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Modo: Corpus Pro

DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SE IMPONE SÓLO FRENTE A TERCEROS AJENOS A LA COMUNICACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2903/2011. · Registro digital (IUS): 24331
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Pág. 282.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2903/2011. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012. CINCO VOTOS. JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los puntos segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en un juicio de amparo directo en el que se omitió realizar la interpretación directa de los párrafos décimo segundo y décimo tercero del artículo 16 constitucional solicitada y, su resolución no requiere la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. Por tratarse de un presupuesto procesal cuyo análisis debe hacerse de oficio, es necesario corroborar que la interposición del recurso fue oportuna.

El recurso de revisión planteado por el recurrente, fue interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito le fue notificada a la quejosa por medio de lista el jueves diez de noviembre de dos mil once,(9) surtiendo efectos el día hábil siguiente, es decir, el viernes once del citado mes y año, de conformidad con la fracción II del artículo 34 de la Ley de Amparo.

Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del lunes catorce al lunes veintiocho de noviembre de dos mil once, sin contar en dicho plazo los días doce, trece, diecinueve y veinte de noviembre de dos mil once, por ser inhábiles conforme a los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como el día veintiuno de noviembre de dos mil once, de conformidad con el Acuerdo General 10/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, el veintiocho de noviembre de dos mil once, resulta evidente que se interpuso oportunamente.(10)

TERCERO. Problemática jurídica a resolver. En el presente asunto, deberá dilucidarse si el recurso de revisión resulta procedente y, en su caso, determinar si los agravios formulados por la recurrente, resultan o no, aptos para revocar la sentencia recurrida.

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.

I. Antecedentes

1. Demanda inicial

**********, demandó en la vía ordinaria civil de **********, la declaración de que los codemandados incurrieron en conductas ilícitas generadoras de un daño moral a la actora y, como consecuencia, el pago de una indemnización a título de reparación moral; el pago de una indemnización por reparación del daño material; el pago de la cantidad de ********** por concepto de pago de facturas y/o recibos de honorarios generados por concepto de gastos médicos innecesarios; el pago de los intereses legales sobre las cantidades antes mencionadas; así como el pago de gastos y costas.

La demanda esencialmente se sustenta en la responsabilidad que la actora afirma se deriva de los daños que sufrió a consecuencia de una intervención quirúrgica desacertada, a través de la cual se trató de corregir la lesión que sufrió al haberse incrustado en el fémur izquierdo de su cuerpo una bala pérdida, cirugía efectuada por el codemandado **********, quien recomendó que se adaptara a su cuerpo "un clavo" desde la rodilla hasta la cadera; que terminada la operación fue informada del éxito de la misma, no obstante, con el transcurso del tiempo sufrió fuertes dolores y la imposibilidad de flexionar la rodilla izquierda, ante lo cual acudió a un diverso servicio médico dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual fue informada de los errores que al efecto se habían cometido en la primera operación, sometiéndose nuevamente a una nueva operación que produjo resultados positivos.(11)

2. Contestación

De la demanda conoció el Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal, quien la radicó con el número **********, y ordenó emplazar a los demandados, mismos que dieron contestación a la demanda formulada en su contra, negando la procedencia de las prestaciones reclamadas, oponiendo las excepciones y defensas que estimaron pertinentes.

3. Periodo probatorio

Durante el periodo probatorio las partes ofrecieron diversas probanzas, entre ellas la pericial en materia de "medicina"; sin embargo, los dictámenes ofrecidos por las partes resultaron contradictorios, en consecuencia, a fin de conocer la verdad, el juzgador designó como perito tercero en discordia al doctor **********.

Atento a lo anterior, y en cumplimiento a lo ordenado por el Juez natural, la actora se constituyó el once de diciembre de dos mil ocho, en el consultorio médico del doctor **********, a efecto de que éste le realizara una exploración física, con la finalidad de que emitiera su dictamen médico.

Al celebrarse la audiencia de desahogo de pruebas el día siete de enero de dos mil nueve, el perito tercero en discordia ya había rendido y ratificado su dictamen, el cual se emitió en términos similares a los dictámenes rendidos por los peritos designados por la parte demandada.

4. Incidente de parcialidad de dictamen pericial

Al no estar de acuerdo con el contenido del dictamen rendido por el perito tercero en discordia, mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil nueve, la parte actora promovió un incidente de parcialidad de dictamen pericial, argumentando que el perito tercero en discordia doctor ********** había tenido un entendimiento económico con los representantes de los codemandados.

Lo anterior en razón de lo siguiente:

La actora incidentista, refiere que el once de diciembre de dos mil ocho, fecha en que el perito tercero en discordia doctor ********** le realizó la exploración física necesaria para que rindiera su dictamen, ante el cúmulo de pruebas, éste en presencia de su hermana ********** y de su abogado **********, le manifestó lo siguiente: "creo que el daño que usted trae es muy fuerte, que lástima que no le hayan podido colocar bien ese clavo, está usted muy joven para tener ya eso", y que "después de una operación fallida claro que no quedará al cien por ciento, esto es permanente".

Que no obstante ello, el citado perito emitió su dictamen en los mismos términos que los dictámenes presentados por los peritos designados por su contraparte, lo cual resulta sospechoso, no sólo porque es contrario a lo manifestado por el citado perito al realizar la exploración física, sino porque además, el seis de enero de dos mil nueve, su abogado **********, recibió una llamada telefónica de quien dijo ser ********** (perito tercero en discordia), quien pretendía llamar al número telefónico del licenciado ********** (abogado de la codemandada **********); ante lo cual el abogado de la actora **********, respondió que estaba equivocado, y el facultativo simplemente optó por colgar.

No obstante, ante esa llamada y al ver el sentido del dictamen emitido por el perito tercero en discordia, la actora supuso que dicho perito tuvo un entendimiento de carácter económico con el licenciado ********** (representante de la codemandada **********); razón por la cual, con la intención de descubrir lo que acontecía, le solicitó a su abogado ********** que le proporcionara el número de donde le había llamado el perito tercero en discordia, el cual es un número local de la Ciudad de México, por lo que se dio a la tarea de localizar ese número en el llamado libro gris del directorio de **********, encontrando que tal número pertenecía al domicilio y titularidad de ********** (perito tercero en discordia), llegando a la conclusión de que la llamada la realizó desde su casa el día que quiso contactar a ********** (abogado de la codemandada **********).

Esta situación se la comentó a su amigo y abogado en la causa civil **********, quien el nueve de enero de dos mil nueve, tomó su celular y marcó al número del perito tercero en discordia, para tratar de averiguar si eran o no ciertas las sospechas de un acuerdo económico ilícito entre ********** (abogado de la codemandada **********); y ********** (perito tercero en discordia); sospechas que a criterio de la actora son ciertas, al revelarse una serie de aseveraciones espontáneas por parte del perito tercero en discordia, al suponer estar hablando con ********** (abogado de la codemandada **********); conversación telefónica que fue grabada por su amigo y abogado ********** y aportada como prueba en la causa civil.(12)

El veinticinco de febrero de dos mil nueve, el Juez Cuadragésimo Quinto de lo Civil del Distrito Federal admitió a trámite el incidente de referencia y ordenó dar vista a las partes; así como al doctor ********** para que manifestara lo que a su derecho conviniera en torno al incidente planteado.

El perito tercero en discordia ********** no desahogó la vista ordenada, razón por la que se acusó su rebeldía.

Los codemandados ********** y **********, desahogaron la vista negando los hechos en que se sustentó el incidente, por no ser hechos propios.

********** por conducto de su apoderado legal ********** desahogó la vista negando los hechos por no ser propios, manifestando que resultaba improcedente el incidente por haberse obtenido la grabación de una llamada telefónica mediante actos ilícitos.

Los medios de prueba ofrecidos por la actora, en ese incidente fueron los siguientes:

• La testimonial a cargo de **********;

• La grabación fonográfica de la llamada telefónica (la cual fue reproducida y transcrita en la audiencia de desahogo de pruebas incidentales);

• El reconocimiento y ratificación, en caso de que ********** desconociera su voz;

• La documental privada consistente en el estado de cuenta del teléfono **********, expedido a favor de ********** por **********, concretamente la página 4, en donde con el número 24 de la primera columna se aprecia que el día nueve de enero de dos mil nueve a las 15:25:32, con una duración comercial estimada de 4 minutos, se realizó una llamada telefónica del número **********, al número ********** (este último perteneciente a **********);

• Documental privada consistente en la página 4442 del directorio telefónico, sección blanca, tomo dos M-Z correspondiente al apellido **********;

• Documental pública consistente en el informe que rinda la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a efecto de que informe sobre las líneas telefónicas contratadas por **********, así como el detalle de las llamadas realizadas entre octubre de dos mil ocho y febrero de dos mil nueve;

• Documental privada consistente en el informe que rinda **********, sobre la titularidad del número telefónico **********, así como el detalle de las llamadas realizadas de octubre de dos mil ocho a febrero de dos mil nueve;

• Documental privada consistente en el informe que rinda **********, sobre la titularidad del número telefónico **********, así como el detalle de las llamadas realizadas de octubre de dos mil ocho a febrero de dos mil nueve;

• Documental privada consistente en el informe que rinda **********, sobre la titularidad del número telefónico **********, así como el detalle de las llamadas realizadas de octubre de dos mil ocho a febrero de dos mil nueve.

• La testimonial a cargo de **********;

• La testimonial a cargo de **********;

• La presuncional en su doble aspecto; y,

• La instrumental de actuaciones.(13)

El incidente concluyó con la sentencia interlocutoria pronunciada el veintitrés de febrero de dos mil diez, en la que el Juez natural declaró infundado el referido incidente, pues a su consideración no se había acreditado que la comunicación telefónica haya sido sostenida entre el perito tercero en discordia y el amigo y abogado de la actora **********, en razón de que la grabación de audio transcrita en la audiencia de veintitrés de septiembre, los informes de las compañías de telefonía móvil fija y los testimonios rendidos en autos, no acreditaban que en efecto el perito tercero en discordia hubiese sido quien participó en la conversación grabada; y que, por ende, emitió su dictamen con parcialidad.(14)

En contra de esta determinación, la actora interpuso recurso de apelación, el cual fue radicado con el número de toca ********** ante la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien con fecha veintinueve de abril de dos mil diez, dictó sentencia en el sentido de confirmar la resolución apelada.

Para motivar su fallo, estableció lo siguiente:

"La apelante en su único agravio alega que la sentencia impugnada le produce perjuicio, porque viola en su contra los artículos 281, 286, 327, fracción VII, 379, 380, 381, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles (sic), ya que el a quo declaró improcedente innominado (sic) de parcialidad de (sic) dictamen que rindió el doctor **********, designado como perito tercero en discordia, argumentando que no existe certeza de que el perito mencionado hubiera tenido comunicación con **********, abogado de **********, ni con **********, abogado de los médicos codemandados, ni que el perito manifestó a la actora la realidad de la fallida intervención quirúrgica que se practicó en el hospital mencionado, a pesar de que el incidente que promovió depende de las comunicaciones telefónicas de seis de enero de dos mil nueve, que realizó el perito en busca del abogado del ********** (sic), ya que erróneamente marcó el número telefónico del abogado de la actora **********, lo que quedó demostrado con el testimonio de **********, así como los receptores de llamadas de **********, informe de **********, con lo que quedó acreditada la intención del perito de comunicarse con el abogado del sanatorio demandado, lo que produce desconfianza sobre su actuar, así como la comunicación del nueve de enero de dos mil nueve en la que el perito habló con **********, amigo y abogado de la actora (sic) **********, creyendo que hablaba con el abogado ********** (sic), abogado del sanatorio demandado y demostró mediante el estado de cuenta que expidió **********, que del teléfono de ********** se hizo una llamada al teléfono del perito nombrado como tercero en rebeldía, el nueve de enero de dos mil nueve a las 15:25:32. También manifiesta que el a quo omitió valorar el estado de cuenta que expidió **********, con lo que demostró la segunda llamada en la que se puede apreciar la conducta del perito puesto que, de manera espontánea reveló maquinaciones previas y favoritismos hacia los codemandados. Además, se duele que de las pruebas documentales referidas tienen relación con la declaración del perito tercero en discordia (sic) rindió en la audiencia el veintitrés de octubre de dos mil nueve, ya que, al contestar la pregunta décimo segunda directa aceptó que el (sic) titular del número telefónico **********, con lo que demostró la participación del doctor ********** en la conversación del nueve de enero de dos mil nueve, ya que fue realizada en la hora señalada, además que el perito, con sus respuestas a las preguntas décima y décima primera también aceptó que a la hora en que se realizó la llamada se encontraba en su domicilio y que también sabe que la conversación fue transcrita; sin embargo, el Juez de primera instancia dejó de valorar ese medio de prueba con el estado de cuenta de ********** (sic) e informe de **********, cuando de haberlo hecho hubiera arribado a la existencia de la conversación y participación en ella del perito, ya que éste reconoció que en la fecha y hora señaladas habló con ********** (sic), y a la razón de su dicho que sabía lo manifestado porque fue grabada la conversación por lo que si el perito aceptó la grabación de la llamada ya no había la necesidad de preguntar sobre la misma además que al responder a la quinta pregunta en relación a la octava directa aceptó que recordaba el contenido de la comunicación, aclarando que ignoraba con quién habló, porque no recordaba con quién había hablado mientras que en respuesta a la cuarta directa que formuló el **********, (sic), el perito señaló que recordaba parcialmente la conversación, porque ambas partes le recordaron que tenía que entregar su dictamen en tiempo y forma y se comprometió con ellas a hacerlo en forma minuciosa, además de que al responder la pregunta décima tercera dijo que sabía que la conversación de nueve de enero ya se encontraba transcrita en autos, mientras que a la pregunta en relación a la cuarta directa señaló que supuso que el abogado que se identificó como ********** (sic) lo exhortó para que le hiciera el pago de sus honorarios; sin embargo, las pruebas señaladas no fueron valoradas en su conjunto a pesar de que con ellas demostró que el perito ********** participó en la conversación del nueve de enero de dos mil nueve de las 15:23:32. Mientras que al responder a la décima tercera respondió que en la conversación sólo aludió a la prestación de un servicio que estaba debidamente acotada en los honorarios que obran en autos, es decir que en la conversación se refirió a sus honorarios ‘treinta’; sin embargo, la cantidad aprobada por el juzgado sería de doce mil pesos, repartida entre las partes que no se acerca a treinta mil. La inconforme también se queja de que el a quo omitió valorar la prueba testimonial que ofreció **********, ya que dejó de valorar conjuncionalmente la prueba instrumental de actuaciones, consistente en dicha declaración testimonial y la transcripción que obra en autos. En el mismo sentido alega que de la conversación se desprende la parcialidad del dictamen pericial tercero y el cohecho entre éste y el sanatorio demandado y el abogado de los doctores demandados, destacando que el interlocutor de la conversación se ostentó como licenciado ********** y señala que de la conversación se desprende (sic) toda clase de arreglos y vicisitudes, incluyendo tratos con el licenciado ********** por las causas que indica. A juicio de esta alzada el anterior agravio resulta insuficiente para modificar o revocar la sentencia impugnada a favor de los intereses de la parte inconforme. En efecto, del estudio realizado a las constancias de autos, mismas que merecen valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 327 y 403 del Código de Procedimientos Civiles (sic), se advierte, que la inconforme en el hecho uno del incidente innominado de parcialidad del dictamen pericial que rindió el doctor **********, afirmó que el especialista, durante la revisión médica que le hizo manifestó ante su hermana, ********** y su abogado **********, que: ‘... el daño que tenía era muy fuerte, que era una lástima que no le hubieran podido colocar bien al (sic) clavo, y que era muy joven para tener ya eso, y que se trataba de una operación fallida. ...’. Ahora bien, del contenido de la sentencia impugnada se observa que el a quo declaró improcedente el incidente aludido, porque la incidentista no probó ninguna de las afirmaciones que se precisan en el párrafo que antecede, así como que el a quo, al desahogo de (sic) la prueba testimonial que ofreció la recurrente a cargo de ********** le concedió únicamente el valor de indicio, argumentando que no fue la única persona que tuvo conocimiento de los hechos señalados y, por tanto, no se trataba de testigo único, puesto que la actora también ofreció la testimonial a cargo de **********, pero que dicha prueba no les fue admitida, además de que el testimonio que rindió ********** carecía de veracidad porque se trataba de la hermana de la parte actora lo que tampoco fue atacado por la recurrente. Así, resulta que el a quo fundó su determinación en el razonamiento precisado en el párrafo que antecede, mismo que la inconforme no combate de modo alguno ya que conforme al resumen de los motivos de violación que expresó, se advierte que únicamente se duele de la indebida valoración de las pruebas documentales consistentes en los informes de ********** y **********, así como del estado de cuenta de **********, así como de la testimonial que fue ofrecida a cargo del perito nombrado como tercero en discordia, alegando que con ellas demostró que el doctor ********** participó en la llamada telefónica de nueve de enero de dos mil nueve; sin embargo, y como ya quedó anotado, el Juez de primera instancia determinó que la incidentista no demostró que el perito nombrado como tercero en discordia hubiera expresado en el momento que practicó la valoración médica a la actora, las opiniones que le atribuyó el apelante, aspecto que no impugna la recurrente y que produce la subsistencia de la resolución impugnada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia que a la letra dice: ‘AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA.’ (se transcribe cita dato de localización y precedentes)."(15)

5. Denuncia penal

Cabe mencionar, que la parte actora en forma paralela a la tramitación del incidente de parcialidad de dictamen pericial, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, iniciándose una averiguación previa en la que se llevó una pericial en acústica forense, la cual dio como resultado que el perito tercero en discordia **********, sí había participado en la conversación telefónica de referencia.

6. Prueba superveniente

Así, antes de que en el juicio civil se dictara la sentencia definitiva, la actora ofreció como prueba superveniente el dictamen rendido en la citada averiguación previa con motivo de la prueba pericial en acústica, documental que fue remitida al juzgado por la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, misma que fue admitida y desahogada en los autos del juicio principal.

7. Sentencia definitiva

Una vez concluida la sustanciación del juicio principal, el Juez de primera instancia con fecha catorce de marzo de dos mil once, dictó sentencia definitiva en la que consideró procedente la vía intentada por la actora; sin embargo, estimó que ésta no probó su acción y, en consecuencia, absolvió a la parte demandada de las prestaciones reclamadas.

Para arribar a esta determinación, el juzgador esencialmente se apoyó en el resultado de la prueba pericial que se rindió en autos, al estimar que por la índole de los hechos debatidos, es la idónea para precisar la certeza de los hechos ocurridos, razón por la que procedió al análisis de los dictámenes exhibidos, privando de valor a los siguientes: Al rendido por ********** designada por la codemandada **********, por considerar que implícitamente aceptó que no goza de los conocimientos necesarios para desentrañar las cuestiones planteadas por las partes, dado que a foja veinticuatro del peritaje hizo referencia a la opinión de un diverso médico de nombre ********** el cual nunca fue mencionado en autos, reconociéndolo como el especialista en traumatología y ortopedia. Al dictamen rendido por el doctor ********** que designaron los codemandados **********, también le restó valor, en virtud de que su cédula profesional no está referida a la especialidad de traumatología y ortopedia sino a medicina legal, considerando por ello que el dictamen no fue elaborado por una persona con conocimientos específicos en las indicadas materias de traumatología y ortopedia. Por lo que se refiere al dictamen pericial rendido por el doctor ********** designado por la actora, lo desestimó bajo la base de que es médico anatomopatólogo con especialidad en medicina legal, haciendo notar además que en el cuestionario en el que fue sometido reconoció no ser cirujano traumatólogo ni ortopedista, dejando además de responder todos los cuestionarios que le fueron formulados por las partes, dando como razón para ello que no los tuvo a la vista; sin embargo, concedió valor probatorio al dictamen rendido por el perito designado como tercero en discordia **********.(16)

8. Recurso de apelación

Inconforme con la sentencia anterior, la actora por conducto de ********** interpuso recurso de apelación, alegando entre otros aspectos, que con las probanzas ofrecidas en la incidencia, así como con el dictamen de acústica forense remitido por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ofrecido y admitido como prueba superveniente, había acreditado la parcialidad del perito tercero en discordia.

Ese recurso fue radicado con el número de toca **********, en la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien el treinta de mayo de dos mil once, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, condenando a la apelante a pagar las costas causadas en ambas instancias.

Entre las consideraciones sustentadas en esa sentencia destaca la siguiente:

"f) Por cuanto hace a los motivos de inconformidad en los cuales la recurrente se queja de que el dictamen rendido por el perito tercero en discordia fue parcial, porque revelaba su afán de favorecer los intereses de la parte demandada, apoyándose para ello en la grabación telefónica que exhibió en su incidente innominado por parcialidad del dictamen rendido por el doctor **********, al respecto debe destacarse que las grabaciones telefónicas obtenidas por un particular fuera de los casos permitidos por el artículo 16 constitucional constituyen una prueba contraria a derecho que no debe ser admitida, puesto que, de acuerdo con el referido precepto, la intervención de los medios de comunicación privada únicamente está permitida a la autoridad ministerial bajo los términos y con las condiciones que el propio numeral establece; sin embargo, cuando un particular realiza la intervención de alguna comunicación privada, ésta entraña una ilicitud constitucional, pues la primera parte del párrafo noveno del referido artículo 16 establece como principio universal que: ‘Las comunicaciones privadas son inviolables ...’, en consecuencia, las grabaciones telefónicas obtenidas fuera de los casos que prevé el invocado numeral, no pueden ser admitidas como medio de prueba en un procedimiento, porque al haberse obtenido a través de una conducta que entraña un ilícito, resulta evidente que se trata de pruebas contrarias a derecho, lo cual, vulnera no sólo la citada norma, sino lo que señala el artículo 278 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Distrito Federal, en cuanto a que, para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse de cualquier persona, cosa o documento, sin más limitación que la consistente en que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral. Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que mediante sentencia interlocutoria de veintitrés de febrero de dos mil diez, misma que fue confirmada por esta Sala por resolución de veintinueve de abril de ese año, pronunciada en el toca ********** (fojas 488 a 495 y 525 a 536), se determinó, en relación con la grabación de referencia que no existía prueba con la cual se encontrase adminiculada y formara plena convicción en el ánimo del juzgador para decretar que las personas que las sostienen fueran el perito tercero en discordia doctor ********** y el licenciado ********** (sic), resolución que fue confirmada por esta alzada pues al efecto se estableció que la aludida grabación sólo merecía el valor de indicio, puesto que, para que adquiriera mayor valor debió ser perfeccionada por medio del desahogo de la prueba pericial, ya que sólo un técnico en la materia podría determinar si las voces grabadas en la cinta correspondían a las personas que se les atribuían en la grabación, ante lo cual no cabe analizar en el presente recurso la citada grabación y la parcialidad con la que se dice se condujo el perito tercero en discordia, puesto que esas cuestiones ya fueron materia de la relación (sic) interlocutoria antes mencionada en la que se declaró infundado el incidente de mérito y se absolvió al doctor ********** de las prestaciones reclamadas por la actora incidentista."(17)

9. Demanda de amparo. En contra de esa determinación ********** promovió demanda de amparo directo, de la que conoció el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien lo radicó con el número ********** y en sesión de siete de noviembre de dos mil once, decidió negar la protección federal solicitada, resolución que ahora se combate.

II. Conceptos de violación. En la demanda de amparo se hacen valer diversos conceptos de violación, entre los que destacan para lo que aquí interesa, los que en seguida se sintetizan:

A) Conceptos de violación tendientes a combatir lo decidido por la autoridad responsable en el sentido de que la grabación telefónica ofrecida como prueba es contraria a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional.

• En contra de lo determinado por la autoridad responsable, la grabación ofrecida como prueba es válida dentro de nuestro orden constitucional con fundamento en el duodécimo párrafo del artículo 16 constitucional (no el noveno como afirma la responsable), el cual establece que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las comunicaciones privadas, excepto cuando sean aportadas en forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas; y en el caso, de autos s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24331-6aca16ab/derecho-a-la-inviolabilidad-de-las-comunicaciones-privadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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