VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE.
AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 123/2003. FERNANDO RAMÍREZ CISNEROS.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Son inatendibles en parte e infundados en lo demás los agravios antes transcritos.
En contra de lo expresado por el recurrente, el Juez de amparo estuvo en lo correcto al señalar que de la simple lectura de la demanda se desprende que el acto reclamado no tiene efectos de imposible reparación, al no lesionar de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados en la Constitución General de la República a través de los derechos subjetivos públicos que en ésta se contemplan, como son la libertad, la propiedad o la posesión; y que ese acto es de carácter intraprocesal y puede subsanarse con el hecho de obtener sentencia favorable. Como apoyo de tal consideración debe tenerse en cuenta que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio contenido en la ejecutoria dictada al resolver la contradicción de tesis número 133/89, entre las sustentadas por la Tercera y Cuarta Salas de ese Máximo Tribunal, visible en las páginas siete a cincuenta y dos, Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, donde definió lo que debe entenderse como acto de imposible reparación, sosteniendo que en términos de los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos en el juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución definitiva favorable en dicho juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito competente, sin tener que esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque la afectada obtuviese sentencia favorable a sus intereses; que no pueden ser considerados actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son estrictamente formales. La razón de ser de tales derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen de la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ya ningún derecho sustantivo contenido en las garantías individuales, haciendo surgir solamente la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado, y por esta razón es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo. Igualmente existe, sobre el particular, la jurisprudencia número P./J. 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once de la Gaceta Número 56, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, la cual a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.-El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ‘ejecución irreparable’ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.".
En el caso concreto, el acto consiste en la resolución de fecha doce de febrero de dos mil tres, dictada dentro del toca de apelación 124/2003, por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, que confirmó el auto de seis de noviembre del año dos mil dos, dictado por el Juez Undécimo de lo Civil de los de esta ciudad de Puebla, en el expediente 988/2002, por medio del cual se le tuvo por no desahogada la prueba confesional a cargo de la parte actora en ese juicio, evidentemente constituye un acto intraprocesal, pues el no desahogo de la prueba confesional sólo implicaría una violación a las normas del procedimiento susceptibles de hacerlas valer en amparo directo, de conformidad con la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. En efecto, esa fracción III prevé dos supuestos vinculados con el ofrecimiento de pruebas: El primero, cuando en el juicio ordinario los elementos de convicción son ofrecidos por el quejoso y no se le reciben legalmente; el segundo, cuando los ofrece la contraparte del quejoso y que en perjuicio de éste no se reciben conforme a la ley. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 6/94, que por contradicción de tesis emitió el Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página trece de la Gaceta 76, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO.-El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’, cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto.".
Los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan el inciso a) de la fracción III del artículo 107 constitucional, no permiten la posibilidad de que el afectado en el curso de un procedimiento jurisdiccional pueda acudir en demanda de amparo de inmediato, tratándose de violaciones procesales, sino que con la finalidad de lograr un avance sin obstáculos injustificados se obliga al afectado a esperar el resultado final del pleito, el cual será resuelto con toda prontitud. Esto quiere decir que a través de esos preceptos el legislador pretende, por un lado, evitar que un mismo juicio genere diversos procesos de amparo que a la larga lo entorpecerían, lo que iría en detrimento de la seguridad jurídica, pues complicarían la pronta solución de los conflictos; y, por otro lado, se busca concentrar en una misma instancia cuantas violaciones procesales y de fondo se hubieren cometido, evitando con ello un encadenamiento de juicios de garantías que sólo anquilosarían los procesos jurisdiccionales del orden común. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de este Tribunal Colegiado, visible en la página mil ciento setenta y uno del Tomo XVII, febrero de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "-Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.".
Por otro lado, debe decirse que es inexacto que para desechar una demanda de garantías se requiera de elementos de convicción ajenos a ese ocurso, pues el artículo 145 de la Ley de Amparo es claro al establecer que el Juez de amparo deberá examinar, ante todo, ese escrito de demanda y que si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará, lo que significa que del estudio integral de ese libelo puede determinarse si procede o no admitir la demanda, pues de ser manifiesta e indudable su improcedencia se justificará su desechamiento de inmediato.
Del mismo modo, contrario a lo que afirma el quejoso, debe decirse que en el caso se surte la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque según se vio, hay que relacionar ese precepto con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley.". Asimismo, aquella norma se relaciona con las tesis jurisprudenciales a las que se hizo mención en párrafos precedentes, las cuales son de obligatoria observancia al tenor del artículo 192 de la misma Ley de Amparo.
Las anteriores consideraciones conducen a confirmar el auto que se revisa.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 83, fracción I y 85, fracción I, de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma el auto sujeto a revisión.
SEGUNDO.-Se desecha por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de garantías interpuesta por Fernando Ramírez Cisneros, en contra del acto que reclama de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, el cual quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución devuélvase el cuaderno de amparo al Juez a quo y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Gustavo Calvillo Rangel, Raúl Armando Pallares Valdez y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17578-d8b884c7/violaciones-procesales-razon-de-ser-de-la-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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