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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 452/2012. · Registro digital (IUS): 24450
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, Pág. 901.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 452/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 13 DE MARZO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LAURA MONTES LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de la especialidad de esta Segunda Sala.

9. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido es:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

10. De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

11. No obstante lo anterior, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

12. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.

13. El artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

14. En el caso, la denuncia de contradicción la hicieron los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuyo órgano intervino en uno de los asuntos que originaron los posibles criterios en contraposición, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

15. TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la improcedencia 213/2012, en sesión de cinco de septiembre de dos mil doce, sostuvo que los artículos 257 y 259 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos impugnables mediante el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad, que los señalados en los numerales 124 y 125 de la Ley de Amparo para otorgar dicha medida cautelar, por lo que se resolvió que se actualizaba la excepción al principio de definitividad previsto en el artículo 73, fracción XV, de la citada Ley de Amparo.

16. Lo anterior con base, en la parte que interesa, en las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Bajo la premisa causa de pedir, es fundado el agravio de la recurrente en la parte que expone que en el caso surte la excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, puesto que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establece mayores requisitos para otorgar la suspensión que los exigidos por la Ley de Amparo. Cobra vigencia la jurisprudencia 69/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 5, con el rubro y texto: ‘AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe). El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: (se transcribe). Ahora bien, el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: (se transcribe). De la interpretación conforme del artículo 107, fracción IV, del Pacto Federal (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), con el texto vigente del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo en materia administrativa es improcedente cuando procede un recurso o medio ordinario de defensa que a su vez permita nulificar, revocar o modificar el acto reclamado (principio de definitividad). Lo anterior, se justifica en el hecho de que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de protección constitucional, de manera previa a su promoción, el titular de la acción debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le genera afectación, salvo los casos de excepción, que en materia administrativa se pueden señalar, son los siguientes: Cuando no se suspendan los efectos del acto de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo o exijan mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, o con un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, sin que sea óbice que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo a la ley. Sobre lo expuesto, es ilustrativa la tesis LVI/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de dos mil, página 156, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). Asimismo, orienta la jurisprudencia 176/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 646, materia constitucional, del rubro y texto siguientes: ‘PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe). En este contexto, se aprecia, concretamente, en lo que aquí interesa, que una de las excepciones que permiten acudir al juicio de garantías en contra de un acto de autoridad administrativa, sin antes agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal, estriba en que la ley que rija dicho acto establezca mayores requisitos como condición para decretar su suspensión que los señalados por la Ley de Amparo para otorgar la paralización del acto reclamado. Así las cosas, con la finalidad de observar los requisitos que prevé el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para efectos de otorgar la suspensión del acto base de la acción administrativa, conviene acudir al contenido del artículo 257 y 259, mismos que deben ser comparados con los diversos 125, 126 y 139 de la Ley de Amparo. Los artículos mencionados de la legislación estatal en comento refieren, textualmente, lo siguiente: Artículos 257 y 259 (se transcriben). Por su parte, los diversos numerales de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: Artículos 125, 126 y 139 «se transcriben)». Del análisis de los artículos transcritos se logra advertir que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Se dice lo anterior, porque al fijar la atención en el punto en que el artículo 257 de la codificación estatal en cita establece que la medida cautelar se concederá ‘si’ el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, en realidad se aprecia, que tal dispositivo no sólo condiciona la efectividad de tal medida, sino que esa disposición también se traduce en una exigencia para efectos de la procedencia de la suspensión; en efecto, de la forma en que se encuentra redactado, es innegable que la presentación de la garantía se convierte en un requisito para otorgar la suspensión, pues la palabra ‘si’, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (sic), denota ‘condición o suposición, en virtud de la cual un concepto depende de otro u otros’. De ahí que se concluya en el sentido de que en la legislación del Estado de México, la suspensión se concederá sólo si el peticionario otorga dicha garantía; condicionante que, de suyo, demuestra la mayor exigencia para la procedencia de tal medida, en contraste con la Ley de Amparo. Lo anterior se deduce, porque es evidente que el numeral en comento, no señala plazo o término alguno a efecto de que el solicitante cumpla con la exigencia de otorgar la garantía descrita, lo que de manera evidente denota que mientras no se presente la garantía, la suspensión materialmente no existe; de ahí que se concluya en el sentido de que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México prevea mayores requisitos que la Ley de Amparo. Dicho de otra manera, la ley citada en último término, concretamente el primer párrafo del numeral 139 transcrito en párrafos que anteceden, prevé que el auto en que un Juez de Distrito conceda la suspensión surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero dejará de surtirlos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado. En ese orden, si bien ambas legislaciones establecen como requisito de efectividad de la suspensión del acto reclamado la exhibición de una garantía, lo cierto es que en la codificación estatal, como se ha dicho, tal exigencia también goza, de cierta forma, de la naturaleza de un requisito de procedibilidad, ya que en este último caso, conforme a la interpretación del citado artículo 125, la medida cautelar no surte efectos desde luego -como sí sucede en términos de la Ley de Amparo-, sino que se requiere de la presencia de esa garantía para que la medida materialmente surta efectos. En las relatadas circunstancias, es evidente que la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece menores requisitos que la ley estatal, en el aspecto de que se trata, puesto que la primera determina que la suspensión del acto procede aun cuando el quejoso no otorgue garantía alguna. Sin que pase inadvertido que el también citado artículo 259 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México señala que el acuerdo del Magistrado de Sala Regional que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; no obstante, tal dispositivo no se puede analizar de manera aislada, sino que debe relacionarse con lo dispuesto en el señalado numeral 257 de la propia codificación estatal, en el que, se insiste, se requiere, para los casos ahí contemplados, de la garantía para que materialmente proceda y surta efectos la suspensión del acto administrativo. De ahí que se logre concluir lógicamente, que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México exige mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos administrativos, que la Ley de Amparo para otorgar esa misma medida cautelar respecto de los actos reclamados. Cobra aplicación la jurisprudencia 153/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de dos mil seis, página cuatrocientos veinte, que al rubro y texto señala: ‘SUSPENSIÓN. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 398 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA EXIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO; POR TANTO, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.’ (se transcribe). En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia en mérito, concretamente en el considerando quinto, en la parte que interesa, se señala lo siguiente: ‘Al respecto, se coincide con la interpretación efectuada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito respecto a que la norma en comento del Estado de Coahuila, no establece ninguna oportunidad para que la garantía de que se trata sea exhibida en un momento diverso para que la medida solicitada sea concedida, es decir, que «la conjunción copulativa <y>, que utiliza el precepto, implica que éste requiere además del requisito de que no se afecte el interés jurídico, el diverso consistente en que se garanticen los daños, es decir, exige la garantía de los daños para que se otorgue la medida suspensiva ... lo que es así, si se toma en cuenta que ningún otro artículo de ese ordenamiento municipal regula el momento en el que deba exhibirse la garantía para que, en su caso, siga operando la suspensión de los actos ... ya que de la literalidad del precitado 398, se desprende que habrán de garantizarse los posibles daños o perjuicios para que la autoridad pueda suspender los actos, lo que no da margen a interpretar que sea otro el momento en que deban garantizarse esos daños o perjuicios».’. Por tanto, resulta inconcuso, se insiste, adversamente a lo considerado por la Juez de Distrito, que en el caso, el titular de la acción de amparo ahora recurrente no se encontraba obligado a agotar el recurso o medio de defensa previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, previamente a la promoción del juicio de amparo, por lo que resulta incontrovertible que, contrario a lo razonado en el auto que ahora se recurre, en el asunto sujeto a análisis, se actualiza la excepción al principio de definitividad a que alude la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo hasta aquí expuesto, y ante lo fundado del único agravio sometido ante la potestad de este tribunal revisor, procede revocar el auto recurrido de nueve de julio de dos mil doce, dictado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en funciones de Juez de Distrito, dentro del juicio de amparo **********, promovido por **********, por propio derecho y como apoderado de **********, y ordenar se provea lo conducente respecto a la demanda de amparo que se desechó. En ese orden, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se considera oportuno realizar la denuncia por contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva qué criterio debe prevalecer entre la jurisprudencia II.1o.A. J/25 (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuyo rubro es: ‘JUICIO CONTENCIOSO O RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA II.1o.A. J/24).’, de la Décima Época, y el adoptado por este Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito en la presente ejecutoria."

17. El criterio contenido en la ejecutoria transcrita, en lo conducente, fue reiterado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al fallar la improcedencia número 200/2012, en sesión de cinco de septiembre de dos mil doce, por lo que en obvio de repeticiones no se reproducen.

18. CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión número 401/2009, en sesión de ocho de abril de dos mil diez, sostuvo que previo a la interposición del juicio de amparo debía de agotarse el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, toda vez que los artículos 257 y 259 del citado ordenamiento, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos impugnados, que los señalados en los numerales 124 y 125 de la Ley de Amparo para otorgar dicha medida cautelar.

19. Lo anterior con base, en la parte que interesa, en las siguientes consideraciones:

"SEXTO. Previo al estudio de los agravios expuestos en el presente recurso de revisión, importa destacar que en la sentencia recurrida se determinó sobreseer en el juicio de amparo promovido por **********, en contra de la resolución dictada en el expediente **********, a través de la cual se ordenó la separación temporal del quejoso como elemento de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tlalnepantla de Baz, debido a que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque el Juez de Distrito consideró que no se actualizaba ninguna excepción al principio de definitividad, y entre otras razones expuso, que el quejoso antes de promover el juicio de amparo, debió impugnar tal acto a través del recurso de inconformidad o del juicio contencioso administrativo previstos, respectivamente, en los artículos 186 y 299 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, porque el citado código prevé la suspensión de los actos y no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para decretar esa medida cautelar. Ahora, la anterior integración de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 193 de la Ley de Amparo, integró la jurisprudencia número II.1o.A. J/24, cuyo rubro es: ‘RECURSO DE INCONFORMIDAD O JUICIO DE NULIDAD PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. ES INNECESARIO AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.’, la cual se encuentra publicada en la página 1289 del Tomo XXX, correspondiente al mes de octubre de dos mil nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Dicha jurisprudencia sería aplicable en el caso, pues se refiere al supuesto por el cual se sobreseyó en el juicio de amparo del que emana este recurso de revisión, como se destacó en párrafos precedentes. Sin embargo, los Magistrados que ahora integran este Tribunal Colegiado, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 194 de la Ley de Amparo, consideran que se debe interrumpir la jurisprudencia mencionada. Esto es así, porque en ella los anteriores Magistrados integrantes de este Tribunal Colegiado consideraron que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establecía mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión de los actos, pues aquél condicionaba su procedencia a que se otorgara la garantía para que surtiera efectos sin señalar término para ello, a diferencia del término de cinco días previsto en el artículo 139 de la Ley de Amparo, por lo que consideraron que se actualizaba una excepción al principio de definitividad, en términos de la parte final del primer párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Ahora, este tribunal decide apartarse del anterior criterio porque, el requisito que ahí se menciona, no es un requisito que deba observarse para el otorgamiento de la suspensión, esto es, no se trata de un requisito de procedibilidad, sino de efectividad de la suspensión; además, porque si bien es cierto que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no fija término para que el actor exhiba la garantía, tal omisión no implica que el órgano jurisdiccional deba negar la medida cautelar, y dicha circunstancia en todo caso beneficiaría al actor, pues al no establecer un término perentorio para cumplir con tal obligación, lo deja en libertad de hacerlo en cualquier momento hasta antes de que se resuelva el juicio en definitiva."

20. El criterio contenido en la ejecutoria transcrita, en lo conducente, fue reiterado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al fallar los amparos en revisión números 191/2011 (en sesión de dieciocho de agosto de dos mil once), 287/2011 (en sesión de diez de noviembre de dos mil once) y 311/2011 (en sesión de uno de diciembre de dos mil once); así como la improcedencia 148/2010 (en sesión de veinticuatro de junio de dos mil diez), razón por la cual se formó la jurisprudencia que a continuación se identifica y transcribe:

"Décima Época

"Registro: 160114

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012

"Materia: común

"Tesis: II.1o.A. J/25 (9a.)

"Página: 1766

"JUICIO CONTENCIOSO O RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL NO ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA II.1o.A. J/24). Este tribunal en la jurisprudencia II.1o.A. J/24, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, octubre de 2009, página 1289, de rubro: ‘RECURSO DE INCONFORMIDAD O JUICIO DE NULIDAD PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. ES INNECESARIO AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.’, sostuvo que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establecía mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos, pues aquél condicionaba su procedencia a que se otorgara la garantía para que surtiera efectos, sin señalar término para ello, a diferencia del de cinco días previsto en el artículo 139 de la Ley de Amparo, por lo que se consideró que se actualizaba una excepción al principio de definitividad conforme a la parte final del primer párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir tal criterio, a fin de establecer que el requisito que ahí se menciona no es una exigencia que deba observarse para el otorgamiento de la suspensión, esto es, no se trata de un requisito de procedibilidad sino de efectividad de la suspensión; ello, porque si bien es cierto que el mencionado código no fija término para que el actor exhiba la garantía, también lo es que tal omisión no implica que el órgano jurisdiccional deba negar la medida cautelar, y dicha circunstancia, en todo caso, beneficiaría al actor, pues al no establecer un término perentorio para cumplir con tal obligación lo deja en libertad de hacerlo en cualquier momento hasta antes de que se resuelva el juicio en definitiva, por tanto, el juicio contencioso o los recursos previstos en ese ordenamiento deben agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, al no establecer mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad."

21. QUINTO. Determinación de la existencia de la contradicción de tesis. Precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.

22. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado, mediante jurisprudencia firme, cuáles son los supuestos que deben concurrir para que exista contradicción de tesis, a saber:

22.1. 1. Que se examinen hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,

22.2. 2. Que se llegue a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

23. Por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

24. En ese sentido se pronunció el Tribunal en Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que a continuación se identifica y transcribe:

"Registro: 164120

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Materia: común

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24450-81a4d0ac/juicio-contencioso-administrativo-el-codigo-de-procedimientos-administrativos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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