SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL SEGUNDO CIRCUITO. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, MAURILIO GREGORIO SAUCEDO RUIZ Y VERÓNICA JUDITH SÁNCHEZ VALLE. DISIDENTE Y PONENTE: VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ CORTÉS. SECRETARIA: MARLEN RAMÍREZ MARÍN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia.
El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 227, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los criterios en posible contradicción provienen de asuntos resueltos por Tribunales Colegiados pertenecientes a este Segundo Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues se formuló por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, autoridad de amparo en el expediente 1204/2014, del que deriva el recurso de queja 196/2014.
TERCERO.-Posturas contendientes.
A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar los antecedentes y consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias de las que provienen los criterios materia de contradicción de tesis.
I. Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México.
Conoció del recurso de queja 57/2014, interpuesto por ********** por propio derecho y en calidad de propietario de la clínica materno infantil **********, contra el auto de veintiséis de marzo de dos mil catorce, dictado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en el juicio de amparo indirecto 302/2014, declarándolo infundado.
Los antecedentes de este caso, son los que a continuación se resumirán:
Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Nezahualcóyotl, Estado de México, ********** por propio derecho, y en calidad de propietario de la clínica materno infantil **********, promovió demanda de amparo indirecto contra los actos atribuidos al subdirector de Verificación Sanitaria del Instituto de Salud del Estado de México y otras autoridades, consistentes en la orden de visita de verificación sanitaria **********, el levantamiento del acta de verificación; la aplicación de la medida de seguridad sanitaria, consistente en la suspensión total de trabajos o servicios de forma temporal efectuada en diversas áreas (quirófano) del establecimiento verificado, así como la medida de seguridad sanitaria, consistente en el aseguramiento a diversas áreas (habitaciones de primero y segundo piso) del referido establecimiento.
Por resolución de veintiséis de marzo de dos mil catorce, el titular del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, declaró improcedente la demanda, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, y 113 de la Ley de Amparo, por considerar que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, esto es, interponer el recurso administrativo de inconformidad, ante la propia autoridad, o acudir a juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.
Contra dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de queja 57/2014, que el dos de julio de dos mil catorce, fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, en el sentido de declararlo infundado, al tenor de las siguientes consideraciones:
"50. No asiste razón al recurrente cuando aduce que, atendiendo al criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invoca, el amparo indirecto es procedente contra la orden de clausura, sin que para ello sea necesario agotar previamente, medio ordinario de defensa o recurso alguno, dado que los actos reclamados producen afectaciones de imposible reparación, lo que actualiza el principio de definitividad que le exime de acudir previamente a la vía ordinaria, siendo procedente, desde luego, la acción constitucional de amparo en la vía indirecta.-51. Para demostrar lo infundado de los agravios, cabe precisar desde este momento que el criterio jurisprudencial invocada por el solicitante de amparo, ahora recurrente, no es aplicable al caso concreto, como se explicará a detalle en párrafos subsecuentes, siendo bastante de momento, resaltar que la jurisprudencia 2a./J. 22/2012, se refiere a las disposiciones de la Ley de Amparo de mil novecientos treinta y seis, actualmente abrogada, específicamente a su artículo 114, concerniente a los supuestos en que procede el juicio de amparo indirecto; numeral que, si bien guarda similitud y cierta equivalencia con el texto del artículo 107 de la nueva Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece; ciertamente sufrió modificación, precisamente en cuanto al tema de la procedencia del juicio de amparo indirecto en el procedimiento administrativo no jurisdiccional, pero seguido en forma de juicio, como se explicará en los párrafos subsecuentes; lo que lleva a concluir que el citado criterio jurisprudencial no es aplicable al caso concreto.-52. Al efecto, es necesario precisar que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor (como nota a pie de página transcribe artículos), así como en sus correlativos 73, fracción XV, y 114, fracción II, de la ley en la materia actualmente abrogada (como nota a pie de página transcribe artículos), se actualiza de dos manera diferentes, a saber: a) En un primer orden aparece regulado en el capítulo o apartado correspondiente a las causales de improcedencia; y consiste, precisamente, en la obligación que tiene el gobernado de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que prevea la ley del acto reclamado, para modificar, revocar o anular el acto reclamado, antes de acudir a la vía constitucional de amparo. Esto es lo que se conoce como el principio de definitividad, en sentido estricto o propiamente dicho. b) Por otra parte, el principio de definitividad, también está regulado en las referidas legislaciones de amparo (tanto vigente como abrogada), como un presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud del cual, existe una limitante para impugnar en la vía constitucional biinstancial, de manera inmediata o directa, aquello actos, omisiones o determinaciones intraprocesales, intermedias, de trámite o instrumentales, emitidas dentro de un procedimiento, pues la regla general, es que el amparo sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento; regla general que tiene como excepción, el que los referidos actos intermedios o intraprocesales tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues en este caso, no es necesario esperar hasta el dictado de la resolución final o definitiva, sino que el amparo procede desde luego contra ese acto instrumental o de trámite, que afecta derechos humanos fundamentales de manera directa, inmediata e irreparable.-53. Precisado lo anterior, es oportuno destacar la diferencia entre las prescripciones de las legislaciones de amparo de mil novecientos treinta y seis (abrogada) y la que se encuentra vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el tema de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (distinta de tribunales), pues de ello depende precisamente la inaplicación del criterio jurisprudencial que invoca el recurrente como sustento toral del presente recurso.-54. Las disposiciones legales en estudio, son del tenor literal siguiente: (se transcribe tabla).-55. Como se observa del cuadro que antecede, antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, el juicio constitucional en la vía indirecta sólo era procedente en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio ante autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, contra la última resolución, es decir, contra la que decidía en definitiva el asunto, por violaciones cometidas en la misma resolución y, en su caso, en ese mismo juicio de amparo debían hacerse valer también las violaciones que se hubiesen cometido durante el procedimiento, de tal suerte que no era dable impugnar en amparo las actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite, sino hasta el momento en que se impugnara la última resolución, porque así lo exigía el principio de definitividad establecido en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada (salvo las excepciones establecidas mediante jurisprudencia, que se analizarán en párrafos subsecuentes).-56. En ese tenor, dado que la ley de la materia abrogada no permitía la interposición del juicio de amparo contra actuaciones intermedias o de trámite en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, porque la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo anterior, sólo admitía promoverlo contra la resolución definitiva del procedimiento; a diferencia del procedimiento jurisdiccional (juicio), es decir, de aquel que se sigue ante tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los cuales, en términos de la fracción IV del citado numeral, sí es dable impugnar actuaciones intermedias, procedimentales o de trámite dentro del juicio, siempre y cuando, es decir, bajo la condición de que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación.-57. Sin embargo, en términos de la ley de amparo abrogada, la procedencia del juicio de amparo contra actos procesales estaba limitada a los actos en juicio, es decir, sólo respecto de la actuación de los tribunales, pero no para los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio; no fue sino a través de la interpretación de los tribunales de la Federación, concretamente la del Máximo Tribunal de la Nación, donde se estableció que lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior (relativo a la procedencia del amparo contra actos emitidos dentro de juicio), debía hacerse extensivo también a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, de tal suerte que también aquellas actuaciones intraprocesales, intermedias o de mero trámite emitidas en los referidos procedimientos administrativos (es decir no judiciales), podrían ser impugnadas directamente a través de la acción constitucional del amparo indirecto, sin necesidad de esperar hasta resolución definitiva, siempre y cuando ocasionaran al gobernado quejoso, afectaciones o perjuicio de imposible reparación.-58. Así lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro y texto: ‘PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LA IV, DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe).-59. Siguiendo ese criterio de interpretación, al analizar la orden de clausura provisional emitida como medida preventiva o de seguridad dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que dicho acto genera perjuicios de imposible reparación, por lo que es impugnable en amparo indirecto, tal como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 22/2012, invocada por el recurrente como sustento toral de sus argumentos en la presente revisión, y que enseguida se transcribe: ‘CLAUSURA PROVISIONAL DICTADA EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA RESOLUCIÓN INTERMEDIA QUE LA DECRETA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD O PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe).-60. Sin embargo, como se adelantó, dicho criterio no es aplicable al presente juicio de amparo, mismo que al haber iniciado con la presentación de la demanda el veinticinco de marzo de dos mil catorce, le son aplicables las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, cuyo artículo 107, fracción III, inciso b), regula ya de manera expresa (a diferencia de la Ley de Amparo anterior) la procedencia del juicio de amparo contra actos, omisiones y resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, que se trate de actos de imposible reparación.-61. De lo anterior se desprende con claridad que el tema central y la cuestión que definió la jurisprudencia 22/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente se refiere al principio de definitividad que rige en relación con los actos, determinaciones y actuaciones intraprocesales o intermedios, dentro del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, de tal suerte que lo único que se estableció a través del citado criterio jurisprudencial, es que cuando en uno de dichos procedimientos se dicte una resolución o determinación intraprocesal que afecte derechos fundamentales en forma irreparable, es procedente el juicio de amparo sin necesidad de esperar el dictado de la última determinación que resuelva definitivamente y de fondo el citado procedimiento administrativo; pues aun cuando la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, sólo preveía en forma limitativa la procedencia del amparo contra la última resolución, el Alto Tribunal prec
só que debían aplicarse en forma armónica y concatenada, las fracciones II y IV del citado numeral 114, por lo que también era procedente combatir en amparo las actuaciones intermedias o de trámite en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.-62. Sin embargo, dado que en la nueva Ley de Amparo, el artículo 107, fracción III, inciso b), antes transcrito, establece de manera expresa la procedencia del amparo contra las actuaciones intermedias que afecten de manera irreparable los derechos fundamentales del gobernado, dentro de un procedimiento administrativo tramitado en forma de juicio, es claro que la jurisprudencia en estudio no es aplicable a las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, habida cuenta que el punto de controversia sobre el cual versó, se refiere a una cuestión que no se encontraba regulada en forma clara ni suficiente, pero en la nueva ley de la materia, sí se precisó el tema en estudio, al establecerse en forma expresa la procedencia del juicio constitucional indirecto contra actos, omisiones o resoluciones de trámite en el procedimiento administrativo.-63. En ese orden de ideas, si bien el criterio jurisprudencial que se analiza resultó de gran utilidad para fijar los alcances de los derechos fundamentales y el principio de definitividad en relación con el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ampliando la posibilidad de acudir al amparo contra actuaciones procesales o intermedias, sin necesidad de esperar la resolución definitiva, y seguramente dicho jurisprudencia también sirvió de base para consolidar las modificaciones sustanciales de la nueva Ley de Amparo, es claro que por referirse a la interpretación de disposiciones de la ley anterior, actualmente abrogada, dicha jurisprudencia ya no tiene razón de ser, ni resulta aplicable a los asuntos tramitados con la nueva ley de la materia, pues, se insiste, la cuestión que en dicha tesis se resolvió y definió, ya se incorporó al texto de la nueva Ley de Amparo, y de manera expresa recoge lo que hasta antes de su entrada en vigor, establecía la jurisprudencia.-64. Conforme a lo anterior, es dable afirmar que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, establece una excepción al principio de definitividad en estudio, toda vez que, según se explicó en párrafos precedentes, en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo sólo procedía, por regla general, contra la resolución definitiva, siendo hasta entonces cuando se podían impugnar también las violaciones ocurridas durante el trámite del procedimiento; no obstante en el inciso de la fracción y numeral en cita, expresamente se estableció la procedencia del juicio constitucional en contra de las actuaciones intermedias, siempre que afecten de forma irreparable los derechos fundamentales del gobernado; tema del que en su momento se ocupó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero actualmente fue incorporado por el legislador en el nuevo texto de la Ley de Amparo.-65. Por otra parte, debe aclararse que si bien el gobernado sujeto a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya no se encuentra obligado a esperar la última determinación o resolución definitiva para impugnar aquellas actuaciones de tramite o de procedimiento que afecten en forma irreparable sus derechos humanos fundamentales, habida cuenta que contra tales determinaciones o acuerdos de trámite es procedente el juicio de amparo indirecto, precisamente porque la nueva Ley de Amparo establece como excepción al principio de definitividad, la irreparabilidad en la afectación que sufra el quejoso, de tal suerte que ya no es indispensable esperar hasta la resolución definitiva; ello no implica que de existir alguno recurso, juicio o medio ordinario de defensa capaz de modificar, revocar o anular el acto reclamado, la parte quejosa no esté obligado a promoverlo antes de intentar la vía constitucional de amparo, porque según se explicó en párrafos anteriores, concretamente en el número 52, el principio de definitividad opera o se actualiza de dos maneras distintas, al estar regulado o comprendido como causa de improcedencia y también como una condición descrita en los caso de procedencia del juicio de amparo biinstancial; pues el primero atiende a la existencia de medios ordinarios de defensa eficaces para anular el acto reclamado y para suspender su ejecución; en tanto que el segundo guarda relación con el grado de afectación que se produce en la esfera jurídica del amparista, más específicamente con la imposibilidad de reparar los daños ocasionados por la ejecución del acto reclamado.-66. Sin embargo, contrario a lo que afirma la parte recurrente y como acertadamente lo estimó el Juez de Distrito recurrido, aun cuando el quejoso no estuvo obligado a cumplir el principio de definitividad, porque no tenía que esperar hasta la resolución definitiva para impugnar la suspensión de actividades ordenada en el procedimiento administrativo seguido en su contra; lo cierto es que ello no le exime de cumplir con el requisito de definitividad, en relación con la necesidad de agotar los medios ordinarios de defensa previo a la presentación de la demanda de amparo, pues, se insiste, el citado principio de definitividad se actualiza de dos formas distintas, según se explicó en párrafos precedentes; y, en el caso, el quejoso está obligado a agotar los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa que establezca la ley que rige el acto reclamado o algún otro ordenamiento que prevea en forma eficaz un medio ordinario de defensa capaz de modificar, revocar o dejar insubsistente el acto de autoridad que afecta su esfera jurídica, aun cuando dicha afectación provoque efectos y consecuencias de imposible reparación, y se refiera a derechos fundamentales del solicitante de amparo, salvo que se actualice alguna excepción al principio de definitividad, las cuales se encuentran previstas de manera expresa en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo en vigor, que literalmente indica: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.-No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.-Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.’.-67. Por lo que fuera de los tres casos de excepción a que se refiere la fracción y numeral indicados, el solicitante de amparo está obligado a agotar previamente a la interposición del juicio de amparo, el recurso, juicio o medio ordinario de defensa que establezca la ley del acto reclamado para lograr su modificación, revocación o anulación, sin que sea óbice para ello, que el acto de autoridad que reclama le depare perjuicios de imposible reparación.-68. Ello es así, porque la irreparabilidad de un acto se relaciona con la afectación que produce en el conjunto de derechos del gobernado, y es por ello que configura excepción al principio de definitividad, pues de presentarse una afectación de tal naturaleza o magnitud (irreparable), no será necesario esperar hasta la última resolución (aquella que decida en forma terminal el fondo del procedimiento) para impugnar el acto procesal que produce dicha afectación.-69. Sin embargo, dicho concepto es autónomo e independiente a la diversa regla de definitividad, que tiene que ver con la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos y medios ordinarios de defensa contra un acto de autoridad, previstos en la ley que rige el acto reclamado; pues ésta tiene que ver precisamente con la existencia de un medio de impugnación ordinario que se eficaz, idóneo y suficiente para anular, revocar o modificar el acto reclamado, es decir, no guarda relación el grado de afectación sino que se refiere y privilegia el derecho de defensa o de acceso a la justicia, mediante la existencia del recurso efectivo.-70. La conclusión apuntada se corrobora tomando en cuenta que el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establecen el principio de definitividad primeramente referido, tratándose de actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no reconocen como supuesto de excepción que faculte al gobernado para acudir al amparo, sin agotar previamente los medios ordinario de defensa, el que los actos reclamados ocasionen perjuicios de imposible reparación, tal como se aprecia de la literalidad de dichos preceptos.-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-‘Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.-No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; Ley de Amparo vigente.’.-‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.-No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.-Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ...’.-71. Por tanto, cuando no opera alguna de las salvedades o excepciones previstas en estos dos últimos artículos, el quejoso debe promover el recurso, medio ordinario de defensa o en el caso, juicio de nulidad contra el acto reclamado, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, antes de acudir a la instancia constitucional, porque de no hacerlo, la acción de amparo resultará improcedente por incumplimiento al principio de definitividad.-72. En apoyo a lo anterior, se comparte, por identidad de razón, las tesis aisladas emitidas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, de rubro y texto: ‘EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. EL HECHO DE QUE SEA UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).’ (se transcribe).-‘PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN O DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DE CARRERA POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO SI ÚNICAMENTE SE ATIENDE AL TIPO DE AFECTACIÓN QUE PRODUCE.’ (se transcribe).-73. De ahí que se estima apegada a derecho la conclusión del Juez Federal recurrido, en el sentido de que en el caso concreto no se actualiza ninguna excepción al principio de definitividad, consideración que, al no haber sido impugnada por el recurrente mediante los agravios expresados en el presente recurso, debe mantenerse intocada y continua rigiendo el sentido del fallo recurrido.-74. Sin que pase inadvertido para este tribunal de alzada, que al estimar que el quejoso se encontraba obligado a agotar, previo a la interposición del amparo, el recurso de inconformidad ante la propia autoridad responsable o, en su caso, a elección del quejoso, el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en razón de que dichos medios ordinarios de defensa son eficaces para conseguir la modificación, revocación o anulación del acto reclamado y prevén la suspensión del acto reclamado sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo para su otorgamiento; el Juez Federal se apoyó en la jurisprudencia obligatoria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: ‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe).-75. Por lo que se estima apegado a derecho el pronunciamiento del Juez Federal, en el sentido de que el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige más requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25981-346d1f24/suspension-del-acto-impugnado-en-el-juicio-contencioso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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