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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2014. · Registro digital (IUS): 25198
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2014-09-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo I, Pág. 812.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 77/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE JUNIO DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; VOTÓ CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de distinto circuito, en un tema que, por ser de naturaleza administrativa, corresponde a la materia de su especialidad.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por el subprocurador fiscal federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del secretario, quien fue parte en los juicios de amparo de donde derivaron las ejecutorias que constituyen la materia de análisis en el asunto que nos ocupa.

TERCERO. Posturas contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar los antecedentes y consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias de las que provienen los criterios materia de contradicción.

I. Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito

Resolvió el recurso de queja 30/2014, promovido por el administrador de amparos e instancias judiciales "2" de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, en representación del administrador central de fiscalización estratégica, adscrito a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en contra de la resolución dictada en el incidente de suspensión derivado del amparo indirecto 214/2014, en la que le fue otorgada la suspensión provisional solicitada. Los antecedentes del caso, son los que a continuación se resumen:

1. Ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos atribuidos al Congreso de la Unión y otras autoridades, consistentes en: A) En el ámbito de sus respectivas atribuciones, la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación del decreto que contiene el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece); y, B) La resolución contenida en el oficio **********, relativa al listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes (publicada el veintitrés de enero de dos mil catorce).

Además, solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto: "... de que la autoridad se abstenga de emitir y publicar esa segunda resolución, hasta en tanto, se resuelva en lo principal la controversia constitucional planteada ..."

2. Por razón del turno le correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien la admitió a trámite y ordenó su registro con el número 214/2014.

3. Dentro del incidente de suspensión, el Juez de Distrito determinó conceder la medida cautelar solicitada; y fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental.

4. En contra de dicha resolución, la referida autoridad interpuso el recurso de queja número 30/2014, el cual el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declaró infundado al tenor de las siguientes consideraciones:

"... Por tanto, adujo la recurrente, no se satisfacen los supuestos del artículo 128 de la Ley de Amparo, porque con la concesión de la suspensión se afectan disposiciones de orden público e interés social.

"Hasta aquí la síntesis de la primera parte del agravio primero.

"Ahora, cabe señalar que en el auto recurrido se sostuvo que la medida cautelar es procedente y, en lo que ahora interesa, se explicó que la ponderación entre la apariencia del derecho, por un lado, frente a la afectación al interés social y normas de orden público, por el otro, no se advierte que se cause perjuicio mayor a la colectividad con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada; por el contrario, de negarse la suspensión podrían causarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil y aun de imposible reparación, ya que de dictarse la resolución cambiaría la situación jurídica del quejoso.

"Además, adujo, los actos reclamados derivan de un procedimiento seguido en forma de juicio, respecto de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció en el sentido de que procede conceder la medida cautelar para el efecto de que se continúe con el procedimiento hasta su resolución, pero absteniéndose de dictar la resolución definitiva hasta que se resuelva el juicio de garantías.

"Por tanto, concedió la suspensión provisional para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de emitir la resolución a que se refiere el párrafo tercero del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, para el caso de que no se haya dictado.

"Como se adelantó, el agravio en comento es infundado, porque de negarse la medida precautoria provisional, se seguiría una afectación desproporcionada al derecho a la imagen o reputación, en relación con el beneficio al interés social y a normas de orden público.

"Para demostrar lo anterior es preciso hacer referencia a la jurisprudencia 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el texto siguiente:

"‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.’

"(Se transcribe)

"En efecto, conforme con el artículo 107, fracción X, constitucional y la jurisprudencia aludida, para decidir sobre el otorgamiento de la suspensión, se debe ponderar simultáneamente la apariencia del buen derecho de la quejosa con el perjuicio al interés social y el orden público.

"Sin embargo, la providencia donde se otorgue o niegue la suspensión debe ser idónea, necesaria y proporcional con los derechos e intereses que se vean involucrados en la cuestión, esto es, deben ser razonables.

"De esta forma, la valoración de ambos intereses o principios previstos en la Constitución (interés social y derecho al honor), lo cierto es que en el presente caso, de una ponderación razonada y solamente para efectos de la procedencia de la medida suspensional, se estima que tiene mayor peso el interés particular sobre el general, como se precisa en la jurisprudencia en comento.

"De acuerdo con lo anterior, la suspensión provisional debe concederse siempre que, de la ponderación simultánea entre la afectación a un derecho fundamental y el provecho seguido al interés social y al orden público, se obtenga una desproporción en demérito del primero. En cambio, deberá negarse si la desproporción es en demérito de los segundos.

"Ahora bien, en la demanda de amparo se controvirtió lo dispuesto por el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en su carácter de heteroaplicativo, pues se reclamó un acto de aplicación, a saber, el oficio **********, relativa al ‘Listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes’.

"Entonces, es inconcuso que el acto reclamado implica una afectación al derecho fundamental a la imagen y reputación de la quejosa, sin perjuicio de que esa afectación sea legítima o ilegítima (cosa que, en su caso, sería materia de resolución en la sentencia definitiva del juicio de amparo).

"Por otro lado, como lo sostiene la recurrente, de la exposición de motivos que dio origen al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se obtiene que la finalidad del listado reclamado (derivado del oficios **********), consiste en establecer un control de reacción inmediata contra el esquema de evasión agresivo, en la expedición de comprobantes fiscales falsos, es decir, sin el sustento de una operación existente, según se advierte de la siguiente transcripción:

"(Se transcribe)

"De la transcripción se colige que el objeto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y, por ende, de los oficios reclamados, es establecer un control de reacción inmediata contra el esquema de evasión agresivo, consistente en la expedición de comprobantes fiscales falsos, es decir, sin el sustento de una operación existente.

"Por tanto, la finalidad constitucional última de los actos reclamados, cuya suspensión se solicita, es evitar la evasión fiscal, para garantizar que los habitantes del país contribuyan equitativa y proporcionalmente al gasto público. Esto es así, pues la evasión fiscal implica que algunos habitantes (concretamente, quienes cumplan debidamente sus deberes fiscales), terminan teniendo una carga mayor de aportación al gasto público que quienes lo evaden.

"Entonces, la finalidad perseguida por los actos reclamados es cumplir con lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional.

"Ahora, en cuanto a lo referido por la recurrente en el sentido de que la finalidad de tales actos incluye informar a los ciudadanos sobre las empresas que presumiblemente incumplen sus obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales, debe advertirse que dicha información es relevante, principalmente, en materia del cumplimiento de las obligaciones fiscales de dichos ciudadanos.

"Dicho de otro modo, al conocer éstos la probabilidad de que determinadas empresas o contribuyentes expiden comprobantes fiscales a los cuales la autoridad fiscal posiblemente no les dé efectos legales para ser utilizados como deducción, la información que obtienen está principalmente vinculada al cumplimiento de sus propios deberes fiscales, es decir, con lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional.

"Ahora bien, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación ordena:

"(Se transcribe)

"De conformidad con el precepto citado:

"I.i) Si la autoridad fiscal detecta la emisión de comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes; o

"I.ii) Los contribuyentes emisores de los comprobantes están no localizados; entonces:

"I.iii) Se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

"II) La presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales se notificará al contribuyente en cuestión, a través de su buzón tributario, de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta notificación tiene por objeto que los contribuyentes manifiesten ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar la presuntiva referida. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con el plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones realizadas. Es decir, esta notificación pretende cumplir la garantía de audiencia y dar oportunidad de defensa al contribuyente.

"III) El procedimiento, entonces, inicia con la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales y su notificación al contribuyente por medio de su buzón tributario, la página web del Servicio de Administración Tributaria y el Diario Oficial de la Federación. Después, el gobernado cuenta con el plazo de quince días contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado, para exponer su defensa. Transcurrido dicho plazo, la autoridad, en un lapso no mayor a cinco días, valorará las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

"IV) Si la resolución confirma la presunción, entonces se publicará otra lista en la cual aparezcan sólo los contribuyentes que no desvirtuaron la presunción. Esta lista definitiva no deberá publicarse antes de los treinta días posteriores a la notificación de la resolución.

"De lo anterior se obtiene que, de acuerdo con el precepto citado, existen dos listas que relacionan contribuyentes y su cumplimiento de obligaciones en materia de emisión de comprobantes fiscales:

"La lista provisional, en la cual aparecen los contribuyentes que, presuntamente, emiten comprobantes fiscales en relación con operaciones inexistentes. Esta lista da inicio al procedimiento.

"La lista definitiva, en la cual aparecen los contribuyentes que no desvirtuaron la presunción inicial, es decir, que no acreditaron la existencia de las operaciones amparadas por los comprobantes fiscales que emitieron.

"Por tanto, la presunción con que inicia el procedimiento es iuris tantum, pues admite prueba en contrario. Es decir, en el procedimiento el contribuyente puede desvirtuarla. Entonces, la lista provisional, con la cual inicia el procedimiento, solamente implica la existencia de una probabilidad más o menos alta en el sentido de que el contribuyente emite comprobantes fiscales sin sustento.

"En el caso, los actos reclamados de aplicación se relacionan con esta lista provisional, según se manifiesta en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad. Asimismo, la recurrente admite esta situación en los agravios.

"En otras palabras, se trata de la lista que se sustenta sólo en la probabilidad de que el contribuyente haya emitido comprobantes falsos, por ende, su emisión sólo probablemente garantiza que tales contribuyentes cumplan sus obligaciones, pues también es posible que éstas hayan sido debidamente cumplidas.

"Por ende, de negar la suspensión provisional sólo se generaría un provecho o beneficio probable al fin constitucional perseguido por los actos reclamados, consistente en evitar la evasión fiscal y garantizar que los habitantes del país contribuyan equitativa y proporcionalmente al gasto público.

"En cambio, el hecho de aparecer en esa lista significa una afectación actual y necesaria a la imagen y reputación del contribuyente, pues, por un lado, el nombre de la lista se publica como: Listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes, según se obtiene del ejemplar del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil catorce, lo cual significa que el mensaje transmitido a la sociedad en su conjunto no es en cuanto a la probabilidad del incumplimiento de sus deberes, sino que se han incumplido; y, por otro, el solo hecho de aparecer en una lista de ese tipo, implica un estigma o marca en la reputación del gobernado, pues, aun cuando el nombre del listado fuera otro, se connotaría al negativo en relación con la reputación u honor del contribuyente.

"Es decir, el hecho de que la lista se denomine Listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes, implica que esos contribuyentes de hecho simulan operaciones inexistentes, aun cuando, según la ley, únicamente son presuntos o probables incumplidos. Entonces, su imagen y reputación se afectan altamente de manera actual y necesaria, pues la publicación de la lista en el medio de difusión oficial del país, transmite un mensaje negativo en relación con la estima y consideración que la sociedad pudiera tener respecto de dichos contribuyentes.

"Por tanto, si por un lado con la emisión de la lista provisional se beneficia o aprovecha el fin constitucional perseguido por la autoridad, sólo en un grado de probabilidad más o menos alto y, por otro, con dicha emisión se afecta actual y necesariamente el derecho fundamental al honor y a la imagen o reputación de los gobernados, que incluso difícilmente se repararía, entonces es inconcuso que, de una ponderación razonable, se obtiene la necesidad jurídica de conceder la suspensión provisional solicitada.

"Entonces, en este punto, se confirma el auto recurrido, pues fue correcto conceder la suspensión provisional, lo cual, a su vez torna innecesario analizar los agravios vinculados con el derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues basta con que se afecte en mayor grado el derecho al honor, que el beneficio obtenido al fin constitucional pretendido por la autoridad, para conceder la suspensión.

"Entonces, son inoperantes los argumentos expuestos en la segunda parte del primer agravio, en el cual se aduce que en el auto reclamado se sustentó indebidamente la apariencia del buen derecho en el derecho fundamental a la presunción de inocencia.

"En el segundo agravio se aduce que el auto recurrido es contrario al artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, pues como efecto de la suspensión se impide a la autoridad a proseguir el procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con lo cual se sigue un perjuicio necesario a reglas de orden público y al interés social. Es decir, dicho efecto hace nugatorias las facultades de la autoridad para prevenir posibles infracciones a las disposiciones fiscales en materia de comprobantes fiscales, y le impide concluir con el procedimiento y dar cumplimiento al mandato constitucional en cumplimiento del cual se emitieron los actos reclamados.

"El anterior agravio es inoperante, porque la medida cautelar se concedió para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de emitir la resolución a que se refiere el párrafo tercero del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, para el caso de que no se haya dictado.

"Es decir, con la medida cautelar no se impide continuar con el procedimiento respectivo, sino que sólo se limita la actuación a no emitir la resolución con la que culmina dicho procedimiento.

"En efecto, el Juez de Distrito determinó que los actos reclamados derivan de un procedimiento en forma de juicio, respecto de los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se pronunció en el sentido de que procede conceder la medida cautelar para el efecto de que se continúe con el procedimiento hasta su resolución, pero absteniéndose a dictar la resolución definitiva hasta que se resuelva el juicio de garantías.

"En el agravio tercero se sostiene, en esencia, que el acuerdo recurrido es contrario a derecho pues la suspensión se concedió para que las responsables se abstengan de aplicar lo dispuesto por el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación en perjuicio de la quejosa, tanto respecto de los actos reclamados, como de actos futuros. Sin embargo, lo anterior deja de considerar que la suspensión es improcedente respecto de actos futuros e inciertos, como lo es la aplicación en perjuicio de la quejosa del precepto referido en actos concretos distintos a los reclamados, además de que no existe la certeza de que se emita una nueva resolución en la cual sea aplicado nuevamente el numeral aludido o se publique una nueva lista en la que aparezca la quejosa, pues ésta puede desvirtuar las irregularidades; por tanto, se trata de actos futuros e inciertos contra los cuales no procede la suspensión.

"En el cuarto agravio se aduce que el hecho de impedir la publicación posterior del nombre de la quejosa en las listas que se emitieran con base en el precepto legal reclamado, significa imprimir efectos restitutorios a la suspensión, que son propios de la sentencia de fondo.

"Los agravios reseñados son infundados.

"Cabe señalar que de conformidad con el artículo 150 de la Ley de Amparo, si la suspensión es procedente en relación con procedimientos, sus efectos no deberán impedir su continuación, hasta dictarse resolución firme, salvo que dicha prosecución deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pudiera ocasionarse al quejoso.

"Como se ha expuesto en párrafos precedentes, el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación prevé un procedimiento que inicia con la presunción de que el contribuyente emite comprobantes fiscales sin respaldo y su publicación en la página web del Servicio de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación.

"Ese procedimiento tiene, como fase de instrucción, la exposición de pruebas y argumentos por parte del contribuyente en cuestión, lo cual debe hacer dentro del plazo de quince días. Después le sigue la fase resolutoria, en la cual la autoridad confirma o tiene por desvirtuada la presunción inicial del procedimiento. Si se confirma, entonces se publicará una lista definitiva en la cual aparecen sólo los contribuyentes que no la desvirtuaron.

"En párrafos precedentes se demostró que la causa para conceder la suspensión es porque la publicación del listado provisional o inicial del procedimiento, afecta desproporcionadamente el honor e imagen de la quejosa, en relación con el beneficio meramente probable que se seguiría al principio constitucional perseguido por los actos reclamados.

"En cambio, este procedimiento es una garantía de lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues el hecho de controlar que los contribuyentes no emitan comprobantes fiscales sin respaldo abona a que los habitantes del país contribuyan equitativamente al gasto público y quienes cumplen sus deberes no tengan más carga que quienes evaden.

"Por tanto, si el artículo 150 de la Ley de Amparo, establece que, en caso de procedimientos, el efecto de la suspensión será para no impedir su prosecución, a menos que con ello se deje irreparablemente afectado la apariencia del buen derecho del gobernado, y en el caso la sola continuación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación no afecta los derechos fundamentales al honor y, en su caso, a la presunción de inocencia.

"Sin embargo, dicha continuación debe ser hasta dejar el procedimiento en estado de resolución, como lo determinó el Juez de Amparo, pues de emitir la definitiva podría afectar irreparablemente a la quejosa, al determinarse en definitiva su responsabilidad respecto de un precepto legal que pudiera ser declarado inconstitucional en la sentencia definitiva y obligaría a la autoridad a emitir una lista definitiva, lo que afectaría necesariamente el honor de la quejosa ..."

II. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito

Conoció del recurso de queja 18/2014, promovido por la quejosa **********, en contra de la resolución dictada en el incidente de suspensión derivado del amparo indirecto 76/2014-III, en la que le fue negada la suspensión provisional solicitada. Los antecedentes del caso, son los que a continuación se resumen:

1. Ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos atribuidos al Congreso de la Unión y otras autoridades, consistentes en: A) En el ámbito de sus respectivas atribuciones, la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación y publicación del decreto que contiene el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece); y, B) La resolución contenida en el oficio **********, relativa al listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales que simulan operaciones inexistentes (publicada el veintitrés de enero de dos mil catorce).

Además, solicitó la suspensión de los actos reclamados para el efecto: "... de que la autoridad se abstenga de emitir y publicar esa segunda resolución, hasta en tanto, se resuelva en lo principal la controversia constitucional planteada ..."

2. Por razón del turno le correspondió conocer de la demanda de amparo a la secretaria encargada del despacho por ministerio de ley del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien la admitió a trámite y ordenó su registro con el número 76/2014-III.

3. Dentro del incidente de suspensión, determinó negar la medida cautelar solicitada, al considerar que los actos reclamados tenían el carácter de actos consumados.

4. En contra de dicha resolución, la parte quejosa interpuso el recurso de queja número 18/2014; mismo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, declaró infundado al tenor de las siguientes consideraciones:

"... Ahora bien, en la providencia recurrida, la secretaria encargada del despacho del juzgado a quo negó la medida cautelar solicitada, toda vez que los actos reclamados, consistentes en la emisión, aprobación, firma y publicación del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y la emisión del oficio **********, relativo al listado de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales que simularon operaciones inexistentes, ya se habían llevado a cabo y tenían el carácter de consumados.

"En ese orden de ideas, como lo afirma la recurrente, la juzgadora del conocimiento no se pronunció respecto de la petición de la quejosa acerca de la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, en cuanto al eventual dictado de una posterior resolución, que estableciera definitivamente la inexistencia de las operaciones celebradas por la solicitante de la tutela constitucional, para que no surtieran efectos los comprobantes que las ampararan.

"En efecto, el pronunciamiento impugnado reseñado no fue congruente con la litis establecida en el incidente de suspensión del que deriva el recurso que nos ocupa, por la razón mencionada en el párrafo anterior.

"De ahí que resulten esencialmente fundados los agravios en análisis, en el sentido de que el Juez Federal fijó indebidamente los actos reclamados, así como las consecuencias susceptibles de suspenderse, violando los principios de congruencia y exhaustividad de las resoluciones judiciales.

"Sustenta lo anterior, por analogía, la tesis P. VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"‘ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.’

"(Se transcribe)

"Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 111/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluso fue invocada por el a quo, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 98, del tenor siguiente:

"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.’

"(Se transcribe)

"Empero, dicha incongruencia deviene inoperante por intrascendente, porque como se verá a continuación, contra la consecuencia aludida por la quejosa, en cuanto al eventual dictado de una posterior resolución, que estableciera definitivamente la inexistencia de las operaciones celebradas por la solicitante de la tutela constitucional, para que no surtieran efectos los comprobantes que las ampararan, también resulta improcedente la concesión de la medida cautelar

"Por lo que, en ese sentido, este Tribunal Colegiado reasume jurisdicción y procede al análisis del resto de los elementos que han de ser satisfechos para verificar si en la especie era procedente o no conceder la suspensión provisional solicitada, atendiendo a los demás agravios aducidos, relacionados con la procedencia de la medida cautelar pretendida por la actora.

"Al respecto, es aplicable por analogía, la jurisprudencia P./J. 10/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen:

"‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA OMISIÓN DE FUNDAR Y MOTIVAR EL AUTO EN QUE SE RESUELVE, DEBE REPARARSE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ESTÁ FACULTADO PARA ELLO, AL RESOLVER EL RECURSO DE QUEJA.’

"(Se transcribe)

"En ese orden de ideas, en la foja 5 ídem, la disidente refiere que el juzgado del conocimiento viola la naturaleza jurídica de la suspensión (sic), ya que al negarla, genera incertidumbre e inseguridad jurídica a la quejosa, por lo que debe modificarse el acuerdo combatido.

"Que los efectos y fines de la suspensión son mantener en el estado en que se encuentran las cosas (sic), para evitar que la materia del juicio de amparo se extinga y que haya daños irreparables a los quejosos.

"Que si bien los actos reclamados, referidos en el acuerdo impugnado, fueron la tramitación, discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y la emisión del oficio **********, relativo al

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25198-793dad2e/suspension-en-el-juicio-de-amparo-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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