SUPLETORIEDAD EN CASOS DE SECUESTRO. LAS AUTORIDADES JUDICIALES LOCALES COMPETENTES DEBEN APLICAR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DE SU ENTIDAD, Y SÓLO A FALTA DE REGULACIÓN SUFICIENTE, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA DE 17 DE JUNIO DE 2016).
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 93/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO, EL TERCER, EL CUARTO, EL QUINTO, EL SEXTO, EL SÉPTIMO, EL OCTAVO, EL NOVENO Y EL DÉCIMO TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE MARZO DE 2024. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA EMMA MEZA FONSECA Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MAGISTRADO SAMUEL MERAZ LARES. SECRETARIA: ARELY PECHIR MAGAÑA.
V. COMPETENCIA
13. Este Pleno Regional es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte, de conformidad con los artículos 94, párrafo primero, 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 12, 14, fracción I, 43 a 46 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los plenos regionales.(1)
14. Lo anterior, porque se trata de criterios emitidos por tribunales pertenecientes a la Región Centro-Norte en asuntos del orden penal, materia y jurisdicción correspondiente a la de este Pleno Regional.
VI. LEGITIMACIÓN
15. La presente denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(3) al haber sido formulada por la Magistrada Presidenta del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito –órgano que emitió la resolución correspondiente a la sentencia del amparo directo 68/2023, de su índice–.
VII. INEXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
16. Este Pleno Regional advierte que no existe la contradicción de criterios denunciada, entre los ejercicios realizados por el Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo, Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, respecto del sostenido por el homólogo órgano denunciante, Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
17. En primer lugar, se debe destacar que la presente contradicción de criterios tiene su origen en causas instruidas a los diversos quejosos –sistema mixto–, que iniciaron y concluyeron con una sentencia condenatoria dictada por una autoridad judicial de la Ciudad de México, propiciando la interposición de los recursos de apelación que dieron génesis a las sentencias resueltas por distintas Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mismas que por la vía constitucional directa se controvirtieron, los cuales fueron del conocimiento de Tribunales Colegiados de Circuito, aquí contendientes.
18. Sin embargo, de las resoluciones sometidas a consideración de este órgano colegiado, resueltas por los tribunales anteriormente enunciados, no se advierte un punto de toque o contacto que permita determinar la existencia de un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico.
19. Lo anterior, se afirma, toda vez que si bien mediante oficio **********, el Tribunal Colegiado de Circuito denunciante, informó que resolvió en el sentido de que en casos de procesos penales tradicionales del fuero común atinentes a delitos contemplados por alguna Ley General –en ese caso la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–, se debe aplicar el Código Penal Federal en la parte sustantiva y el Código Federal de Procedimientos Penales en lo adjetivo –incluyendo la valoración de pruebas–; sin embargo, este Pleno Regional advierte que los criterios sostenidos por los órganos mencionados en párrafos anteriores, no se oponen al criterio sostenido por el Tribunal Colegiado denunciante.
20. Ello es así ya que los órganos señalados –incluido el Tribunal denunciante–, son coincidentes en analizar casos relacionados con el delito de secuestro exprés agravado previsto en la Ley General respectiva, además, reconocen la naturaleza de dicha legislación como de carácter especial para establecer los tipos penales y punibilidades en materia de secuestro.
21. Asimismo, consideraron correcto que las autoridades judiciales locales apliquen la aludida Ley General para determinar la actualización del tipo penal atribuido, así como las sanciones correspondientes.
22. Además, indicaron que de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la referida Ley General, opera la aplicación supletoria del Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y los códigos procesales locales, de modo que precisaron que ante aspectos sustantivos no previstos en la legislación especial antisecuestros, tales como formas de comisión del delito, participación delincuencial, excluyentes de responsabilidad, individualización de las penas y suspensión de derechos, entre otros, las autoridades judiciales del fuero común deben acudir al Código Penal Federal y no a los códigos sustantivos locales.
23. No obstante, los criterios emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito, de quienes se presume la inexistencia de confrontación de criterios,(4) con el órgano denunciante,(5) no abordaron de manera explícita la cuestión adjetiva y, por consiguiente, no se pronunciaron respecto a la legislación que debe ser aplicada en dichos casos, centrándose exclusivamente en la parte sustantiva. Es decir, se enfocaron en la aplicación del Código Penal Federal para aspectos no contemplados en la supra citada Ley General, postura que de ninguna forma contradice la posición sostenida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
24. Para verificar la inexistencia de la presente contradicción, este Pleno Regional se apoya en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE INEXISTENTE CUANDO LA DISPARIDAD DE LOS CRITERIOS PROVIENE DE TEMAS, ELEMENTOS JURÍDICOS Y RAZONAMIENTOS DIFERENTES QUE NO CONVERGEN EN EL MISMO PUNTO DE DERECHO. Para que exista contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, es necesario que: 1) Los Tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; y, 2) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto en común, es decir, que exista al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, como el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general. En ese tenor, si la disparidad de criterios proviene de temas, elementos jurídicos y razonamientos diferentes, que no convergen en el mismo punto de derecho, la contradicción de tesis debe declararse inexistente."
25. Igualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la contradicción de tesis 36/2007-PL,(7) que la existencia de la contradicción de criterios debe estar condicionada a que se sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.
26. Lo que determina que dicha discrepancia se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos divergentes sobre un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas iguales.
27. En ese sentido, la finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada la figura jurídica de la contradicción de criterios en la Constitución y su regulación en la Ley de Amparo.
28. Ahora bien, no pasa inadvertido que incluso los enunciados Tribunales Colegiados –incluido el denunciante– apoyaron sus consideraciones en la jurisprudencia PC.I.P. J/42 P (10a.) emitida por el entonces Pleno en Materia Penal del Primer Circuito de rubro siguiente: "SECUESTRO. LAS AUTORIDADES LOCALES ENCARGADAS DE SU INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DEBEN APLICAR EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NO EL LOCAL, CUANDO ANALICEN ASPECTOS SUSTANTIVOS NO PREVISTOS EN LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN ESA MATERIA (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016)."(8)
29. De modo que, se tiene no solo una falta de divergencia sobre la normatividad aplicable para los aspectos sustantivos, en la que se itera, todos los tribunales se pronunciaron en el mismo sentido, a saber, que resulta aplicable el Código Penal Federal; sin embargo, no debe soslayarse que una contradicción de criterios encuentra su génesis en discrepancias fundamentales que generen confusiones o conflictos interpretativos.
30. En este caso, la discrepancia se limita a la aplicación de la ley en cuestiones adjetivas, lo cual no afecta la concordancia en los aspectos sustantivos. Dicho de otro modo, ninguna de las resoluciones emitidas por los órganos mencionados, contravienen entre sí.
31. También, resulta aplicable la tesis jurisprudencial de rubro y textos siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO ANTE LA FALTA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO DE UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS, PRETENDE ATRIBUÍRSELE UN CRITERIO TÁCITO QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE INDUBITABLE. Si dos Tribunales Colegiados al analizar un mismo problema jurídico llegan a conclusiones divergentes derivadas de las circunstancias propias de cada uno de los casos sometidos a su conocimiento y no del hecho de que hayan sustentado criterios discrepantes, es claro que tal análisis no se efectuó bajo el examen de los mismos elementos, por lo que la emisión de tales conclusiones no da lugar a considerar que exista una contradicción de tesis, pues para ello se requiere que el criterio del tribunal sea implícito y pueda deducirse indubitablemente, de conformidad con la tesis 2a. LXXVIII/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que si la falta de pronunciamiento expreso no permite descubrir, de manera indubitable, cuál fue el criterio implícito del tribunal, no es correcto configurar, de manera presuntiva, la contradicción, pues con ello se daría a la ejecutoria mayores alcances de los que fueron objeto de análisis en los casos resueltos."(9)
32. De lo hasta aquí expuesto, se puede afirmar que los contendientes Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y Séptimo, todos Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito no se pronunciaron expresamente sobre la cuestión relativa a la aplicación legal adjetiva, por ello, no se puede inferir indubitablemente de sus resoluciones que hayan fijado una postura en algún sentido sobre dicho aspecto.
33. Esta conclusión, se respalda en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en párrafos precedentes, la cual establece que no se puede atribuir un criterio tácito a un tribunal cuando no se pronuncia expresamente sobre un tema.
34. En efecto, la jurisprudencia 2a./J. 134/2005, enfatiza que para que haya contradicción de tesis, se requiere que los tribunales hayan analizado el mismo problema jurídico bajo los mismos elementos y que sus criterios discrepantes sean implícitos, es decir, que puedan deducirse de manera indubitable. Además, destaca que si la falta de un pronunciamiento expreso impide descubrir claramente cuál fue el criterio implícito del tribunal, no es apropiado asumir presuntivamente la existencia de contradicción.
35. De esta manera, todo lo anterior resulta insuficiente para concluir que existe contradicción de criterios, ya que el Noveno Tribunal Colegiado –quien presentó la denuncia respectiva– emitió un pronunciamiento específico respecto a qué ley debe aplicarse en cuestiones adjetivas y cuál en aspectos sustantivos. Sin embargo, los tribunales homólogos Segundo, Tercero, Cuarto, Sexto y Séptimo, todos Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, se limitaron a pronunciarse únicamente sobre los aspectos sustantivos, sin abordar cuestiones de carácter adjetivo ni la legislación aplicable en dichos casos. Es decir, no entraron en detalle sobre el mismo punto de análisis respecto a este tema, lo que implica que no ha habido un punto de toque que refleje una interpretación diferente sobre un mismo problema jurídico.
36. Por tanto, la especificidad que realizó el Noveno Tribunal en Materia Penal del Primer Circuito, al abordar la aplicabilidad normativa respecto de cuestiones adjetivas, indica que su pronunciamiento tiene un alcance particular y no necesariamente contradice las conclusiones de los otros tribunales al analizar la aplicabilidad de la ley en los aspectos sustantivos, por lo que no hay contradicción de criterios entre los órganos previamente señalados.
37. Ahora bien, por cuanto hace a la contradicción entre los criterios sostenidos por el Quinto y Noveno, Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito, de igual forma, ambos coincidieron en la aplicación supletoria del Código Penal Federal en cuestiones sustantivas. Sin embargo, este Pleno Regional advierte que no existe la contradicción de criterios respecto de las posturas sostenidas por los órganos antes señalados.
38. Para evidenciar lo anterior, resulta importante examinar los argumentos y consideraciones que fueron tomados en cuenta por dichos órganos respecto a la normativa aplicable en cuanto a los aspectos adjetivos, conforme a lo siguiente:
A) Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo en revisión 68/2023 de su índice, abordó un caso relacionado con el delito de secuestro exprés, y contrariamente señaló que la Sala responsable aplicó incorrectamente el Código de Procedimientos Penales local en la valoración de pruebas, cuando en su lugar, debió aplicar el Código Federal de Procedimientos Penales, según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sostuvo que dicha normatividad general reglamenta la facultad exclusiva del Congreso para legislar sobre secuestro y que, por ende, las autoridades locales deben aplicar de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Penales en aspectos adjetivos.
B) Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo directo en revisión 30/2023 de su estadística, partió de la premisa de que el delito que constituía el punto central de su análisis era el de trata de personas, previsto y sancionado por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Concluyó que la sentencia reclamada presentaba vicios formales y una indebida fundamentación y motivación, infringiendo los derechos elementales de legalidad y seguridad jurídica.
Si bien, su análisis coincide con la postura del tribunal denunciante al sustentar que en todos aquellos aspectos sustantivos no regulados en la Ley General, era correcta la aplicación supletoria del Código Penal Federal. No obstante, su crítica se enfocó en cuestionar la aplicación del Código Federal de Procedimientos Penales por parte de la Sala responsable, específicamente en lo relativo a los elementos adjetivos o procesales.
Lo anterior, pues a su juicio, la legislación procesal aplicable debía regirse por el fuero de la autoridad judicial rectora del proceso –en ese caso, fuero común–, y aunque reconoció la posibilidad de la autoridad competente para procesar y juzgar el delito de trata de personas en el fuero federal o local, consideró que en efecto, la legislación sustantiva aplicable de manera supletoria debe ser el Código Penal Federal, mientras que la normativa adjetiva debe regirse por el Código de Procedimientos Penales del fuero que rige la actuación del juez.
Asimismo, reconoció que a pesar de que el artículo 9 de la Ley General antes mencionada, que prevé la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Penales en materia de investigación y procedimiento, las reglas generales de investigación y procedimiento están contenidas en un código procesal. En este sentido, insistió en que, para la Ciudad de México, existe una normatividad procesal propia y por tanto fue incorrecto que la Sala responsable aplicara el Código Federal de Procedimientos Penales, cuando ya existía una norma procesal local que debía regir el actuar de la autoridad.
Por tanto, dijo que la decisión de la Sala responsable de aplicar el Código Federal de Procedimientos Penales en materia de investigación y procedimiento fue equivocada, dado que resulta innecesario recurrir a una normativa procesal federal cuando ya existe una legislación local que debe regir la actuación de la autoridad en casos de trata de personas.
Finalmente, concluyó que la sentencia reclamada vulneraba los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, por lo que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efecto de que la responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y emitiera otra en la que se reiterara el análisis de los aspectos sustantivos en el Código Penal Federal, pero aplicando el Código de Procedimientos Penales para la Ciudad de México, en los aspectos procesales o sustantivos, sin poder agravar la situación jurídica de la impetrante.
39. De lo hasta aquí expuesto se advierte en primer lugar que, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, analizó un caso relacionado con el delito de trata de personas,(10) mientras que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, trató un asunto sobre el delito de secuestro exprés.(11)
40. Ciertamente, ambos tribunales examinaron la cuestión de qué legislación debe aplicarse de manera supletoria para cuestiones sustantivas y adjetivas en casos específicos relacionados con delitos como secuestro exprés y trata de personas, –mismos que cuentan cada uno con su Ley General específica–; sin embargo, cada análisis se hizo atendiendo a los distintos tipos de delitos, y aunque ambos coincidieron en la aplicación supletoria del Código Penal Federal en cuestiones sustantivas, difirieron en cuanto a la legislación adjetiva aplicable, lo que condujo a conclusiones opuestas sobre este tópico, esto es, si para cuestiones procesales o adjetivas, era pertinente la aplicabilidad del Código Federal de Procedimientos Penales, o bien, el Código de Procedimientos Penales local.
41. En efecto, el Quinto Tribunal Colegiado cuestionó la aplicación del Código Federal de Procedimientos Penales por parte de la Sala responsable en aspectos adjetivos o procesales. Argumentó que la legislación procesal debe estar acorde con el fuero de la autoridad judicial rectora del proceso, más aún cuando en el caso de la Ciudad de México, existe una normativa procesal propia que debe prevalecer sobre la federal.
42. Por otro lado, el Noveno Tribunal Colegiado sostuvo que la Sala responsable aplicó incorrectamente el Código de Procedimientos Penales local en la valoración de pruebas, argumentando que debió aplicar el Código Federal de Procedimientos Penales según la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, pues señaló que las autoridades locales deben aplicar de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Penales en aspectos adjetivos, ya que se advierte claramente la facultad exclusiva del Congreso para legislar sobre secuestro. 43. Sin embargo, primeramente, es importante tener en cuenta que el artículo 9 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos –vigente en la época de los hechos–, establece lo siguiente:
"Artículo 9. En todo lo no previsto en materia de investigación, procedimientos y sanciones de los delitos materia de esta Ley, las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley Federal de Extinción de Dominio y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública."
El resaltado es propio.
44. Por su parte, el artículo 2 de la diversa Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable en la época de los hechos, enuncia:
"Artículo 2. Esta Ley establece los tipos y punibilidades en materia de secuestro. Para la investigación, persecución, sanción y todo lo referente al procedimiento serán aplicables el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los códigos de procedimientos penales de los Estados.
"A falta de regulación suficiente en los códigos de procedimientos penales de las Entidades Federativas respecto de las técnicas para la investigación de los delitos regulados en esta Ley, se podrán aplicar supletoriamente las técnicas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales."
El resaltado es propio.
45. De lo expuesto anteriormente se desprende que ambos tribunales interpretaron de manera divergente dos disposiciones de leyes generales distintas en cuanto a la aplicación de la legislación adjetiva, empero, mientras en la primera de las invocadas se establece de manera clara que en lo no previsto en materia de investigación, procedimiento y sanciones, debe aplicarse el Código Federal de Procedimientos Penales de forma supletoria, en la otra de manera distinta se precisa que para todo lo referente al procedimiento serán aplicables, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados.
46. Esto es, aunque ambas leyes establecen la aplicabilidad del Código Federal de Procedimientos Penales, una de ellas admite la de un Código adjetivo local. En otras palabras, si bien estas normativas generales hacen referencia a la aplicación supletoria de ciertas disposiciones legales en caso de vacíos normativos, existen diferencias significativas en cuanto a su alcance y la inclusión de los códigos locales, como se detallará a continuación.
47. En efecto, el artículo 9 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas establece la aplicación supletoria, entre otras, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales en casos donde no estén previstos aspectos relacionados con la investigación, procedimientos y sanciones de los delitos de la ley. Sin embargo, no se evidencia una clara intención por parte del legislador de incluir los códigos locales en esta aplicación supletoria adjetiva.
48. En contraste, el artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro establece la aplicación supletoria del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, así como de los códigos de procedimientos penales de los Estados en casos relacionados con la investigación, persecución, sanción y procedimiento en materia de secuestro. Además, se destaca que en ausencia de regulación suficiente en los códigos locales respecto a las técnicas de investigación, se podrán aplicar supletoriamente las técnicas previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales.
49. Así, estas diferencias en los detalles de la supletoriedad establecida en ambas leyes demuestran que no pueden considerarse como artículos homólogos, ya que abordan aspectos distintos y presentan variaciones en sus disposiciones específicas, que dan pie a ejercicios interpretativos distintos.
50. En conclusión, si bien es cierto la contradicción de tesis se refiere a situaciones en las que dos o más tribunales sostienen criterios opuestos sobre un mismo punto jurídico, también lo es que, no tendría sentido alguno que este Pleno Regional resuelva sobre la contradicción cuando se trata de legislaciones distintas con disposiciones de la misma índole.
51. En virtud de ello, al no existir un punto de toque en las respectivas sentencias, no es factible formular una pregunta genuina, por lo que procede declarar la inexistencia de la contradicción de criterios denunciada.
52. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO LOS CRITERIOS JURÍDICOS SE BASAN EN DISPOSICIONES LEGALES DE CONTENIDO DIFERENTE. Es inexistente la contradicción de tesis cuando los Tribunales Colegiados examinan el mismo problema jurídico pero lo hacen fundándose e interpretando disposiciones legales distintas y no coincidentes, de tal suerte que, de lo sostenido por uno y otro tribunales, no puede surgir contradicción, pues para ello sería necesario que hubieran examinado el problema jurídico a la luz de un mismo dispositivo legal o de preceptos distintos pero que coincidan en cuanto a lo que establecen, y que hubieran sostenido criterios diversos."(12)
El resaltado es propio.
VIII. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
53. A efecto de que este Pleno Regional se encuentre en posibilidades de verificar la existencia de la contradicción entre los criterios que sustentaron los aludidos órganos de control constitucional, es menester señalar que por contradicción de "criterios" debe entenderse cualquier discrepancia en el sentido adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis.
54. Sirve de apoyo para esta determinación, la tesis de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(13)
55. Así, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una nueva forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.
56. Para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
57. Entonces, si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes–, es posible afirmar que para que una contradicción sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Que los tribunales colegiados contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un segmento de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y en consecuencia, que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior, dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(14)
58. En otras palabras, para la existencia de una contradicción de criterios se requiere que los órganos jurisdiccionales contendientes: I. Hayan realizado ejercicios interpretativos; II. Sobre el mismo problema jurídico y en virtud de ellos hayan llegado a soluciones contrarias; y III. Tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
59. A partir de lo anterior, se busca detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, por lo que, para ello es necesario hacer una especificación sucinta sobre las cuestiones jurídicas relevantes que motivaron las respectivas posturas contendientes.
60. Al respecto, este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México considera que, respecto de los órganos restantes, a saber, Primero, Octavo y Décimo, en contraposición con lo señalado por el Noveno, todos Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, sí existe una contradicción de criterios, ya que se ven satisfechos los requisitos para su existencia.
61. Relativo al primer requisito, se advierte que los órganos contendientes se pronunciaron sobre cuestiones litigiosas que fueron so
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32447-bf7ef582/supletoriedad-en-casos-de-secuestro-las-autoridades-judiciales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 314 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). SE (AMPARO DIRECTO)
- DEFENSA ADECUADA. EN LA IMPOSICIÓN DE CORRECCIONES DISCIPLINARIAS POR INFRACCIÓN AL REGLAMENTO DE LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL, AL DERIVAR DE UN PROCEDIMIENTO ADMIN (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ O EL SECRETARIO EN FUNCIONES DE JUEZ POR MINISTERIO DE LEY, CON LA INTERVENCIÓN DE TESTIGOS DE ASISTENCIA. ES VÁLIDA Y TIENE PLEN (AMPARO DIRECTO)
- AMPARO DIRECTO. CUANDO SE PROMUEVE DESPUÉS DE RESUELTO EL RECURSO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 306, FRACCIÓN II, DEL ABROGADO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- RECONOCIMIENTO DEL INCULPADO A TRAVÉS DE LA CÁMARA DE GESELL. EN DICHA DILIGENCIA ES NECESARIA LA ASISTENCIA DEL DEFENSOR A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA. (1a./J. 10/2015 (10a.))
- DEFENSA ADECUADA. EL HECHO DE QUE EL INCULPADO O SU DEFENSA, POR PASIVIDAD PROCESAL, NO OFERTE MEDIO DE PRUEBA ALGUNO INHERENTE A LA DEMOSTRACIÓN DE SU VERSIÓN DE LOS HECHOS, NO IM (III.2o.P.17 P (10a.))
- REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL. ES IMPROCEDENTE ORDENARLA EN EL AMPARO DIRECTO PARA QUE EL JUEZ DE LA CAUSA RECABE DE OFICIO LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN LA LEGALIDAD DE LA DE (XXXII.7 P (10a.))
- AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACIÓN. LA INASISTENCIA DEL DEFENSOR CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL, QUE RESTRINGE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA DE ALEGAR EN EL JUI (XVII.2o. J/18)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis