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Modo: Corpus Pro

BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS CONFORME AL ARTÍCULO 57 DE LA ABROGADA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, NO TIENEN DERECHO AL INCREMENTO DE ESAS PRESTACIONES, EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE LO RECIBAN LOS TRABAJADORES OPERATIVOS EN ACTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2016. · Registro digital (IUS): 26924
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-02-03
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Pág. 685.

CONTRADICCIÓN TESIS 3/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS Y JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO. DISIDENTE: ANTONIO CEJA OCHOA. PONENTE: JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO. SECRETARIA: ANA MITZI HERNÁNDEZ RIVERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Cuarto Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en donde se dictó la resolución dentro del amparo directo 70/2016, lo que actualiza uno de los supuestos de la fracción III del artículo 227 de la Ley de Amparo en vigor.(3)

TERCERO.-Criterios de los que deriva la denuncia de la posible contradicción de tesis. Para establecer si existe en el caso denunciado una contradicción de criterios que deba ser resuelta por este Pleno de Circuito, es necesario analizar las consideraciones que informan las ejecutorias involucradas, en los términos siguientes:

I. Amparo directo 87/2016, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

1. Antecedentes:

**********, en su calidad de pensionada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, promovió juicio contencioso administrativo en contra del oficio **********, de veinticinco de agosto de dos mil quince, emitido por el subdelegado de Prestaciones en el Estado de Nuevo León del referido Instituto de Seguridad Social, en el que le negó su solicitud de incremento y regularización de los conceptos "bono de despensa" y "previsión social múltiple", que venía percibiendo como parte de su pensión, desde el uno de mayo de dos mil diez.

La Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió la sentencia de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en la que reconoció la validez del acto impugnado.

Inconforme con la anterior determinación, la parte actora en el juicio de nulidad promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado de Circuito bajo el número 87/2016, quien previos los trámites correspondientes dictó la sentencia respectiva, en la que declaró fundados los conceptos de violación y determinó conceder a la quejosa la protección constitucional para los efectos precisados en el último considerando del fallo.

2. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito:

Para llegar a esa conclusión, el mencionado órgano colegiado estimó que de conformidad con la constancia de concesión de pensión, el delegado estatal en Nuevo León de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, otorgó a la quejosa, pensión por jubilación a partir del uno de mayo de dos mil diez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo "Décimo Transitorio, fracción I, inciso a), de la Ley del ISSSTE".

Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito destacó que en la sentencia que constituía el acto reclamado, la Sala responsable realizó una indebida apreciación del acto controvertido, pues invocó como sustento de su determinación el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado "vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete", así como el Manual de Procedimientos de Pensiones Directas y Otras Prestaciones "abrogado". No obstante que la pensión por jubilación se otorgó a la quejosa a partir del uno de mayo de dos mil diez, con fundamento en lo dispuesto en el artículo décimo transitorio, fracción I, inciso a), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es, la que estuvo en vigor a partir del uno de abril de dos mil siete; por lo que, la Sala responsable sustentó su determinación en disposiciones normativas que no resultaban aplicables al caso, siendo evidente su ilegalidad.

Luego, en términos de lo dispuesto en el artículo 182, último párrafo, de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito, procedió a analizar la cuestión de fondo planteada por la quejosa.

Así, precisó que acorde con el tercer párrafo del artículo 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de dos mil nueve, los pensionados tendrán derecho, en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, siempre y cuando les resulten compatibles.

Sostuvo, que los trabajadores en activo a los que se refiere el aludido numeral 43, son los trabajadores en activo de la administración pública federal, de conformidad con los artículos 62 y 121 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Al respecto, indicó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 458/2011, el veintinueve de febrero de dos mil doce, estableció que los trabajadores en activo a que se refiere el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, son los trabajadores en activo de la administración pública federal y no aquellos trabajadores en activo de la misma categoría laboral o puesto que finalmente ocupó el pensionado.

Sostuvo, que de la ejecutoria invocada, surgió la jurisprudencia 2a./J. 41/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "TRABAJADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, JUBILADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). GRATIFICACIÓN ANUAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 57."(4)

Indicó, que no desatendía que en la ejecutoria de la que surgió la aludida jurisprudencia, se analizó el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada; sin embargo, la consideración de que los trabajadores en activo son los de la administración pública federal se robustecía con el contenido de los artículos 61 y 121 de la ley vigente.

En ese orden, determinó que si se demuestra que el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado reconoció a la quejosa, como parte de la pensión, el pago de las prestaciones "bono de despensa" y "previsión social" (compatibilidad) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autorizó a las dependencias y entidades de la administración pública federal el aumento general de tales prestaciones, aquélla tendrá derecho a ese incremento en la misma proporción en que se hubieran aumentado a los trabajadores en activo de la administración pública federal.

Al respecto, aplicó la jurisprudencia XXX.1o. J/1 (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, de título y subtítulo: "BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. REQUISITOS PARA QUE LOS PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, TENGAN DERECHO AL INCREMENTO ANUAL DE ESAS PRESTACIONES EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE SE AUMENTEN A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO."(5)

En el caso, sostuvo que se encontraba acreditado que el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reconoció a la quejosa, como parte de su pensión, el pago de las prestaciones adicionales a su pensión, los conceptos de "bono de despensa" y "previsión social" que se otorgan también a los trabajadores en activo; ello, con los recibos de pago exhibidos por la actora en el juicio de nulidad, de los que se desprendía, que las cantidades recibidas por dichos conceptos no habían variado desde el mes de julio de dos mil diez, hasta el mes de septiembre de dos mil quince.

Refirió, que de los oficios exhibidos por la actora y por el instituto demandado, emitidos por el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se desprendía que dicha Secretaría autorizó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, un aumento general respecto de los conceptos "bonos de despensa" y "previsión social múltiple".

Afirmó, que de los recibos aportados por la quejosa, se observaba que desde el uno de mayo de dos mil diez en que se le reconoció el derecho a su pensión por jubilación, no se le habían aplicado los incrementos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los conceptos de "bono de despensa" y "previsión social múltiple", para los trabajadores en activo de la administración pública federal, a pesar de que tenía derecho a dicho incremento por tratarse de prestaciones en dinero que fueron aumentadas de manera general a los trabajadores en activo, que son compatibles con su calidad de pensionada, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente.

Señaló, que en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en todo caso correspondía a la autoridad demandada probar que realizó los incrementos inherentes conforme al artículo 43 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en razón de que la actora negó el hecho de que el referido instituto de seguridad social ha efectuado los incrementos de las prestaciones adicionales a su pensión, en proporción a los aumentos de las prestaciones en dinero que reciben los trabajadores en activo.

Al respecto, aplicó la jurisprudencia 2a./J. 93/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS EN EL JUICIO DE NULIDAD."(6)

En consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos la sentencia reclamada, emitiera una nueva en la que considerara que la actora sí tenía derecho al incremento de las prestaciones que recibe en dinero adicionales a su pensión, denominadas "bono de despensa" y "previsión social múltiple", en la misma proporción al aumento que de dichas prestaciones reciban los trabajadores en activo de la administración pública federal; y condenar a la autoridad demandada al pago de las diferencias aludidas, desde la fecha en que se otorgó a la quejosa la pensión por jubilación, así como en lo sucesivo, en la misma proporción, cuando se incremente el pago de tales conceptos a los trabajadores en activo de la administración pública federal.

II. Amparo directo 70/2016, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

1. Antecedentes.

**********, en su calidad de pensionada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, promovió juicio contencioso administrativo en contra del oficio **********, de diez de agosto de dos mil quince, emitido por el subdelegado de Prestaciones en el Estado de Nuevo León del referido instituto de seguridad social, en el que le negó su solicitud de incremento y regularización de los conceptos "bono de despensa" y "previsión social", que venía percibiendo como parte de su pensión, desde el uno de enero de dos mil ocho.

La Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a quien tocó conocer de la demanda, emitió sentencia definitiva el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en la que reconoció la validez del acto impugnado.

Inconforme con la anterior determinación, la parte actora en el juicio de nulidad promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito bajo el número 70/2016, quien previos los trámites correspondientes, dictó la sentencia respectiva.

Al resolver dicho amparo directo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito determinó negar el amparo solicitado.

2. Consideraciones del Tribunal Colegiado de Circuito.

En esencia, al resolver el referido amparo directo, en lo que interesa a la contradicción de tesis en estudio, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito determinó que eran infundados los diversos conceptos de violación, en los que la quejosa sostuvo que eran procedentes los incrementos solicitados, toda vez que se encontraba acreditada la compatibilidad y generalidad de los aumentos relativos a los bonos de despensa y previsión social múltiple, pues los venía recibiendo desde que laboraba, así como posteriormente durante su vida como jubilada; y, que la plaza de los trabajadores en activo a los que se destinaron los incrementos, es decir, a personal operativo, correspondía a la que desempeño durante su etapa activa como empleada y, que en su caso, no era necesario demostrar que ocupó una misma plaza.

Al respecto, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que, la determinación de la responsable era acertada, ya que era improcedente el aumento pretendido por la actora respecto de los conceptos identificados como bono de despensa y el de previsión social múltiple, pues de los oficios que sirvieron de sustento a la accionante para solicitar los incrementos respectivos, se advertía que esos beneficios se pactaron exclusivamente a favor del personal ahí mencionado, es decir, del personal operativo, sin que apareciera consideración alguna en cuanto a que esos aumentos contemplaran al personal jubilado.

Para sustentar sus consideraciones, el órgano jurisdiccional citó la jurisprudencia 2a./J. 41/2012(10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuya ejecutoria se ocupó de dilucidar el alcance del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para efecto de entender los incrementos obtenidos por trabajadores en activo y el reclamo del jubilado que solicitó el aumento correspondiente en términos del numeral citado.

Destacó, que el criterio señalado derivó de la contradicción de tesis 458/2011, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual lleva por rubro: "TRABAJADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, JUBILADOS CONFORME A LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). GRATIFICACIÓN ANUAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 57."(7)

Precisó, que de la ejecutoria respectiva, se observa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en el sentido de que la expresión trabajadores en activo contenida en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se refería a aquellos trabajadores que estaban sujetos a esa ley, la cual regulaba las prestaciones a que tenían derecho los jubilados, es decir, a los trabajadores en activo de la administración pública federal, conforme lo previsto en su artículo primero, de forma que los beneficios que pudieran derivar de cualquier otra disposición legal, no surtían efectos a favor de los jubilados.

Indicó, que el Máximo Tribunal precisó que el artículo 1o. de la ley citada, establecía que en tratándose de jubilados y pensionistas que gozaran de esa categoría en términos de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, su pensión y el pago de todas sus prestaciones debían regirse por lo dispuesto en ella; y que de ahí debía entenderse que una vez que el trabajador pasaba de la calidad de activo a la de pensionado o jubilado, en términos de la legislación abrogada, dejaba de estar sujeto a cualquier otra disposición legal o reglamentaria que pudiera regir a los trabajadores en activo de la dependencia para la que venía laborando, para quedar bajo la tutela exclusiva de la ley, conforme a la cual, obtenía su jubilación, esto era la mencionada ley del instituto.

Sostuvo, que la Segunda Sala explicó que si en el propio artículo 1o. de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se establecía que era aplicable a todos los trabajadores de la administración pública federal, entonces se entendía que los trabajadores en activo a los que se refería el artículo 57 de la misma ley, eran los que estaban sujetos a dicha ley, la cual regía las prestaciones a las que tenían derecho los jubilados referidos previamente.

Sobre ese tenor, consideró que el Máximo Tribunal precisó que los beneficios que pudieran derivar de cualquier otra disposición legal, incluso de algún decreto expedido por el Ejecutivo Local, para los trabajadores en activo del Sistema Estatal de Educación, no surtían efectos a favor de los jubilados en términos de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyas prestaciones no se regían por aquellos ordenamientos, sino por la mencionada legislación.

En ese orden, señaló que el Alto Tribunal Constitucional concluyó que, no existía justificación legal para considerar que quienes adquirieron la calidad de pensionados o jubilados conforme a la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tuvieran derecho a que el monto de su gratificación anual aumentara en la misma proporción que el número de días concedidos a los trabajadores en activo que no se regían por esa ley, bajo el argumento de que debía atenderse al puesto que ocupaban al momento de recibir la pensión, pues si bien era cierto que, este último era el que, en su momento, se tomó en cuenta para determinar la pensión respectiva, esto era porque hasta ese entonces, se había venido cotizando y cubriendo las cuotas correspondientes conforme a dicho puesto, lo que, ciertamente, hacía que las pensiones no resultaran iguales en todos los casos; sin embargo, una vez que el trabajador se daba de alta como pensionado o jubilado, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, su situación quedaba bajo el imperio de la ley que regía a ese órgano desconcentrado y, por tanto, ya no le eran aplicables las disposiciones y, en su caso, los beneficios otorgados a los trabajadores en activo.

Indicó, que no obstante de no haber sido el tema principal de la contradicción de tesis, el Máximo Tribunal del País sostuvo que el instituto estaría obligado a cubrir los incrementos a la gratificación anual que reciben los trabajadores en activo de dichas entidades, sólo cuando en los convenios de incorporación relativos se hubiera pactado el pago adicional a cargo del Gobierno Federal.

En ese orden, conforme a las citadas consideraciones del Máximo Tribunal del País, estimó que carecía de razón lo alegado por la quejosa, ya que los incrementos pretendidos partían de la existencia de los oficios emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los cuales, únicamente se contempló como beneficiarios de esos incrementos, al personal operativo en activo.

Señaló, que del contenido de los documentos en cuestión, se revelaba que los aumentos a los bonos de despensa y al de previsión social múltiple, sólo se pactaron en beneficio de los trabajadores en activo que formaran parte del personal operativo en las dependencias que ahí se mencionaron, sin embargo, de ninguna forma alguna se acreditaba que se haya determinado o pactado el pago respectivo a cargo del Gobierno Federal, de ponderaciones adicionales en mayor cantidad a las establecidas para los jubilados por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Precisó, que los conceptos de bono de despensa y el de previsión social múltiple, son determinados por la Junta Directiva del Instituto demandado, lo que se corroboraba con los documentos allegados por la demandada en su contestación, en los que se hacía referencia al monto de las pensiones para los años mil novecientos noventa y cinco al dos mil siete, en los cuales se acordó agregar una cantidad determinada por previsión social múltiple y otra por el de bono de despensa, mismas, que se dirigieron a los pensionados y no a los trabajadores en activo; lo que permitía entender que los incrementos alegados por la parte quejosa, contenidos en los oficios dictados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debían estimarse dirigidos exclusivamente al personal operativo de las dependencias ahí mencionadas y no comprenden a los que obtuvieron su baja para efecto de su jubilación.

En ese orden, determinó que dichos aumentos no debían considerarse para efecto de incrementar las prestaciones de la accionante como jubilada, en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pues acorde con la interpretación dictada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, los incrementos ahí señalados se vinculan a los que se establezcan expresamente para los trabajadores en activo que se regulan por esa legislación y no así, los pactados en algún otro documento o cuerpo legal en pro de los trabajadores en activo.

Máxime, si como se observa de los oficios alegados por la quejosa, en momento alguno se contempló expresamente beneficiar al personal jubilado, ni mucho menos, que los acuerdos respectivos hubiesen vinculado a la institución de Seguridad Social que otorga la pensión a la impetrante.

Manifestó, que de lo anterior se desprendía lo desatinado de los conceptos de disenso formulados por la quejosa, pues al margen de la discusión planteada, respecto a la compatibilidad de los incrementos, su generalidad y si le son cubiertos los mismos bonos desde que obtuvo la jubilación, lo que prevalecía era que, los incrementos alegados se pretendían sostener en documentos que no contemplaban a los jubilados como beneficiarios de los montos ahí previstos, sino que tal cual se resolvió por la responsable, se establecieron expresamente para el personal en activo en la categoría de "operativo".

Consideró, que si bien es cierto los pensionados perciben una cantidad por concepto de previsión social múltiple y bono de despensa, también lo es que, ello no implica que todos los incrementos que sobre esos rubros se hagan a los trabajadores en activo, también les sean aplicables, pues para éstos existe un régimen económico especial, el cual se presupuesta y administra en forma distinta que el gasto corriente que se utiliza para pagar salarios; de ahí que para que les sean aplicables, debe tratarse de incrementos compatibles con su calidad, lo que no acontece cuando la autoridad hacendaria acota la procedencia sólo para quienes son operarios, sin incluir a los jubilados y pensionados.

En ese contexto, acorde con el criterio establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para efectos de los aumentos señalados en el artículo 57 de la ley del instituto, precisó que no era factible considerar aquellos incrementos previstos en normas o acuerdos que se pacten en particular para determinados empleados, como sucedió en la especie, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en pro del personal operativo de las dependencias ahí mencionadas.

Por lo anterior, al considerar ineficaces los conceptos de violación, negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados.

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Procede ahora determinar si en el caso existe o no la contradicción de tesis denunciada, para lo cual se estima indispensable destacar los aspectos relevantes de las consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados de Circuito cuyos criterios fueron denunciados como contradictorios.

Lo anterior, con el propósito de dilucidar que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

En ese sentido, se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, que señala lo siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(8)

Del contenido de la ejecutoria que ha sido reseñada, se observa que, en el caso, sí se verifica la contradicción de tesis.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 87/2016, consideró en síntesis que:

• En el caso concreto, la quejosa como pensionada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sí tenía derecho al incremento de las prestaciones que recibía en dinero adicionales a su pensión, denominadas "bono de despensa" y "previsión social múltiple", en la misma proporción al aumento que de dichas prestaciones reciban los trabajadores en activo de la administración pública federal; pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 458/2011, el veintinueve de febrero de dos mil doce, de la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26924-68f7aee4/bono-de-despensa-y-prevision-social-multiple-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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