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Modo: Corpus Pro

PRUEBA DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME ADMITIDA POR LA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EL PERIODO DE INSTRUCCIÓN. LA OMISIÓN DE PROVEER LO NECESARIO PARA SU DESAHOGO DA LUGAR, POR REGLA GENERAL, A ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. · Registro digital (IUS): 25272
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-10-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Pág. 2036.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO. 1 DE JULIO DE 2014. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE MEZA PÉREZ, SERGIO JAVIER COSS RAMOS Y LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ. PONENTE: SERGIO JAVIER COSS RAMOS. SECRETARIO: NOEL ISRAEL LOERA RUELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 10 y 49 del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, y de acuerdo a lo establecido en el oficio SECJACNO/CNO/1255/2014, emitido por el secretario ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis(3) en materia administrativa, sustentadas por dos Tribunales Colegiados de este circuito.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito está legitimado para realizar la denuncia de contradicción de tesis en estudio, con fundamento en lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en vigor desde el tres de abril de dos mil trece, toda vez que dicho tribunal tiene residencia en este circuito, en términos de lo previsto por el punto segundo, fracción IV, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; denuncia que tiene como propósito que se dirima una contradicción de tesis sustentadas por tribunales de este Cuarto Circuito.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente relatar brevemente el origen procesal de las consideraciones en que se basaron las resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes, para después proceder a su análisis.

I. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, amparo directo 222/2013.

Antecedentes

a) ********** demandó ante la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la nulidad del oficio **********, de dos de mayo de dos mil doce, emitido por el subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Nuevo León, a través del cual decretó la improcedencia de la solicitud de pago de la diferencia de gratificación anual, correspondiente a los años dos mil diez y dos mil once.

b) Lo anterior derivado del escrito de petición dirigido al subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, en el que consta que el quince de diciembre de dos mil nueve causó baja por jubilación, con categoría de docente de una escuela primaria federal.

c) La pretensión de la actora se basó en que la autoridad demandada, en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación con el diverso 1o. de la misma ley, debía pagarle las diferencias por concepto de gratificación anual en igual proporción a las incrementadas a los trabajadores en activo de la misma plaza, al momento de su jubilación.

d) Mediante sentencia de veintiocho de febrero de dos mil trece, la Sala responsable declaró que no fue probada la acción de nulidad. (Lo anterior constituye el acto de autoridad en el juicio de amparo)

Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito sobre el acto reclamado.

a) Estimó fundada una porción del segundo concepto de violación, fundamentalmente, porque la promovente del amparo adujo que en su escrito de demanda de nulidad ofreció, entre otras, como prueba de su intención, la descrita con el arábigo 5, en los siguientes términos:

"... 5. Informe. Consistente en el que deberá rendir el titular de la Dirección de Nóminas y Prestaciones de la secretario (sic) de educación en el Estado de Nuevo León, respecto al origen de los recursos con los que se cubre la gratificación anual, el cual se solicito (sic) a dicha autoridad dentro del término legal, que a la fecha no ha sido contestado, por lo que solicito que esta Sala le requiera dicho informe, en términos del artículo 15, fracción IX, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Anexando a la presente el acuse de la petición formulada ..." (Lo subrayado es autoría de este tribunal)

b) Por auto de tres de septiembre de dos mil doce, quedó establecido que la Sala Fiscal dio trámite a la demanda de cuenta, ordenó el emplazamiento de la demandada y tuvo por admitida la prueba señalada en el capítulo respectivo (fojas 15 vuelta y 16 frente ídem), sin que se advirtiera en autos que se haya emitido, ni tampoco que hubiere efectuado el requerimiento solicitado por la quejosa.

c) Con relación a la prueba descrita, la responsable nada dijo respecto de lo manifestado en la parte final del ofrecimiento (numerada como 5), consistente en: "... Anexando a la presente el acuse de la petición formulada ...", ya que a la fecha de presentación de la demanda no había sido contestada dicha petición a la actora, tal como se desprendió del acuse de recibido de veintiséis de julio de dos mil doce; libelo que se formuló en los siguientes términos:

"C. Subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León

"Presente

"Tomando en consideración que la suscrita con fecha 15 de diciembre de 2009, causé baja por jubilación, con categoría de maestro de enseñanza primaria federal.

"Con fundamento en lo establecido por el artículo 8o. de la Constitución Política ... me permito solicitar se me informe si los días de aguinaldo que se les cubren a los trabajadores docentes de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, concretamente de los años 2009 al 2011, son pagados con recursos propios del Gobierno del Estado de Nuevo León, o bien, dichos días de aguinaldo son cubiertos con cargo al Gobierno Federal.

"En caso de que sea con cargo al Gobierno Federal, solicito se me informe cuál dependencia es la que lo cubre y cuál es la partida con la cual se cubren dichos días de aguinaldo y si es en (sic) base (sic) algún convenio de colaboración.

"...

"De igual forma, se apoya en el derecho a la información consagrado en el artículo 6o. de la Constitución. ..."(4) (Lo subrayado es autoría de este tribunal)

d) En el contexto descrito, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la Sala responsable incurrió en una violación procesal que trascendió al sentido del fallo, pues a través de la prueba ofrecida se pretendía demostrar que los recursos con los que se paga a los trabajadores en activo tienen origen federal, con base en algún convenio de incorporación y, con ello, acreditar que la parte quejosa se encuentra en el supuesto de excepción de la jurisprudencia 2a./J. 41/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, de rubro: "TRABAJADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, JUBILADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). GRATIFICACIÓN ANUAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 57."

e) Por tanto, la responsable soslayó el contenido de los artículos 15, fracción IX y 40, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establecen que en el juicio de nulidad es admisible toda clase de pruebas, incluida la de petición de informes que se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades, así como que, cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no le hubiera sido posible obtenerlas, a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentran para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente posible, y que para tal efecto deberá identificar con toda precisión los documentos; que tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada, por lo menos, cinco días antes de la interposición de la demanda.

f) De ahí que el Tribunal Colegiado de Circuito estimó que si la Magistrada instructora, mediante acuerdo de tres de septiembre de dos mil doce, únicamente tuvo por admitida la demanda, sin hacer pronunciamiento alguno respecto de lo solicitado por la actora en el capítulo de pruebas de dicho escrito, específicamente en la numerada como 5, incumplió con su obligación de requerir el informe solicitado, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 15, fracción IX, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que la accionante exhibió original de su escrito de petición ante el subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación del Estado, que recibió el veintiséis de julio de dos mil doce.

g) De este modo, concluyó que la Sala Fiscal vulneró lo dispuesto en los artículos 1o. y 17 constitucionales y en los tratados internacionales que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva, conforme al principio pro persona, establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, al coartar el derecho de la accionante de acreditar con prueba documental (suscrita en términos de los artículos 146 y 147 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado) que a los trabajadores que pertenecieron al Sistema de Educación Estatal se les asignó algún pago adicional por concepto de gratificación de fin de año o aguinaldo, diferente de los montos que establece el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y, de este modo, que se ubicaba en el supuesto de excepción a que alude la jurisprudencia 2a./J. 41/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

h) Que podría arribarse a esta afirmación, ya que en su escrito de petición (que no fue requerido) solicitó información respecto a (i) si los días de aguinaldo que se cubren a los trabajadores docentes de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León son pagados con recursos del Estado o cubiertos con cargo al Gobierno Federal; (ii) que en caso de que fueren a cargo del último de los mencionados, informara cuál dependencia es la que los cubre y cuál es la partida con la que se cubren; y, (iii) si esto es con base en algún convenio de colaboración; que atendiendo a la respuesta que se le efectuara, en caso de invocarse algún convenio, la quejosa podría encontrarse en posibilidad de verificar si de él se desprendía que se hubiere pactado algún pago adicional.

i) Atento a lo expuesto, el amparo solicitado fue concedido para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y ordenara reponer el procedimiento en el juicio de nulidad, en el sentido de requerir a la demandada para que rindiera el informe numerado como 5 del escrito de demanda, que ofreció como prueba la quejosa; hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera.

II. Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito, amparo directo 342/2013.

Antecedentes del juicio de nulidad

a) **********, a raíz de la resolución contenida en el oficio **********, de veinticinco de abril de dos mil doce, emitida por el subdelegado de prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, que decretó la improcedencia de la petición de aquélla para que se le pagaran las diferencias de gratificación anual "... aguinaldo correspondiente a los años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 ...", promovió demanda de nulidad ante la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y administrativa, la cual se registró con el número de expediente **********.

b) En dicho libelo expuso que, a partir del uno de enero de dos mil siete, obtuvo de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en Nuevo León, la pensión por jubilación en una plaza federal de profesora escolar.

c) Agregó que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sólo cubrió como pago por concepto de aguinaldo el equivalente a cuarenta días, correspondientes a la gratificación anual prevista en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En cambio, a los profesores en activo de las plazas estatales, además de los cuarenta días establecidos por la ley, se les pagaron otros cincuenta días más de aguinaldo, esto es, noventa días en total.

d) En tal sentido, consideró que tenía derecho de recibir, por pago de gratificación anual, la misma cantidad de días que los trabajadores en activo "... incluso, que los pensionados del ISSSTELEÓN. ..."

e) Luego, la Sala Fiscal responsable, el veintitrés de enero de dos mil trece, dictó sentencia en la que determinó que "... La parte actora no probó su pretensión ..." (Lo anterior constituye el acto reclamado en el juicio de amparo)

Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito, sobre el acto de autoridad.

En lo que aquí interesa, el segundo concepto de violación fue sintetizado como sigue:

"...que se omitió remitir la prueba señalada en su escrito de demanda con el número tres, consistente en el informe que debía rendir el titular de la Dirección de Nóminas y Prestaciones de la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León, en el que precisara el origen de los recursos con los que se cubre la gratificación anual de los trabajadores en activo que laboran para la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, y que, al no haberlo hecho así, la Sala responsable debió hacer efectivo su apercibimiento, en el sentido de que si no se rendía el informe citado tendría por ciertos los hechos que se pretendían probar con dicha probanza, en el caso, que los recursos con los que se cubre la gratificación anual a los trabajadores en activo del Sistema Educativo Estatal de Nuevo León, son federales y, por ende, contrario a lo que determinó al pronunciarse sobre su segundo concepto de impugnación, se actualiza la excepción prevista en la última parte de la jurisprudencia 41/2012. ..." (Fojas 94 vuelta y 95 del cuaderno de contradicción 1/2013)

Sobre el particular, el Tribunal Colegiado de Circuito describió que desde el capítulo de pruebas de la demanda de nulidad (folios 106 vuelta y 107 ídem), entre otras, fue admitida como tal la siguiente:

"... 3. Informe, que deberá rendir el titular de la Dirección de Nóminas y Prestaciones de la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León, respecto al origen de los recursos con los que se cubren la gratificación anual de los trabajadores en activo, que a la fecha no ha sido contestado, por lo que solicito que esta Sala le requiera dicho informe, en términos del artículo 15 fracción IX de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Anexando a la presente el acuse de la petición formulada. ..." (Lo subrayado es autoría de este tribunal)

Con motivo de la alegada infracción se emitió el siguiente juicio de valor:

a) Que aunque fuera fundado el motivo de disenso, a la postre se tornaba inoperante, debido a que ningún sentido tendría conceder la protección federal para que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y se emitiera otra, en la que se pronunciara sobre la omisión del titular de la Dirección de Nóminas y Prestaciones de la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León, ocurrida durante el periodo de instrucción del juicio, por no rendir el informe que le fue solicitado como prueba número tres de la demanda de nulidad, cuyo olvido provocó que no se hiciera pronunciamiento respecto de dicha probanza en la sentencia reclamada.

b) Que la parte quejosa, con tal prueba, pretendía apoyar el argumento planteado en su segundo concepto de impugnación, que consistió, básicamente, en que la autoridad demandada no demostró desde la contestación de demanda que las aportaciones con las que se pagan a los trabajadores en activo del Sistema Educativo Estatal de Nuevo León, que ocupan una plaza federal, provienen de recursos no federales y, por ende, que se actualiza a su favor la excepción prevista en la última parte de la jurisprudencia 2a./J. 41/2012 (10a.),(5) en el sentido de que el Gobierno Federal hubiese pactado un pago adicional a su cargo para favorecer a aquellas personas que fueron jubiladas conforme a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

c) Lo anterior, pues la quejosa se apoyó en una premisa incorrecta para efecto de demostrar que se actualizó a su favor la citada excepción contenida en la jurisprudencia 2a./J. 41/2012 (10a.), ya que poco importaba que los recursos con los que se cubrieran las prestaciones a los "trabajadores en activo" de plazas estatales adscritos a la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, provinieran o no de recursos aportados por el Gobierno Federal, dado que la excepción únicamente se actualiza cuando dicha entidad, a través de un convenio, haya pactado que los trabajadores citados, una vez que se jubilen o pensionen, les será aplicable lo establecido por el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, que serán acreedores a un pago de gratificación anual de cuarenta días, como monto extra.

d) Que, en todo caso, sería necesario acreditar no que el Gobierno Federal aportó recursos para efecto de pagar las prestaciones citadas a aquellos docentes que laboraron para la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, sino que, se acordó que al momento de jubilarse, se les reconocería cincuenta días de gratificación anual adicionales a los cuarenta que establece a su favor el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

e) Consecuentemente, a pesar de que las omisiones denunciadas por la quejosa sí se actualizaron, carecían de trascendencia para efectos de variar el sentido del fallo reclamado, pues aun cuando se ordenara a la Sala responsable subsanarlas, ello no cambiaría el hecho de que se encontraba obligada a acatar la jurisprudencia 2a./J. 41/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en aras del cumplimiento del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, por lo que estimó innecesario esperar otra ocasión para negar el amparo que, desde luego, podía y debía ser negado.

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar la procedencia de la contradicción de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro establece: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(6) en virtud de que dicho criterio ha sido interrumpido.

La forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito.

Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación, más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-, aunque legales.

Por tanto, para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Los tribunales contendientes deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de efectuar el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

2. Entre los ejercicios interpretativos respectivos debe encontrarse algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

El discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de la contradicción de tesis 36/2007-PL.(7)

Por otro lado, cabe señalar que, aun cuando ninguno de los criterios contendientes ha formado jurisprudencia, esto no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada o, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(8) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hechas las precisiones anteriores, los antecedentes relatados ponen de relieve que sí existe la contradicción de criterios, dado que en los juicios analizados por los Tribunales Colegiados contendientes prevalecen los siguientes elementos:

• Docentes pensionadas (del Sistema Educativo Estatal de Nuevo León) demandaron del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que cubriera por concepto de pago incompleto de gratificación anual (aguinaldo) distintas anualidades en la misma cantidad de días que se otorgó a los trabajadores en activo de la dependencia para la cual prestaron sus servicios al momento de ser jubiladas, lo anterior, conforme al sistema previsto en el último párrafo del artículo 57 de la ley de ese instituto, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete.

• Por su parte, el instituto demandado respondió en ambos casos negando la solicitud propuesta, cuya resolución fue impugnada en el juicio de nulidad.

• Las Salas Fiscales, a quienes correspondió conocer de las pretensiones, admitieron durante el periodo de instrucción distintas pruebas, entre ellas, la denominada informe del titular de la Dirección de Nóminas y Prestaciones de la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León, sin que durante el curso de los procedimientos respectivos se hubieran recabado o desahogado. Seguida la secuela procesal, mediante sentencia definitiva declararon que las accionantes no probaron la pretensión y, por ende, se reconoció la validez de las resoluciones administrativas impugnadas.

Al promoverse juicio de amparo en contra de esta decisión, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito consideró que la apuntada omisión del tribunal fiscal de requerir el informe solicitado al titular de la Dirección de Nóminas y Prestaciones de la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León, trascendió al resultado del fallo, debido a que resolvió el juicio administrativo de nulidad prescindiendo de una constancia que fue ofrecida por la accionante (quejosa) con la finalidad de acreditar que se encontraba en el supuesto de excepción de la jurisprudencia 2a./J. 41/2012 (10a.), pues se coartó el derecho de acreditar con esa documental que a los trabajadores en activo del Sistema de Educación Estatal se les hubiese asignado, por concepto de aguinaldo, montos diferentes a los establecidos en el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Más aún, que en la información solicitada en el escrito de petición se hizo hincapié que comunicara si los días de aguinaldo que se cubren a los trabajadores docentes de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León son pagados con recursos de la entidad o de la Federación y, en caso de tratarse de este último supuesto, informara cuál dependencia los cubre, cuál es la partida correspondiente y si era con base en algún convenio de colaboración; que en la hipótesis de que la respuesta invocara algún convenio, la quejosa podría encontrarse en aptitud de verificar si se desprendía de éste algún pago adicional y, así, colocarse en el supuesto de excepción a que alude la jurisprudencia en cita.

En cambio, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito estimó que, aunque fundado, a la postre era inoperante el tema relativo a que el Tribunal Fiscal haya omitido pronunciarse sobre la prueba referente al informe solicitado al titular de la Dirección de Nóminas y Prestaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, toda vez que carecía de importancia que dicho tribunal hubiese omitido tener por cierto que la procedencia de los recursos con los que se pagaron las prestaciones de los trabajadores en activo de la Secretaría de Educación Estatal, provenían o no de aportaciones de la Federación, para efecto de demostrar que se actualiza la excepción prevista en la jurisprudencia 2a./J. 41/2012 (10a.), ya que, en todo caso, era necesario acreditar, no que la Federación aportó recursos para cubrir tal o cual prestación, sino que, al momento de la obtención de la jubilación se convino que se pagarían cincuenta días más por gratificación anual, esto es, adicionales a los cuarenta días de los que dispone el artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para dar un total de noventa.

De manera que los Tribunales Colegiados, si bien coincidieron en la existencia de una omisión durante el procedimiento administrativo derivado del ofrecimiento del elemento probatorio, ambos tomaron decisiones encontradas sobre esa omisión, pues mientras el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito sostiene que esa prueba es irrelevante para definir si se está en el caso de excepción previsto en la jurisprudencia 2a./J. 41/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito concluyó que como entre los datos del ofrecimiento se solicita información sobre la posible existencia de convenios, eventualmente el desahogo de la prueba podría determinar si se está en la hipótesis excepcional a que alude el criterio del Máximo Tribunal del País y, por ende, la omisión de la responsable derivó trascendente para el resultado del juicio.

En estos términos, se reafirma que sí existe la contradicción de tesis a que este toca se refiere y que ésta consiste en determinar si es o no indispensable el desahogo de una prueba previamente ofrecida, a fin de establecer si se actualiza o no el supuesto de excepción a que se refiere la parte final de la jurisprudencia 2a./J. 41/2012 (10a.).

Sentada esta premisa y recordando lo que se dijo en líneas precedentes, que uno de los fines de la contradicción de tesis es lograr la unificación de criterios para determinar cuál es el que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, entonces, procede resolver del siguiente modo:

QUINTO. Determinación del criterio que debe prevalecer. Este Pleno del Cuarto Circuito estima que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que aquí se define, atento a las consideraciones siguientes:

Para resolver el presente asunto, se estima que ha de elegirse la interpretación que sea más acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ello, en virtud de que la Constitución goza de una fuerza normativa superior a cualquier disposición de carácter secundario y es la labor de este Pleno observar en todo momento esos imperativos supremos.

Este método de selección del criterio que ha de prevalecer, con carácter de jurisprudencia, encuentra sustento en las siguientes tesis, cuyos datos de identificación, rubros y textos son los siguientes:

"No. Registro: 168487

"Tesis aislada

"Materia: común

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"XXVIII, noviembre de 2008

"Tesis: 1a. LXX/2008

"Página: 215

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SELECCIÓN DE LA INTERPRETACIÓN LEGAL MÁS CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN. La Suprema Corte, como garante supremo de la eficacia jurídica de la Constitución, debe resolver cualquier asunto sometido a su conocimiento tomando en consideración la fuerza normativa superior de que gozan las previsiones de la Carta Magna. Dado que las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito emergen de manera típica en ámbitos o respecto de puntos en los que la interpretación de las leyes puede hacerse de varios modos, cuando esta Suprema Corte establece cuál de estas posibilidades debe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25272-172dffc5/prueba-documental-en-via-de-informe-admitida-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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