privativa de libertad y la negativa de otorgarle los beneficios aludidos, no implica una determinación incongruente, toda vez que la imposición de las penas y el otorgamiento de los beneficios que la sustituyen o que la suspenden, constituyen aspectos diferentes, pues aun y cuando la pena que se le impusiera fuera a cuatro años, no implica que necesariamente deban concederse los referidos beneficios cuando procedan, dado que su otorgamiento es una facultad discrecional del juzgador, quien fundada y motivadamente puede negarlos cuando estime pertinente que la compurgación de la pena por parte del sentenciado, debe cumplir con las finalidades de prevención general y especial que se traducen en el objetivo de lograr la corrección del sentenciado, para que en lo sucesivo no delinca y así, lograr su resocialización y reincorporación a la sociedad. En atención a lo considerado, deviene procedente conceder a ********** el amparo solicitado, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, dicte una nueva en la que confirme la acreditación de los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo de los institutos armados del país y la plena responsabilidad del quejoso en su comisión, así como el grado de culpabilidad en que fue ubicado y la negativa de los beneficios post procesales, empero reindividualize las sanciones conforme a las reglas del concurso real de delitos que se surte en el asunto que nos ocupa, sin agravar la previamente impuesta."
2. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región (actualmente Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito), al resolver el amparo directo 786/2011, en sesión de catorce de marzo de dos mil doce, en lo conducente consideró lo siguiente:
"En otro contexto, es fundado el concepto de violación expresado por el quejoso, en cuanto aduce que en el caso no se actualiza un concurso real de delitos. En efecto, al imponer la pena de prisión, el Magistrado responsable determinó: ‘... De igual forma, resulta infundado el motivo de disenso que hace valer el defensor Público de la Federación, consistente en que en el caso a estudio, debió advertirse la existencia de un concurso ideal de delitos, en atención a que el acusado cometió varios delitos con una sola conducta; ello, de conformidad a lo que establece el artículo 18 del Código Penal Federal, el cual dispone que, cuando un hecho ejecutado en un solo acto o una misión, se violen varias disposiciones penales que señalen diversas sanciones, entonces deberá aplicarse la del delito que merezca pena mayor, la cual podrá aumentarse hasta una mitad más de la máxima de su duración. En efecto, lo anterior es infundado, toda vez que la Juez de Distrito, en forma correcta determinó en el fallo recurrido, que atendiendo al grado de culpabilidad mínimo y conforme a las conductas que dieron lugar a la comisión de los ilícitos probados, se está en presencia de un concurso real de delitos, en virtud de que **********, ejecutó varias conductas con las que obtuvo diferentes resultados delictivos; ilícitos, que son los siguientes: Portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, portación de arma de fuego sin licencia, tipificado y penado en el numeral 81, en relación con el 9, fracción I, del ordenamiento en cita. Así es, pues los anteriores delitos, aun cuando se llevaron a cabo en forma simultánea, no revisten una característica de unidad delictiva, pues cada uno de ellos, revela ser un acto de exteriorización de conducta, claramente diferenciado de los otros, por una parte, una acción consistente en la portación de un arma de fuego sin licencia y otra, de uso exclusivo de las fuerzas armadas de la nación. Esto es, todas las conductas, en su materialización y consumación, pueden presentarse disociadas y no tienen dependencia entre sí; pues no es necesario que exista una para que se actualice la otra, esto es, si bien es cierto, que su materialización fue simultánea; también lo es, que entre ellas no existe un elemento de conexión indisoluble que lleve a pensar que conforman una unidad delictiva. De ahí, que es dable concluir que, cuando el autor porte artefactos bélicos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y a la vez de las que pueden portar los particulares, previa la licencia correspondiente, se actualiza un concurso real de delitos, aun cuando tales acciones típicas se realicen de manera simultánea; pues lo que importa para que se actualice dicho concurso, es la pluralidad de actos o acciones independientes entre sí y la pluralidad de delitos que con esas conductas se ocasionan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (se transcriben datos de localización), que dice: «CONCURSO REAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTIVO COMETE EL DELITO CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICOS, Y EL DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, AUN CUANDO SE REALICEN SIMULTÁNEAMENTE.» (transcribe texto). En conclusión, es inconcuso que no se está en presencia de un concurso ideal de delitos, como asevera el defensor oficial, pues en el presente asunto, como ya se dijo, se está ante un caso de acumulación real que supone la comisión de varios delitos penales mediante varias conductas. Por lo que la Juez de Distrito, actuó correctamente, ya que el resolutor, al dictar una sentencia, debe cumplir con su función de imponer las penas aplicables a cada caso concreto, como lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aplicando las reglas correspondientes cuando se le presente un caso en que se deba imponer un concurso de delitos. Ello, en virtud de que está constitucionalmente facultada para la imposición de penas por los delitos solicitados por el agente del Ministerio Público de la Federación, en sus conclusiones, sin que sea necesario que dicha institución le solicite expresamente la aplicación de penas, conforme a las reglas para el concurso, puesto que tal regla atañe a la imposición de sanciones, sin que ello implique que se rebase la acusación del Ministerio Público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia (se transcriben datos de localización), cuyo rubro dice: «CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS.». En ese contexto, debe sancionarse al acusado **********, acorde a esta clasificación, para lo cual es menester resaltar, lo que establece el artículo 64 del Código Penal Federal, que dice: (se transcribe artículo). Por lo que, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo, se deben imponer las penas que correspondan a cada uno de los delitos, cumpliendo con la garantía de exacta aplicación de la ley penal, tomando en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución de los delitos y las peculiaridades del acusado, atendiendo al grado de culpabilidad mínimo que se estimó, así como a cada una de la penas establecidas por los delitos comprobados. Esto es, acorde a la pena mínima del delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, de que se trata, que prevé una pena privativa de tres años de prisión y cincuenta días multa. Por su parte, el diverso de portación de arma de fuego sin licencia, estipula una sanción restrictiva de libertad, que corresponde a la mínima, de dos años de prisión y cincuenta días multa. Por lo que a bien concluyó la Juez primigenia, que lo justo y equitativo, era imponerle al sentenciado, una pena total de cinco años de prisión y cien días multa, equivalente esta última a $5,670.00 (cinco mil seiscientos setenta pesos 00/100 moneda nacional). ...’. Las anteriores consideraciones, como se ha anticipado, son incorrectas jurídicamente, desde la perspectiva de inexacta aplicación de la ley. Este órgano colegiado considera, que en el caso a estudio no era dable contextualizar la acumulación de delitos, en la hipótesis de un concurso real, pues con ello dejó de atenderse a los principios de exacta aplicación de la ley en materia penal que, en el particular, deriva de la interpretación sistemática y funcional que se requería, y en coherencia con el principio pro persona, al cual corresponde también el de interpretación de la norma más favorable a la persona humana. Existen casos en los que una vez que ha sido expresada por el legislador, su intención, se propicia que el juzgador se ocupe de la interpretación condigna, con base en los sistemas de interpretación que correspondan. En presencia de un concurso de delitos -que es el tema de las presentes consideraciones-, es menester dar sentido a tal intención del legislador, pues éste consigna normas atinentes a la manera de apreciar cada delito, a fin de desentrañar qué reglas de punibilidad han de regir a propósito de la acumulación de conductas ilícitas, y así determinar las penas a imponer. Tanto es así, que en ese ámbito de interpretación, se llega a situaciones en que la ley determina excepciones a esas reglas de punibilidad relacionadas con el concurso. Por citar uno de esos casos de excepción, existe la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, CXXXI, materia penal, Quinta Época, página 439, pues en ella, dicha Sala se ocupó de la interpretación de la ley penal, al establecer por qué debe atenderse al espíritu de la misma; y es de rubro y texto siguientes: ‘DISPARO DE ARMA DE FUEGO, EL DELITO DE, DEBE ACUMULARSE AL DE LESIONES U HOMICIDIO POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE LA LEY PENAL.’ (se transcribe). La interpretación sistemática de la ley, significa que ésta debe analizarse como un todo, como un sistema que se presupone coherente y ordenado, de modo que el estudio comparativo de unos enunciados normativos con otros dará claridad a cada norma, pues un precepto no debe tomarse en cuenta en forma aislada. En esta forma de interpretar, la decisión judicial se desarrolla considerando, entre otros, la localización topográfica de la norma dentro del ordenamiento legal, las relaciones jerárquicas o lógicas con el resto de las normas, la coherencia de textos, pues no puede haber normas incompatibles, por lo que ante dos significados, debe optarse por el que sea acorde con otra norma, asimismo, la no redundancia, pues, el legislador no regula dos veces la misma hipótesis. La interpretación funcional atiende a los fines de la norma, más allá de su literalidad o su sistematicidad. Esta otra forma de interpretar implica tomar en cuenta, entre otros factores, la finalidad de la ley y su aspecto pragmático, por las consecuencias favorables o desfavorables que arrojaría la intelección que se haga. Con tales fundamentos interpretativos, de inicio, y por virtud de que al ahora solicitante de amparo se le acusó y fue sentenciado por la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia, así como por el de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea; necesariamente debe hacerse referencia al contenido de los artículos 81 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. A saber: (se transcribe). Como se advierte, para ambas hipótesis de ilicitud, se ha establecido, en principio, la punición en orden de la portación por una sola persona de una sola arma (Para la portación sin licencia, de dos a siete años de prisión. Para la portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, de tres meses a un año -fracción I del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos-; de tres a diez años de prisión -fracción II del mismo precepto-; y, de cuatro a quince años de prisión -fracción III del propio dispositivo legal-). Sin embargo, para una y otra hipótesis resulta común, que si se trata ‘de dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes.’. Lo anterior, es de suyo expresivo sobre el sentir del legislador, en la medida de que como se aprecia, en ningún caso establece que para el acto sancionatorio -en caso de portación de dos o más armas, por una sola persona-, se pueda proceder en términos de un concurso real, es decir, una imposición de las penas previstas ‘para cada uno de los delitos cometidos’, ya que de lo contrario ningún sentido tendría la expresión ‘hasta en dos terceras partes’. En consecuencia, en presencia de cuestiones como la que se analiza, de suponerse actualizado un concurso real, se estaría interpretando la ley (acorde a su espíritu) al margen de su exacta aplicación, siendo que en materia penal esto último se erige como postulado para el juzgador. Justamente, porque se estarán imponiendo penas singularizadas a cada arma. Y como está visto, ello en ningún caso de los que se examinan, lo ha querido el legislador. Con base en los criterios de interpretación de la ley, a que se acude, y atento al juicio de previsibilidad sobre los efectos de la sentencia a dictar, que se significa en que debe darse la solución más justa y mejor para la persona y para el sistema de derechos, y se vincula con la aplicación de la norma y de los efectos que ello producirá, de modo que en esto se encuentra implícito igualmente el principio pro persona; este órgano colegiado no deja de advertir -en aras de ese juicio de previsión-, que si por ejemplo, en un proceso que verse sobre portación de dos o más armas de las reservadas para las fuerzas castrenses, se llega al momento de sentenciar, y se califica como mínimo el grado de culpabilidad, entonces en cualquiera de los supuestos de las tres fracciones del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (que como pena mínima señalan respectivamente tres meses, tres años y cuatro años de prisión) estaría rigiendo la premisa de un aumento ‘hasta en dos terceras partes’, lo cual, da la posibilidad de que en algunos casos ni siquiera llegaría a una totalidad de cinco años de prisión. En cambio -continuando con este juicio de previsibilidad-, si ahora se ubican los hechos en la portación de una arma de las reservadas para uso exclusivo el Ejército, Armada o Fuerza Aérea, junto con una portación sin licencia, desplegados ambos en un solo acto (tal como aconteció en el asunto en estudio), y se arriba al momento de la punición, de adoptarse la postura de existencia de un concurso real, estando de por medio un grado mínimo de culpabilidad, el resultado puede ser más gravoso a la persona, que si hubiere portado dos o más armas de similar calificación lesiva. Es claro, pues, que el legislador ha expresado su sentir de proscripción de un concurso real de delitos, porque no ha querido que al infractor se le impongan las penas previstas para cada portación, en cualquier hipótesis en que el sujeto lleve a cabo la conducta, con dos o más armas. Por consiguiente, de ningún modo puede ser legal y jurídica la aplicación que, de las reglas de punibilidad del concurso real se llevó a cabo en la sentencia reclamada, porque merced a ello, se incurrió en inexacta aplicación de la ley penal, en tanto que se trata de una interpretación incongruente con el espíritu que dio origen a la verdadera intención del legislador. Y como antes se señaló, impera el principio de interpretación pro persona, mismo que se connota como un criterio hermenéutico por virtud del cual, debe estarse siempre a favor del hombre e implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Ese principio se consigna en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: (se transcribe). Igualmente, en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’, mismo que dice a la letra: (se transcribe). Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, atento a su artículo 5, que dice: (se transcribe). Instrumentos internacionales, de aplicación obligatoria en el territorio nacional, en tanto que fueron celebrados por el presidente de la República, con la aprobación del Senado, esto último, conforme a lo previsto en el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción IV del artículo 2o., de la Ley sobre Celebración de Tratados. Así pues, acorde a las presentes consideraciones protectoras, es concluyente que en tales aspectos de la imposición de sanciones, el Magistrado responsable incurrió en las inexactitudes que se han establecido, porque en razón de los términos en que interpretó la ley, se apartó del imperativo de la exacta aplicación de la misma, y en menoscabo de que por virtud del principio pro homine, en correspondencia con la interpretación de la norma más favorable a la persona humana, no podía invocar la regla del concurso real de delitos. Por ende, el Magistrado responsable menos podía sustentarse, para respaldar su decisión, en la tesis de rubro: ‘CONCURSO REAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA CUANDO EL ACTIVO COMETE EL DELITO CONTRA LA SALUD, EN LA MODALIDAD DE POSESIÓN DE NARCÓTICOS, Y EL DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA, AUN CUANDO SE REALICEN SIMULTÁNEAMENTE.’. Ello, en razón de que versa sobre supuestos que no se vinculan con los que se relacionan con el caso sometido a su potestad, ya que la disociación de la conducta del ahora quejoso, finalmente la respaldó en ese criterio jurisprudencial que claramente distingue entre una posesión de narcótico y una portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional; caso en el cual, desde luego hay pluralidad de actos y delitos. Mas, como se ha dicho, no es el caso del asunto que se analiza, puesto que en coherencia con las anteriores consideraciones, se ve justificado por qué tratándose de portación de armas en las condiciones en que lo llevó a cabo el ahora solicitante de amparo, la ley proscribe el concurso real. Por tanto, para que se logre la reparación que corresponde, debe concederse el amparo solicitado para el efecto que se precisará, pues por lo pronto se hacen las puntualizaciones que siguen, en torno de otros aspectos que no requieren de protección por parte de esta judicatura constitucional. Tales aspectos son los que conciernen a la suspensión de los derechos políticos y civiles del quejoso, al decomiso de las armas aseguradas, y la amonestación al sentenciado. Esto, por virtud de que la suspensión de derechos políticos y civiles, tiene su fundamento en los artículos 30, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 45, fracción I y 46 del Código Penal Federal, respectivamente. Además, el decomiso de las armas aseguradas y la amonestación al sentenciado, ordenadas por el Magistrado responsable son de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 42 del Código Penal Federal. En tales circunstancias, es de concederse el amparo solicitado, a efecto de que en función de lo considerado en la presente ejecutoria, el Magistrado responsable proceda a dejar insubsistente el fallo reclamado, y pronuncie uno nuevo en el cual, haciendo reiteración de las cuestiones que no entrañan menoscabo de los derechos del justiciable, en cambio, por lo que se refiere a la punición (prisión y multa), aunque habrá de persistir el grado mínimo de culpabilidad determinado en la sentencia reclamada, porque por debajo de tal graduación ya no se puede ubicar al sentenciado, empero, deberá prescindir de cualquier postura que se encamine a la apreciación de un concurso real de delitos, porque en todo caso, el acto sancionatorio se sujetará al contexto interpretativo puntualizado en este fallo. Con la precisión, también, de que no podrá soslayarse que la ‘pena correspondiente’, en principio será la atinente a la portación de arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, por ser la mayor, a la cual se sumará lo que se relacione con la portación sin licencia, ya que finalmente, en la tesitura de exacta aplicación de la ley y de la interpretación más favorable, se trata de un concurso ideal, acorde a los artículos 18 y 64 del Código Penal Federal. Debiendo precisarse igualmente, que en cuanto al tema de los beneficios y sustitutivos penales, dada su relación con el quántum de la pena de prisión resultante, quedará a cargo del Magistrado responsable retomar el estudio de tales cuestiones. En el entendido de que la concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, de conformidad con la jurisprudencia 88, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que a la letra dice: ‘AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.’ (se transcribe)."
El anterior criterio dio origen a la tesis aislada de rubro: "CONCURSO IDEAL DE DELITOS. DEBEN SEGUIRSE SUS REGLAS Y NO LAS DEL CONCURSO REAL, SI EL ACUSADO FUE CONDENADO POR LOS ILÍCITOS DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA Y DE PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA POR HABERLOS COMETIDO EN UN MISMO ACTO, EN APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PRO PERSONA Y DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY."(1)
CUARTO. Existencia de la contradicción. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, f
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24988-e5b775d9/concurso-ideal-de-delitos-se-actualiza-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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