BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. FACTORES PARA DETERMINAR SI LOS AUMENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, A TRAVÉS DE LOS OFICIOS CIRCULARES 307-A-4064, 307-A-3796, Y 307-A-2468 EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SON COMPATIBLES A LOS PENSIONADOS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LA COMPATIBILIDAD DE LOS AUMENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, A TRAVÉS DE LOS OFICIOS CIRCULARES 307-A-4064, 307-A-3796, Y 307-A-2468 EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. CONCEPTO "PRESTACIONES EN DINERO QUE LES SEAN AUMENTADAS DE MANERA GENERAL A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO" CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007.
BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. FACTORES PARA DETERMINAR SI LOS AUMENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, A TRAVÉS DE LOS OFICIOS CIRCULARES 307-A-4064, 307-A-3796, Y 307-A-2468 EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SON COMPATIBLES A LOS PENSIONADOS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007).
BONO DE DESPENSA Y PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE. LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESPECTO DE LA COMPATIBILIDAD DE LOS AUMENTOS APLICADOS A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO, A TRAVÉS DE LOS OFICIOS CIRCULARES 307-A-4064, 307-A-3796, Y 307-A-2468 EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA.
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. CONCEPTO "PRESTACIONES EN DINERO QUE LES SEAN AUMENTADAS DE MANERA GENERAL A LOS TRABAJADORES EN ACTIVO" CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 57, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO, SEXTO, OCTAVO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO SÉPTIMO Y DÉCIMO OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE MAYO DE 2016. MAYORÍA DE DIECIOCHO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, ÓSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ, CARLOS AMADO YÁÑEZ, EMMA GASPAR SANTANA Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. DISIDENTES: LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA Y ADRIANA ESCORZA CARRANZA. PONENTE: JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA. SECRETARIO: HOMERO FERNANDO REED MEJÍA.
Ciudad de México. El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la sesión correspondiente al día veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, emite la siguiente resolución.
VISTOS
Y
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción. Mediante oficio recibido el seis de noviembre de dos mil quince por la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunciaron la posible contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero,(1) Segundo,(2) Tercero,(3) Cuarto,(4) Quinto,(5) Sexto,(6) Octavo,(7) Décimo Segundo(8) y Décimo Octavo,(9) todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al considerar lo siguiente:
"Este tribunal estima conveniente denunciar la contradicción de criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
"Por un lado, los Tribunales Quinto y Décimo Octavo, ambos en materia Administrativa del Primer Circuito, consideran que los conceptos bono de despensa y previsión social múltiple que se entregan a los pensionados como percepciones adicionales a la pensión, son incompatibles con las prestaciones otorgadas a los trabajadores en activo, así lo resolvieron respectivamente en los juicios de amparo DA. 259/2015 y DA. 99/2015.
"Por su parte, los Tribunales Primero, Segundo y Octavo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito estiman que los referidos conceptos son compatibles no obstante debe probarse que se incrementaron de manera general a los trabajadores en activo; es decir, que respecto de la dependencia gubernamental en la cual laboró el particular se efectuó el incremento autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así, lo resolvieron, respectivamente, en los juicios de amparo DA. 234/2015, DA. 237/207 (sic) y en recurso de revisión fiscal RF. 160/2015.
"Por otro lado, los Tribunales Tercero, Cuarto, Sexto y Décimo Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito, estiman que se actualizan los supuestos para el incremento de las referidas percepciones, pues el bono de despensa y la previsión social múltiple que se otorgan junto con la pensión, son compatibles con las prestaciones de los trabajadores en activo; también que el incremento autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se otorgó de manera general a los trabajadores en activo. Así lo resolvieron, respectivamente, en los juicios de amparo DA. 485/2015, DA. 143/2015, DA. 234/2015 y revisión fiscal RF. 197/2015."
SEGUNDO.-Radicación, admisión y solicitud de informes. Por acuerdo de seis de noviembre de dos mil quince, el entonces presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis PC01.I.A.36/2015.C. Asimismo, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y solicitó a las presidencias de los tribunales contendientes que remitieran las ejecutorias correspondientes e informaran si los criterios ahí contenidos seguían vigentes o no.
TERCERO.-Subsistencia de los criterios contendientes. En su oportunidad, los Tribunales Colegiados contendientes manifestaron que continúan vigentes los criterios materia de la denuncia de contradicción de tesis.
CUARTO.-Inclusión de criterio contendiente. Mediante oficio recibido el cuatro de diciembre de dos mil quince por la Secretaría de Acuerdos del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, los Magistrados integrantes del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, solicitaron la inclusión en el análisis de la contradicción de tesis, el criterio sustentado por ese Tribunal Colegiado, en sesión de once de noviembre de dos mil quince en el juicio de amparo directo 437/2015.
En proveído de siete de diciembre de dos mil quince, el entonces presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, con fundamento en el artículo 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, proveyó incluir el criterio sustentado en el juicio de amparo directo 437/2015 del índice del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el análisis correspondiente a la contradicción de tesis, por encontrarse relacionado con la temática que incide en la misma.
QUINTO.-Turno. El entonces presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil quince, turnó el expediente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo, a la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien para esa fecha integraba, a su vez, al citado Pleno de Circuito.
SEXTO.-Suspensión del plazo. Por acuerdo de catorce de enero de dos mil dieciséis, el entonces presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, con fundamento en la fracción VIII del artículo 13 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, ordenó la suspensión del término que transcurre para la formulación del proyecto de resolución.
SÉPTIMO.-Returno. Por auto de dos de febrero de dos mil dieciséis, el actual presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, con fundamento en el artículo 46 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, ordenó returnar el asunto al Magistrado Jesús Antonio Nazar Sevilla, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, facción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una posible contradicción de criterios sustentados entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano que sustentó uno de los criterios aquí contendientes.
TERCERO.-Criterios contendientes. Resulta conveniente destacar los argumentos que integran a los criterios contendientes para, a partir de ellos, estar en aptitud de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada.
Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al conocer del juicio de amparo directo DA. 234/2015, el mencionado órgano colegiado resolvió:
"QUINTO.-El juicio de nulidad de origen se promovió contra la resolución contenida en el oficio **********, de veintiuno de mayo de dos mil catorce, en que el subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado negó la solicitud de pago de las diferencias resultantes de los incrementos efectuados a los conceptos de previsión social múltiple y bono de despensa, que realizó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los oficios circulares **********, de dieciocho de agosto de dos mil once, uno de agosto de dos mil doce y veinticuatro de julio de dos mil trece, respectivamente.
"En sus conceptos de violación la quejosa afirma que el fallo reclamado viola las garantías y derechos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, porque la Sala perdió de vista que la solicitud que realizó a la autoridad consiste en el pago de las diferencias a que tiene derecho por los incrementos efectuados a los conceptos que percibe de manera adicional a su pensión, y no su inclusión en la cuota diaria respectiva.
"A lo largo de su demanda sostiene que, conforme al artículo 57, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, tiene derecho a que se le pague la proporción de los aumentos realizados a los conceptos que sean compatibles con su calidad de pensionada, razón por la que es inexacto que sólo los trabajadores en activo pueden percibirlos.
"A partir de lo anterior, dice que es inexacta la decisión de la responsable porque esos conceptos también se pagan a los pensionados.
"Explica que tampoco debe demostrar que los incrementos en cuestión se realizaron a todos los pensionados del instituto, pues eso atenta contra los derechos humanos que enuncia, máxime que, en todo caso, corresponde al demandado acreditar que los hizo.
"De ahí que la quejosa afirme que la sentencia reclamada es inconstitucional, porque la institución de seguridad social debe realizar los aumentos mencionados y, por ende, pagar las diferencias y cantidades adeudadas.
"En la sentencia reclamada, la Sala reconoció la validez de la resolución administrativa impugnada al considerar que la actora no tiene derecho a que se le paguen dichos incrementos, pues constituyen beneficios económicos otorgados a los trabajadores en activo, tal como se desprende, dijo, de los mencionados oficios.
"Estableció que si las prerrogativas de mérito se obtienen, en virtud de la calidad que adquiere el trabajador en retiro, es claro que la interesada no tiene derecho a que se le paguen los incrementos que demandó. Citó como sustento de su decisión la tesis aislada 2a. CI/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 639, de rubro: ‘JUBILACIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. NO ES COMPATIBLE CON EL DESEMPEÑO DE UN TRABAJO REMUNERADO QUE IMPLIQUE LA CONTINUACIÓN O INCORPORACIÓN DEL TRABAJADOR AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE LA LEY QUE RIGE A ESE INSTITUTO.’
"Precisó que no era obstáculo a esa decisión el hecho de que, de las pruebas que obran en autos, se advierta que la actora recibió tales conceptos, pues los incrementos demandados sólo corresponden al personal en activo.
"En resumen, la Sala reconoció la validez de la resolución administrativa impugnada, al considerar que la actora no tiene derecho al pago de las diferencias que demandó, porque como los conceptos de bono de despensa y previsión social múltiple sólo se pagan a los trabajadores en activo, es claro que sus aumentos únicamente deben enterarse a ese tipo de gobernados.
"Lo expuesto evidencia que la Sala incurrió en el vicio de ilegalidad que reprocha la quejosa, pues resolvió el tema propuesto tal como si se hubiera solicitado la inclusión de conceptos para calcular la cuota diaria de pensión, cuando lo que pidió fue el pago de las diferencias a que supuestamente tiene derecho por los incrementos efectuados a prestaciones adicionales a su pensión.
"Sin embargo, el yerro en que incurrió la responsable es insuficiente para conceder el amparo que se demandó, en atención a las explicaciones siguientes:
"De lo expuesto se advierte que el problema a dilucidar consiste en determinar si conforme a la normatividad aplicable y los elementos de prueba que obran en el sumario, la actora acreditó o no tener derecho a percibir los incrementos de los conceptos que refiere.
"A la demanda de nulidad la quejosa anexó copia de la concesión de pensión con número de folio **********, en que consta que ese beneficio se le otorgó a partir del uno de junio de dos mil cinco; información que se corrobora con los recibos de pago de febrero, junio y octubre de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece y febrero de dos mil catorce, en cuyo apartado de fecha de inicio de pensión dice 01/06/2005, o sea, el uno de junio de dos mil cinco (folios 15 a 19 del expediente del juicio de nulidad).
"Al contestar la demanda, la autoridad no desconoció el hecho que prueban tales documentales y tampoco las objetó (folios 54 a 65 del expediente de origen).
"Esas circunstancias demuestran que desde esa fecha se le otorgó el citado beneficio pensionario.
"Conforme a lo expuesto, el precepto aplicable en el asunto es el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, que establece:
"‘Artículo 57. La cuota mínima y máxima de las pensiones, con excepción de las concedidas por riesgo del trabajo, serán fijadas por la Junta directiva del instituto, pero la máxima no podrá exceder del 100% del sueldo regulador a que se refiere el artículo 64, aun en el caso de la aplicación de otras leyes.
"‘...
"‘Los jubilados y pensionados tendrán derecho a una gratificación anual igual en número de días a las concedidas a los trabajadores en activo, según la cuota diaria de su pensión. Esta gratificación deberá pagarse en un cincuenta por ciento antes del quince de diciembre y el otro cincuenta por ciento a más tardar el quince de enero, de conformidad con las disposiciones que dicte la Junta directiva. Asimismo, tendrán derecho en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles a los pensionados.’
"La disposición inserta, en la parte que interesa, prevé que los jubilados y pensionados tienen derecho, en su proporción, a las prestaciones en dinero que les sean aumentadas de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles con esa calidad.
"El artículo 94 del Manual de Procedimientos de Pensiones Directas y Otras Prestaciones Derivadas, establecía que, a partir del día en que el ex trabajador adquiriera la calidad de pensionado directo, el instituto se obligaba a cubrirle, entre otros conceptos, el bono de despensa, que constituye la gratificación mensual que se otorga a los pensionados directos y, cuyo monto es fijado por la Junta directiva, así como el de previsión social múltiple que es la gratificación diaria que la citada Junta les otorga a dichos sujetos.
"Después de emitir y abrogar diversos instrumentos normativos, el dieciséis de agosto de dos mil cuatro, se expidieron cuatro manuales (A, B, C y D) y, por acuerdo publicado el veinte de diciembre de dos mil siete en el Diario Oficial de la Federación, se reexpidieron sólo los manuales tipo ‘A’ y ‘B’.
"En las páginas 3644 y 3645 del Manual de Procedimientos para las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tipo ‘A’, tomo IV, parte 3-1, se estableció lo siguiente:
"Las imágenes insertas demuestran que en el rubro de trámite de pensión, liquidación de pago previa incorporación a nómina del manual expedido en dos mil siete quedó comprendida la obligación del instituto de pagar a los pensionados, entre otros conceptos, el bono de despensa y la previsión social múltiple.
"Basta confrontar el texto de los manuales citados para advertir que el vigente es una reproducción del artículo 94, pues reconocen la obligación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de pagar a los pensionados el bono de despensa y la previsión social múltiple, entre otros conceptos adicionales a la pensión.
"Lo hasta aquí expuesto evidencia que, como dice la quejosa, la normatividad aplicable prevé el derecho del pensionado a recibir ciertas cantidades de dinero adicionales a su pensión, por concepto de bono de despensa y previsión social múltiple, así como a percibir, en la proporción que corresponda, los incrementos que se hagan de manera general a los trabajadores en activo siempre y cuando resulten compatibles.
"En efecto, el artículo 94 del manual abrogado, que es reproducido por el texto vigente del tipo ‘A’, reconoce el derecho y, por ende, la obligación del instituto de pagar esos conceptos adicionales a las personas que adquieran el carácter de pensionados, mientras que el diverso 57 de la ley aplicable prevé el derecho y el deber correlativo de incrementar proporcionalmente esas cifras en los casos en que se cumplan las condiciones que contiene, o sea, que el aumento sea general y compatible con la pensión percibida.
"No parece que exista duda al afirmar que los derechos de los pensionados en ese sentido no están sujetos a prueba, porque precisamente esas prerrogativas las otorga la ley.
"Lo que está sujeto a prueba es el cumplimiento de las condicionantes que establece el artículo 57, último párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, esto es, que sean compatibles con la calidad de pensionado y, además, que el incremento haya sido general, pues sólo de esa manera el interesado podrá acceder al aumento que en específico demandó.
"De esa manera, contrario a lo alegado por la promovente, para establecer si cierto pensionado tiene derecho a recibir los incrementos realizados a esos rubros, es necesario que en autos obren pruebas demostrativas de que son compatibles con la pensión percibida y que se realizaron de manera general.
"El aspecto de compatibilidad no genera duda, pues evidentemente los conceptos e incrementos de que se trate deben ser acordes con la pensión percibida por el gobernado.
"A juicio de este tribunal, la compatibilidad del bono de despensa y de la previsión social múltiple se desprende del Manual de Procedimientos para las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tipo ‘A’, tomo IV, parte 3-1, pues si esos conceptos carecieran de esa característica, simple y sencillamente no estarían contenidos en dicho instrumento y, aún más, no serían pagados por el instituto de forma adicional a la pensión.
"En otras palabras, si esos conceptos no fueran compatibles con la pensión, no estarían incluidos de esa forma en el manual y tampoco serían pagados de forma adicional por la demandada.
"En contrapartida, el vocablo ‘general’ utilizado por el legislador ordinario en el último párrafo del artículo 57, es ambiguo, pues un sector o grupo de gobernados es general en la medida en que comparten ciertas características que los diferencian de los demás, pero puede no serlo en comparación con otros.
"Así, podríamos pensar que al utilizar esa palabra el legislador quiso referirse a todos los trabajadores al servicio del Estado, pues la característica que hace general a ese sector es precisamente el tipo de relación de trabajo que entabla con el aparato gubernamental.
"También, se podría entender que lo general atiende al poder público para el que el interesado prestó sus servicios, pues la característica que comparten esos trabajadores es que laboraron para un poder en específico.
"No obstante, se considera que la generalidad a que se refirió el legislador se vincula con la dependencia, órgano, organismo o ente para el que de manera concreta prestaba sus servicios el pensionado.
"En efecto, no parece lógico ni viable jurídicamente que el concepto de generalidad en comento deba incluir a todos los trabajadores al servicio del Estado, pues no todos tienen las mismas prestaciones y perciben idénticos salarios, ya que esos aspectos se determinan a partir del tipo de función y atribuciones que desempeñan e, incluso, de los riesgos y condiciones laborales que presenten.
"De esa manera, la generalidad a que se refiere el texto legal no comprende a todos los trabajadores al servicio del Estado.
"Esa referencia tampoco contiene a todos los trabajadores de un poder público o de distintas dependencias, órganos u organismos pues, de la misma manera, el salario otorgado a unos puede no equipararse al que perciben los que laboran en un diverso órgano, precisamente por ser diferentes las condiciones y demás aspectos que rodean las atribuciones de ambos.
"En consecuencia, como se anticipó, la generalidad que indicó el legislador debe constreñirse a la dependencia, órgano u organismo para el que el pensionado prestó sus servicios, o sea, el ente de gobierno para el que de manera específica trabajó.
"Por ejemplo, si el pensionado laboró para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede solicitar, en su proporción, los incrementos que de manera específica se realicen a los trabajadores en activo de dicha dependencia, no así los que se realicen al personal en activo de la Secretaría de Turismo pues, se insiste, el salario y las condiciones de trabajo para cada una de esas dependencias es diferente, aun cuando todos sean trabajadores al servicio del Estado.
"Este órgano colegiado considera que para sustentar la decisión en elementos objetivos es necesario acudir a otro tipo de disposiciones jurídicas que se vinculan con las finanzas públicas a partir de las cuales se pagan los conceptos adicionales a las pensiones.
"Lo anterior, porque no debe perderse de vista que como los rubros denominados bono de despensa y previsión social múltiple, entre otros, son adicionales a la pensión, son ajenos a las cuotas que el trabajador en activo aporta de manera periódica, o sea, que cotiza al instituto demandado.
"Esa explicación permite entender por qué, para establecer un criterio objetivo del aspecto de generalidad analizado, es necesario acudir a las finanzas públicas, pues el dinero que sirve para sufragar esos rubros no se obtiene de las cuotas o aportaciones que los trabajadores en activo realizan, sino del presupuesto federal.
"Los artículos 4, 5, fracciones I, inciso a), II, inciso a), III, inciso a), 6 y 25 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen:
"‘Artículo 4. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto:
"‘I. El Poder Legislativo;
"‘II. El Poder Judicial;
"‘III. Los entes autónomos;
"‘IV. Los tribunales administrativos;
"‘V. La Procuraduría General de la República;
"‘VI. La Presidencia de la República;
"‘VII. Las dependencias, y
"‘VIII. Las entidades. ...’
"‘Artículo 5. La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, comprende:
"‘I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones:
"‘a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la secretaría para su integración al proyecto de presupuesto de egresos, observando los criterios generales de política económica;
"‘...
"‘II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o decretos de su creación:
"‘a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la secretaría para su integración al proyecto de presupuesto de egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;
"‘...
"‘III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por disposición de ley, las siguientes atribuciones:
"‘a) Aprobar sus anteproyectos de presupuesto y enviarlos a la secretaría, por conducto de la dependencia a la que se encuentren adscritos, para su integración al proyecto de presupuesto de egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; ...’
"‘Artículo 6. El Ejecutivo Federal, por conducto de la secretaría, estará a cargo de la programación y presupuestación del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades. El control y la evaluación de dicho gasto corresponderán a la secretaría y a la función pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Asimismo, la Función Pública inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto.
"‘Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración, deberán coordinarse con la secretaría para efectos de la programación y presupuestación en los términos previstos en esta ley. El control y la evaluación de dicho gasto corresponderán a los órganos competentes, en los términos previstos en sus respectivas leyes orgánicas.’
"‘Artículo 25. La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en: ...’
"Las disposiciones transcritas son claras, al establecer que cada poder, ente autónomo, tribunal administrativo, dependencia, entidad, entre otros, anualmente formulará un anteproyecto o proyecto particular de presupuesto de egresos que enviarán al Poder Ejecutivo Federal a fin de que lo integre al proyecto que, posteriormente, someterá a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
"Conforme a la normatividad y técnica presupuestaria y financiera, cada ente que ejerza su presupuesto deberá realizar y autorizar un anteproyecto que remitirá al Ejecutivo Federal para su integración al presupuesto de egresos federal.
"La existencia de esos anteproyectos y la forma en que se elabora el proyecto de egresos federal justifica por qué el presupuesto autorizado está dividido en ramos de la administración, autónomos, generales y entidades de control directo que, a su vez, se subdividen en entes de gobierno a los que se destinan de manera específica determinadas partidas presupuestarias.
"A partir de lo anterior, se estima que un criterio objetivo para definir el término general utilizado por el legislador en el artículo 57 antes citado es verificar dentro de qué partida presupuestaria se encuentra el ente para el que laboró el pensionado.
"Así, en caso de que la pensionada haya laborado para, por ejemplo, un órgano federal, se tendrá que acudir al ramo específico y, a partir de ahí, establecer si existe una partida presupuestaria concreta, o bien, en cuál puede incluirse a fin de determinar el ámbito de aplicación del aspecto de generalidad comentado.
"Un ejemplo ayudará a entender la explicación dada. Pensemos en un pensionado que en activo laboró para un Juzgado de Distrito. En ese supuesto se tendría que acudir no a la partida presupuestaria de juzgados porque no existe, sino al ramo autónomo del Poder Judicial y, a su vez, al del Consejo de la Judicatura Federal, para determinar que el incremento de mérito eventualmente debe abarcar a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26421-d8252f0b/bono-de-despensa-y-prevision-social-multiple-factores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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