RECURSO DE INCONFORMIDAD O JUICIO DE NULIDAD PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO. ES INNECESARIO AGOTARLOS PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, AL ESTABLECER DICHO ORDENAMIENTO MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 20/2009. PEDRO VÍCTOR RAMÍREZ VELÁZQUEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En principio, es pertinente exponer que el Juez de Distrito, desechó de plano la demanda de amparo, al considerar que el acto reclamado consistía en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil ocho y, con respecto a ese acto, estimó que se actualizó la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo; y que esto era así, ya que la parte quejosa, previamente a acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, debió agotar los medios ordinarios de defensa establecidos en el Código de Procedimientos Administrativos en el Estado de México, en concreto, el previsto en sus artículos 186, 187 y 229, medios con los que cuentan los gobernados para inconformarse contra actos de las autoridades administrativas y fiscales del Estado.
Ahora bien, en su primer agravio la aquí recurrente alega que el juzgador federal interpretó de manera errónea el acto reclamado, que en esencia consiste en la forma en que le fue notificada la resolución de veintitrés de mayo de dos mil ocho, emitida por el contralor municipal de Tlalnepantla, Estado de México, ya que ese acto viola el artículo 25, fracción I, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que señala que las notificaciones deben realizarse personalmente a los particulares, circunstancia que no sucedió en el presente caso, ya que era del conocimiento de la autoridad responsable que se encontraba recluido en el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla de Baz, por lo que no tuvo oportunidad de impugnar la referida resolución.
En su segundo agravio, la recurrente arguye, en un primer alegato, que el a quo desechó su demanda de garantías porque consideró que no agotó el principio de definitividad, sin tomar en cuenta, por un lado, que el acto reviste de una ejecución irreparable, ya que lo deja en total estado de indefensión, al no haberse efectuado la notificación de la resolución de veintitrés de mayo de dos mil ocho, en los términos que establece la ley y, en su segundo argumento aduce, que la tesis en que apoyó su decisión el a quo, establece con toda claridad las excepciones a dicho principio, entre las que se encuentran las previstas en las fracciones III, IV y XII, «del artículo 107» de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, supuestos en los que se ubica el acto reclamado.
Es el segundo argumento del segundo agravio el que resulta esencialmente fundado y suficiente para revocar el auto recurrido, aunque para ello debe acudirse a la causa de pedir.
Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 69/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se transcriben:
"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR. Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’, esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última."(1)
Para mejor comprensión del asunto, se estima oportuno precisar que en el caso, el desechamiento de la demanda presentada se sustentó en el hecho de que en términos del 65 de la Ley de Responsabilidades del Estado de México, procede el recurso de inconformidad o el juicio contencioso administrativo.
Que en tales condiciones, al no observarse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo por no agotarse los medios de defensa ordinarios que se tenían al alcance, se actualizaba en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, dando lugar al desechamiento de la demanda presentada.
Ahora bien, con la finalidad de analizar la actualización o no de la hipótesis relativa a la excepción al principio de definitividad, debe atenderse al contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, que fundan la existencia de tal principio señalado.
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos que los que la ley reglamentaria del juicio de amparo requiera como condición para decretar esa suspensión."
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación."
Del contenido de los preceptos transcritos se colige, en inicio, que el juicio de amparo es improcedente cuando procede un recurso o medio ordinario de defensa que permita nulificar, revocar o modificar el acto reclamado.
Asimismo, que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, cuando se reclaman los siguientes actos:
a) Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan;
b) Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación;
c) Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución;
d) Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal;
e) Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación;
f) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional;
g) Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra;
h) Los que carezcan de fundamentación;
i) Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y
j) Actos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia.
Sobre lo expuesto, es ilustrativa la tesis 2a. LVI/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes:
"DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia."(2)
En este tenor, debe señalarse que si bien es cierto que en contra del acto impugnado en el juicio contencioso procede el recurso de inconformidad, también lo que es que constituye un medio de defensa opcional en la vía ordinaria, que puede agotarse o no, con anterioridad al juicio de nulidad.
Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 99/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"INCONFORMIDAD. COMO EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN MEDIO DE DEFENSA OPCIONAL, NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO. De los artículos 108 y 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como del 29 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte el carácter optativo del recurso de inconformidad, el cual puede o no agotarse antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Ahora bien, por cuanto hace a este juicio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 153, de rubro: ‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.’, estableció que el juicio de garantías procede sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad ante el mencionado tribunal, porque el artículo 59 del ordenamiento que lo regula exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado que la Ley de Amparo. En este sentido, resulta innecesario analizar si, tratándose del recurso de inconformidad, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal establece requisitos mayores que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues independientemente del resultado que arroja, en ningún caso podría exigirse que se agotara el recurso últimamente citado antes de la interposición del juicio de garantías, ya que constituye un medio de defensa opcional en la vía ordinaria, que puede agotarse o no, con anterioridad al juicio de nulidad; de ahí que si es innecesario que este último se promueva previamente a la interposición del juicio de amparo, por surtirse una excepción al principio de definitividad, resulta evidente que no es necesario agotar el mencionado recurso."(3)
Ahora bien, una de las excepciones que permiten acudir al juicio de garantías sin antes agotar recurso, juicio o medio de defensa legal, estriba en que la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto, en comparación con los que señala la Ley de Amparo, como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados, situación que también se encuentra regulada en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia.
Bajo este contexto, y con la finalidad de observar los requisitos que prevé el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, para efectos de otorgar la suspensión del acto reclamado, convienen acudir al contenido de los artículos 257 y 259, mismos que deben ser comparados con los diversos 125, 126 y 139 de la Ley de Amparo, lo que se realizará en el cuadro siguiente:
Ver cuadro
De este cuadro comparativo se advierte que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues la condiciona a que se deposite la garantía para que surta efectos.
Ello se deduce de que no señala plazo a efecto de que el solicitante cumpla con esa exigencia, lo que de suyo hace que prevea mayores requisitos que la ley de la materia, especialmente de efectividad.
En efecto, en la Ley de Amparo, en el numeral 139 se señala que la suspensión dejará de surtir efectos si el agraviado no llena, dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado.
Lo que no se prevé en el artículo 259 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, pues éste sólo señala que el acuerdo del Magistrado de Sala Regional que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión.
Hipótesis que también contempla el artículo 139 de la Ley de Amparo, sin embargo, a diferencia del 259 en comento, el primero de los citados sí prevé un plazo de cinco días para que se cumplan con los requisitos que se hayan exigido para suspender el acto reclamado, entre los que desde luego, se encuentra el otorgar garantía bastante.
De ahí que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, incurre en mayores requisitos para conceder la suspensión que la Ley de Amparo.
Criterio que se ve robustecido con lo argumentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 115/2006-SS, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 153/2006, que al rubro y texto señala:
"SUSPENSIÓN. LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 398 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE COAHUILA EXIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO; POR TANTO, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 43/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 268, con el rubro: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.’, sostuvo que conforme a los artículos 125, 130 y 139 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional puede decretarse con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, tomando el Juez de Distrito las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero, resaltando que la medida surte sus efectos inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada. Por tanto, si el artículo 398 del Código Municipal para el Estado de Coahuila exige, para su procedencia, que se garanticen suficientemente los posibles daños o perjuicios que pudieran causarse en el supuesto de confirmarse la resolución impugnada, mientras que en el juicio de amparo la exhibición de la garantía no tiene por objeto que se otorgue la suspensión solicitada, sino sólo que ésta continúe surtiendo efectos, se concluye que el indicado artículo 398 exige mayores requisitos que los previstos por la Ley de Amparo para obtener la suspensión del acto reclamado, lo que ocasiona que se actualice una excepción al principio de definitividad en el juicio de garantías, en términos de la parte final del primer párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la ley últimamente citada."(4)
Concretamente en el considerando quinto, en la parte que interesa, señaló lo siguiente:
"Al respecto, se coincide con la interpretación efectuada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito respecto a que la norma en comento del Estado de Coahuila no establece ninguna oportunidad para que la garantía de que se trata sea exhibida en un momento diverso para que la medida solicitada sea concedida, es decir, que ‘la conjunción copulativa «y», que utiliza el precepto, implica que éste requiere además del requisito de que no se afecte el interés jurídico, el diverso consistente en que se garanticen los daños, es decir, exige la garantía de los daños para que se otorgue la medida suspensiva ... lo que es así, si se toma en cuenta que ningún otro artículo de ese ordenamiento municipal, regula el momento en el que deba exhibirse la garantía para que, en su caso, siga operando la suspensión de los actos, ... ya que de la literalidad del precitado 398, se desprende que habrán de garantizarse los posibles daños o perjuicios para que la autoridad pueda suspender los actos, lo que no da margen a interpretar que sea otro el momento en que deban garantizarse esos daños o perjuicios’."
De ahí, que el recurrente no se encontraba obligado a agotar el juicio contencioso administrativo que prevé el artículo 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, por lo que es inconcuso que se actualiza la excepción al principio de definitividad a que alude la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Así, ante lo fundado de los agravios formulados y al no advertir de oficio este Tribunal Colegiado, que de manera indudable y manifiesta se actualizó una diversa causa de improcedencia, lo procedente es revocar el auto de tres de diciembre de dos mil ocho, dictado por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el expediente de amparo indirecto 1535/2008-VIII, para que admita a trámite la demanda.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca el acuerdo recurrido.
SEGUNDO.-Se ordena admitir la demanda de garantías promovida por Pedro Víctor Ramírez Velázquez contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución, salvo la actualización de alguna causa indudable y manifiesta de improcedencia, distinta a la examinada en la presente determinación.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados, presidente Rodolfo Castro León, Andrea Zambrana Castañeda y Jesús de Ávila Huerta, siendo ponente la segunda de los nombrados.
______________
1. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 5.
2. Visible en la página 156, Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a julio de 2000, Novena Época.
3. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de 2004, página 355.
4. Publicada en la página 420, del Tomo XXIV, octubre de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21803-bb3f51da/recurso-de-inconformidad-o-juicio-de-nulidad-previstos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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