SECUESTRO. LAS AUTORIDADES LOCALES ENCARGADAS DE SU INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DEBEN APLICAR EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NO EL LOCAL, CUANDO ANALICEN ASPECTOS SUSTANTIVOS NO PREVISTOS EN LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN ESA MATERIA (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 12 DE DICIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, MARIO ARIEL ACEVEDO CEDILLO, MIGUEL ÁNGEL MEDÉCIGO RODRÍGUEZ, OLGA ESTREVER ESCAMILLA, SILVIA CARRASCO CORONA, MARÍA ELENA LEGUÍZAMO FERRER, LILIA MÓNICA LÓPEZ BENÍTEZ, JOSÉ PABLO PÉREZ VILLALBA, IRMA RIVERO ORTIZ DE ALCÁNTARA Y CARLOS HUGO LUNA RAMOS. PONENTE: SILVIA CARRASCO CORONA. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ DÍAZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de doce de diciembre de dos mil diecisiete.
VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 3/2017.
RESULTANDO:
PRIMERO.-Antecedentes y trámite.
I. El veintiuno de abril de dos mil diecisiete, el Magistrado Ricardo Paredes Calderón, entonces integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denunció ante el presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, la existencia de una posible contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, con el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia y sede, al resolver los diversos expedientes que dieron lugar a la jurisprudencia I.3o.P. J/2 (10a.), de título y subtítulo:
"PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), REGULADO EN LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EN RELACIÓN CON ASPECTOS SUSTANTIVOS DE ESTE DELITO NO PREVISTOS EN DICHA LEY ESPECIAL, LOS JUECES DEL FUERO COMÚN NO DEBEN APLICAR LOS CÓDIGOS PENALES LOCALES, SINO LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 17 DE JUNIO DE 2016)."(1)
II. Por auto de veinticuatro de abril siguiente, el presidente del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito admitió la denuncia de contradicción de tesis, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número **********, y requirió a las presidencias del Primer y del Tercer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, remitieran copia certificada de las ejecutorias relativas a la contradicción, e informaran si el criterio sustentado en dichos asuntos, aún se encontraba vigente, superado o abandonado (los que en su oportunidad indicaron que sí se encontraba vigente su respectiva postura sobre el tópico).
A su vez, se giró oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que informara si existía o no alguna contradicción de tesis radicada en ese Alto Tribunal sobre la materia de la presente contradicción de tesis; la que mediante comunicado de quince de mayo pasado, precisó que no advirtió la existencia de contradicción sobre dicha materia radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO.-En proveído de dos de junio posterior, se dispuso que se turnara el asunto a la Magistrada Silvia Carrasco Corona para la formulación del proyecto de resolución respectivo, en términos de los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; el que fue elaborado en su oportunidad, ante lo cual, seguido el trámite relativo, se señaló para su discusión en sesión de Pleno el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.
Data precedente en la que, previo a su discusión, el señor Magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito informó que dicho órgano contendiente, ahora bajo su nueva integración, se apartó del criterio que sustentaba dicho órgano colegiado y que dio origen a la presente contradicción, ello al resolver recientemente en sentido contrario (en los amparos directos ********** y **********); circunstancia que en su oportunidad también informó el Magistrado presidente del aludido Tribunal Colegiado de Circuito.
De manera sucesiva, en uso de la voz, la Magistrada integrante del Pleno Irma Rivero Ortiz de Alcántara acotó que en el Noveno Tribunal Colegiado en la misma materia y sede al que pertenece, en ejecutoria reciente (DP. **********), sostuvieron criterio similar al asumido inicialmente por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de referencia (al resolver la RP. **********), lo cual informaba para los efectos legales conducentes.
Por ello, el Tribunal Pleno de Circuito, por unanimidad de votos de sus integrantes, determinó aplazar la resolución del presente asunto para verse en la sesión más próxima, ello ante el patente abandono de la postura contendiente deducida del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; sin embargo, al considerar el surgimiento de un factible criterio contrario al sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia y sede, y ante la imperiosa necesidad de resolver el diferendo interpretativo surgido entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, y en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica, se determinó, en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reanudar el trámite al procedimiento de la presente contradicción, a fin de incorporar el criterio pretendidamente contendiente del Noveno Tribunal en cita para resolver lo conducente en la temporalidad más próxima posible.
Razonamientos de este Pleno de Circuito que darán lugar a una tesis aislada, al no resolver la temática de esta contradicción, pero que se estima un tópico relevante y orientador, de acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 218 de la Ley de Amparo,(2) aun cuando no lleguen a formar jurisprudencia, al no tener este Pleno la facultad de formular jurisprudencia por reiteración, en términos de los preceptos 222, 223, 224 y 225 de la citada legislación.(3)
De ahí que una vez que se integraron los elementos probatorios relativos y suficientes para la solución de este conflicto, se generó el proyecto que fue distribuido en su oportunidad a los Magistrados integrantes de este Pleno para discutirse en la sesión de esta fecha.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno de Circuito es legalmente competente para resolver la presente contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación de los denunciantes. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en tanto que fue formulada, la primordial, por el Magistrado Ricardo Paredes Calderón, entonces integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, y la subsecuente también por la Magistrada integrante del Pleno Irma Rivero Ortiz de Alcántara adscrita al Noveno Tribunal Colegiado en la misma materia y sede, ambos facultados para denunciar los criterios contradictorios sostenidos entre los Tribunales Colegiados del Circuito, de conformidad con el precepto 226, fracción III, en relación con el 227, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.
Cabe acotar que si bien es cierto, como se destacó, la denuncia inicial dio origen a la presente contradicción, y que durante la sesión precedente uno de los tribunales contendientes precisó que abandonó el criterio que esbozaba, lo que en primera línea determinaría resolver la presente bajo dicho aspecto; no menos cierto lo es que, también en la propia plenaria se informó que diverso órgano jurisdiccional ha asumido el criterio en similares condiciones; por lo que, previo trámite correspondiente, se incorporó a la presente denuncia, el aludido criterio; de ahí que, en aras de salvaguardar el principio de seguridad jurídica y conforme a los fines estatuidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es procedente el estudio del nuevo diferendo destacado.
TERCERO.-Existe motivo para declarar sin materia esta contradicción de tesis, por lo que hace a la denuncia inicialmente formulada respecto de los criterios sostenidos entre el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito.
En efecto, primeramente, debe destacarse que, en la especie, el problema medular a dilucidar es la factibilidad o no de la supletoriedad normativa de los Códigos Penales sustantivos de las diversas entidades del país, en vinculación con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, respecto de tópicos diversos a la previsión y sanción de los delitos previstos en dicha ley especial, que no se encuentren en ella establecidos.
Así, sobre el tema, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo en revisión **********, en lo que aquí interesa, precisó que en términos del numeral 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro (vigente hasta el 17 de junio de 2016),(4) Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(5) congruente con la reforma constitucional sobre el tema, que desde el cuatro de mayo de dos mil nueve reservó exclusivamente la competencia al Congreso de la Unión para legislar en materia de secuestro, era factible establecer que el Código Penal local (en la especie, de la Ciudad de México), en lo relativo a ese delito, esto es, en cuanto a la precisión de las conductas reprochables y la consecuencia jurídica por su comisión -tipo penal y sanción-, quedaron derogadas, conforme a los artículos transitorios segundo de la reforma constitucional, tercero y quinto de la ley en comento; empero, el hecho de que la segunda parte del artículo en comento, estableciera la aplicación del Código Penal Federal (y otras del mismo ámbito "federal"), no significaba que, cuando tuviera competencia la autoridad judicial local debía aplicar ese código punitivo federal, para todo lo relacionado con los diversos aspectos inherentes a la parte general del derecho sustantivo penal (verbigracia, intervención delictiva, forma de consumación o comisión dolosa o culposa).
Lo anterior, según el Primer Tribunal, porque a partir de la reforma constitucional y la emisión de la ley especial de secuestro, única y exclusivamente, dejó de tener facultad el legislador estatal para la creación de tipos penales y su sanción en materia de secuestro, pero ello no derogó el resto de la legislación sustantiva penal del fuero común, en cuanto a la parte general de los ordenamientos penales locales y aplicable, precisamente, en el ejercicio de su competencia, pues la citada reforma reservó la facultad a la creación de delitos en la materia, de modo que la reforma no traía como consecuencia hacer inaplicable el resto de las disposiciones de los Códigos Penales de las entidades federativas, en aspectos de derecho sustantivo penal distintos al establecimiento del tipo penal y su sanción.
Máxime, destacó, si se consideraba que la Ley General no contempla disposiciones legales relacionadas con la parte general del derecho sustantivo penal, ni para el ámbito federal, ni para el local, de modo que en los casos en que las autoridades del fuero común tuvieran competencia para conocer y resolver los delitos de secuestro (en términos del segundo párrafo del artículo 23(6) de la referida ley), subsistía como aplicable el código sustantivo penal de la entidad, siempre y cuando fueran disposiciones legales que no se opusieran a las de la ley especial de secuestro.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó en la ejecutoria que, como último precedente, dio origen a la jurisprudencia, con el título y subtítulo: "PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), REGULADO EN LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EN RELACIÓN CON ASPECTOS SUSTANTIVOS DE ESTE DELITO NO PREVISTOS EN DICHA LEY ESPECIAL, LOS JUECES DEL FUERO COMÚN NO DEBEN APLICAR LOS CÓDIGOS PENALES LOCALES, SINO LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 17 DE JUNIO DE 2016)."; que derivado de la reforma constitucional que otorgó al Congreso de la Unión, la facultad para expedir una Ley General en Materia de Secuestro (con el propósito de establecer como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal -hoy Ciudad de México-, los Estados y Municipios); y que una vez creada y publicada dicha Ley General, se previeron diversos ordenamientos de aplicación supletoria.
Por ende, concluyó el antecitado tribunal, que no era factible observar y aplicar la legislación penal sustantiva local, pues para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serían aplicables, solamente, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados.
Así que, señaló el tribunal, si bien es cierto que en relación con los delitos vinculados al secuestro, las autoridades del fuero común pueden conocer y resolver de aquellos delitos atinentes a dicha materia (que no sean del conocimiento de la Federación), también lo es que tales autoridades en lo relativo a la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento, se encuentran sujetas a observar y aplicar únicamente los dispositivos legales previstos en el artículo 2 de la mencionada Ley General, lo que excluye la aplicación de su ordenamiento sustantivo penal local y, por ende, en los aspectos (sustantivos) diversos al tipo penal y de previsión de sanción, debe atenderse al libro primero del Código Penal Federal.
Empero, a pesar del diferendo anterior, lo cierto es que, como se destacó en los resultandos precedentes, durante la tramitación de esta contradicción de tesis, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito se separó del criterio que le dio lugar, ello al resolver los juicios de amparo directo DP. ********** y DP. **********, cuyos textos, en lo que interesa, dicen:
Por cuanto al amparo directo DP. **********, resuelto en sesión de veintitrés de octubre pasado, se advierte:
"En efecto, es menester destacar que el cuatro de mayo de dos mil nueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reformó el párrafo primero de la fracción XXI del numeral 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual, se otorgó al Congreso de la Unión, la facultad para expedir una Ley General en Materia de Secuestro, con el propósito de establecer como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal -hoy Ciudad de México-, los Estados y Municipios.
"Ello, con la finalidad de establecer la concurrencia entre los diferentes niveles de Gobierno, fijando el ámbito de actuación de los Estados y la Federación, señalando, además, los espacios donde debe generarse la coordinación y proporcionando un marco para la identificación de autoridades responsables, y en su caso, para el ejercicio de las facultades de atracción; es decir, con la reforma constitucional señalada se pretendieron fijar las bases para el establecimiento de una política criminal integral en materia de secuestro, que permita una acción efectiva y coordinada del Estado Mexicano en la prevención, persecución, sanción y combate contra el mencionado delito.
"Posteriormente, el treinta de noviembre de dos mil diez, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual cobró vigencia a los noventa días de su publicación, según lo dispuesto por el artículo transitorio primero del decreto, esto es, el uno de marzo de dos mil once.
"En la exposición de motivos se estableció su carácter especial, en tanto delimita los delitos de materia de secuestro, así como sus sanciones, previéndose como disposiciones de aplicación el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública; en esa tesitura, queda de manifiesto que su aplicación, como su propia denominación lo indica, es general, lo que implica su obligatoriedad en la esfera de competencia federal como local; ámbitos de validez diferenciados respecto de los cuales cierta legislación se encarga de distribuir competencias.
"Por lo que resulta relevante destacar lo previsto en los artículos 1, 2 y 23, así como primero transitorio de la citada normatividad -vigente en la época de los hechos- que textualmente establecen: (se transcriben)
"Por otra parte, cabe señalar que los artículos 1, 2 y 23 de la Ley General en estudio fueron modificados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, a fin de armonizar su contenido con el sistema penal acusatorio; sin embargo, por disposición del artículo segundo transitorio del decreto que contiene las modificaciones, se establece que los procedimientos que se encuentren en trámite, relacionados con las modificaciones a los preceptos legales contemplados en ese decreto, se resolverán de conformidad con las disposiciones que les dieron origen.
"De la transcripción se advierte que el objeto de la ley es el establecer los tipos y punibilidades en materia de secuestro, así como asignar la competencia en relación con los casos en que las autoridades federales y del fuero común deban conocer de los delitos relacionados con citada materia. En consecuencia, atendiendo a los hechos antes narrados y por los cuales fue sentenciado **********, se constata que, efectivamente, éstos son competencia de la autoridad local, pues no encuadraron en los supuestos previstos del artículo 23 previamente referido.
"No obstante, si bien fue correcto que la causa instruida al quejoso se iniciara y concluyera con sentencia condenatoria dictada por una autoridad judicial de la Ciudad de México, así como el hecho de que el recurso que dio génesis a la sentencia que por la vía constitucional se controvierte fuera resuelto por una Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta capital, ello en forma alguna implica que esta última se encontrara compelida a observar y aplicar en el caso sujeto a estudio -privación de libertad en su modalidad de secuestro exprés-, la legislación penal sustantiva para esta entidad, pues acorde con lo previsto en el numeral 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -vigente en la época de los hechos-, para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados.
"Luego, si la citada ley reglamentaria prevé la conducta ilícita atribuida al quejoso, así como la sanción correspondiente, resultó correcto que su análisis se fundara y motivara en los artículos 9, fracción I, inciso d), 10, fracción I, inciso b) (quienes lo lleven a cabo en grupo de más de dos personas), ambos del aludido ordenamiento; empero, la autoridad responsable se encontraba impedida, para sustentar cualquier otra cuestión de índole sustantiva en el Código Penal para la Ciudad de México.
"Lo anterior, toda vez que, como bien lo establece el artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, la autoridad responsable, que en el caso es del fuero local, debe aplicar únicamente los cuerpos normativos que permite la Ley General citada -en el caso el Código Penal Federal-; dado que los Jueces del fuero común no deben aplicar los Códigos Penales locales, en aspectos sustantivos, como son las formas de comisión (dolo), causas de exclusión del delito, participación, entre otras, en el delito a estudio; pues debido al carácter especial de la ley reglamentaria, ésta no permite la aplicación de la legislación penal sustantiva local.
"Sin que obste que acorde con el artículo 7 de la precitada legislación especializada, ésta se debe aplicar a los delitos del fuero común que se comentan en esta ciudad; ello, en razón de que derivado de la competencia que se le otorgó al Congreso de la Unión para legislar en materia de secuestro, circunstancia que quedó precisada, pues de manera clara estableció cuáles son las legislaciones aplicables para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento.
"Aunado a lo expuesto, el artículo 14 del Código Penal local señala que cuando se cometa un delito que no esté previsto dentro de su contenido, pero que sí esté estipulado en una ley especial de la Ciudad de México, se debe aplicar la segunda.
"Por lo que de lo anterior, se advierte que en el caso a estudio se aplicó indebidamente el Código Penal local, pues la ley especial que prevé los tipos del delito de secuestro y su sanción, no es una ley local, en la competencia exclusiva asignada al Congreso de la Unión para legislar en esa materia.
"Además, del primer párrafo del artículo 6o. del Código Penal Federal, se advierte que en el caso de cometerse un delito no previsto en ese código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional, se aplicarán esos, siempre atendiendo las disposiciones del libro primero de dicho código.
"Por tanto, si bien acorde con los supuestos de competencia previstos en el artículo 23 de Ley Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución relativa a los delitos vinculados al secuestro, las autoridades del fuero común deben conocer y resolver de aquellos delitos atinentes a la materia que no sean del conocimiento de la Federación, tales autoridades en lo relativo a la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento, se encuentran sujetas a observar y aplicar únicamente los dispositivos legales previstos en el artículo 2 de la mencionada Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
"En esa tesitura, se advierte que la resolución reclamada se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues aun cuando la Sala responsable estableció los preceptos legales de la citada ley, en los cuales encuadró la conducta ilícita atribuida al aquí quejoso, de manera inexacta analizó el resto de la parte sustantiva (formas de comisión, participación y causas de exclusión del delito e individualización de las penas, concesión de sustitutivos y suspensión de derechos y en general cualquier aspecto relativo a la sanción del delito acreditado) en el Código Penal para esta ciudad, no obstante que para tales aspectos, debió atender a lo previsto en el libro primero del Código Penal Federal, ello, debido al carácter especial de la ley reglamentaria en cuestión, a más de que el ordenamiento no permite a la autoridad judicial la aplicación del derecho sustantivo de la entidad.
"Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a **********, contra la sentencia de veinticuatro de octubre de dos mil catorce, emitida en el toca **********, por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y con plenitud de jurisdicción emita otra, en la que purgue los vicios de forma precisados con antelación; esto es, que en ejecución a esta sentencia emita otra en la que deberá plasmar el análisis del delito y la responsabilidad penal del ahora quejoso en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, lo relativo a la forma de comisión, participación, grado de ejecución, causas de exclusión del delito, individualización de la pena, concesión o negativa de beneficios y en general todos aquellos aspectos sustantivos no previstos en la legislación especial en estricto apego al principio de legalidad, deberá aplicar el Código Penal Federal; lo anterior, en el entendido de que no podrá agravar la situación jurídica del quejoso en atención al principio non reformatio in peius."
Respecto del diverso amparo directo DP. **********, resuelto en sesión de diecisiete de noviembre pasado, se advierte:
"En efecto, es menester destacar que el cuatro de mayo de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reformó el párrafo primero de la fracción XXI del numeral 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se otorgó al Congreso de la Unión, la facultad para expedir una Ley General en Materia de Secuestro, con el propósito de establecer como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal -hoy Ciudad de México-, los Estados y Municipios.
"Ello, con la finalidad de establecer la concurrencia entre los diferentes niveles de Gobierno, fijando el ámbito de actuación de los Estados y la Federación, señalando además, los espacios donde debe generarse la coordinación y proporcionando un marco para la identificación de autoridades responsables, y en su caso, para el ejercicio de las facultades de atracción; es decir, con la reforma constitucional señalada se pretendieron fijar las bases para el establecimiento de una política criminal integral en materia de secuestro, que permita una acción efectiva y coordinada del Estado Mexicano en la prevención, persecución, sanción y combate contra el mencionado delito.
"Posteriormente, el treinta de noviembre de dos mil diez, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual cobró vigencia a los noventa días de su publicación, según lo dispuesto por el artículo transitorio primero del decreto, esto es, el uno de marzo de dos mil once.
"En la exposición de motivos se estableció su carácter especial, en tanto delimita los delitos de materia de secuestro, así como sus sanciones, previéndose como disposiciones de aplicación el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General del Sistema de Seguridad Pública; en esa tesitura, queda de manifiesto que su aplicación, como su propia denominación lo indica, es general, lo que implica su obligatoriedad en la esfera de competencia federal como local; ámbitos de validez diferenciados respecto de los cuales cierta legislación se encarga de distribuir competencias.
"Por lo que resulta relevante destacar lo previsto en los artículos 1, 2 y 23, así como primero transitorio de la citada normatividad -vigente en la época de los hechos- que textualmente establecen: (se transcriben)
"Por otra parte, cabe señalar que los artículos 1, 2 y 23 de la Ley General en estudio fueron modificados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, a fin de armonizar su contenido con el sistema penal acusatorio; sin embargo, por disposición del artículo segundo transitorio del decreto que contiene las modificaciones, se establece que los procedimientos que se encuentren en trámite, relacionados con las modificaciones a los preceptos legales contemplados en ese decreto, se resolverán de conformidad con las disposiciones que les dieron origen.
"De la transcripción se advierte que el objeto de la ley es el establecer los tipos y punibilidades en materia de secuestro, así como asignar la competencia en relación con los casos en que las autoridades federales y del fuero común deban conocer de los delitos relacionados con la citada materia. En consecuencia, atendiendo a los hechos antes narrados y por los cuales fue sentenciado **********, se constata que efectivamente, éstos son competencia de la autoridad local, pues no encuadraron en los supuestos previstos del artículo 23 previamente referido.
"No obstante, si bien fue correcto que la causa instruida al quejoso se iniciara y concluyera con sentencia condenatoria dictada por una autoridad judicial de la Ciudad de México, así como el hecho de que el recurso que dio génesis a la sentencia que por la vía constitucional se controvierte fuera resuelto por una Sala del Tribunal Superior de Justicia de esta capital, ello en forma alguna implica que esta última se encontrara compelida a observar y aplicar en el caso sujeto a estudio -privación ilegal de libertad en su modalidad de secuestro exprés con fines de robo agravado-, la legislación penal sustantiva para esta entidad, pues acorde con lo previsto en el numeral 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27747-17fb2491/secuestro-las-autoridades-locales-encargadas-de-su-investigacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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