JUSTICIA LABORAL. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR E INTERPRETAR LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD ORDINARIA SIN DESATENDER LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES, CON EL FIN DE ADOPTAR UNA SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO QUE PERMITA ARMONIZAR, CUMPLIR Y RESPETAR EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SEAN APLICABLES.
AMPARO DIRECTO 404/2022. 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ANTONIO REBOLLO TORRES. SECRETARIA: ERIKA TREJO REYES.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—El estudio de los conceptos de violación que formula el quejoso conduce a determinar lo siguiente:
En sus motivos de disconformidad el peticionario de amparo aduce, en esencia, que se trata de un profesional de la salud, por lo que las acusaciones que se realizan en su contra no se encuentran apegadas a la verdad, toda vez que se encontrarse (sic) laborando en un servicio de urgencias de una universidad que no cuenta siquiera con una mesa de exploración para poder atender a los pacientes como se debe y, por ende, tuvo que juntar tres sillas para poder dar atención médica; que fue acusado injustamente de abuso sexual, cuando su labor como médico es servir al público, por lo que considera que si una paciente se presenta con un problema **********, entonces, profesionalmente se encuentra obligado a realizar una exploración ginecológica; además, porque se trata de un servicio de urgencias y, por tanto, debe brindar tal atención.
Alega que resulta absurdo que una mujer diga que el médico la miraba de manera inadecuada, y en su interrogatorio dijo que se puso muy nerviosa y que sintió que era **********; sin embargo, no refirió la razón de su dicho; igualmente manifestó que el accionante cerró la puerta, pero éste no puede realizar una auscultación con la puerta abierta; respecto a que manifestó que no le dio bata, el quejoso arguye que en la universidad no se les dota de ninguna herramienta para desempeñar el servicio que se brinda; tampoco había asistente médico, porque no tiene, y que si no se proporciona al reclamante una mesa de trabajo, menos aún cuenta con una asistente; y que la paciente reconoce que el accionante utilizó guantes para la auscultación, ya que así se realiza de manera profesional.
Plantea que es muy difícil que un médico, en la actualidad, labore de manera perfecta con la situación tan precaria y en el área de urgencias, sin especialistas en las áreas y únicamente con lo que se tiene para poder sacar el trabajo; por tanto, si una paciente acude al área de urgencias con un problema **********, y el actor no revisa el área del problema, entonces hubiese negligencia de su parte por no supervisar la zona afectada; por ende, si la alumna dijo que no se sintió cómoda, por haber cerrado la puerta y ahora se le acusa de ser ********** y se rescinde su contratación, tal situación resulta en una injusticia.
Argumenta que los médicos ven todo el tiempo a pacientes desnudos, en virtud de su trabajo, y tienen que analizar la fisonomía de las personas para percibir si caminan de forma adecuada, si respiran de manera apropiada, si su corazón late correctamente; observar el cuerpo y revisar a los pacientes es parte de su trabajo, por lo que considera absurdo que se diga que los médicos no ven a los pacientes de manera adecuada; así como que digan que cometen un abuso sexual por realizar una revisión ginecológica, aunque los profesionales de la salud están expuestos todo el tiempo.
Arguye que al laborar en una universidad pública que no dedica el presupuesto a su clínica, que además tiene una cantidad grande de alumnos, y que existe sobrecarga de pacientes, los galenos tratan de ser lo más profesionales posible y sacar el trabajo de la mejor manera; por lo que desde la óptica del inconforme, resulta absurda la lógica que se emplea para determinar que el accionante atendió de manera inadecuada a una paciente, y que realizó una segunda auscultación sin guantes; así como que, al final, haya abrazado a la paciente; en virtud de todo ello, en realidad se trata de una calumnia para su persona como profesional de la salud.
Aduce que sí reconoció que brindó atención médica a la paciente, pero jamás lo hizo de una forma que no fuera profesional, por lo que acude a esta instancia de amparo a efecto de que se anule el laudo dictado por la responsable, insistiendo en que efectuó la atención médica de la mejor manera posible, por tratarse de una paciente que contaba con una molestia en el área **********, que asistió al servicio de urgencias y el accionante prestó el servicio, pese a no contar con las herramientas que se necesitan para brindar tal atención; por lo que solicita se le conceda el amparo a efecto de que se ordene su reinstalación, ya que lo único que hizo fue dar atención médica a una paciente que presentaba un problema médico.
Los reseñados motivos de disenso son infundados, por las razones que enseguida se exponen.
Previamente sirve precisar que el análisis del presente caso no puede reducirse a la aplicación de reglas jurídicas contenidas en la Ley Federal del Trabajo y a las formalidades del procedimiento establecidas en el contrato, pues por mandato constitucional y convencional, este órgano colegiado está obligado a estudiar el asunto con perspectiva de género y tomar en consideración los derechos y principios constitucionales en juego, con base en los estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la protección de la mujer.
Por sus consideraciones, es aplicable el criterio de este Tribunal Colegiado de Circuito, sostenido en la tesis aislada I.5o.T.26 L (11a.), pendiente de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, que señala:
"JUSTICIA LABORAL. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR E INTERPRETAR LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD ORDINARIA SIN DESATENDER LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES, CON EL FIN DE ADOPTAR UNA SOLUCIÓN DEL CASO CONCRETO QUE PERMITA ARMONIZAR, CUMPLIR Y RESPETAR EL CONTENIDO DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE SEAN APLICABLES.
"Hechos: La parte trabajadora demandó la reinstalación por despido injustificado, alegando acoso laboral y otras violaciones a derechos humanos. El órgano jurisdiccional condenó a la parte demandada a la reinstalación y otras prestaciones, a partir de una aplicación e interpretación de la legalidad ordinaria y de las cargas procesales conforme a la jurisprudencia sobre derechos humanos. La dependencia patronal promovió juicio de amparo directo en el que argumentó que el órgano jurisdiccional debió considerar los requisitos de procedencia y de fondo de legalidad ordinaria aplicables para calificar la procedencia de las prestaciones reclamadas, con independencia del nuevo modelo constitucional vigente, máxime que la perspectiva de género y el principio pro persona de ninguna manera imponen la obligación al juzgador de resolver los casos sujetos a su jurisdicción conforme a las pretensiones planteadas por la parte accionante, de acuerdo a la jurisprudencia aplicable.
"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los órganos jurisdiccionales, en el análisis relativo a la procedencia o improcedencia de las prestaciones contenidas en la demanda natural, deben realizar la aplicación e interpretación de legalidad ordinaria, sin dejar de atender los mandatos de la Constitución y de los tratados internacionales, de manera tal que la solución que adopten del caso concreto permita incorporar, armonizar y respetar los derechos humanos aplicables; lo que implica que deban descartar aquellas soluciones del caso concreto que tiendan a inobservar su contenido, impedir u obstaculizar su cumplimiento.
"Justificación: De acuerdo a un entendimiento sistemático de los criterios, de rubro: ‘CONSTITUCIÓN. SU CONCEPCIÓN COMO NORMA JURÍDICA.’ (Tesis: 1a. CXXXV/2015); ‘INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA.’ (1a./J. 37/2017); ‘DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS QUE COMO PERSONAS POSEEN LOS TRABAJADORES.’ (1a. CDXXVIII/2014); ‘CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD O INCONVENCIONALIDAD DE SUS CLÁUSULAS PUEDE INTRODUCIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EN EL JUICIO LABORAL DE ORIGEN SE HAYA DEMANDADO SU NULIDAD.’ (Tesis: 2a./J. 2/2020), de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros criterios, la aplicación e interpretación de la legalidad ordinaria, de ningún modo debe resultar indiferente y ajena a las normas constitucionales y convencionales, sino que debe integrarse, armonizarse e incluso debe ceder –cuando resulte imperativo– frente al contenido de los derechos humanos directamente aplicables. En ese sentido, si bien es verdad que en algunos casos la simple alusión genérica que hagan las partes a los derechos humanos y al principio pro persona de ninguna manera hace procedente en automático cualquier prestación demandada; ello no conduce a determinar que sean irrelevantes o se encuentren desvinculados de la legalidad ordinaria como si se tratara de dos órdenes paralelos independientes, dado que conforman un mismo orden jurídico que debe integrarse y retroalimentarse en forma sistémica, lo cual conlleva que en muchas ocasiones las hipótesis normativas que prevén las prestaciones reclamadas adquieran una significación plena, completa e integral cuando se complementan y armonizan con los derechos humanos que efectivamente resulten aplicables, lo que implica que en muchas ocasiones sean determinantes para que el órgano jurisdiccional califique en forma válida las pretensiones de la demanda natural y sea posible la emisión de una resolución apegada a todo el derecho vinculante en el caso concreto, considerando que de acuerdo a los artículos 1o. y 133 constitucionales, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos constitucionales y convencionales, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad."
En efecto, este órgano jurisdiccional determina que en los asuntos en los que se reclame una rescisión laboral con motivo de denuncias por conductas de violencia de género y sexual, como sucedió en el caso, las formalidades del procedimiento rescisorio deben armonizarse con los derechos humanos y las exigencias derivadas de la igualdad de género, a fin de evitar situaciones de impunidad injustificadas, como se expone a continuación.
Al respecto se invoca la tesis aislada 1a. XCVII/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, abril de 2011, materia constitucional, página 305, con número de registro digital: 162408, que establece:
"CONFLICTOS ENTRE NORMAS CONSTITUCIONALES. CORRESPONDE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN RESOLVERLOS EN CADA CASO CONCRETO. Dada la estructura de las normas constitucionales es posible que existan supuestos en los que éstas entren en conflicto. Esto es especialmente cierto en el caso de los derechos fundamentales, que pueden entrar en colisión porque en diversos supuestos no se contemplan expresamente todas sus condiciones de aplicación. La labor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en precisar, a través de la resolución de casos concretos, las condiciones de precedencia de las normas constitucionales en conflicto. En este sentido, cuando tienen lugar contradicciones entre distintos principios constitucionales con motivo de situaciones concretas se utilizan distintas técnicas argumentativas, como la ponderación, que permiten resolver este tipo de problemas."
Ahora bien, como se anticipó, la rescisión del actor se encuentra inmersa en un contexto de denuncias de alumnas donde se advierte violencia de género, así como abuso sexual, lo que indica que para resolver el presente caso deben emplearse estándares de derechos de todas las personas involucradas, principalmente de las que se encuentren en un estado de vulnerabilidad y desventaja, inclusive si se encuentran implicadas de forma directa e indirecta, como ocurre en el asunto en estudio, respecto de las alumnas que en su calidad de pacientes denunciaron al médico, por lo que no puede obviarse el contexto de violencia en que sucedieron los hechos denunciados, toda vez que equivaldría a invisibilizar, normalizar y perpetuar las desigualdades hacia un grupo en particular (mujeres).
Para justificar la afirmación que antecede, es necesario señalar que conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar y sancionar el derecho a la igualdad y no discriminación.
Asimismo, existen estándares nacionales e internacionales relacionados con el tema de violencia de género, que son aplicables de forma transversal en todos los ámbitos del derecho, incluyendo la materia laboral, como lo es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,(1) que establece en los artículos 2, inciso f) y 5, inciso a), que los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, por lo que se comprometen a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; asimismo, dispone que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Igualmente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará),(2) en su artículo 7 establece, en lo conducente, que los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación.
En México, los artículos 6, 10 y 13 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establecen que por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado, y especifica que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona, y que comprende, entre otros, el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar (artículo 6).
Del mismo modo, el artículo 10 dispone que la violencia laboral y docente se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad; mientras que el artículo 13, precisa que el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
Se transcriben los artículos 6, 10 y 13 de la ley general citada, para mayor claridad:
"Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
"I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a (sic) la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;
"II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas, o ambas;
"III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;
"IV. Violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;
"V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto y,
"VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres."
"Artículo 10. Violencia laboral y docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual."
"Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.
"El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a (sic) un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos." (el subrayado es de este tribunal)
En congruencia con lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la obligación de juzgar con perspectiva de género involucra dos aspectos: I) la aplicabilidad: que es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, II) la metodología: que exige cumplir con los elementos que establece la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo anterior se advierte de la tesis aislada 1a. XXVII/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 40, Tomo I, marzo de 2017, página 443, con número de registro digital: 2013866, que determina:
"JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. CONCEPTO, APLICABILIDAD Y METODOLOGÍA PARA CUMPLIR DICHA OBLIGACIÓN. De acuerdo con la doctrina de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema, la perspectiva de género constituye una categoría analítica –concepto– que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica, social y culturalmente se ha entendido como ‘lo femenino’ y ‘lo masculino’. En estos términos, la obligación de las y los operadores de justicia de juzgar con perspectiva de género puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja en la cual históricamente se han encontrado las mujeres –pero que no necesariamente está presente en cada caso–, como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición y al rol que debieran asumir, como un corolario inevitable de su sexo. La importancia de este reconocimiento estriba en que de él surgirá la posibilidad de que quienes tengan encomendada la función de impartir justicia, puedan identificar las discriminaciones que de derecho o de hecho pueden sufrir hombres y mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Dicho de otra manera, la obligación de juzgar con perspectiva de género exige a quienes imparten justicia que actúen remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres. En estos términos, el contenido de la obligación en comento pueden resumirse de la siguiente forma: 1) Aplicabilidad: es intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte, la cual comprende obligaciones específicas en casos graves de violencia contra las mujeres, y se refuerza aún más en el marco de contextos de violencia contra éstas; y, 2) Metodología: exige cumplir los seis pasos mencionados en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), de rubro: ‘ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.’, que pueden resumirse en la necesidad de detectar posibles –mas no necesariamente presentes– situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar el contexto de violencia o discriminación, y finalmente resolver los casos prescindiendo de cualesquiera cargas estereotipadas que resulten en detrimento de mujeres u hombres." En cuanto a la metodología que debe seguirse para juzgar con perspectiva de género, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 1a./J. 22/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Tomo II, abril de 2016, página 836, con número de registro digital: 2011430, que establece:
"ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género, deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual, debe implementarse un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia; ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género; iii) en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones; iv) de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género; v) para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas; y, vi) considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género."
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia que se invocó en párrafos precedentes, identificada como 1a./J. 22/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", estableció que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual se debe implementar un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, para verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones de género, impida impartir justicia de manera completa e igualitaria.
Lo anterior es así, porque en relación con la cuestión probatoria, tratándose de actos de violencia sexual en contra de las mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las mujeres enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer el derecho de acceso a la justicia y, por tanto, con el objeto de remover esas barreras, el testimonio de la víctima que, en el caso, obra en las actas de hechos y actas administrativas respectivas, debe ser valorado con una perspectiva de género, y se debe considerar que la declaración de las víctimas constituye una prueba fundamental sobre el hecho, que debe valorarse en conjunto con otros elementos de convicción.
Puntualizado lo expuesto, se dice que no asiste razón al inconforme, toda vez que contrariamente a lo expresado, de las constancias de autos se observa que, como sostuvo la responsable, fue correcto que la universidad demandada rescindiera la relación de trabajo con el actor, pues con las pruebas exhibidas por la patronal quedó demostrado que incurrió en faltas de probidad u honradez durante el desempeño de sus funciones como médico en el centro de labores, sin que con las manifestaciones y probanzas proporcionadas por el accionante durante el levantamiento del acta de investigación administrativa de trece de junio de dos mil once, hubiera desvirtuado tales imputaciones de abuso sexual en su contra, ya que, al respecto, la responsable determinó:
"III. La carga de la prueba corresponde al demandado, en su calidad de patrón, que debe acreditar que el reclamante incurrió en las causales de rescisión.
"El procedimiento de investigación de las faltas del actor se inició con el citatorio del 7 de junio de 2011, consultable a folios 68 a 72, documento del que, en su demanda, hecho 3 (f. 9) se queja en el sentido de que la demandada no aclara con precisión los hechos de la supuesta falta de probidad y honradez, ni está fundamentada y motivada la supuesta falta.
"En la documental se establecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los acontecimientos que se le atribuyen al hoy actor, dado que ********** o **********, se queja de que el médico le había realizado una exploración ********** que la incomodó, por la actitud del trabajador hacia ella, y porque él prescindió de llamar a una enfermera y procuró que no hubieran otras personas, y que el demandante generó temor en la paciente (f. 69). En tanto que ********** se quejó de que en la revisión ********** que le practicó, el médico había comentado a la alumna diversos aspectos de su vida íntima y la lastimó; además de haberla revisado en dos sillas, sin la presencia de enfermera y comentándole a la paciente que no se preocupara, que iba a encontrar a alguien mejor que su novio (f. 71). En el citatorio sí se mencionan, con prístina claridad, cuáles son las conductas por las que se llama al operario a ser investigado, el 13 de junio de 2011, por lo que los alegatos de la demanda no proceden en relación con esta documental.
"El actor estaba perfectamente enterado, desde que se le cita, de cuáles son las imputaciones en su contra.
"El acta de la investigación de los hechos, con firma autógrafa del trabajador, sin prueba en contrario, se verificó a las 10:30 horas del 13 de junio de 2011; en el documento se refieren las imputaciones que ********** o ********** y ********** le hacen, y se ofrecen las actas de hechos de fecha 2 de junio de 2011, suscritas por ‘las quejosas’.
"Tacha de documentos unilaterales a las actas del 2 de junio de 2011, y alude a dos nombres de la paciente ********** o **********, y sostiene que se falsea la información y se queja de que no se le proporcionaron junto al citatorio las mismas actas de hechos. La lectura integral de la declaración del trabajador investigado permite arribar a las conclusiones de que conoce a las dos alumnas quejosas, que sí tuvo contacto con ambas, porque fueron sus pacientes; empero, el actor no proporciona medios de convicción que desvirtúen los hechos que las alumnas relatan en sus quejas del 2 de junio de 2011. Se destaca que ********** ratificó el acta de hechos en la actuación del 19 de octubre de 2016, sin que concurriera el actor a repreguntar a la testigo; ********** no ratificó el acta de hechos y se declaró desierto el perfeccionamiento de la documental (f. 399). Los hechos que se acreditan en autos son los que provienen de **********, en el acta del 2 de junio de 2011, ratificada en juicio, consistentes en ... (narra hechos ocurridos el 19 de mayo de 2011, según lo declarado por la citada estudiante). El trabajador h
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31245-eaab3bdd/justicia-laboral-los-organos-jurisdiccionales-deben-aplicar-e · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MATERIA LABORAL. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE APLICARLA EN CASOS DE ACOSO LABORAL. (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA, GRAFOSCOPIA, GRAFOMETRÍA, DACTILOSCOPIA O DOCUMENTOSCOPIA EN EL JUICIO LABORAL. LAS PARTES QUE LA OFREZCAN, NO NECESARIAMENTE TIENEN QUE SEÑALAR (AMPARO DIRECTO)
- SALARIO. PARA EFECTOS DE UNA CONDENA NO PUEDE CONSIDERARSE EL QUE DA COMO RESULTADO UNO DIARIO INFERIOR AL MÍNIMO GENERAL VIGENTE CORRESPONDIENTE A LA ZONA Y AÑO DE QUE SE TRATE. (AMPARO DIRECTO)
- CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO CELEBRADOS ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) Y LA ASOCIACIÓN AUTÓNOMA DEL PERSONAL ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- ACTA ADMINISTRATIVA POR ACTOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA UNA MUJER. AL JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO LA AUTORIDAD LABORAL DEBE PRESCINDIR DE LA RATIFICACIÓN PARA SU PERFECCIONAM (IV.2o.T.5 L (11a.))
- FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS QUE SUSCRIBEN, PARA QUE PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO EN SU CONTRA. (2018)
- FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS QUE SUSCRIBEN, PARA QUE PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO EN SU CONTRA. (I.4o.A. J/10)
- RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR FALTAS DE PROBIDAD Y HONRADEZ (DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL). LAS JUNTAS LABORALES DEBEN EFECTUAR UNA PONDERACIÓN ADECUADA QUE CONSIDERE EN FORMA E (I.5o.T.2 L (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis