JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE MÉXICO. NO DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, YA QUE LOS ALCANCES DE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 254, 255, 258 Y 259 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS LOCAL, SON OBJETIVAMENTE MENORES A LOS ESTABLECIDOS PARA EL JUICIO CONSTITUCIONAL EN SU LEY VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.
QUEJA 171/2014. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS, MAYORÍA EN RELACIÓN CON EL TEMA CONTENIDO EN ESTA TESIS, CON VOTO CONCURRENTE DE LA MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA. PONENTE: GUILLERMINA COUTIÑO MATA. SECRETARIA: DINORAH HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Estudio. Los agravios del recurrente se analizarán de manera conjunta, dada la estrecha relación que guardan entre sí, en términos de lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo.
El recurrente afirma que el a quo, al determinar que previo a combatir el acto administrativo mediante el juicio de amparo debió agotar el principio de definitividad, en virtud de que el acto reclamado admite la interposición de diversos medios de defensa con los que se podía lograr su modificación o anulación, lo colocó en estado de indefensión, debido a que realizó una interpretación de los hechos en su perjuicio, aun cuando debió ser en su beneficio, dejando de advertir que, en la especie, se acredita la excepción al principio de definitividad al exigir la ley de la materia más requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión.
Adiciona sobre el tópico que, contrario a lo afirmado por la autoridad recurrida, no existe medio de defensa alguno contra el oficio de inicio del procedimiento administrativo.
Arguye también que el Juez de Distrito, con su determinación, dejó de apreciar que el objeto del juicio de amparo es garantizar al gobernado la posibilidad de acceder a la justicia, razón por la cual la Ley de Amparo contempla como casos de excepción al principio de definitividad, entre otros, cuando las leyes de la materia limiten o hagan nugatoria de alguna forma la defensa de los intereses y derechos del gobernado afectado por el acto de autoridad, o bien, que ese derecho de defensa se vea limitado por la posibilidad de que se produzcan trampas procesales o rigorismos excesivos y que sus consecuencias sean de difícil o imposible reparación.
Destaca que en las personas que pertenecen a cuerpos policiacos la culminación de un procedimiento instaurado en su contra -como en la especie se actualiza, el cual contiene vicios que constituyen violaciones graves al procedimiento-, que se traduce en la separación del cargo o puesto del elemento que es sujetado al mismo, y si bien es cierto que la ley de la materia prevé que contra dichas determinaciones se puede interponer recurso administrativo o juicio de nulidad, también lo es que aun en el caso de que se demuestre la ilegalidad del procedimiento, indefectiblemente ya no se podrá reincorporar al afectado por disposición de la ley, motivo por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado el criterio de que en casos como el que ahora nos ocupa, opera la excepción al principio de definitividad, que lo único que persigue es que el gobernado afectado tenga la oportunidad de recibir justicia y no ser objeto de actos persecutorios e inquisitivos.
Cita al respecto la jurisprudencia 2a./J. 76/2012 (10a.), de rubro:
"SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO."
En suplencia de la queja, conforme a los artículos 107, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, así como en congruencia con el derecho de acceso efectivo a la protección judicial de los actos del Estado, conforme al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(4) debe revocarse el auto de desechamiento recurrido y ordenar al Juez de Distrito que provea lo conducente sobre la admisión a trámite de la demanda de amparo promovida por el quejoso, por las consideraciones siguientes:
En principio debe establecerse que, en la demanda de amparo, el ahora recurrente señaló como actos reclamados, entre otros, la notificación ilegal del proveído de cinco de junio de dos mil catorce, dictado en el expediente de separación **********, suscrito por la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México, por el cual se dio inicio al procedimiento administrativo de separación en su contra, y la citación para desahogar la garantía de audiencia, así como la resolución que se dicte en dicho procedimiento y que determine su separación del cargo, funciones, comisiones, suspensión de sueldos y derechos.
Ahora bien, al proveer sobre la demanda de amparo, el Juez de Distrito la consideró notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo,(5) en congruencia con la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.", toda vez que contra el inicio del procedimiento de separación de un policía procede el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, pues de conformidad con el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos de esa entidad federativa, dicho juicio procede contra actos administrativos de trámite, que generen en los particulares una afectación de imposible reparación, por lo que estimó que, atendiendo al principio de definitividad, el quejoso estaba obligado a acudir a ese procedimiento antes de promover el juicio de protección de derechos fundamentales, pues incluso no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, que los establecidos en la Ley de Amparo, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad.
Sin embargo, cabe señalar que en la citada jurisprudencia se interpretó no el actual (sic) sino el sistema normativo del juicio de amparo, por estimar que, previo al juicio constitucional, el quejoso tenía que agotar optativamente el recurso de inconformidad o el juicio contencioso administrativo, previstos en los artículos 187, fracción I, 18, 200, 202, 229 y 238 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, tal como se aprecia de la ejecutoria de la cual derivó:
"Con el propósito de verificar si, en el caso, los requisitos establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México para otorgar la suspensión del acto administrativo en el juicio de nulidad, son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo, resulta conveniente acudir a aquellos preceptos de estos ordenamientos que tienden a regular los requisitos que deben satisfacerse para el otorgamiento de dicha medida cautelar. Expuesto lo dicho, debe tenerse en cuenta lo que disponen los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el viernes 7 de febrero de 1997, vigentes hasta el 15 de octubre de 2012, cuyo contenido literal es el siguiente: ‘Artículo 254. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el Magistrado de la Sala Regional, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el Magistrado de la Sala Regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento.’. ‘Artículo 255. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa o bien, cuando a criterio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la Sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó.’. ‘Artículo 256. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el Magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe. Cuando a criterio del Magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá, previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada.’. ‘Artículo 257. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el Magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor.’. ‘Artículo 258. En los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor.’. ‘Artículo 259. El acuerdo del Magistrado de Sala Regional que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión. El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la sección de la Sala superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata.’. ‘Artículo 260. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo dentro de los 15 días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia o la ejecutoria respectiva. La Sala dará vista a las demás partes por un término de tres días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los tres días siguientes, en la que dictará la resolución que corresponda.’. Por su parte, la Ley de Amparo en sus artículos 124 y 125, literalmente establecen lo siguiente: ‘Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión: a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares; f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y (sic) g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al procedimiento, situación en la que procederá la suspensión, sólo si con la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.’. ‘Artículo 125. En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.’. El análisis comparativo de los numerales transcritos evidencia que exigen tanto para el juicio de nulidad promovido contra los actos o resoluciones de las autoridades administrativas del Estado de México, como para el juicio de amparo, requisitos esencialmente iguales para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, pues sólo presentan diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio, como se demuestra a continuación: a) El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México prevé que la suspensión podrá ser acordada por el Magistrado instructor que conozca del asunto y que la medida precautoria debe hacerse del conocimiento de las autoridades demandadas para su cumplimiento; por su parte, aunque la Ley de Amparo no refiere expresamente que la suspensión podrá ser emitida por el Juez de Distrito, ello se infiere de lo dispuesto en los artículos 122 y 131 de dicho ordenamiento, en el sentido de que en los casos de la competencia de los Jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte, y el Juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la suspensión o lo que fuere procedente. Entonces, en tal aspecto el primero de dichos ordenamientos no prevé un requisito mayor que el segundo. b) El citado Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México requiere que el actor solicite la medida suspensional y prevé que aquél podrá gozar de ese beneficio en cualquier etapa del juicio; por su parte, la Ley de Amparo exige también que el quejoso solicite expresamente la concesión de la medida cautelar y dispone en su artículo 141, que podrá solicitarse con la presentación de la demanda de garantías, o en cualquier tiempo, mientras no se dicte la ejecutoria relativa. Luego, dichos ordenamientos son coincidentes en los siguientes aspectos: • En que no existe límite procesal para iniciar el trámite de la suspensión, por lo que su promoción puede llevarse a cabo en cualquier tiempo. • En que el proveído correspondiente debe dictarse a partir de que se admita la demanda o de que se solicite aquella medida. • En que el interesado debe solicitar la concesión de la suspensión. • En que cuando la suspensión es solicitada al presentar la demanda, esto es suficiente para que la autoridad competente (Magistrado instructor o Juez de Distrito) se avoque a determinar si se encuentran satisfechos los supuestos para poder otorgar la medida cautelar en comento. c) El Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México dispone que de llegar a otorgarse la suspensión, no debe causarse perjuicio al interés social, contravenirse disposiciones de orden público, ni dejarse sin materia el juicio relativo; asimismo, que el actor o quejoso debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar de los perjuicios que con la referida medida cautelar se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio respectivo; por su parte, la Ley de Amparo dispone lo mismo. d) La Ley de Amparo exige para conceder la suspensión que los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado sean de difícil reparación; en cambio, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no pide tal requisito, por lo que en ese aspecto, es menos exigente que la referida Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados en el juicio de nulidad, que los que establece la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar del acto reclamado, por lo que previamente a la sustanciación del juicio de amparo, debe agotarse dicho juicio ante aquel Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y su falta de promoción actualiza la improcedencia del juicio de garantías por la causa prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo; salvo que se actualice alguna otra de las causas de excepción al principio de definitividad que prevé dicho numeral, según lo ha interpretado esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que en la Ley de Amparo se establezca que para que surta efectos la suspensión, el actor debe cumplir con los requisitos que se le exijan (entre otros, exhibir garantía) dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la concesión de la medida cautelar, a diferencia del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que no establece plazo alguno para satisfacer tales requisitos. Se expone tal aserto, en la medida de que tal exigencia no es, propiamente, un requisito para conceder la suspensión, sino de eficacia de ésta, siendo que los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, no prevén que para que opere la excepción al principio de definitividad de que se trata las leyes que establezcan el recurso, juicio o medio de defensa susceptible de modificar el acto, deban contener esquemas suspensionales semejantes en cuanto a requisitos de procedencia y efectividad, sino sólo que las leyes no deben contener más requisitos para conceder la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Luego, no hay motivo para añadir otros requisitos para que opere la excepción aludida más que aquellos que el Constituyente y el legislador ordinario han definido. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: ‘SUSPENSIÓN CONTRA RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 208-BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA, QUE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe el texto de dicha tesis). Consecuentemente, de la interpretación armónica de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y 124 y 125 de la Ley de Amparo, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los requisitos previstos para otorgar la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo, no son mayores que los contemplados al respecto en la Ley de Amparo para conceder dicha medida cautelar, por lo que, previo a la promoción del amparo indirecto, debe agotarse aquél, en acatamiento al principio de definitividad. SÉPTIMO. Tesis jurisprudencial. Conforme a las anteriores consideraciones, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, de acuerdo con lo expuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, el siguiente criterio adoptado por esta Segunda Sala: ‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.’ ..."
En ese tenor, la lectura de la jurisprudencia y ejecutoria relativas basta para comprobar que dicho criterio proviene de la interpretación de las reglas del juicio contencioso administrativo en el Estado de México, en relación con el anterior sistema de suspensión en el amparo que se reguló en el artículo 124 de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, abrogada, de ahí que no resulte aplicable al sistema actual que resulta la suspensión en el juicio de amparo sustancialmente diferente y regido, incluso, por otros principios, previsto tanto por el artículo 107, fracción X, constitucional, como por la legislación vigente, lo cual en momento alguno fue considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis de referencia, por lo que resulta inaplicable al caso; sin embargo, no debe soslayarse que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente establece con claridad que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a aquella normativa, de lo que se colige que en realidad no había compatibilidad alguna entre el criterio que se sustenta en la jurisprudencia que invocó el a quo y las hipótesis legales que derivan de la legislación conforme a la cual se resolvió; por tanto, se abstiene este tribunal de apoyarse en esa jurisprudencia, a fin de resolver el recurso planteado conforme a las normas legalmente procedentes.
Ahora bien, en el caso no se actualiza el motivo de improcedencia en el que se sustenta el Juez de Distrito para desechar la demanda, amén de que, como se dijo, carece de aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación citada en la resolución recurrida, por lo siguiente:
En efecto, debe considerarse que el recurso de inconformidad previsto en el indicado artículo 186 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México,(6) tiene la naturaleza de ser optativo, pues conforme a su texto vigente, contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y, en ese sentido, dada la optatividad del indicado recurso, es innecesario que el quejoso agote el recurso en mención, previo a la instauración de la demanda de amparo, ya que no tiene la característica de ser obligatorio, por lo que ese medio de impugnación queda desestimado para sustentar el auto recurrido.
Al respecto es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 109/2008,(7) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"RECURSO DE REVISIÓN. NO ES NECESARIO AGOTAR EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas o de organismos descentralizados que se rijan por ese ordenamiento, entre los que se encuentra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente, pueden de manera optativa impugnarlos a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por consiguiente, resulta innecesario agotar el recurso de revisión en mención previamente a la promoción del juicio constitucional, pues dada la optatividad de dicho medio de impugnación, no puede dotársele de una obligatoriedad que no lo caracteriza, máxime si como en la especie, se actualiza una excepción al principio de definitividad, al exigir el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (ordenamiento legal que derogó las disposiciones del Código Fiscal de la Federación relativas al juicio contencioso administrativo) mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, los que consisten en: 1) circunscribir la posibilidad de solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2) obligar al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; 3) obligar a ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar por los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-; 4) constreñir a exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales considera se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; 5) condicionar el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado; y, 6) establecer que se otorgará la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido indebidamente. Por tanto, los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas o de organismos descentralizados pueden acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de revisión establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo."
En ese tenor, queda descartada la obligación de que el interesado agote el recurso en sede administrativa que señaló el Juez de Distrito, previo a la promoción del juicio de amparo.
En ese orden de ideas, a fin de examinar si el quejoso estuvo vinculado a promover el juicio contencioso administrativo que prevé el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, se tiene presente que de conformidad con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo (contenida en términos similares en el anterior artículo 73, fracción XV, de la ley de la materia de mil novecientos treinta y seis), el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo -generalmente se trata de autoridades administrativas-, cuando éstos sean revisables de oficio conforme a las leyes aplicables o proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal ordinario por virtud del cual dichas actuaciones puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
Al respecto es importante precisar el contenido de los artículos 107, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo:
"Artículo 107. ... IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptibl
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25417-c978e593/juicio-contencioso-administrativo-en-el-estado-de-mexico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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