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Modo: Corpus Pro

CONTRATO DE SEGURO. LA LEY ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LA ASEGURADORA DE ENTREGAR LAS CONDICIONES GENERALES QUE LO RIGEN, Y ÉSTA CUMPLE CUANDO LAS COMUNICA FEHACIENTEMENTE AL ASEGURADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2019. · Registro digital (IUS): 29705
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-03-19
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo III, Pág. 2243.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PATRICIA MÚJICA LÓPEZ, MARTHA CRUZ GONZÁLEZ, GUILLERMO ESPARZA ALFARO Y FROYLÁN MUÑOZ ALVARADO. DISIDENTES: FERNANDO LÓPEZ TOVAR Y HUGO SAHUER HERNÁNDEZ. PONENTE: MARTHA CRUZ GONZÁLEZ. SECRETARIO: EDUARDO HERNÁNDEZ VILLEGAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Este Pleno del Decimoprimer Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, decimoprimero transitorio, párrafos segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece; y numerales 1 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del Décimo Primer Circuito, donde este Pleno de Circuito ejerce jurisdicción.

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y numeral 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que se formuló por el Magistrado Guillermo Esparza Alfaro, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito.

TERCERO.—Para estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, precisa tener las consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las respectivas ejecutorias.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, al resolver en sesión de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el juicio de amparo directo civil 14/2018, determinó:

"... Esas alegaciones resultan, en una parte deficientes, y en otra, infundadas.

"...

"Pasando al estudio de diversas inconformidades, cabe decir que el caso particular deriva del contrato de apertura de crédito simple para la adquisición de una vivienda, concertado entre la institución de crédito ... como acreditante, y ... y otra persona como parte acreditada, en cuya cláusula décima denominada ‘seguros’, la acreditada facultó a la acreditante para que contratara a nombre de aquélla y por su cuenta, un seguro contra daños por el valor de reposición del inmueble que garantizara el crédito; asimismo, la facultó para que también contratara a su nombre y por su cuenta un diverso seguro de vida e invalidez total y permanente por una suma que asegurara el equivalente del saldo insoluto del crédito a que se refiere el contrato, debiéndose designar en ambos seguros a ‘la acreditante’ como beneficiaria en primer lugar con carácter de irrevocable, debiendo estar tales seguros vigentes durante el tiempo que permaneciera insoluto en todo o en parte el saldo del crédito, por tal razón, la acreditada, en la fecha en que solicitó el crédito bancario, suscribió una solicitud de seguro de vida.

"Ahora bien, dichos contratos, tanto el de crédito simple como el de seguro, al realizarse en formatos con derechos, obligaciones y condiciones generales preestablecidos aplicables a todos aquellos que adquirieran el mismo bien y servicio, de manera que sólo se adecuan y llenar los espacios necesarios, como por ejemplo, los datos del adquirente son denominados contratos de adhesión, en cuya redacción de sus cláusulas corresponde a una sola de las partes, mientras que la otra, se limita a aceptarlas o rechazarlas, pero al ser aceptadas, pasan a regular la relación contractual, determinando su contenido normativo.

"Por consiguiente, el uso de contratos preestablecidos genera un desequilibrio o desigualdad entre las partes, pues se ven afectados los principios de libertad y autonomía contractual que rigen en los contratos tradicionales, ya que las cláusulas o condiciones reguladoras de la voluntad no son discutidos o acordados por ambas partes, sino determinados unilateralmente, en el caso, por las instituciones de crédito, por lo que frecuentemente contienen pactos abusivos, y el adquirente del bien o servicio no puede objetarlos, menos aún modificarlos. Por tal motivo, el legislador decidió establecer en las leyes, medidas idóneas para lograr en lo posible el equilibrio entre las partes de esas relaciones jurídicas.

"Una de esas medidas, radica precisamente en imponer al proveedor la obligación de proporcionar la más amplia información al usuario o adquirente de los productos o servicios adquiridos o que pretende adquirir, en cuanto a su contenido, cantidad, manejo, riesgos y demás características que pueden conducirlo a la suscripción consciente y libre el acuerdo de voluntades.

"Esta tendencia se encuentra acogida en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas, en los artículos 36, fracción IV, y 36-B, en los cuales, en lo conducente, se establece:

"‘Artículo 36. (se transcribe)

"‘...

"‘IV.’ (se transcribe)

"‘Artículo 36-B.’ (se transcribe)

"En esas normas, la ley impone una obligación inexcusable a las compañías aseguradoras de indicar con claridad y precisión el alcance, términos, condiciones, exclusiones, limitantes, y cualquier otra modalidad, establecida en las coberturas o planes que ofrezca, los derechos y obligaciones de los contratantes, asegurados o beneficiarios, y en general la comunicación individual o colectiva realizada con los contratantes, beneficiarios o el público en general, así como de redactar de forma clara y precisa los términos y condiciones aplicables a la contratación de un seguro, los términos de las cláusulas en idioma español y con caracteres legibles a simple vista.

"También la Ley sobre el Contrato de Seguro, en sus artículos 7o., 20 y 24, el legislador adoptó ese mismo criterio, al disponer:

"‘Artículo 7o.’ (se transcribe)

"‘Artículo 20.’ (se transcribe)

"‘Artículo 24.’ (se transcribe)

"En dichos preceptos, como se sostiene en la sentencia reclamada, se establece a cargo de las empresas de seguros, la obligación de brindar toda la información relacionada con las cláusulas del contrato, entre otras, las coberturas amparadas, la prima de seguro, la duración del contrato, la suma garantizada, los límites a la obligación de pago de la empresa, es decir, todas las condiciones que rijan en el acuerdo de voluntades, porque, como antes se dijo, si bien el asegurado simplemente acepta las condiciones establecidas en el contrato sin poder modificarlas al tratarse de un contrato de adhesión, sí se encuentra dentro de sus prerrogativas conocer en su totalidad las condiciones del contrato.

"En vista de lo anterior, es evidente que, como resulta en todo tipo de contratación, la aseguradora estaba obligada a entregar a la asegurada tanto la póliza de seguro a nombre de ésta, en donde constaran las coberturas que garantizara, como las condiciones generales que regirían en dicho contrato de seguro, con el propósito de que la asegurada, quien cubrió periódicamente las primas correspondientes, estuviera en condiciones de conocer con certeza los beneficios que le producía la contratación a su nombre del seguro de vida e invalidez.

"Sin que fuera suficiente para estimar que la actora acreditada se impuso de los términos que regirían el contrato de seguro, y de las condiciones generales que lo regularían, la circunstancia de que en la propia cláusula décima del contrato de crédito simple, se estipulara en virtud de que ‘la acreditante’ tiene contratados con **********, no es procedente la expedición de pólizas individuales, sin embargo, ‘el acreditado’ podrá consultar las condiciones generales de las pólizas a través de la página de Internet **********.

"Toda vez que, como quedó establecido, el artículo 20 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, impone a las aseguradoras la obligación de entregar al contratante del seguro, una póliza en la que consten los derechos y obligaciones de los contratantes, así como las demás condiciones generales y especiales que regulen dicho convenio, a fin de tener tuviera (sic) pleno conocimiento de los términos que regirían en dicha relación contractual, y no simplemente remitir a la asegurada a una página de Internet para que, por sí misma, se impusiera de su contenido, al existir el riesgo de que ante una diversidad de seguros ofrecidos por la institución aseguradora, desconociera cuál fue el tipo de seguro contratado a su nombre por la institución de crédito, desconociendo, por ende, los beneficios que le produciría el seguro de vida cuya prima estaba cubriendo regularmente.

"Por lo demás, el apartado transcrito de la cláusula décima del contrato de crédito simple en donde se hace referencia a un contrato colectivo, de ninguna manera justifica la falta de entrega de una copia de la póliza a la asegurada, tan es así, que la sociedad anónima demandada al contestar el escrito inicial aportó como anexo 5 (cinco) ... precisamente copia de la ‘póliza (certificado) del seguro colectivo sobre la vida de deudores’, número ... certificado número ... a nombre de ... (actora); motivo por el que se estima no existía impedimento alguno para que una copia de dicha póliza, así como de las condiciones generales y especiales que la regularían, se le hicieran llegar a la asegurada, a fin de que conociera todos y cada uno de los términos, beneficios y obligaciones contenidos en la misma.

"...

"Por lo tanto, si no existe prueba de que la asegurada, antes de que tuviera lugar el siniestro, conoció los términos de la póliza ni las condiciones generales que regularían el contrato de seguro, como lo exige la ley, debe determinarse que, como se resolvió en la sentencia impugnada, no le son exigibles los términos establecidos en tales documentos, ya que es atribuible sólo a la aseguradora la falta de ese conocimiento, por ser la que elaboró el contrato correspondiente, pero sin que le informara a la asegurada los alcances del mismo. ..."

Diverso argumento sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, al resolver en sesión de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, el juicio de amparo directo civil 841/2018:

"SEPTIMO.—Estudio de los conceptos de violación. Éstos resultan esencialmente fundados y suficientes para conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal.

"Así lo son los argumentos (6.1. y 6.2.) en los que la aseguradora quejosa sostiene que la actora inacreditó que los daños ocasionados a la caja seca del vehículo de su propiedad ascendieron a la cantidad líquida reclamada; aunado a que exhibió las condiciones generales del contrato de seguro cuyo cumplimiento se demandó, de las que –dice– su contraparte tuvo conocimiento, como se demuestra con la póliza base de la acción.

"Para sustentar la postura de este Tribunal Colegiado de Circuito deben resolverse los tópicos y cuestionamientos siguientes:

"7.1. Legalidad de la carga probatoria correspondiente a la aseguradora.

"Primeramente, debe establecerse que debido al auge de los procesos de comercialización de bienes y servicios, las empresas abandonaron la forma clásica de contratar, mediante la cual, ambas partes discutían y acordaban sus derechos y obligaciones, así como las condiciones generales que regían la relación contractual, pues la misma ya no respondía a las necesidades del desarrollo económico, porque retrasaba y dificultaba las negociaciones.

"Las empresas al hacer a un lado esa clase de negociación, y al ser difícil que se sentaran a establecer de manera individualizada el contenido de cada contrato, optaron por realizar formatos con derechos, obligaciones y condiciones generales preestablecidos para un mismo bien o servicio, los cuales se aplicaban a todos a (sic) aquellos que adquirieran el mismo bien y servicio, de manera que sólo se llenaban los espacios necesarios, como por ejemplo, los datos del adquirente.

"Esos formatos se denominan contratos de adhesión, y son aquellos en que la redacción de sus cláusulas corresponde a una sola de las partes; mientras que la otra, se limita a aceptarlas o rechazarlas, pero al ser aceptadas, pasan a regular la relación contractual, determinando su contenido normativo.

"Por el uso de contratos preestablecidos se genera un desequilibrio o desigualdad entre las partes, pues se ven afectados los principios de libertad y autonomía contractual que rigen en los contratos tradicionales, ya que las cláusulas o condiciones reguladoras de la voluntad, no son discutidos o acordados por ambas partes, sino determinados unilateralmente por las empresas, los cuales frecuentemente contienen pactos abusivos, y el adquirente del bien o servicio no puede objetarlos, menos aún modificarlos.

"Por tal razón, se ha buscado establecer en las leyes medidas idóneas para lograr en lo posible el equilibrio entre las partes de esas relaciones jurídicas.

"Una de esas medidas adoptadas en muchas legislaciones, radica en imponer al proveedor la obligación de proporcionar la más amplia información al usuario o adquirente de los productos o servicios adquiridos o que pretende adquirir, en cuanto a su contenido, cantidad, manejo, riesgos y demás características que pueden conducirlo a la suscripción consciente y libre del acuerdo de voluntades.

"Esa tendencia se encuentra acogida en la Ley de Instituciones de Seguros y «de» Fianzas, cuyos artículos 200, fracción IV, y 202 disponen:

"‘Artículo 200. (se transcribe)

"‘...

"‘IV.’ (se transcribe)

"‘Artículo 202.’ (se transcribe)

"En esas normas, la ley impone una obligación inexcusable a las compañías aseguradoras de indicar con claridad y precisión el alcance, términos, condiciones, exclusiones, limitantes, franquicias o deducibles y cualquier otra modalidad establecida en las coberturas o planes que ofrezca, los derechos y obligaciones de los contratantes, asegurados o beneficiarios, y en general la comunicación individual o colectiva realizada con los contratantes, beneficiarios o el público en general, así como de redactar los términos y condiciones aplicables a la contratación de un seguro, los que deberán registrarse ante la Comisión Nacional de Seguros y «de» Fianzas.

"También en la Ley sobre el Contrato de Seguro, en los artículos 7o., 20 y 24, el legislador hizo eco de esa directriz, que disponen:

"‘Artículo 7o.’ (se transcribe)

"‘Artículo 20.’ (se transcribe)

"‘Artículo 24.’ (se transcribe)

"En dichos preceptos legales se prevé la obligación de las empresas de seguros, de brindar toda la información relativa a los términos del contrato, es decir, el objeto o personas asegurados, los riesgos y coberturas amparados, la prima de seguro, la duración del contrato, la suma garantizada, los límites a la obligación de pago de la empresa, las cláusulas de exclusión en caso de que las haya y, en general, todas las condiciones reguladoras de la relación contractual.

"Lo anterior, porque al celebrarse mediante un contrato de adhesión, en cuya elaboración de su contenido no participó el contratante, sino sólo se unió a las condiciones fijadas por la institución de seguros, por lo menos, debe conocerlas en su totalidad, si se atiende a que por la forma de negociación ya se encuentra en un plano de desigualdad y el desequilibrio se acentúa aún más, al sujetarse a un acto que no conoce en todos sus alcances.

"Por tanto, si en un contrato de seguro no se contienen las condiciones generales que lo rigen, y sólo se remite al asegurado a un anexo donde constan, debe existir prueba de que las haya conocido, como lo exige la ley, a efecto de considerar que formaron parte de su voluntad al suscribir el acto jurídico y obligarse a su contenido, dado que es obligación de la empresa, quien elabora el contrato correspondiente, cumplir con el deber de informar al usuario de sus servicios, el alcance de la contratación del seguro.

"De esta manera, se estima correcto lo determinado por el Juez de primera instancia en el sentido de que a la aseguradora le correspondía demostrar que las condiciones generales formaron parte de la documentación suscrita por la asegurada y que tuvo conocimiento de las mismas.

"...

"7.1.1. Establecido lo anterior, conviene realizar la siguiente interrogante ¿En el juicio de origen existe prueba de que la empresa aseguradora le hizo saber a la actora a (sic) las condiciones generales del contrato de seguro?

"La respuesta es sí. Para ello, es necesario acudir a la póliza base de la acción, de cuyo contenido se advierte, en la parte superior, lo siguiente:

"(se inserta imagen de póliza)

"Así, de la imagen inserta se deriva la presunción relativa a que le fueron entregadas a la asegurada las condiciones general (sic) del contrato y, que éstas integran ese convenio, pues expresamente se asentó que con la póliza accionaria se realizó la entrega de dichas condiciones, sin que exista prueba alguna que desvirtúe esa presunción, por ende, es merecedora de valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 1279, 1282 y 1306 del Código de Comercio.

"Por tanto, la documental descrita (póliza de seguro base de la acción) es suficiente para acreditar que, a la actora le fueron entregadas las condiciones generales del contrato de seguro, mismas que integran dicho convenio y en las que se estableció que cualquier otra parte, accesorio, rótulo, conversión y/o adaptación instalada adicionalmente al vehículo y a petición expresa del comprador o propietario, requeriría de cobertura específica."

CUARTO.—Existencia de (sic) contradicción de tesis.

Es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis, cuando se cumplen los requisitos siguientes:

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial, a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;

b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (i) hayan realizado ejercicios interpretativos; (ii) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y, (iii) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.

Primer requisito: Realización de un ejercicio interpretativo.

Este Tribunal Pleno de Circuito considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los órganos jurisdiccionales contendientes ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas.

Esto, porque del análisis de la parte conducente de las ejecutorias de amparo transcritas, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en el asunto puesto a su consideración, consideró que no es suficiente para estimar que el asegurado se impuso de los términos que regían el contrato de seguro y de las condiciones generales que lo regularían, la circunstancia de que en determinada cláusula del contrato respectivo se estipule que "El Acreditado" podría consultar las condiciones generales de las pólizas a través de una página de Internet, sino que debe acreditarse que la empresa aseguradora entregó e hizo del pleno conocimiento a dicho contratante de las aludidas condiciones generales.

En tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito, sobre el mismo punto jurídico, determinó que la prueba de que la empresa aseguradora hizo saber al adquiriente de los servicios de las condiciones generales del contrato de seguro, lo es la carátula de la póliza correspondiente en que se asienta que, al recibir la misma, se entregan también las condiciones generales, especiales y particulares que integran el contrato de seguro, ya que de tal situación, conforme a lo dispuesto en los artículos 1279, 1282 y 1306 del Código de Comercio, deriva la presunción de que así fue.

Segundo requisito: Punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos.

De igual forma este Tribunal Pleno de Circuito considera que el segundo requisito también queda satisfecho, ya que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes utilizaron su arbitrio judicial sobre el mismo tema jurídico. Lo anterior, ya que dichos órganos jurisdiccionales discreparon en la forma en que las empresas aseguradoras deben cumplir con su obligación de entregar y hacer del conocimiento total de las condiciones generales del seguro al adquirente de sus servicios.

Como ya se vio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito consideró que no es suficiente para estimar que el asegurado se impuso de los términos que rigen el contrato de seguro y de las condiciones generales que lo regulan, la sola circunstancia de que en determinada cláusula del contrato respectivo se estipule que "El Acreditado" podría consultar las condiciones generales de las pólizas a través de una página de Internet, sino que debe acreditarse que la empresa aseguradora entregó e hizo del pleno conocimiento a dicho contratante de las aludidas condiciones generales.

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito, sobre el mismo punto jurídico, determinó que la prueba de que la empresa aseguradora hizo saber al adquiriente de los servicios de las condiciones generales del contrato de seguro, lo es la carátula de la póliza correspondiente en que se asienta que, al recibir la misma, se entregan también las condiciones generales, especiales y particulares que integran el contrato de seguro, ya que de tal situación, conforme a lo dispuesto en los artículos 1279, 1282 y 1306 del Código de Comercio, deriva la presunción de que así fue.

Tercer requisito: Elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.

Es posible concluir que los criterios de los tribunales contendientes reflejan una discrepancia relativa a determinar la forma en que puede estimarse satisfecha, jurídicamente, la obligación de las compañías de seguros de entregar y enterar al adquirente de sus servicios, las condiciones generales que deban regir el contrato respectivo; pues, por un lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito analizando una expresión contenida en una cláusula del contrato de seguro, referente a que el acreditante tiene contratados seguros colectivos no es procedente la expedición de pólizas individuales, sin embargo el acreditado podrá consultar las condiciones generales de la póliza a través de una página de Internet; consideró que ello es insuficiente para estimar acreditado que el asegurado se impuso de los términos que regirían la relación jurídica contractual, así como de las condiciones generales que lo regularían; en tanto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito analizando una expresión similar plasmada en la póliza correspondiente, determinó que del contenido de la misma se desprendía una presunción que evidenciaba que al asegurado se le entregaron las condiciones generales del seguro y, por tanto, fueron de su conocimiento.

En ambos asuntos, sin que exista hecho fehaciente de la entrega de tales condiciones generales de seguro.

Virtud (sic) lo anterior, la pregunta a responder para solucionar la posible contradicción es si las empresas aseguradoras cumplen con la obligación legal de entregar a los adquirentes de los servicios las condiciones generales del seguro, con las expresiones plasmadas en determinada cláusula del contrato o en la carátula de póliza respectiva que refieran que con la entrega de ésta se otorgan también las condiciones generales del contrato de seguro, así como que dichas condiciones pueden ser consultadas por el adquirente a través de determinada página de Internet o cualquier otra expresión análoga; o si se requiere de prueba fehaciente que acredite dicha entrega de condiciones generales al asegurado.

Sin que obste a lo anterior, el hecho de que las expresiones establecidas por las empresas de seguros, ya sea en una cláusula del contrato o en la carátula de la póliza respectiva, examinadas por los Tribunales Colegiados contendientes tengan redacción distinta, ya que el punto de contradicción deriva de considerar si se requiere o no la existencia de constancia fehaciente de que las condiciones generales de seguro se entregaron al adquirente, pues sobre dicho tema los órganos jurisdiccionales de referencia arribaron a conclusiones discrepantes.

En tales condiciones, si dichos Tribunales Colegiados examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, arribando a posiciones discrepantes, es inconcuso que existe la contradicción de criterios denunciada.

Es ilustrativa la tesis aislada (sic) sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)

De igual forma, es aplicable el criterio aislado del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden j

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29705-d65127be/contrato-de-seguro-la-ley-establece-la-obligacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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