SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y LAS CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 5 DE DICIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SERGIO JAVIER COSS RAMOS Y LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ. DISIDENTE: JORGE MEZA PÉREZ. PONENTE: SERGIO JAVIER COSS RAMOS. SECRETARIO: NOEL ISRAEL LOERA RUELAS.
Monterrey, Nuevo León. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente al día cinco de diciembre de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver los autos relativos a la contradicción de tesis 9/2014; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 173/2014, recibido el nueve de abril de dos mil catorce, ante la Secretaría General del Pleno del Cuarto Circuito, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito remitió copia certificada de la ejecutoria de uno de abril del presente año, pronunciada en el recurso de queja 64/2014, de cuyo contenido se advierte la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por ese órgano colegiado y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 41/2014.
SEGUNDO. Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. Por proveído de diez de abril de dos mil catorce, el presidente del Pleno del Cuarto Circuito admitió a trámite la denuncia formulada, por lo que solicitó a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, copias certificadas de la ejecutoria emitida en la queja 41/2014 de su índice, además del envío a la cuenta de correo electrónico maria.gonzalez.diaz@correo.cjf.gob.mx, del archivo digital que contuviera dicha sentencia.
Asimismo, se requirió a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, para que informara si el criterio sostenido en el asunto con el que se denunciaba la contradicción de tesis de su índice se encontraba vigente, o bien, en su caso, la causa para tenerlo por superado.
El dos de mayo de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 10/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, y su transformación en Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del mismo circuito y sede, así como a su denominación, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones; concluyendo a las veinticuatro horas del cinco de mayo de dos mil catorce e iniciando como tribunal especializado, a partir del seis de mayo de este año.
La determinación adoptada por el Consejo de la Judicatura Federal, respecto de la transformación del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito, en especializado en la primera de ellas, modificó la naturaleza del Pleno del Cuarto Circuito, al actualizarse el supuesto de especialidad que establece el artículo 9 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Mediante oficio SECJACNO/CON/1255/2014, de quince de mayo de dos mil catorce,(1) el secretario ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que, de conformidad con los artículos 4, 9 y 10 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del día siguiente de su aprobación -sesión de siete de mayo de dos mil catorce-, informó las reglas a adoptarse, respecto de las contradicciones de tesis integradas, turnadas, listadas y en trámite en el Pleno del Cuarto Circuito, así como la nueva integración de los Plenos Especializados por materia del mismo Cuarto Circuito; la designación del Magistrado Jorge Meza Pérez, como decano del Pleno Especializado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y tanto el returno como el reparto de los asuntos a cada uno de dichos Plenos Especializados.
El veintiocho de mayo de dos mil catorce,(2) en atención al oficio SECJACNO/CON/1255/2014, de fecha quince del mismo mes y año, del secretario ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se solicitó la devolución física de los expedientes, para proceder oficialmente a la transición del Pleno no Especializado del Cuarto Circuito, en Especializado, de acuerdo a las materias administrativa, civil, penal y de trabajo.
Finalmente, una vez que estuvo integrado el expediente de la contradicción de tesis en que se actúa, por auto de tres de junio de dos mil catorce, se turnó el asunto al Magistrado Sergio Javier Coss Ramos, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es legalmente competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 10 y 49 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, y de acuerdo a lo establecido en el oficio SECJACNO/CNO/1255/2014, emitido por el secretario ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis,(3) en materia administrativa, sustentadas por dos Tribunales Colegiados de este circuito.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito está legitimado para realizar la denuncia de contradicción de tesis en estudio, con fundamento en lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho tribunal tiene residencia en este circuito, en términos de lo previsto por el punto segundo, fracción IV, del Acuerdo General 3/2013 del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; denuncia que tiene como propósito que se dirima una contradicción de tesis sustentadas por tribunales de este Cuarto Circuito.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente relatar brevemente el origen procesal de las consideraciones en que se basaron las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para después proceder a su análisis.
I. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito resolvió el recurso de queja 64/2014, promovido por la Administradora de Amparo e Instancias Judiciales "2" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del jefe del Servicio de Administración Tributaria, en contra de la resolución dictada en el incidente de suspensión derivado del amparo indirecto 215/2014, en la que le fue otorgada la suspensión provisional a la entonces recurrente.
Antecedentes
a) ********** promovió juicio de amparo en contra de actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, consistentes en el proceso legislativo del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, en específico, la reforma y adición al contenido del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Además, reclamó la ejecución de la facultad contenida en la disposición mencionada, para publicar el nombre, la denominación o razón social y su registro federal de contribuyentes, en los supuestos establecidos.
Agregó la quejosa que, al ingresar al portal del Servicio de Administración Tributaria, se percató que aparecía la denominación o razón social de ella, así como el registro federal de contribuyentes, en la lista publicada como "contribuyentes incumplidos", dentro de los contribuyentes del Estado de Nuevo León; motivo por el cual, solicitó la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de: "que se otorgue la suspensión provisional y, en su caso, la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en la publicación realizada por el Servicio de Administración Tributaria, y sus unidades administrativas, señaladas como autoridades responsables, en su página de Internet del nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa, por supuestamente estar ubicada en la hipótesis jurídica prevista en el artículo 69, fracción II, del Código Fiscal de la Federación."
b) Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, quien la admitió a trámite y ordenó su registro con el número 215/2014.
c) Dentro del incidente de suspensión, el Juez de Distrito determinó conceder la medida cautelar solicitada.
d) En contra de dicha resolución, la referida autoridad interpuso el recurso de queja, identificado con el número 64/2014, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito sobre el acto reclamado.
a) Estimó sustancialmente fundados los agravios primero y segundo, suficientes para revocar el auto impugnado y negar la suspensión provisional solicitada.
En el primer concepto, la autoridad adujo que se concedió la suspensión provisional a la quejosa sin realizar un debido análisis del acto reclamado y dando preferencia al interés particular, lo que, sin duda, constituye una violación a las disposiciones de orden público e interés social, previstas en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que se conculcan los intereses de la colectividad, cuya protección resulta ser de mayor jerarquía al interés particular.
Indicó que la finalidad de la publicación de los datos personales y fiscales de ciertos contribuyentes, es propiciar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en relación con los actos que llevan a cabo los particulares como contribuyentes, es decir, es una disposición de orden público que el Estado debe proteger, pues se refiere a actos que inciden en el debido desempeño de la función pública como actividad del Estado.
En el segundo agravio, la autoridad señaló que el auto impugnado es ilegal, pues el Juez Federal pasó por alto que se controvierten dos derechos fundamentales, a saber: la libertad de comercio -derecho fundamental de la quejosa- y el derecho a la información -derecho fundamental de la sociedad-.
Argumentó que el desprestigio comercial y el daño a la imagen pública corporativa que pudiera irrogarle al contribuyente, únicamente implican menoscabos patrimoniales, mientras que, de evitar que la sociedad advierta su nombre en la citada publicación, afectará el derecho fundamental a la información que le asiste.
b) El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que se actualizaba una violación a las disposiciones de orden público e interés social, previstas en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que el Juez de Distrito, indebidamente, concedió la suspensión provisional a la quejosa, sin realizar un debido análisis del acto reclamado, pues prefirió el interés particular, sobre el de la colectividad.
Indicó que, de concederse la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que no se publiquen los datos consistentes en el nombre, denominación o razón social de la quejosa, así como su registro federal de contribuyentes, se afecta el orden público, así como el interés social, pues la sociedad está interesada en el cumplimiento de los actos de tal naturaleza, toda vez que en la publicación en la página de Internet de esos datos, se proporciona información relevante sobre los riesgos que se asumen al tener operaciones con un contribuyente incumplido, protegiendo, en todo momento, el patrimonio de los ciudadanos, por un lado y, por otro, favorece el fin establecido, que es el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, logrando recuperarse los ingresos no obtenidos por la falta de pago de los contribuyentes deudores.
Por otra parte, el órgano colegiado de circuito estimó que está de por medio no sólo el orden público, sino el interés social en dos vertientes diferentes, pues se sustentan en perspectivas distintas, ya que, por un lado, están los derechos a la personalidad y, por otro, el derecho a la información. Por tanto, estableció que cuando se encuentran en conflicto dos o más derechos fundamentales, el juzgador se encuentra obligado -con base en el juicio de ponderación- a establecer cuál de ellos debe prevalecer sobre el otro u otros, para lo cual deberá atender a las circunstancias particulares en que se enfrentan tales derechos.
Así, señaló que con base en la naturaleza del acto reclamado y los objetivos que se persiguen con la medida cautelar, se llega al conocimiento de que, contrario a lo que estimó el Juez Federal, con la concesión de la suspensión provisional y con la omisión de publicar en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria los datos de la quejosa, se causa un perjuicio mayor a la sociedad, que el perjuicio que pudiera ocasionarse a la peticionaria de amparo.
En tal sentido, refirió que si bien el derecho al honor es un bien objetivo que hace a la persona merecedora de confianza, la publicación de los datos de nombre o razón social y registro federal de contribuyentes, al ser de conocimiento público, no podría generar un desprestigio, al colocarlos en el portal de Internet como "contribuyentes incumplidos", pues es la propia actuación del contribuyente la que lo coloca en esa situación, es decir, el impago de créditos fiscales determinados que son exigibles; luego entonces, son sus propias acciones las que, en su caso, pudieran afectar su imagen pública.
Atento a lo expuesto, el órgano colegiado de circuito negó la suspensión provisional a **********, respecto de los actos que reclamó del Congreso de la Unión y de otras autoridades.
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito resolvió el recurso de queja 41/2014, promovido por el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en contra de la resolución dictada en el incidente de suspensión derivado del amparo indirecto 312/2014, en la que le fue otorgada la suspensión provisional a la entonces recurrente.
Antecedentes del juicio de nulidad
a) **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante, promovió juicio de amparo en contra del Congreso de la Unión y otras autoridades, de quienes reclamó, en esencia: "El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil trece, en específico, la reforma y adición al contenido del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación", así como la aplicación y la ejecución de los efectos materiales, administrativos y jurídicos, en su perjuicio, al realizar la publicación de la denominación o razón social y el registro federal de contribuyentes, como contribuyente incumplido.
b) Por razón de turno, de la demanda correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, quien, por una parte, negó la suspensión provisional y, por otra, la concedió para el efecto de que las autoridades responsables no siguieran realizando acto alguno, respecto de la publicación de los datos personales, en el portal electrónico de Internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que, de no acordar de la manera apuntada, se le acarrearía un daño de difícil reparación a la impetrante de garantías.
c) En contra de dicha resolución, la referida autoridad interpuso el recurso de queja, identificado con el número 41/2014, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito sobre el acto de autoridad.
En lo que aquí interesa, el órgano colegiado de circuito estimó infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la autoridad recurrente.
Estudió de manera conjunta los tres primeros agravios, en los que la autoridad afirmaba que no procedía conceder la suspensión provisional solicitada, ya que, con su otorgamiento, se causaría perjuicio al interés social y se contravenían disposiciones de orden público.
Tales agravios se estimaron infundados, pues el órgano colegiado de circuito consideró que, con el otorgamiento de la suspensión provisional, no se afecta el orden público e interés social, porque no produce mayor perjuicio a la sociedad que el que pudiera ocasionarse a la impetrante con la ejecución del acto reclamado.
Estableció que si bien el Código Fiscal de la Federación es de orden público y, en particular, su artículo 69 trata del derecho fundamental de acceso a la información pública; sin embargo, la salvaguarda de ese interés sólo se justificaba cuando la publicidad de la información observa los principios de legalidad y constitucionalidad que deben regir en la protección de los datos personales, conforme al artículo 6o., fracción II, de la Carta Magna, y con la ejecución del acto reclamado se causa a la quejosa un perjuicio irreparable.
A fin de sustentar lo anterior, apoyó su consideración en las jurisprudencias de rubros: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA."(4) y "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."(5)
Así también, previo análisis que realizara de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 y 128, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, estableció que el Juez Constitucional debía ponderar tanto el perjuicio para el quejoso con la ejecución del acto reclamado, como una posible alteración al orden público o al interés social, de otorgarse la medida cautelar solicitada.
En ese orden de ideas, el tribunal consideró que la suspensión provisional no produce afectación al orden público y al interés social, si la quejosa reclama la violación en su perjuicio de los derechos humanos a la vida privada y a la protección de datos personales, porque la concesión de la medida cautelar no produce mayor perjuicio a la sociedad que el que pudiera ocasionarse a la impetrante, toda vez que tomaba en cuenta que dicho ordenamiento es de orden público y atiende el derecho fundamental de cualquier persona a la información pública, concretamente, a conocer la situación fiscal de los contribuyentes con quienes se realizan operaciones comerciales.
Sin embargo, la salvaguarda de ese interés sólo se justifica cuando la publicidad de la información observa los principios de legalidad y constitucionalidad que deben regir en la protección de los datos personales y, en la especie, el perjuicio que la ejecución del aludido acto reclamado produce en la esfera de aquellos derechos se torna materialmente irreparable, debido a que la eventual protección del amparo ya no restituiría la afectación que ya se hubiera producido a la vida privada y protección de datos personales de la quejosa, porque de hacerse del conocimiento público su nombre, razón social y registro federal de contribuyentes, como "contribuyente incumplido", en tanto se resuelve la definitiva, la exposición de dicha información durante ese lapso no podría repararse de manera alguna, independientemente de que se aduzca que sólo son esos datos personales y no otros más sensibles los que se publican.
En ese sentido, concluyó que la concesión de la suspensión provisional no produce mayor perjuicio a la sociedad, que la afectación que pudiera resentir la quejosa de seguirse ejecutando el acto reclamado.
Por otra parte, estimaron infundados el cuarto y sexto de los agravios, en los que el recurrente argumentó que no procedía conceder la suspensión, ya que con ésta se dan efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo, ello, toda vez que con la concesión de la suspensión se preservara la materia del juicio de amparo, pues por tratarse de un acto continuo, únicamente se suspenden sus efectos hasta en tanto se resuelve la suspensión definitiva.
Finalmente, estimó inoperante e irrelevante el argumento del recurrente esgrimido en el quinto agravio, en donde manifestó que debía negarse la suspensión, porque el acto reclamado es uno de molestia y no privativo; lo anterior, pues únicamente se limita a destacar la naturaleza del acto reclamado, y esto nada impacta en la solicitud de la quejosa o en el que se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, o bien, algún otro que resultase relevante, como la apariencia del buen derecho o el peligro en la demora.
CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar la procedencia de la contradicción de tesis, no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro establece: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(6) en virtud de que dicho criterio ha sido interrumpido.
La forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados de Circuito en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por tales Tribunales Colegiados de Circuito.
Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación, más que en su producto. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-, aunque legales.
Por tanto, para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Los tribunales contendientes deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa, en la que se vieron en la necesidad de efectuar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos debe encontrarse algún punto de toque, es decir, que exista, al menos, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
El discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de la contradicción de tesis 36/2007-PL.(7)
Por otro lado, cabe señalar que, aun cuando ninguno de los criterios contendientes ha formado jurisprudencia, esto no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada o, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(8) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hechas las precisiones anteriores, los antecedentes relatados ponen de relieve que sí existe contradicción de criterios en los juicios analizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver los asuntos de su conocimiento.
Lo anterior, tomando en consideración lo siguiente:
Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver los recursos de queja 64/2014 y 41/2014, de sus respectivos índices, se enfrentaron a una misma problemática que se originó con motivo de que diversos contribuyentes, al promover sus respectivos amparos indirectos, señalaron como actos reclamados:
• El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, en específico, la reforma y adición al contenido del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
• La facultad contenida en la disposición mencionada, para publicar el nombre, la denominación o razón social del contribuyente y su registro federal de contribuyentes.
En los juicios de amparo se solicitó la suspensión, para el efecto:
• De que se abstengan de publicar el nombre, la denominación o razón social y registro federal de contribuyentes, en el portal electrónico de Internet del Servicio de Administración Tributaria y sus unidades administrativas.
En ambos recursos, los Jueces de Distrito resolvieron en igual sentido, de conceder la medida cautelar, pues ambos determinaron que, de no acordarse de la manera apuntada, se acarrearía un daño de difícil reparación a la impetrante de garantías, que no podría resarcirse, ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo.
Al promoverse juicio de amparo en contra de esta decisión, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito consideró que la consecuencia de los actos reclamados, contrario a lo esgrimido por el Juez de Distrito, no era susceptible de suspenderse, de acuerdo con su naturaleza y los objetivos que se persiguen con la medida cautelar solicitada.
Estimó que con la concesión de la suspensión provisional, para el efecto de abstenerse de publicar en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria los datos de la quejosa, se vulneran disposiciones de orden público e interés social, previstas en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, causándose un perjuicio mayor a la sociedad, que el perjuicio que pudiera ocasionarse a la peticionaria de amparo, pues consideró que con la publicación en la página de Internet de esos datos se proporciona información relevante sobre los riesgos que se asumen al tener operaciones con un contribuyente incumplido, protegiendo en todo momento el patrimonio de los ciudadanos, por un lado, y, por otro, el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales, logrando recuperarse los ingresos no obtenidos por la falta de pago de los contribuyentes deudores.
Por tanto, expuso que si bien es cierto que la abstención de la publicación del nombre, denominación o razón social y registro federal de contribuyentes defiende el derecho a la protección de los datos, evitándose que el quejoso pueda ser desprestigiado comercialmente; también lo es que se afecta en mayor proporción el diverso derecho a la información a la que tiene derecho, por mandato constitucional, la sociedad, pues dicha prerrogativa es preferente a aquél, debiendo prevalecer en todo momento el principio de máxima publicidad.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito estimó infundados los agravios en los que se afirmaba que no procedía conceder la suspensión provisional solicitada, luego de indicar que con el otorgamiento de la medida cautelar, para el efecto de que no se siga realizando acto alguno respecto de la publicación de los datos personales de la quejosa, en el portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria, no se afectan el orden público e interés social, porque no produce mayor perjuicio a la sociedad que el que pudiera ocasionarse a la impetrante con la ejecución del acto reclamado.
Estableció que no resulta afectación al orden público y al interés social, si la quejosa reclama la violación en su perjuicio de los derechos humanos a la vida privada y a la protección de datos personales, con motivo de la publicación de sus datos personales en el portal de Internet, con apoyo en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Indicó que el perjuicio que la ejecución del aludido acto reclamado produce en la esfera de aquellos derechos, se torna materialmente irreparable, debido a que la eventual protección del amparo ya no restituiría la afectación que se hubiera producido a la vida privada y protección de datos personales de la quejosa, al hacerse del conocimiento público su nombre y registro federal de contribuyentes como "contribuyente incumplido".
Así, concluyó que se cumplía con el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues con la concesión de la suspensión provisional no se produce mayor perjuicio a la sociedad, que la afectación que pudiera resentir la quejosa de seguirse ejecutando el acto reclamado.
En estos términos, se reafirma que sí existe la contradicción de tesis a que este toca se refiere, la cual consiste en determinar si resulta procedente o no otor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25455-1d0dc936/suspension-en-el-juicio-de-amparo-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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