PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, DEBE IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAIGA MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD Y NO A TRAVÉS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).
AMPARO EN REVISIÓN (IMPROCEDENCIA) 271/2003. JOSÉ LISANDRO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Los agravios son inoperantes en una parte y, en otra, infundados, en atención a las siguientes consideraciones.
En efecto, resulta inoperante el agravio relativo a que el a quo transgredió el principio de legalidad establecido en el artículo 14 de la Constitución Federal, ya que dada la naturaleza del medio de defensa y por la función que desempeña el Juez de Distrito, como órgano de control constitucional, si se estima lo contrario se le trataría extralógicamente en la segunda instancia como autoridad responsable, lo que técnicamente resulta incorrecto; es por ello que los argumentos dirigidos a señalar que violó los preceptos de la Constitución antes citados no deben ser materia de análisis en este recurso de revisión.
Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo V, enero de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO."
Son infundados los argumentos del recurrente en donde aduce que de la interpretación del artículo 3o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, se advierte que basta que se agote el recurso de reconsideración en contra de los actos o resoluciones dictados en materia administrativa, para acudir a la vía constitucional, pues de lo contrario el legislador hubiese previsto que eran impugnables a través del juicio de nulidad sustanciado ante la Sala Administrativa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas.
Previo al estudio del motivo de queja precisado, conviene señalar que los artículos 1o., fracción I, 3o. y 14 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, establecen:
"Artículo 1o. Esta ley es de orden público y tiene por objeto mediante recurso de reconsideración o juicio de nulidad regular las controversias que se susciten en contra de las resoluciones definitivas que se indican a continuación:
"I. De las que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de las entidades con funciones administrativas de autoridad de carácter estatal o municipal."
"Artículo 3o. En contra de los actos o resoluciones dictados en materias administrativa o fiscal, estatal o municipal, procederá interponer el recurso de reconsideración ante la misma autoridad que lo dictó, si es que la ley específica no prevé recurso administrativo alguno. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad que emitió o ejecutó el acto o resolución impugnada, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación relativa."
"Artículo 14. En contra de los actos especificados en el artículo primero de esta ley y de no optarse por el recurso de reconsideración, el interesado podrá promover juicio de nulidad ante la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, que se sustanciara y resolverá con arreglo al procedimiento que señala esta ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado; en materia fiscal, a la Ley de Hacienda y al Código Fiscal del Estado, en lo que resulten aplicables."
De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se establece que la intención del legislador local fue la de establecer medios ordinarios de defensa para que el gobernado pudiera a través de los mismos, nulificar actos o resoluciones dictadas en las materias administrativa o fiscal, del ámbito estatal o municipal, para ello, previó la procedencia del recurso de reconsideración ante la propia autoridad y el juicio de nulidad ante la Sala competente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas.
Ahora bien, si el interesado opta por interponer el recurso de reconsideración ante la autoridad que emitió la resolución administrativa reclamada, una vez resuelto y de resultar desfavorable para éste, debe controvertir la resolución en comento a través del juicio de nulidad, antes de ocurrir al juicio de garantías, en virtud de que se trata de un acto administrativo diverso y que es de aquellos que prevé el artículo 1o. de la Ley de Justicia Administrativa en cita, que en términos de su artículo 14, resulta procedente impugnarlo por dicho medio de defensa legal, ya que por esta vía puede ser nulificado, según se prevé en las fracciones II y III del artículo 58 del ordenamiento legal en consulta.
Por tanto, si el inconforme optó por el recurso de reconsideración, pues así se observa del auto de diecisiete de marzo de dos mil tres, ya que hizo valer ese medio ordinario de defensa ante el coordinador General de Transportes, Dirección de Concesiones y Autorizaciones, contra la resolución de seis de noviembre de dos mil dos, el cual fue desechado por no cumplir con las formalidades previstas en el artículo 4o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas (foja 7); en consecuencia, debió agotar el juicio de nulidad ante la Sala respectiva del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías.
Cobra aplicación la jurisprudencia XX.1o. J/48, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que se comparte, visible en la página 598, Tomo VI, agosto de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA ESTAR EN APTITUD DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, LA QUEJOSA DEBE AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD AUN CUANDO HAYA HECHO VALER EN RECURSO DE RECONSIDERACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).-La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, en sus artículos primero y tercero, da la opción a la interesada para interponer el recurso de reconsideración ante la misma autoridad que dictó la resolución administrativa reclamada, antes de acudir al juicio de nulidad; pero de cualquier manera, si se opta por este recurso, una vez resuelto en contra de la quejosa, tiene que controvertir la resolución en comento a través del juicio de nulidad a que se ha hecho referencia, que constituye un medio de defensa legal por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama, habida cuenta de que dicha ley estatuye la suspensión del acto en forma semejante a la que establece el ordenamiento regulador del juicio de amparo; por tanto, si la quejosa hizo valer el recurso de reconsideración, debió agotar el juicio de nulidad ya citado para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías; caso contrario, éste resulta improcedente."
De igual manera, es infundado el argumento de inconformidad del recurrente, en el sentido de que de la interpretación del artículo 14 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, se advierte que de no optarse por el recurso de reconsideración, podrá promoverse el juicio de nulidad ante la Sala Administrativa; lo que según dice, trae como consecuencia que es optativo para el interesado interponer los recursos previstos en la ley en cita, y que si eligió uno de ellos, ya agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo.
Del precepto legal aludido por el inconforme, se advierte que la opción que la ley otorga al gobernado, está referida únicamente a la facultad que tiene de interponer el recurso de reconsideración ante la autoridad que emitió el acto administrativo, pero en ningún caso puede dejar de accionar el medio de defensa contemplado en las leyes secundarias, de conformidad con el principio de definitividad previsto en la Ley de Amparo; es decir, de no haber presentado el recurso de reconsideración que hizo valer en contra de la resolución administrativa impugnada, previsto en el artículo 3o. de la Ley de Justicia Administrativa de la entidad, estaba obligado a promover el juicio de nulidad a que se refiere el artículo 14 de la ley en mención, pero como decidió interponer el recurso aludido, debía a su vez impugnar la resolución emitida a través del juicio referido, pues contra la misma resultaba procedente dicho medio de impugnación y contra esta última el juicio de amparo.
Ahora bien, el artículo 14 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas establece que "el interesado podrá promover juicio de nulidad". Como se advierte, el legislador utilizó el verbo poder, conjugado en tiempo futuro del modo indicativo, en la tercera persona del singular.
En relación con dicho tópico, conviene tener presente que los accidentes gramaticales del verbo, expresados en la conjugación, son: voces, modos, tiempos, números y personas.
Los modos son las distintas maneras generales de expresar la significación del verbo, es decir, denotan la actitud del hablante con respecto a lo que dice. Los modos en castellano son cinco: infinitivo, indicativo, potencial, subjuntivo e imperativo.
El indicativo expresa de una manera absoluta e independiente un hecho real y objetivo, por ejemplo, yo soy feliz; Pedro estuvo en casa; Dios premiará a los buenos.
El potencial indica el hecho no como real, sino como posible, por ejemplo, yo sería feliz; Pedro estaría en casa. Este modo tiene dos tiempos, uno simple y otro compuesto.
El tiempo futuro del modo indicativo se refiere a la acción como no acabada, y expresa que ésta se realizará en tiempo posterior al momento en que se enuncia, por ejemplo, mañana a las nueve me embarcaré; esta tarde lloverá; la guerra cesará.
El potencial simple denota la acción como no terminada y expresa la "posibilidad" de un hecho, ya en el momento en que se habla, ya antes, ya después, por ejemplo, tendría entonces unos treinta años; tú nada sacarías de engañarme.
El potencial compuesto enuncia la acción como terminada y expresa la "posibilidad" de una acción en tiempo pasado, pero subordinada a otra, por ejemplo, habría leído el libro, si me lo hubieses enviado; si trabajaras más, podrías ganar más dinero; si se porta bien, el niño podría comer caramelos.
Por consiguiente, la expresión: "el interesado podrá promover juicio de nulidad", contenida en el artículo 14 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, no debe interpretarse en el sentido de que se utilizó en el modo potencial, lo cual implica una "posibilidad", que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dicho vocablo denota una aptitud, potencia u ocasión para ser o existir algo, o bien, la aptitud o facultad para hacer o no hacer una cosa, pues si ese hubiera sido el desideratum del legislador, tendría que haber enunciado expresamente que de no optarse por el recurso de reconsideración, el interesado podría promover juicio de nulidad, es decir, si se hubiera utilizado en ese modo potencial, el cual queda circunscrito a aquello que está en calidad de posible y no en acto, entonces sí estaríamos en posibilidad de concluir que no es una obligación sino una facultad, empero, como se utilizó el verbo poder, conjugado en tiempo futuro del modo indicativo, en la tercera persona del singular, esto es, podrá, resulta obvio que no se dejó al arbitrio del interesado el intentar el juicio de nulidad, sino como una necesidad para promoverlo, si su intención era la de que se declarara la nulidad de la resolución o acto que le afectaba.
En consecuencia, resulta infundado el agravio del recurrente en el sentido de que el vocablo "podrá" deba interpretarse como una opción de escoger entre el recurso de reconsideración o el juicio de nulidad, de acuerdo con lo expuesto con antelación.
En otro aspecto, el recurrente aduce a manera de agravio, que en el Estado de Chiapas, no existe Tribunal Superior de Justicia, por ello, estimó que no era procedente el juicio de nulidad.
Dicho argumento deviene infundado, ya que por decreto número nueve, publicado en el periódico oficial número 111, de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa, fue reformada la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en donde se estableció cambiar la denominación del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por Supremo Tribunal de Justicia del Estado; por tanto, resulta evidente que las menciones que en otras legislaciones estatales se hagan del Tribunal Superior de Justicia, se entienden referidas al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas.
Ahora bien, los artículos 1o., 2o., fracción I, 7o., primer párrafo, 17, primero y tercer párrafos, y 24, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chiapas, establecen:
"Artículo 1. Corresponde al Poder Judicial del Estado, la facultad de impartir y administrar justicia a través de la aplicación de la ley dentro de su jurisdicción en materia del fuero común, y en materia del fuero federal, cuando las leyes respectivas le otorguen dicha atribución, contribuyendo así a sostener la armonía y la paz social."
"Artículo 2. El Poder Judicial del Estado se integra, por:
"I. El Supremo Tribunal de Justicia;
"Artículo 7. El Supremo Tribunal de Justicia se integrará con una Sala Superior y Salas Regionales Colegiadas y Unitarias. El número de Salas Regionales su especialización, jurisdicción y competencia se decidirá por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura en los términos de ésta ley."
"Artículo 17. El Supremo Tribunal de Justicia funcionará con el número de Salas que por acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura, estime necesarias para la pronta y expedita administración de justicia. Las Salas serán colegiadas o unitarias, las primeras integradas por tres Magistrados, de los cuales anualmente uno fungirá como su presidente, en riguroso orden alfabético de apellidos; y las segundas integradas por un Magistrado."
"...
"Las Salas Civiles conocerán de las materias civil, familiar y administrativa ..."
"Artículo 24. Corresponde a las Salas Civiles dentro de su jurisdicción, conocer:
"V. De los juicios de nulidad en contra de las resoluciones definitivas que pronuncien las autoridades de las dependencias y entidades del poder ejecutivo estatal o municipal, en funciones administrativas o fiscales."
Del contenido de los preceptos transcritos, se advierte que la facultad de impartir justicia en el Estado de Chiapas recae en el Poder Judicial del Estado, el cual se integra, entre otros órganos jurisdiccionales, por el Supremo Tribunal de Justicia, que a su vez se encuentra conformado por Salas Regionales Colegiadas y Unitarias; y que respecto a las Salas Colegiadas en Materia Civil, conocerán de las materias civil, familiar y administrativa, y en cuanto a esta última, específicamente, les corresponde conocer y resolver sobre los juicios de nulidad promovidos contra las resoluciones definitivas que pronuncien las autoridades de las dependencias y entidades del poder ejecutivo estatal o municipal en funciones administrativas o fiscales.
En conclusión, es evidente que en el Estado de Chiapas, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de nulidad, previsto por el artículo 14 de la Ley de Justicia Administrativa, es el Supremo Tribunal de Justicia, a través de las Salas Regionales Colegiadas en Materia Civil, y no como lo pretende hacer valer el inconforme.
Por último, el recurrente alega que las jurisprudencias que citó el a quo son inaplicables, pues estima que surgieron cuando existía la Sala Administrativa del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas; lo anterior resulta infundado, pues tal como se estableció en párrafos precedentes, aun cuando dejó de existir dicho órgano jurisdiccional especializado, en términos de lo dispuesto por la actual Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la competencia para conocer de la materia que nos ocupa recae en las Salas Civiles del tribunal en comento.
A mayor abundamiento, debe decirse que para que una jurisprudencia pierda vigencia, es necesario que lo que interpreta ya no sea acorde a la realidad normativa o que el órgano colegiado que la sustenta se aparte de la misma, o bien, al estar en contradicción con otra, la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que corresponda conocer, resuelva que debe prevalecer la que sostiene diverso criterio o bien el que ésta establezca, en consecuencia, la tesis jurisprudencial que no prevaleció, deja de tener carácter obligatorio, circunstancias que en el presente caso no ocurren, por tanto, es correcto que el a quo se apoyara en las jurisprudencias que citó en la resolución impugnada, para desechar de plano la demanda de amparo.
En ese estado de cosas, al no haber motivo para suplir la queja deficiente, procede confirmar el auto sujeto a revisión.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 107, fracción VIII, in fine, de la Constitución General de la República; 76, 77, 78, 83, fracción I, y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve;
ÚNICO.-Se confirma el auto recurrido que desechó la demanda de garantías.
Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de Distrito de origen, háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados, presidente Carlos Arteaga Álvarez, Elías Álvarez Torres y Alma Rosa Díaz Mora, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18632-bbebc39e/principio-de-definitividad-si-el-quejoso-opto-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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