DERECHO FUNDAMENTAL DE DEFENSA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 314 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL (AHORA CIUDAD DE MÉXICO). SE EJERCE MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, LAS CUALES SE DESAHOGARÁN CONFORME A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE EL JUEZ DE LA CAUSA APRECIE, AUN CUANDO DECLARE AGOTADA LA INSTRUCCIÓN.
AMPARO DIRECTO 270/2017. 25 DE ENERO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA. SECRETARIA: ROSA DALIA A. SÁNCHEZ POZOS.
CONSIDERANDO:
VI.-Análisis del que se advierte la necesidad de ordenar la reposición del procedimiento.
Así, en suplencia de la queja deficiente de los conceptos de violación formulados por el quejoso, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se advierte que debe concederse el amparo solicitado y ordenar la reposición del procedimiento, para los efectos que se establecerán.
Violaciones en averiguación previa.
Por técnica jurídica, este Tribunal Colegiado inicialmente analizará en amparo directo las violaciones al procedimiento cometidas en la fase de averiguación previa, pues podrían constituir transgresión al derecho humano al debido proceso, conforme al cual, es necesario el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, a la licitud de las pruebas y al ejercicio de defensa adecuada, a que se refieren los artículos 14 y 20 constitucionales, pues dicho tópico no fue analizado previamente en amparo indirecto.
Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 121/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, materias constitucional y penal, página 36, registro digital: 164640, de rubro:
"AMPARO DIRECTO. PROCEDE QUE EN ÉL SE ANALICEN COMO VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LAS COMETIDAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, CUANDO AFECTEN LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE AMPARO."
Así como la jurisprudencia 1a./J. 45/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 529, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza:
"VIOLACIONES COMETIDAS EN LA DETENCIÓN DEL INCULPADO CON MOTIVO DE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (FLAGRANCIA O CASO URGENTE). ES FACTIBLE SU ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO CUANDO NO HAYAN SIDO ANALIZADAS PREVIAMENTE EN AMPARO INDIRECTO."
Análisis de la detención.
En relación con la detención del inculpado, la autoridad ministerial y judicial la justificaron por considerar que se efectuó bajo el supuesto de caso urgente.
En efecto, el artículo 16 constitucional,(8) consagra un régimen general de libertades a favor de la persona, entre las cuales, está el derecho a la libertad personal. La estructura de este precepto constitucional se traduce en dos formas distintas de proteger los derechos: los dos primeros párrafos de dicho artículo los consagran positivamente y los párrafos subsecuentes señalan las posibles restricciones a las mismas; es decir, en qué supuestos el Estado puede generar afectaciones válidas a este derecho y bajo qué condiciones.
Cabe destacar que el artículo 7, en sus numerales 2 y 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(9) así como en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,(10) prohíben las afectaciones al derecho a la libertad personal, salvo por las condiciones y causas fijadas de antemano por la Constitución.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que del tercero al séptimo párrafos del artículo 16 constitucional, se delimitan exhaustivamente los supuestos que permiten la afectación a la libertad personal:
• La orden de aprehensión;
• Las detenciones en flagrancia; y,
• El caso urgente.
Estableció que, por regla general, las detenciones deben estar precedidas por una orden de aprehensión, pues el escrutinio de la autoridad judicial debe ser la condición rectora y preferente en el régimen de detenciones, y que los casos de flagrancia y urgencia son excepcionales.
Ahora, en relación con el caso urgente, el sexto párrafo del artículo 16 constitucional -reformado en junio de dos mil ocho- prevé la siguiente descripción:
"Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder."(11)
En ese orden, para que se actualice el supuesto de excepción de caso urgente, de conformidad con el artículo 16 constitucional, es necesario que se manifiesten los siguientes requisitos:
• El Ministerio Público emita la orden de detención, en la que funde y exprese los indicios que motiven su proceder;
• El mandato se refiera a un delito grave así calificado por la ley y exista riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia; y,
• Siempre que no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia.
Se destaca que esta figura jurídica se basa en la necesidad de que el Ministerio Público pueda responder de manera inmediata, ante el temor fundado de que el imputado evada la acción de la justicia, así como a la gravedad del hecho delictivo; al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que esa condición de "urgencia" no debe ser entendida en un sentido laxo o permisivo, es decir, la urgencia no tiene implícita una autorización dirigida al Ministerio Público para validar detenciones ilegales ex post, o para dejar de preferir la condición rectora en materia de detenciones (orden de aprehensión).
En ese tenor, en cualquier detención que se pretenda justificar bajo el supuesto de excepción de caso urgente, será necesario que el Ministerio Público cumpla de manera estricta las formalidades establecidas por la Constitución, de lo contrario, la detención se torna ilegal y arbitraria.
Además, dado que se trata de una medida extraordinaria y excepcional, los requisitos constitucionales a los que está sujeta la detención por caso urgente configuran un control normativo intenso dispuesto por el legislador, que eleva el estándar justificativo para que el Ministerio Público decida ordenar la detención de alguna persona sin control previo por parte de un Juez; de tal manera que tiene la carga de demostrar la existencia de los motivos objetivos y razonables, que actualizan los requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional, para que puedan ser corroborados posteriormente por un Juez, cuando realice el control posterior de la detención.
Ahora, del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
1. Los hechos imputados al quejoso consisten, esencialmente, en que el catorce de junio de dos mil catorce, aproximadamente a la una horas con diez minutos, conjuntamente con otros dos sujetos activos, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, mediante la violencia moral y en pandilla, se apoderó del vehículo Volkswagen, Jetta MK VI, versión Sport, color blanco, candy, modelo dos mil once, con placas de circulación ********** del Distrito Federal, así como de las pertenencias propiedad de los ofendidos ********** y **********, cuando los pasivos se encontraban a bordo de la unidad vehicular precisada, perteneciente a la nombrada agraviada; las víctimas denunciaron los hechos en la indicada fecha.
2. Aproximadamente a las tres horas con treinta minutos, del catorce de junio de dos mil catorce -según se advierte de la declaración de los agentes remitentes Alejandro Moreno Hernández, Omar Gilberto Torres Villanueva y Fabiola Sánchez Zarza-,(12) en la indicada fecha, fueron informados de que en las calles Hacienda de Narvarte y Rancho Juan de Dios, colonia Prados del Rosario, Delegación Azcapotzalco, se encontraban dos sujetos desvalijando un vehículo Jetta, blanco; al arribar al lugar, sobre Rancho Juan de Dios, observaron a cuatro sujetos que realizaban maniobras quitando un neumático, izquierdo trasero del vehículo Volkswagen, Jetta, modelo no preciso, blanco, placas de circulación **********; cuando se aproximaron, se percataron de que sobre la calle Narvarte se encontraba estático el Nissan, Tsuru, color vino dorado (sic), placas ********** y los cuatro sujetos abordaron dicho vehículo taxi y huyeron por la indicada calle con dirección a la avenida de las Armas; les marcaron el alto con parlante y sirena; sin embargo, aquéllos aceleraron, por lo que los policías los persiguieron y pidiendo ayuda a elementos a bordo de una patrulla del Estado de México, para que los apoyaran para detener a los individuos, ya que la indicada avenida limita con el Estado de México, y al llegar a la avenida presidente Juárez y Adolfo López Mateos, límite de Tlalnepantla, Estado de México, se detuvo el Tsuru, del cual descendieron los cuatro sujetos para huir en diferentes direcciones; lograron alcanzar a dos de esos sujetos probables responsables, pero uno de esos dos individuos apuntó al agente remitente Alejandro Moreno Hernández con un arma oscura, se escucharon seis detonaciones y el citado policía sacó su arma de cargo y disparó catorce veces contra los dos sujetos, y lesionó a quien dijo ser ********** en la pierna izquierda a la altura del tobillo, quien fue trasladado a bordo de una ambulancia al interior del Hospital General de la Villa y, posteriormente, fueron detenidos otros dos de los probables responsables y puestos a disposición de la autoridad investigadora, uno de ellos, el ahora impetrante.
3. A las dieciocho horas con cuarenta minutos, del quince de junio de dos mil catorce,(13) emitió el proveído de detención por caso urgente.
4. La agente del Ministerio Público recabó la declaración del quejoso, a las veintitrés horas con veintitrés minutos del quince de junio de dos mil catorce, negó los hechos que se le imputan, realizó las manifestaciones que estimó convenientes y respondió a las preguntas que le formuló la representación social.(14)
Sin embargo, de lo expuesto destaca que la retención del ahora quejoso no estuvo precedida de una orden de detención por parte del Ministerio Público, pues a partir de ésta es que la autoridad encargada de ejecutarla se encontraría debidamente legitimada para hacerlo; se afirma que debe ser previo dicho mandato, porque es el medio idóneo que permite a la persona sobre quien será cumplida, conocer las razones por las cuales se ordena de manera justificada su detención, pues se establece la forma en que sucedieron los hechos materia de la investigación, la intervención y el grado de participación del imputado, así como la descripción y los fundamentos jurídicos sobre la actualización de cada uno de los requisitos que se contemplan para esta figura, para dotar de certidumbre este acto.
Asimismo, a juicio de este órgano colegiado, tampoco se actualizan los supuestos de caso urgente; en principio, porque en el caso no se advierte la existencia de motivos objetivos y razonables de que el quejoso hubiera estado en posibilidad o tuviera la intención de sustraerse de la acción de la justicia; por el contrario, se advierte que fue capturado el mismo día en que ocurrieron los hechos, y a petición del denunciante, los policías captores lo pusieron a disposición a las ocho horas con catorce minutos del catorce de junio de dos mil catorce; lo anterior, según los agentes remitentes, debido a que fue revisado el activo herido en el lugar de la detención.
Además, no se aprecia la existencia de motivos objetivos y razonables que permitieran considerar que la representación hubiera estado imposibilitada de ocurrir al Juez a solicitar la orden de aprehensión, pues en el caso, es imposible admitir que por razón de lugar, no existiera Juez ante quien acudir y no obstante que por razón de la hora, se encontrara fuera de los horarios laborales de los juzgados penales; lo cierto es que en esta ciudad, está dispuesta una guardia para las horas posteriores a la jornada laboral.
En consecuencia, la orden de retención de **********, por parte de la agente del Ministerio Público fue ilegal, ya que no se cumplieron las condiciones que se establecen en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya interpretación y alcance ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, Tomo I, octubre de 2016, materia constitucional, página 320, registro digital: 2012714 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de octubre de 2016 a las 10:17 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"DETENCIÓN POR CASO URGENTE. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ. El artículo 16, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre que no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. Ahora bien, de las características ontológicas de la detención por caso urgente, destaca que: a) es una restricción al derecho a la libertad personal; b) es extraordinaria, pues deriva de condiciones no ordinarias, como el riesgo fundado de que la persona acusada de cometer un delito grave se sustraiga a la acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión; y, c) es excepcional, pues se aparta de la regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen de detenciones. En ese sentido, para que sea válida o legal la detención por caso urgente, debe estar precedida de una orden del Ministerio Público, una vez que se han acreditado los tres requisitos que la autorizan: i) que se trate de un delito grave; ii) que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue; y, iii) que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo. Así, estos requisitos constitucionales a los que está sujeta la detención por caso urgente configuran un control normativo intenso dispuesto por el legislador, que eleva el estándar justificativo para que el Ministerio Público decida ordenar la detención de una persona sin control previo por parte de un juez. Por ello, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera razonable que el Constituyente determinara que el Ministerio Público deba demostrar que los tres requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional se actualizan concurrentemente. Además, deben existir motivos objetivos y razonables que el Ministerio Público tiene la carga de aportar para que la existencia de dichos elementos pueda corroborarse posteriormente por un Juez, cuando éste realice el control posterior de la detención, como lo dispone el artículo constitucional referido."
Entonces, en virtud de haberse determinado la ilegalidad de la detención del impetrante, lo procedente, como consecuencia directa a lo anterior, es declarar la nulidad de los medios de prueba que se apoyen o deriven de la detención, ya que de no haberse llevado a cabo el acto declarado ilegal, no se hubieran podido obtener.
Esto es así, pues si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por el mismo, resultan también inconstitucionales por su origen; por tanto, no deben introducirse al proceso; con la precisión de que deben considerarse como ilícitamente obtenidas en la parte en que esté relacionada con la prueba ilícita y tendrá valor probatorio en aquella parte en que no esté directamente relacionada con la misma.
De ahí que las pruebas a las que el tribunal de apelación no debe otorgarles eficacia probatoria por las razones antes señaladas, son las vinculadas directamente con lo que la agente del Ministerio Público y el Juez denominaron detención por caso urgente del quejoso, y lo que se obtuvo so pretexto de ésta, en restauración a esa violación a su derecho humano de libertad; es decir, resulta menester excluir las probanzas que no se hubieran podido obtener de no haber estado detenido.
Por tanto, las declaraciones ministeriales emitidas el quince de junio de dos mil catorce por los denunciantes ********** y **********, sólo en la parte que reiteraron haber tenido a la vista al ahora quejoso, a través de la Cámara de Gesell, no serán consideradas, ya que además de que se advierte el incumplimiento a la formalidad requerida relativa a que estuviera presente el defensor del quejoso cuando realizaron tal identificación, aquéllos tuvieron a la vista al enjuiciado precisamente con motivo de su captura, lo que en esa comparecencia no hubiese sido posible si aquél no hubiera estado detenido.
Resulta oportuno hacer pronunciamiento acerca de las declaraciones antes mencionadas.
Al respecto, este órgano colegiado estima que no encuadran en los supuestos de:
a) Si la contaminación de la prueba se atenúa.
b) Si existe una fuente independiente generadora de prueba.
c) Si se trata de prueba obtenida al margen de un descubrimiento inevitable.
En efecto, por cuanto hace al supuesto referido en el inciso a), acorde con las constancias de autos, fueron obtenidas por la autoridad investigadora a partir de la detención del quejoso, pues las personas antes mencionadas se presentaron a rendir su testimonio, posteriormente a la detención del impetrante; por tanto, no es posible considerar que su contaminación se atenúa, ya que antes de que se obtuvieran dichas probanzas, no fueron recabados más elementos de prueba que hicieran posible su atenuación; aunado a que se recabaron enseguida de que el quejoso fue puesto a disposición de la autoridad investigadora con motivo de su captura.
De igual manera, en la especie, no se actualiza lo establecido en el inciso b), dado que tales deposados fueron obtenidos de manera directa e inmediata con motivo de la detención del impetrante efectuada, como antes se precisó, de manera ilegal; por tanto, no pudieron haber sido obtenidas independientemente a dicha captura y tampoco tuvieron fuente distinta y separada de la aludida detención; esto es, no hay alguna fuente independiente; por tanto, no es factible sostener, de manera clara y precisa, bajo las máximas de la lógica y la experiencia, que pudieron haber sido efectivamente obtenidas, incluso, si no hubiera acontecido la detención.
En ese orden de ideas, toda vez que el curso normal de la investigación no hubiera permitido allegarse de dichas probanzas, al no poder perder de vista que los declarantes realizaron la identificación del quejoso, con motivo de su detención; si bien en cualquier momento los denunciantes podían haber acudido a ampliar sus respectivas declaraciones ministeriales, dicho reconocimiento del impetrante no es posible considerarse obtenido por un descubrimiento inevitable, pues tuvieron a la vista al inculpado, precisamente debido a que fue capturado; razones por las cuales, no se trata de pruebas obtenidas bajo el supuesto de un descubrimiento inevitable, como se precisa en el inciso c).
Por tanto, con base en lo anterior, al estimar que esas pruebas se encuentran afectadas de nulidad, no deben ser susceptibles de valoración por parte de la autoridad responsable, en la parte en que reconocieron al sujeto activo a través la Cámara de Gesell, en donde incluso no se advierte que se aluda a que el indiciado estuvo asistido de su defensor.
Además, deberá excluirse:
• La declaración ministerial del impetrante, debido a que no acudió a rendir su deposado ministerial voluntariamente.
• Lo manifestado ministerialmente por los policías remitentes Alejandro Moreno Hernández, Omar Gilberto Torres Villanueva y Fabiola Sánchez Zarza.
Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, siguiente:
"Época: Décima Época
"Registro digital: 2010354
"Instancia: Primera Sala
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015
"Materia(s): constitucional, penal
"Tesis: 1a. CCCXXVI/2015 (10a.)
"Página: 993
"«Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas»
"PRUEBA ILÍCITA. LÍMITES DE SU EXCLUSIÓN. La exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional, como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación; sin embargo, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial que harían posible que no se excluyera la prueba. Dichos supuestos son, en principio, y de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes: a) si la contaminación de la prueba se atenúa; b) si hay una fuente independiente para la prueba; y c) si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Sobre el primer supuesto, a saber, la atenuación de la contaminación de la prueba, se podrían tomar, entre otros, los siguientes factores para determinar si el vicio surgido de una violación constitucional ha sido difuminado: a) cuanto más deliberada y flagrante sea la violación constitucional, mayor razón para que el juzgador suprima toda evidencia que pueda ser vinculada con la ilegalidad. Así, si la violación es no intencionada y menor, la necesidad de disuadir futuras faltas es menos irresistible; b) entre más vínculos (o peculiaridades) existan en la cadena entre la ilegalidad inicial y la prueba secundaria, más atenuada la conexión; y c) entre más distancia temporal exista entre la ilegalidad inicial y la adquisición de una prueba secundaria, es decir, que entre más tiempo pase, es más probable la atenuación de la prueba. En relación con el segundo supuesto es necesario determinar si hay una fuente independiente para la prueba. Finalmente, el tercer punto para no excluir la prueba consistiría en determinar si ésta hubiera sido descubierta inevitablemente en el proceso. Dicho supuesto se refiere, en general, a elementos que constituyan prueba del delito que hubieran sido encontrados independientemente de la violación inicial. La aplicación del anterior estándar debe hacerse en cada caso concreto."
Análisis respecto al derecho de defensa adecuada que se prevé en la fracción IX, apartado A, del artículo 20 constitucional, en relación con la identificación del quejoso tras la Cámara de Gesell.
En cuanto a lo dispuesto en el artículo 20 constitucional, fracción IX, relativo al ejercicio de defensa adecuada -en la modalidad de asistencia- con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sostuvo el Máximo Tribunal que debe analizarse en tal contexto y al atender a la interpretación más favorecedora de la protección del derecho humano (principio pro homine), determine que la modalidad de ejercicio de la defensa adecuada debe ser técnica; esto es, ejercida por abogado titulado, así como oportuna y material.
De manera que la prerrogativa de defensa adecuada no es mero requisito formal, sino que requiere de la participación efectiva del imputado en el procedimiento.
Por tanto, la persona detenida puede ejercer el derecho a defenderse desde que es puesto a disposición del Ministerio Público y tiene derecho a que su defensor, entendido como asesor legal, esté presente físicamente y a recibir su ayuda efectiva.
En consecuencia, el detenido, si así lo decide, podrá entrevistarse con quien vaya a fungir como su defensor, inmediatamente que lo solicite y antes de rendir su declaración ministerial.
Por otra parte, es verdad que la defensa adecuada no está subordinada a que todas las diligencias de la averiguación previa se practiquen en presencia del abogado defensor; sin embargo, existen fases sustantivas que necesariamente requieren su asistencia, para considerar cumplido el derecho humano en cuestión.
Tal es el caso de la diligencia de reconocimiento, pues por la relevancia de dicha actuación, es claro que debe garantizarse que los inculpados tengan la posibilidad de nombrar a un defensor que los asista y procure la defensa adecuada.
Lo cual sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1424/2012.(15) En dicho precedente se precisó que, en la llamada "diligencia de reconocimiento", que se hace a través de la Cámara de Gesell, el inculpado participa físicamente, al encontrarse en un lugar en donde puede ser visto, pero él no puede ver a la persona que lo identifica, ya que dicha cámara consiste en dos habitaciones con una pared divisoria en la que hay un vidrio que permite ver desde una de las habitaciones lo que ocurre en la otra, pero no al revés.
De ahí que en la diligencia de reconocimiento del probable responsable en la llamada Cámara de Gesell, necesariamente tiene que estar presente el defensor del inculpado, pues éste participa de manera activa y directa.
Sin que pase inadvertido que la finalidad de la Cámara de Gesell es que el inculpado se encuentre de esa manera aislado y no pueda ver ni escuchar a las personas que se ubican del otro lado de la pared que divide ambas habitaciones; sin embargo, precisamente por tal motivo, en la diligencia de reconocimiento, es necesaria la presencia del defensor, pues de lo contrario, se dejaría en estado de indefensión a la persona que se acusa, violando sus derechos fundamentales, al no existir la plena certeza jurídica de que efectivamente se presentaron los testigos o denunciantes que lo reconocieron y que no fueron inducidos para tal efecto.
En consecuencia, para que el inculpado tenga la certeza jurídica de que la diligencia se llevó a cabo con los requisitos necesarios, es menester que su defensor se encuentre presente. Más aún porque ante el empleo de la Cámara de Gesell, si bien el indiciado está presente, al mismo tiempo se encuentra aislado al no tener la posibilidad de intervenir, ni presenciar lo que pasa del otro lado del cristal, donde se lleva a cabo su reconocimiento.
Así, en el particular, en lo relativo al debido proceso legal, que comprende la prerrogativa consistente en no ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentra al margen de las exigencias constitucionales y legales. La nulidad de la prueba ilícita es derecho sustantivo que le asiste al inculpado durante todo el proceso; de esa manera, este Tribunal Colegiado advierte transgredido en perjuicio de la parte quejosa el numeral 14 de la Carta Magna, pues deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento, el derecho de que los Jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y el derecho fundamental a la defensa adecuada que asiste a todo indiciado, en términos de lo establecido en el artículo 20, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En tal contexto, este Tribunal Colegiado advierte que contra el impetrante se vulneró el derecho fundamental de defensa adecuada, en virtud de que la diligencia de reconocimiento tras la Cámara de Gesell, no se desahogó con las formalidades requeridas; es decir, que haya estado asistido de defensor.
En efecto, al emitir el fallo reclamado, la autoridad responsable tomó en consideración la identificación que realizaron los denunciantes ********** y **********, respecto del entonces indiciado **********, al tenerlo a la vista a través de la Cámara de Gesell, sin considerar que en esas diligencias, el ahora quejoso estuviera asistido de su defensor; en efecto, de los autos que remitió la alzada, se observan las siguientes actuaciones ministeriales:
1. La diligencia de confrontación de quince de junio de dos mil catorce, practicada por el Ministerio Público, en la que se hizo constar:
"El personal actuante conduce a la denunciante ********** al cubículo acondicionado para tal efecto, lugar donde se encuentra el indiciado y los otros individuos, a quienes se los pone de frente, solicitándole que los mire detenidamente para que reconozca al que cometió el hecho, y en caso de identificado lo señale con la mano y manifieste las diferencias o semejanzas que advierte entre el estado actual y el que tenía en la época en que señala en su declaración, siendo que la denunciante ********** al tenerlos de frente, luego de perfil y por último de frente diciendo su nombre cada uno consecutivamente, primeramente toca el cristal del cubículo acondicionado para tal efecto, identificando al probable responsable ************ de 23 años de edad, quien de derecha a izquierda tiene el lugar segundo; siendo que a su izquierda este ********** y a su derecha está **********, refiriendo que lo reconoce porque tiene la misma estatura, complexión, cabello y rasgos fisonómicos, quien que el día 14 de junio del 2014 a las 01:10 horas amago (sic) a mi amigo ********** quien se encontraba sentado en el asiento del copiloto del vehículo Volkswagen, Jetta, placas **********, de mi propiedad, el cual se encontraba estacionado y lo desapoderó de sus pertenencias, así como lo bajó del vehiculo (sic) desapoderándonos conjuntamente con el otro sujeto de mi vehiculo (sic); acto seguido, la denunciante ********** toca el cristal del cubículo acondicionado para tal efecto, identificando al probable responsable ********** (sic) de 32 años de edad, quien de derecha a izquierda, tiene el lugar cuarto; siendo que a su izquierda no hay persona alguna y a su derecha está **********, refiriendo que lo reconoce porque tiene la misma estatura, tiene la misma media filiación en todos y cada uno
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27768-95292fd9/derecho-fundamental-de-defensa-en-el-procedimiento-ordinario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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