Corpus
Modo: Corpus Pro

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN MATERIA LABORAL. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES TIENEN LA OBLIGACIÓN DE APLICARLA EN CASOS DE ACOSO LABORAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4826/2025. · Registro digital (IUS): 34059
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-06-12
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Junio de 2026, Tomo II, Volumen 1, Pág.52.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4826/2025. 8 DE ENERO DE 2026. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, CON CONSIDERACIONES ADICIONALES Y SE SEPARÓ DE OTRAS, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y PRESIDENTE HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIA: LIZBETH BERENICE MONTEALEGRE RAMÍREZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Ver índice temático

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de enero de dos mil veintiséis emite la siguiente:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4826/2025, interpuesto en contra de la sentencia de catorce de mayo de dos mil veinticinco, dictada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo **********, relacionado con el diverso **********.

El problema jurídico que este Tribunal Pleno debe resolver consiste en determinar la regularidad constitucional del artículo 106 inciso e) del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. ********** tenía un contrato de trabajo con la Universidad Nacional Autónoma de México (**********) desde el cinco de junio de dos mil catorce, en términos de la sección C, del capítulo V, artículos 49, 50 y 51 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad, el cual señaló le habían renovado y prorrogado anualmente, asimismo, que se encontraba adscrita **********

2. Fue designada por el entonces **********, como ********** del programa y ********** de estudios por la Universidad del **********; posteriormente, en marzo de dos mil dieciséis fue ratificada en ese cargo y en octubre de dos mil diecinueve fundó el seminario internacional permanente de **********.

3. Manifestó que sufrió acoso laboral por parte **********, y que derivado de ello, le fue modificada la temporalidad de las contrataciones.

4. El cinco de noviembre de dos mil dieciocho, se publicó en la Gaceta de **********, la convocatoria para el concurso de oposición abierto para ocupar **********, con número de registro **********.

5. La actora se inscribió al concurso y fue admitida, seguidos las etapas del procedimiento, el veinte de mayo de dos mil diecinueve se celebró la sexta sesión ordinaria de la Comisión Dictaminadora **********, para elaborar el dictamen al concurso referido, declarándolo desierto.

6. En la Décimo Primera sesión ordinaria de trece de junio de dos mil diecinueve, el Consejo Técnico de Humanidades ratificó el dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora **********, en el sentido de negar la plaza a la actora y declarar desierto el concurso.

7. En desacuerdo, la participante interpuso recurso de revisión de conformidad con el artículo 106 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, el veintidós de julio de dos mil diecinueve.

8. El ********** le informó que el Consejo Técnico de Humanidades admitió el recurso de revisión y le requirió para que dentro del plazo de diez días hábiles designara a un representante para integrar la Comisión Especial Revisora.

9. El dieciséis de enero de dos mil veinte, se celebró la primera y única sesión de la Comisión Especial Revisora sin llegar a un dictamen concluyente, por lo que ratificó el dictamen emitido por la Comisión Dictaminadora, en el sentido de no otorgar la plaza a la actora y declarar desierto el concurso, además, acumuló los recursos interpuestos por diversos participantes.

10. El dieciséis de marzo de dos mil veinte, la secretaria técnica del Consejo Técnico de Humanidades de la Universidad ratificó el dictamen emitido por la **********.

11. Por otro lado, el nueve de junio de dos mil veintiuno, por correo electrónico del jefe del departamento de personal **********, le informó la finalización de su contrato laboral y fue citada para recoger el cheque del último periodo.

12. Juicio laboral. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común de Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, **********, por propio derecho, demandó de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la prórroga del contrato individual de trabajo, la reinstalación y diversas prestaciones derivadas de la terminación de la relación laboral, la emisión de una nueva convocatoria para el concurso de oposición abierto, a efecto de ocupar la plaza **********, **********; y, en caso de demostrarse la nulidad alegada del concurso, se le otorgara la plaza materia del concurso y, en consecuencia, el nombramiento respectivo; asimismo, planteó la inconstitucionalidad del inciso e) del artículo 106 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad, al ser oscura e incompleta, vulnerando el debido proceso; y, el reconocimiento como derechohabiente de los servicios desde el despido injustificado y durante el tiempo de resolución del juicio.

13. La parte actora señaló como tercera interesada **********.

14. Por escrito de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la parte actora adicionó, modificó y aclaró su demanda, respecto de las prestaciones demandadas y los hechos narrados (acoso laboral).

15. En la audiencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la parte actora se desistió de la demanda en contra de **********.

16. Seguidos los trámites del juicio laboral en todas sus etapas, la Junta Especial Número 14 Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó el laudo el veintiocho de agosto de dos mil veinticuatro, en el que condenó a la Universidad Nacional Autónoma de México a nulificar en su totalidad, el concurso de oposición abierto publicado en la gaceta número **********, del **********y ordenar la apertura de uno nuevo, en el que la actora pueda concursar para ocupar la plaza; a la reinstalación y a la entrega del contrato respectivo, hasta en tanto se resuelva el concurso; al pago de salarios caídos, previo trámite del incidente de liquidación, aguinaldo y prima vacacional. Por otro lado, absolvió tanto a la Universidad del pago de las prestaciones que no tienen una particular condena, así como al codemandado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado del pago de todas las prestaciones reclamadas.

17. Juicio de amparo directo **********. Inconforme con la determinación anterior, **********, por propio derecho, promovió demanda de amparo en contra del laudo anterior; señaló como terceros interesados a la **********, en los conceptos de violación, en esencia, adujo lo siguiente:

• La autoridad responsable deja en estado de indefensión a la quejosa, pues si bien ordenó la reinstalación, lo hizo con la prevención de nulificar en su totalidad el Concurso de Oposición Abierto, por lo que debió además otorgarle la plaza materia del concurso, que venía ocupando desde el cinco de junio de dos mil catorce de manera definitiva y con el nombramiento respectivo, porque tal determinación no afecta en nada la autonomía ni la libertad de cátedra o investigación, tampoco daña la esfera jurídica de terceros, ya que el concurso fue declarado desierto.

• Por otro lado, ante el cúmulo de evidencias que permiten concluir que la evaluación realizada por la Comisión Dictaminadora tuvo errores y omisiones injustificables que evitaron que la quejosa fuera declarada ganadora, tales violaciones se traducen en la vulneración del principio de equidad entre participantes.

• En el caso, la junta responsable no evalúa a la trabajadora sujeta a concurso, sino identifica los elementos aportados en el juicio y determina que los propios integrantes de la Comisión Dictaminadora reconocieron que, por un lado, la quejosa trabajadora era la persona idónea para ganar el concurso, y por otro, que cometieron errores y omisiones que evitaron la consecuencia lógica de su evaluación: la asignación de la plaza en contienda a la trabajadora.

• No debe confundirse la autonomía universitaria con los derechos fundamentales de las personas que lo integran, por lo que, si bien el laudo condena a la reinstalación, tal circunstancia es insuficiente para lograr la protección más amplia de los derechos de la quejosa, al no realizar un estudio dinámico sobre las facultades como órgano jurisdiccional y limitándose sólo a resolver el conflicto planteado.

• Por otro lado, aduce que el laudo es incongruente al condenar a reinstalar y emitir un nuevo concurso de oposición abierto en el cual la parte actora debe participar.

• El laudo que se impugna no es exhaustivo, ya que no resuelve todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el escrito inicial de demanda.

• La autoridad responsable fue omisa en pronunciarse respecto de la declaración de inconstitucionalidad, en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad del inciso e) del artículo 106 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, toda vez que esa normatividad es oscura en sus términos e incompleta en sus descripciones, por lo que vulnera el principio del debido proceso y acceso a la justicia consagrado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y los diversos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; además, de que con ello se vulnera el principio de exhaustividad contenido en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, dejando en estado de indefensión a la quejosa.

• La Junta responsable también fue omisa en proveer respecto a los hechos que constituyeron una conducta de acoso laboral y resolvió bajo una perspectiva tradicional, invisibilizando la narrativa de la quejosa, vulnerando su derecho humano a un trabajo libre de violencia.

• Finalmente, con fundamento en el artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, al tratarse de una evidente violación de los derechos humanos de la quejosa trabajadora, solicitó la suplencia de la queja.

18. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito conoció de la demanda de amparo directo, la registró bajo el expediente **********(1) y la admitió a trámite, tuvo a los terceros interesados como emplazados y ordenó la notificación correspondiente al Agente del Ministerio Público. En sesión de catorce de mayo de dos mil veinticinco negó el amparo a la parte quejosa, bajo las siguientes consideraciones:

• El Tribunal Colegiado del conocimiento declaró por una parte inoperantes y, por otra infundados los conceptos de violación.

• Declaró inoperante el reclamo de inconstitucionalidad, porque no denota un verdadero argumento de constitucionalidad, pues genéricamente enuncia que la porción citada resulta obscura en sus términos e incompleta en sus descripciones, por lo que vulnera el principio del debido proceso, al no precisar en qué momento comenzaría a correr el término de quince días al que hace alusión, ni describe los pasos o tiempos de las etapas en el ejercicio de la revisión descritas en el diverso inciso d); sin embargo, con ello no sostiene válidamente la afectación que aduce al caso concreto, ni enuncia o abunda sobre el porqué lo considera así a la luz del derecho humano de debido proceso, o bien sobre qué normas, específicamente, se debe hacer la ponderación de valor sobre los derechos humanos protegidos por la Constitución Federal, consideró que sus manifestaciones son ineficaces para la conformación de un verdadero motivo de disenso inconstitucional.

• Precisó que, aun cuando la junta responsable fue omisa en emitir pronunciamiento alguno sobre la inconstitucionalidad alegada, tal situación no variaría el sentido del fallo impugnado, pues la actora no hizo valer un verdadero argumento de constitucionalidad, ya que genéricamente enunció que la porción señalada resultaba oscura, incompleta en su descripción sin precisar afectación al caso concreto. Sostuvo lo anterior con base en las jurisprudencias 2a./J. 123/2014 (10a.)(2) y 2a./J. 69/2014 (10a.).(3)

• A mayor abundamiento, señaló que en juicio de amparo DT. **********, resuelto en la misma sesión y que se encuentra relacionado se determinó que, la Universidad Nacional Autónoma de México no dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 106 incisos d) y e) —inciso que impugna la actora— del Estatuto del Personal Académico.

• El tribunal destacó que la parte quejosa se inconformó respecto de la condena a reinstalarla, al afirmar que es correcta pero limitativa, porque debió restaurar el derecho humano al trabajo de la manera más amplia posible; esto es, en los mismos términos y condiciones en que se venía desempeñando y otorgarle la plaza concursada de manera definitiva y con el nombramiento respectivo; además, aduce que la junta responsable fue omisa en pronunciarse sobre el acoso laboral del que fue objeto la actora y que, como consecuencia de éste, la autoridad debió impartir justicia con base en una perspectiva de género, a fin de verificar si en el caso existió una situación de violencia o vulnerabilidad que —por cuestiones de género— impida impartir justicia de manera completa e igualitaria, argumentos que fueron declarados infundados, pues aun cuando fue omisa tal circunstancia no variaría el sentido del fallo impugnado.

• Ello, en tanto que el tribunal colegiado estimó que no había indicio de que la actora por su condición de mujer, se le hubiere discriminado, intimidado, menoscabado, ni en su relación laboral, ni en el procedimiento del concurso de oposición abierto, ya que no se advierte distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que hubiere tenido por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos, por su calidad de mujer trabajadora, o que se le hubiera dado una atención o trato diferenciado por ser del sexo femenino y, que ello, le impidiera el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad, o bien, que se hubiese hecho uso de algún lenguaje basado en estereotipos o prejuicios.

• Tampoco advirtió indicio de que las conductas imputadas a los superiores jerárquicos de la trabajadora, así como de los integrantes del Consejo Técnico de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México ni de la Comisión Especial Revisadora, durante el desarrollo del concurso de oposición abierto, constituyan violencia basada en el género de la actora y, que por esa razón, se le haya causado daño o sufrimiento físico o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado, al declararse desierto dicho concurso.

• El tribunal colegiado señaló que no se advertía indiciariamente, discriminación en el empleo, ni por ocupación por embarazo, ya que la accionante no refirió estar embarazada; tampoco indicio de discriminación por razón de orientación sexual, raza, religión, origen étnico o condición social, pues la actora no señaló en su escrito de demanda que se encontrara en esos supuestos y, que por alguno de éstos, considerara que no resultó vencedora del concurso de oposición en el que participó y, que éste, se haya declarado desierto.

• Por lo que el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó, que no resultaba necesario atender a la herramienta de perspectiva de género, como lo pretendía la quejosa, pues la misma es utilizada bajo la premisa de ubicarse en alguna categoría sospechosa, lo que, en el caso, no acontece.

• Determinó que, cuando una persona acusa que ha sufrido un trato discriminatorio y de acoso laboral (mobbing) en su centro de trabajo, resulta necesario verificar si la conducta es sistemática y tiene como objetivo intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o controlar o destruir, con el fin de mermar su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo cual agravia por la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte; también, debe verificarse la tipología de esa conducta, la cual puede presentarse en tres niveles: horizontal, vertical ascendente y vertical descendente, tal y como lo señala la tesis aislada 1a. CCLII/2014.(4)

• En relación con el acoso laboral que adujo sufrió por parte del funcionario que menciona en los hechos de su demanda y aclaratorios, el órgano jurisdiccional señaló que, correspondía a la actora la carga de la prueba de que fue objeto de acoso laboral que afirmó y que éste conllevó a que no fuera señalada como vencedora del concurso de oposición; sin embargo, de las pruebas aportadas no se advierte alguna que aún de forma indiciaria conlleve a tener por demostrado el acoso laboral.

• El tribunal indicó que lo anterior, no se contrapone con la presunción generada de la prueba confesional tanto del ********** como del **********, a quienes se les tuvo fictamente confesos, mismas que van encaminadas a demostrar la conducta hostil atribuida, presunción que no tiene el alcance que pretende la parte quejosa, pues es insuficiente para demostrar los indicios que conlleva a realizar el estudio sobre dicha conducta; asimismo, la prueba testimonial al secretario académico del Centro no se arrojan datos precisos que aún en forma de indicios se pudiera corroborar el acoso laboral.

• Tampoco de las diversas pruebas ofrecidas se advierte indicio alguno para tener por demostrado el acoso laboral que afirmó la actora sufrió del **********.

• Además, sobre la temporalidad de los nombramientos que le eran expedidos a la trabajadora, éstos se encontraban —plenamente— justificados al ser emitidos conforme a lo establecido en el artículo 51 del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México; por lo que no se advierte que la contratación de la demandante haya sido condicionada por el acoso laboral.

• En relación con que la conducta hostil le generó cada vez más estrés, intolerable e inviable con sus objetivos académicos, tampoco se encuentra demostrada ni aún en forma indiciaria.

• El Tribunal Colegiado no advirtió que se actualizara la conducta relativa al diverso acto de acoso y presión que imputa al **********consistente en la suspensión del estímulo económico correspondiente a la distinción de la actora, en virtud de que del análisis de las pruebas aportadas se advierte que dicho funcionario es ajeno a los trámites administrativos, pues corresponde concederlo al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

• En relación con las opiniones tendentes a minimizar los méritos académicos y desacreditar la calidad académica, lo cual es un acto directo de intimidación y que contribuyeron a la conclusión de declarar desierto el concurso realizado; el órgano colegiado determinó que del caudal probatorio no se advirtió distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que hubiere tenido por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos, por su calidad de mujer trabajadora, o que se le hubiera dado una atención o trato diferenciado por ser del sexo femenino y, que ello, le impidiera el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad, o bien, que se hubiese hecho uso de algún lenguaje basado en estereotipos o prejuicios.

• Precisó que, incluso en dicho concurso fueron admitidas diversas personas trabajadoras tanto de su mismo género como masculinos, de las cuales, dadas las facultades con las que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México, establecidas en el artículo 3 de la Constitución Federal, al evaluarlas, se estimó que ninguno de los participantes reunió el perfil solicitado para resultar vencedor, motivo por el cual, las instancias correspondientes, arribaron a la conclusión de declarar desierto el concurso realizado, sin que la autoridad laboral pueda sustituirse a los órganos que la normatividad interna de la universidad haya designado para la evaluación académica de las personas trabajadoras. • Por lo que concluyó que de las pruebas ofrecidas por la actora no se demostró ni aun de forma indiciaria, el acoso laboral que afirmó en su escrito inicial y aclaratorio, ni que fuera tal situación la causa de la terminación de la relación laboral o que hubiere sido el motivo de no haber sido declarada vencedora del concurso de oposición para ingreso abierto.

• El tribunal colegiado determinó que no pasa inadvertido que se reclama el acoso laboral (mobbing) en su vertiente vertical descendente, esto es, que es inferida por un superior jerárquico a la víctima, para establecer si las conductas denunciadas constituyen indicadores de trato discriminatorio o de prácticas de acoso, como la asignación de trabajos degradantes o innecesarios, sin valor o utilidad, la no asignación de actividad alguna o la imposición de cargas excesivas, cambio de puesto sin previo aviso o cambio de localidad donde debe prestarse el servicio, la autoridad competente debe atender los hechos denunciados y examinar la razonabilidad de esas conductas desde la perspectiva de la relación laboral y del deber de velar por el respeto de los derechos humanos, en la inteligencia de que está obligada a verificar que no se incurra en prácticas cuyo propósito sea intimidar, amedrentar o afectar emocional o intelectualmente al trabajador, o servidor público tendente a excluirlo de la organización o a satisfacer la necesidad, que suele prestar el hostigador, de agredir, controlar o destruir mediante una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral o de servicio público.

• Señaló que si bien la carga de la prueba es para el denunciante, opera una reversión de la carga probatoria en aquellos casos en que la conducta denunciada es sospechosa, de confirmar una práctica violatoria de derechos fundamentales, como el acoso laboral, por lo que es la autoridad resolutora quien tiene el deber de atender los hechos expresados en la demanda o queja, incluso ha sido criterio reiterado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuando se acusa la vulneración del derecho al trabajo podrá analizarse en el marco del principio iura novit curia, conforme a lo cual se permite estudiar la posible violación de derechos a partir de los hechos que sustenten la denuncia, a condición que se respete el marco fáctico de la causa que origine dicha denuncia.

• Por lo que, tratándose de patrones conductuales sospechosos, basta que la víctima identifique puntualmente los hechos constitutivos en que basó el acoso laboral y el trato discriminatorio sobre su persona, para que corresponda al sujeto activo demostrar que no ha incurrido en la conducta que se le acusa.

• Así cuando se acusa una conducta discriminatoria por otorgar un trato que afecta o genera una desventaja producida en relación con los demás, corresponderá al acusado de perpetrar el acto discriminatorio, desvirtuar el señalamiento de ilicitud y, en su caso, acreditar que su actuación se encuentra justificada de manera objetiva y razonable.

• Por lo anterior, el órgano colegiado del análisis de las constancias que integraron el expediente concluyó que no se advierte ni indiciariamente que la actora sufrió el acoso laboral que afirmó en su escrito inicial y, menos aún, que dicha situación, fuera la causa de la terminación de la relación laboral o que hubiere sido el motivo de no haber sido declarada vencedora del concurso de oposición.

• Además, no resulta necesario atender a la herramienta de perspectiva de género como lo pretende la quejosa, pues la misma es utilizada bajo la premisa de ubicarse en alguna categoría sospechosa, lo cual no aconteció.

• Por lo que hace al argumento de que al demostrarse las irregularidades del concurso de oposición abierto, debió declararse vencedora del mismo, el órgano colegiado lo calificó de inoperante, en atención a lo resuelto en el juicio de amparo directo **********, promovido por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se determinó que el procedimiento del recurso de revisión deberá ser sustanciado nuevamente, a fin de que la demandada a través de la Comisión Especial Revisora dé cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 61 —específicamente a los incisos d) y e) — del Estatuto del Personal Académico que rige en la institución, y, por lo que hace a lo resuelto en la primera etapa del concurso de oposición abierto, ésta debe subsistir, en atención a que de las constancias que integran el sumario, no se advierte que haya sido sustanciado contrariando la convocatoria ni al Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, además, la casa de estudios superiores constitucionalmente cuenta con facultades exclusivas para evaluar a los participantes.

• Por lo expuesto, el tribunal calificó de ineficaces los argumentos que esgrime la titular de la acción constitucional en sus motivos de inconformidad, en cuanto a que el acto impugnado carece de fundamentación y motivación y, la indebida apreciación de las pruebas exhibidas en el juicio.

19. Recurso de revisión. Inconforme con la anterior resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión y expresó agravios, en los que refirió, esencialmente, lo siguiente:

• El Tribunal Colegiado fue omiso en analizar los reclamos de inconstitucionalidad del artículo 106, inciso e) del Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México que hizo valer no sólo en la demanda de amparo sino también en la demanda laboral, por vulnerar el debido proceso al no precisar en qué momento comienza a correr el término de quince días para emitir la opinión razonada que será sometida al Consejo Técnico para la emisión de la resolución definitiva en el concurso de oposición.

• El Tribunal Colegiado omitió utilizar la herramienta de perspectiva de género, lo que ocasionó un daño económico y una afectación psicológica, emocional e intelectual un significativo retraso en su proyecto de vida como académica; por lo que, de haberla aplicado, hubiera solicitado en términos del artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo diversas diligencias para el esclarecimiento de la verdad, con el fin de comprobar si existieron indicios al respecto.

• Alega que, si la autoridad laboral fue omisa al no aplicar la perspectiva de género para lograr que los indicios aportados por la trabajadora pudieran ser refutados o verificados mediante otros elementos, como lo fue la prueba 44 consistente en el audio videograbación de la sesión de dieciséis de enero de dos mil veinte, respecto la cual la universidad pudo pronunciarse y fue omisa en presentar, se hubieran podido documentar elementos de idoneidad sobre el acoso laboral.

• Por último, la recurrente señala que existe un error en la mención del artículo con el cual se debe sustanciar de nueva cuenta el recurso de revisión de origen en el concurso cuya nulidad se demandó, pues la sentencia aduce que es el artículo 61 del Estatuto del Personal Académico cuando debió decir 106.

20. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante auto de siete de agosto de dos mil veinticinco, la entonces Ministra Presidenta de este Alto Tribunal admitió el recurso de revisión bajo el expediente 4826/2025, y reservó el turno para que la nueva integración de este Alto Tribunal determinara lo conducente.

21. Mediante proveído de dos de septiembre de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal ordenó turnar el presente asunto a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, para que actúe como ponente para elaborar el proyecto de resolución. Asimismo, se admitió la adhesión al recurso de revisión principal que hizo valer la parte tercera interesada.

22. Publicación del proyecto. De conformidad con el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de Integración de las Listas de Asuntos con Proyecto de Resolución,(5) el proyecto de sentencia se hizo público, con la misma anticipación que la publicación de listas de los asuntos.

I. COMPETENCIA

23. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de este recurso de revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX,(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II(7) y 96(8) de la Ley de Amparo; y 16, fracción IV,(9) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, así como el punto Segundo, fracción IV, del Acuerdo General Número 2/2025 (12a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales,(10) por tratarse de un asunto en que el medio de impugnación relativo fue interpuesto contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado en la que subsiste el problema de constitucionalidad de una norma federal.

II. OPORTUNIDAD

24. Del análisis de las constancias se advierte que, la sentencia del Tribunal Colegiado le fue notificada a la parte quejosa por medio de lista el lunes veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, por lo que dicha notificación surtió efectos el martes veintisiete posterior.

25. Así, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo(11) para la interposición del recurso de revisión transcurrió del miércoles veintiocho de mayo al martes diez de junio de dos mil veinticinco, descontándose los días treinta y uno de mayo, uno, siete y ocho de junio, todos ellos de la misma anualidad, por ser sábados y domingos, inhábiles conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo;(12) y, 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(13)

26. Por tanto, si el escrito de recurso de revisión se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34059-5664a017/perspectiva-de-genero-en-materia-laboral-los-organos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.