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Modo: Corpus Pro

SEGUROS. SI AL CONTESTAR LA RECLAMACIÓN DE PAGO O DURANTE UN PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, LA ASEGURADORA NO EXPONE TODAS LAS RAZONES POR LAS QUE NIEGA LA PRETENSIÓN DEL ASEGURADO, NO SE VE LIMITADO SU DERECHO DE DEFENSA EN EL JUICIO, NI EXIME DE LA CARGA DE LA PRUEBA A ESTE ÚLTIMO; PERO SÍ LE IMPONE LA CARGA DE DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN A FAVOR DEL ASEGURADO SOBRE CUESTIONES QUE NO SE ENCUENTREN CLARAMENTE ESTABLECIDAS EN LA PÓLIZA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 233/2011. · Registro digital (IUS): 23331
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Pág. 2610.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 233/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE OCTUBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno de junio de dos mil uno, por tratarse de una contradicción de tesis suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues en el caso, fue realizada por un Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. Tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. El amparo directo ********** derivó de los antecedentes siguientes:

Una persona física promovió un juicio ordinario mercantil en contra de una aseguradora, mediante el que demandó el cumplimiento de una póliza de seguro, el pago de la indemnización correspondiente, más el pago de intereses moratorios, y de gastos y costas. El Juez de primera instancia condenó a la aseguradora al pago de las prestaciones demandadas, sin hacer condena en costas. La aseguradora apeló dicha resolución. La Sala que conoció del asunto modificó la sentencia de primera instancia, para concluir que el actor justificó sólo parcialmente sus pretensiones, y la aseguradora demandada acreditó parcialmente sus defensas y excepciones, de manera que condenó a la aseguradora al pago de las cantidades erogadas con motivo de sólo algunas de las intervenciones que padeció el actor -exceptuando a uno de los padecimientos por haber estado excluido de la cobertura-, cantidades que habrían de cuantificarse en ejecución de sentencia, mediante juicio de peritos, por concepto de suerte principal, y a las que habría de restarse el deducible y coaseguro. También condenó al pago de intereses moratorios y no condenó al pago de costas.

La aseguradora promovió un juicio de amparo directo en contra de dicha resolución. En lo que interesa, en sus conceptos de violación adujo la improcedencia del pago porque los documentos exhibidos por el actor para comprobar los gastos reclamados carecían de los requisitos pactados en el contrato de seguro, relativos a la especificación de conceptos y separación de padecimientos, entre otros, aunado a la objeción en cuanto a su valor probatorio, por ser documentos privados provenientes de un tercero que debían perfeccionarse. Asimismo proporcionó diversos argumentos encaminados a sustentar que, el que el asegurado haya dado aviso del siniestro, y la aseguradora no haya exigido al momento de la reclamación los documentos en los términos pactados, no conduce a que la aseguradora pierda su derecho a excepcionarse en el juicio o a que sus excepciones no puedan prosperar.

El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito desestimó dichos argumentos, con base en las consideraciones siguientes:

"La interpretación sistemática y funcional de los artículos 66 y 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, 36, fracción IV, y 36 Bis, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, en relación con la pertenencia al derecho de consumo del contrato de seguro, y las garantías legales establecidas a favor de los consumidores, como la prevista en el artículo 1o., tercer párrafo, fracción VI, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, lleva a la convicción de que el derecho a la información, de inspiración constitucional, conferido a los asegurados, se traduce en la obligación de las compañías aseguradoras de asesorar profesionalmente y de buena fe a toda su clientela, respecto a los contratos de seguro que se celebren o pretendan celebrar, mediante la transmisión de los conocimientos, elementos y datos, fácticos y jurídicos, requeridos para satisfacer las necesidades de esta especie de consumidores, y la explicación suficiente y adecuada de sus efectos y consecuencias, sin que ese deber se limite a los actos preparatorios y de celebración de los contratos, sino que se extiende a todos los actos que se susciten durante la vigencia del pacto, y cobra especial relevancia durante el surgimiento de posibles siniestros cubiertos por esa relación jurídica.

"En tales condiciones, si el asegurado presenta una reclamación de pago, la aseguradora no debe concretarse a una simple negativa o a sustentar su rechazo en la primera razón o motivo que considere existente, sino que está obligada a hacer una exposición detallada y prolija de todas y cada una de las razones que a su juicio profesional puedan obstaculizar el obsequio de la pretensión, sin omitir motivo alguno, por leve que sea.

"La misma conducta debe asumirse ante la instancia legal conciliatoria.

"Por tanto, si la aseguradora no cumple con la obligación de informar debidamente, y su incuria o mala fe provocan o propician que el asegurado no cumpla o cumpla deficientemente algunas cargas procesales que le incumban en el proceso jurisdiccional suscitado con el litigio, la carga debe tenerse por satisfecha respecto de las omisiones originadas en la conducta de su contraparte, como medio de resarcimiento y restitución al afectado, por los daños y perjuicios causados con el ilícito de su contraria, de manera sencilla, inmediata, directa, adecuada y proporcional, consistente en impedir la producción de los efectos perniciosos de los actos contraventores del derecho, y mediante el cual cobra eficacia el principio jurídico relativo a que nadie puede beneficiarse con sus actos ilícitos y mucho menos a costa de la víctima.

"Asimismo, al ser la ley procesal un mecanismo o instrumento expedido para la satisfacción de los mandamientos de la ley sustantiva, y ser también de carácter general frente a la legislación de seguros, si como resultado de la aplicación de esta última el asegurado queda eximido de acreditar ciertos hechos, o de hacerlo exactamente en los términos de la ley adjetiva, es inconcuso que ya no es exigible el cumplimiento total de las disposiciones procesales sobre distribución de las cargas procesales, como ocurre con otra clase de asuntos.

"En efecto, los usuarios de servicios financieros forman parte de la masa de consumidores, pues el consumo tiene lugar en relación con bienes, pero también con servicios, como los prestados por las aseguradoras, y esto hace pertinente ocuparse de las reglas dadas por la ley para la protección de los intereses de los consumidores.

"El interés por la protección del consumidor tiene lugar en el marco del auge de los procesos de comercialización de bienes y servicios, que dieron lugar a grandes empresas, donde el destinatario final de la cadena productiva es el consumidor, esto es, del consumo en masa. En las relaciones entre las empresas y los consumidores, éstos se encuentran en clara desventaja, derivada, sobre todo, del uso de contratos preestablecidos con condiciones que muchas veces son perjudiciales para el consumidor, y de las cuales no se informe, aunado al uso de la publicidad engañosa o métodos de oferta que sorprendan o presionen al consumidor, como las ventas hechas por teléfono, que lo privan de poder reflexionar sobre las ventajas que realmente le reportaría la adquisición de cierto bien o servicio, el impacto ecológico y económico de sus decisiones de compra, entre otras. Es decir, se trata de relaciones de desigualdad, donde una de las partes impone generalmente las condiciones, y la otra las acepta o las rechaza, la más de las veces, sin verdadera reflexión, información o conocimiento, y sin posibilidad real de cambiarlas o modificarlas en ejercicio de la libertad de contratación.

"En ese sentido, durante la década de los setentas del siglo veinte, el entonces Consejo de Europa emitió diversas cartas, con reglas para sus Estados miembros, sobre los derechos de los consumidores y los mecanismos para su protección. En mil novecientos setenta y tres, la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa emitió la resolución ********** ‘Carta Europea de Protección de los Consumidores’, y el catorce de abril de mil novecientos noventa y cinco, el ‘Programa preliminar para una política de protección e información a los consumidores’, donde se previeron, entre otros derechos fundamentales, los siguientes:

"b) (sic) El derecho a la información, para tener una apreciación correcta sobre la calidad de los productos y servicios, la identidad de los proveedores y cualquier otro aspecto, a través de los medios de comunicación masiva.

"d) Derecho a la asesoría y asistencia por los poderes públicos.

"e) Derecho a la representación y acceso a la justicia, lo cual implica el derecho de deducir acciones colectivas ante los Jueces, y la flexibilización y simplificación del procedimiento para ese fin.

"Como formas para alcanzar dichos derechos se permitió el ejercicio de acciones individuales y colectivas de los consumidores, en reclamo de productos o servicios que afectaran la vida e integridad de los consumidores, o les causaran un daño patrimonial; así como la posibilidad de control preventivo y sancionatorio de las empresas.

"Desde ese tiempo, la entonces Comunidad Económica Europea y que posteriormente se convirtió en Unión Europea, ha emitido diversos acuerdos y cartas para la protección al consumidor.

"Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas emitió la resolución **********, aprobada el dieciséis de abril de mil novecientos ochenta y cinco, donde se declara haber tenido en cuenta los intereses y las necesidades de los consumidores de todos los países, y particularmente de los países en desarrollo; reconociendo que los consumidores afrontan a menudo desequilibrios en cuanto a capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación; y teniendo en cuenta que los consumidores deben tener el derecho de acceso a productos que no sean peligrosos, así como la importancia de promover un desarrollo económico y social justo, equitativo y sostenido, y la protección del medio ambiente. Con base en lo anterior, se establecieron como objetivos, entre otros, ayudar a los países a proteger a sus habitantes consumidores, poner freno a prácticas comerciales abusivas, instar a los proveedores a seguir normas éticas de conducta. Lo anterior, considerando la salud, seguridad e intereses económicos de los consumidores, así como su derecho a ser informado y educado para el consumo.

"En cuanto a la forma en la cual los consumidores podrían hacer valer sus derechos, en esa carta se prevé el deber de los gobiernos de establecer o mantener medidas jurídicas o administrativas para permitir que los consumidores o, en su caso, las organizaciones competentes obtengan compensación mediante procedimientos oficiales o extraoficiales que sean rápidos, justos, poco costosos y asequibles, teniendo en cuenta, especialmente, las necesidades de los consumidores de bajos ingresos.

"Así, los gobiernos debían alentar a todas las empresas a solucionar las controversias en forma justa, rápida y exenta de formalidades, y crear mecanismos voluntarios, como servicios de asesoramiento y procedimientos extraoficiales para presentar reclamaciones, que puedan prestar asistencia a los consumidores, y facilitar a éstos la información de los procedimientos vigentes, y otros para obtener compensación y solucionar controversias.

"En concordancia con lo anterior, el Estado mexicano primero emitió la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, donde se reconoce el derecho de los consumidores a ser informados veraz y suficientemente por su proveedor (artículo 5o.), y se crea al Instituto Nacional del Consumidor para encargarse de las tareas de protección del derecho a la información, capacitación y orientación del consumidor, el cual podría hacer valer sus derechos mediante reclamaciones directas a su proveedor, el procedimiento conciliatorio forzoso o el arbitraje optativo ante la Procuraduría Federal del Consumidor, la imposición de multas por ésta, las acciones individuales y las colectivas, a través de dicha procuraduría, previo mandato, cuyo conocimiento correspondería a las autoridades jurisdiccionales.

"El reconocimiento de los derechos de los consumidores y su defensa se elevó a rango constitucional, por adición al artículo 28 constitucional, publicada el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, en los siguientes términos: La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.

"Ahí se aprecia el mandato al legislador de establecer reglas de protección al consumidor, en reconocimiento a la desventaja de éstos para hacer valer sus derechos frente a sus proveedores y se reconoce el derecho de organización de los consumidores para la mejor defensa de sus intereses; lo cual, evidentemente, corresponde con la situación de desventaja en que se encuentran como individuos aislados, o porque existen derechos de los consumidores que, por violación en masa o en grupo, adquieren mayor significado que lo que puedan representar en lo individual.

"Después se promulgó la actual Ley Federal de Protección al Consumidor, de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y dos, donde se define al consumidor como aquél que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final de bienes, productos o servicios, y al proveedor, como el que habitual o periódicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o disfrute de bienes, productos y servicios (artículo 2, fracciones I y II).

"Se declara como su objeto promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, y destaca el establecimiento, como principio básico de las relaciones de consumo, el otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos, como se advierte del artículo 1o., tercer párrafo, fracción VI.

"Ese principio implica el deber de los proveedores de proporcionar al consumidor toda información que le resulte necesaria para comprender el alcance de sus derechos y obligaciones en la relación de consumo, así como en cuanto pueda perjudicar sus intereses, si existe alguna diferencia entre ambas partes.

"En esta ley se prevén las mismas acciones a favor de los consumidores que la anterior ley, con la diferencia de que a partir de la reforma de cuatro de febrero de dos mil cuatro, se suprimió la necesidad de mandato para el ejercicio de acciones colectivas por la Procuraduría Federal del Consumidor.

"Ahora bien, como se dijo inicialmente, dentro de la masa de consumidores están los usuarios de servicios otorgados por las aseguradoras o empresas de seguros, y en general, de los servicios financieros. Lo anterior, pues entran en la definición de consumidores establecida en la ley, en cuanto disfrutan, como destinatarios finales, de los servicios de seguros.

"Para la protección de los intereses de esta clase de consumidores se expidió una ley específica, denominada Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en donde se establece como órgano encargado de tal protección y defensa a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

"Dicho organismo tiene por objetivo procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios y las instituciones financieras, otorgando a los primeros, elementos para fortalecer la seguridad jurídica en las operaciones que realicen y en las relaciones que establezcan con las segundas (artículo 4o.), y la finalidad de promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como elaborar programas educativos en materia de cultura financiera y proponerlos a las autoridades competentes (artículo 5o.).

"Dentro de las acciones concretas que dicha comisión puede hacer, en defensa de los usuarios, están las de:

"a) Atender y resolver consultas y reclamaciones formuladas por los usuarios (artículo 11, fracciones I y II).

"b) Llevar a cabo el procedimiento de conciliación forzosa y, en su caso, el arbitraje (artículo 11, fracciones III y IV).

"c) Proporcionar a los usuarios los elementos necesarios para procurar una relación más segura y equitativa entre ellos y las instituciones financieras, para lo cual también coadyuvará con otras autoridades en materia financiera, y emitirá recomendaciones a autoridades y a dichas instituciones (artículo 11, fracciones VI a IX).

"d) Analizar y autorizar la información de los servicios y productos que ofrecen las instituciones financieras, informar al público de la situación de los servicios prestados por éstas y sus niveles de atención, las que presentan niveles más altos de reclamaciones, la clasificación de aspectos cualitativos y cuantitativos de los productos y servicios (artículo 11, fracciones XVI y XVII).

"e) Revisar y proponer a las instituciones financieras, modificaciones a los documentos que utilicen para informar a los usuarios sobre el estado que guardan las operaciones y servicios contratados (artículo 11, fracción XIX).

"Como se aprecia en la mencionada ley, se reconoce la desigualdad entre instituciones financieras y sus usuarios, por lo cual al organismo protector se le encomiendan atribuciones tendientes a equilibrar esa relación. También es destacable la circunstancia de reconocer el derecho de los usuarios a la información sobre los servicios financieros, y concretamente respecto de los que hubiere contratado con cierta institución.

"Lo anterior responde al principio previsto a favor de los consumidores de recibir información y facilidades para la defensa de sus derechos, que, a su vez, se refleja en los artículos 36, fracción IV, y 36-B de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, al establecer el deber de las instituciones de seguros de ajustarse en el ejercicio de su actividad, entre otros principios, al de indicar de manera clara y precisa, en la documentación contractual de las operaciones de seguros y la relacionada con éstas, el alcance, términos, condiciones, exclusiones, limitantes, franquicias o deducibles y cualquier otra modalidad que se establezca en las coberturas o planes que ofrezca la institución de seguros, así como los derechos y obligaciones de los contratantes, asegurados o beneficiarios; asimismo, procurar claridad y precisión en la comunicación individual o colectiva que por cualquier medio realicen las instituciones de seguros con sus asegurados, contratantes y beneficiarios o con el público en general. De igual manera, se les impone el deber de que los contratos de adhesión estén escritos en idioma español y con caracteres legibles a simple vista para una persona con visión normal.

"De ese modo, a través de la claridad y precisión exigidos en los documentos habidos entre las partes, a cargo de la aseguradora, se preserva el derecho de los consumidores-asegurados a tener la información necesaria que les permita una adecuada defensa de sus derechos. En esa documentación deben entenderse incluidos, además del contrato de seguro, la correspondencia habida entre las partes con motivo de la relación contractual, como cuando la aseguradora da respuesta a una reclamación de indemnización presentada por el asegurado, o también el informe que rinda la aseguradora ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, con motivo del procedimiento de conciliación forzosa.

"Cuando en respuesta al reclamo de una indemnización, la aseguradora decide rechazarlo, el deber de claridad y precisión debe traducirse en una respuesta completa y puntual respecto de los motivos del rechazo, en lo cual puede incluirse también la referencia a los documentos exhibidos por el asegurado para la comprobación de los gastos. Es decir, la respuesta debe ser de tal manera exhaustiva, que permita al asegurado conocer en su integridad todos los motivos que tendría la aseguradora para rechazar la indemnización, y de esa manera, estar en condiciones de defender sus propios intereses, con la fijación de su postura en el procedimiento de conciliación forzosa, o de su acción, en un eventual juicio contra la aseguradora. Esto último también se permitiría cuando la aseguradora cumpliera tal deber de claridad y precisión para informar al asegurado todas sus razones de rechazo, en el informe ante la citada comisión, en el procedimiento de conciliación.

"Lo anterior encuentra sentido tanto en la forma en que opera el contrato de seguro, como en la circunstancia de que el asegurado como actor, sólo está en condiciones de presentar documentos con su demanda, por lo cual, si presentaran alguna irregularidad u omisión no sería posible subsanarla posteriormente, impidiéndole la defensa de sus intereses.

"El contrato de seguro es definido en el artículo 1o. de la Ley sobre el Contrato de Seguro, como aquel por el cual la empresa aseguradora se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato.

"Su finalidad, por tanto, es constituir un fondo con el cual se puedan afrontar costos emergentes por la eventualidad pactada.

"En esa relación, el asegurado tiene como obligación principal la de pagar el costo de la prima, y la de la compañía aseguradora, cubrir o resarcir ese costo emergente, ante el siniestro o eventualidad.

"Ordinariamente, esos contratos tienen lugar mediante la adhesión, es decir, la empresa aseguradora determina en formatos las cláusulas y condiciones del seguro, y el asegurado las acepta mediante su firma, como consumidor de ese servicio sin poder de negociación. En esa virtud, la compañía es la que establece cuáles aspectos quedarán cubiertos, cuáles no, en qué porcentajes, si hay límites, etcétera, con base en la información otorgada por el asegurado, y también suele suceder que, por su parte, éste no tenga presentes a cabalidad las obligaciones asumidas en el contrato.

"Esto se explica en razón de que, en esa relación, la compañía es la profesional en materia de seguros, y como tal presta sus servicios a los usuarios, por lo cual es ella la que tiene más presente y con precisión, cómo requiere los documentos comprobatorios de los gastos para justificar el siniestro, según las características de éste, en tanto el usuario no, pues generalmente se limita a presentar los documentos como le son entregados por los proveedores que los expidieron, donde ordinariamente sólo se cuida que tales documentos reúnan los requisitos fiscales, por ser lo más comúnmente requerido para asegurar la fiabilidad de los gastos.

"De esa manera, cuando ocurre el siniestro, para que la aseguradora esté en condiciones de cumplir su obligación es necesario que el asegurado se lo haga saber, tan pronto como tenga conocimiento de su realización, o en un plazo perentorio de cinco días, según prevé el artículo 66 de la mencionada ley. Esa obligación del asegurado generalmente se cumple con la información de todo lo que conozca acerca del siniestro, sin omisiones dolosas, en tanto la compañía aseguradora, como profesional que es, tiene interés en conocer a detalle todas sus circunstancias, que le permitan saber si efectivamente está cubierto, o en qué medida, de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

"En razón de lo anterior, las compañías aseguradoras tienen el derecho de exigir al asegurado o beneficiario toda clase de informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro y por las cuales pueden determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del mismo, como lo prevé el artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro.

"Si bien se establece como una facultad o derecho, está dado en función de su interés en el conocimiento completo y preciso del hecho, como profesional que presta ese servicio al consumidor-asegurado, y que, por tanto, tiene a su disposición el personal y los medios necesarios para hacer las investigaciones conducentes al hecho. Es cierto que en tales indagaciones puede tener participación importante el asegurado, el cual tendría el deber de colaboración con la aseguradora, pero se necesitaría que ésta hiciera las gestiones correspondientes.

"Tratándose de gastos médicos mayores, las aseguradoras suelen apoyarse en formatos de informes médicos que entregan a los hospitales y médicos para su llenado, o por virtud del convenio se les hace saber cómo requieren el contenido de los comprobantes de pago (recibos, facturas, notas, etcétera) que expidan con motivo de la atención del siniestro.

"En esa virtud, el asegurado, al dar a conocer a la aseguradora el siniestro, le ha de informar de todo lo que conozca, con el informe médico y sus comprobantes de pago, recibidos del hospital y/o médicos.

"Es aquí donde resulta de suma trascendencia satisfacer la garantía de información a favor del usuario por la aseguradora, pues si ésta decide rechazar la indemnización solicitada, debe informar puntualmente todas las razones que justificarían tal decisión, en cuanto a coberturas, requisitos de los documentos, etcétera, que a su juicio correspondan de acuerdo con las estipulaciones del contrato o la ley, pues como profesional debe mostrar al asegurado sus razones con toda transparencia, darle toda la información relacionada con el siniestro de acuerdo con el contrato o la ley, y así permitirle enfrentarla en una situación de mayor equilibrio y equidad. Es por lo anterior que, para satisfacer ese derecho de información del asegurado, la compañía puede hacer uso de sus facultades indagatorias, por tener a su disposición los elementos o recursos necesarios para lograrlo en corto tiempo; lo que, en cambio, no acontece con el usuario.

"En ese mismo sentido lo entiende la doctrina, como se aprecia en el texto de Rubén S. Stiglitz, sobre el derecho de seguros, cuando al referirse al deber de denuncia del asegurado, dice: ‘el asegurado debe denunciar todo lo que sabe sin cometer errores que le puedan ser imputables. Pero el asegurador, así como no puede obligarlo a realizar investigaciones especiales a los fines de suministrarle información, no debe permanecer impasible a la espera del aporte de los datos que decida reclamar, por cuanto entre los derechos y deberes de las partes existe un delicado equilibrio que ambos deben mantener, aunque la entidad para actuar dentro de su propio ámbito profesional, será responsable en mayor medida de alcanzar tal logro. Por tanto, el asegurador no puede alegar inexistencia del hecho, de los daños o de su extensión si no realizó las investigaciones que pudo haber concretado per se. De modo que no podrá conformarse con la versión brindada y acreditada por el interesado, sino que intentará concretar aquélla que sea lo más acorde posible con la realidad de lo acontecido.’(1)

"De igual forma, al referirse al tipo de información que ha de prestar el asegurado indica: ‘la información exigida al asegurado como contenido de la carga de denunciar el acaecimiento del siniestro es, básicamente, de tipo elemental y esquemática, sin demorar en detalles excesivos ni apreciaciones complejas que son más bien a cargo del asegurador en el posterior momento en el que, con sus medios organizados y tecnificados, concurrirá a establecerlos.’(2) Por tanto, considera cumplida la carga y que 'no se le podrá reprochar al asegurado en el plazo exiguo fijado por la ley el no haber cumplido con las indagaciones referidas al suceso. Precisamente para ello la ley prevé el dispositivo del requerimiento de informaciones complementarias y medidas probatorias atinentes.’(3)

"Es por lo anterior que tales normas sustantivas protectoras de los consumidores-asegurados deben verse reflejadas en el procedimiento, para adoptar los principios del proceso jurisdiccional social, que permita al consumidor defenderse en igualdad de condiciones frente al proveedor, como ocurre, por ejemplo, en materia de derecho del trabajo, para equilibrar las relaciones entre capital y trabajo.

"En principio, el juzgador debe despojarse de la idea tradicional de los límites impuestos para la defensa de los intereses individuales o el derecho subjetivo de cada individuo, para acudir a una interpretación jurídica avanzada, de vanguardia, en la cual potencialice las bases constitucionales con los criterios necesarios para preservar los valores protegidos y alcanzar los fines perseguidos, hacia una sociedad más justa. Se requiere del esfuerzo y actividad de los tribunales y flexibilidad en la aplicación de las normas sobre formalidades procesales, la carga de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23331-132bb6e0/seguros-si-al-contestar-la-reclamacion-de-pago · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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