QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 445/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 21 DE FEBRERO DE 2012. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: FERNANDO A. CASASOLA MENDOZA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de febrero de dos mil doce.
VISTOS; para resolver los autos relativos a la contradicción de tesis 445/2010, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 49/2008-PL y 7/2001-PL, respectivamente; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Denuncia de contradicción de tesis. Mediante oficio número TS-112/2010, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día trece de diciembre de dos mil diez, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Primer Circuito, denunció la posible contradicción entre el criterio emitido por la Primera Sala de esta Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 49/2008-PL, en sesión de cuatro de noviembre de dos mil nueve, de la cual se desprendió la tesis de jurisprudencia 1a./J. 2/2010, cuyo rubro es el siguiente: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU INTERPOSICIÓN NO IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS.",(1) y el sostenido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 7/2001-PL, el día veintiuno de junio de dos mil dos, de la cual se desprendió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 88/2002, de rubro siguiente: "QUEJA CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA PRUEBAS EN AMPARO. QUEDA SIN MATERIA CUANDO SE DICTA LA SENTENCIA, SIN PERJUICIO DE QUE CONTRA ÉSTA SE INTERPONGA REVISIÓN Y EN LOS AGRAVIOS, POR EXCEPCIÓN, SE CUESTIONE DICHO AUTO, Y DE QUE EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE ELLA REPONGA EL PROCEDIMIENTO, INCLUSIVE DE OFICIO, SI ELLO RESULTA PROCEDENTE."(2)
SEGUNDO. Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. Por auto de quince de diciembre de dos mil diez, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo suya la presente denuncia de contradicción de tesis, ordenó el registro del asunto y la formación del toca 445/2010; asimismo, ordenó dar vista al procurador general de la República, para que por sí o por conducto del agente del Ministerio Público Federal que designara, manifestara lo que a su representación conviniera.
TERCERO. Integración. En proveído de doce de enero de dos mil once, se turnaron los autos al señor Ministro José Ramón Cossío Díaz para la formulación del proyecto respectivo.
El agente del Ministerio Público adscrito, mediante oficio número DGC/DCC/174/2011, de dieciocho de febrero de dos mil once, formuló pedimento en el sentido de que se declare que sí existe la contradicción de tesis denunciada, y que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que sostiene que la interposición del recurso de queja, en términos artículo 95, fracción IV, de la Ley de Amparo, no paraliza del todo el procedimiento del juicio de amparo, sino solamente se suspende la celebración de la audiencia constitucional y, en consecuencia, el dictado de la sentencia.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General Plenario Número 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes fueron sustentados por las Salas de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. Legitimación de la denunciante. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal y 197, primer párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO. Resoluciones que participan en la contradicción. Con la finalidad de establecer y determinar la procedencia, así como la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por las Salas que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben:
I. Las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/2008-PL, en lo que interesa, son las siguientes:
"El criterio que al respecto se emite parte del análisis de la hipótesis legal contemplada en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, precepto legal que es del tenor siguiente:
"‘Artículo 95. El recurso de queja es procedente: ...’
"Como se aprecia, en el precepto legal transcrito se prevé la procedencia del recurso de queja contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos referidos en el artículo 37 de la Ley de Amparo, dictadas durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan ocasionar daños o perjuicios irreparables a las partes, no resarcibles en la sentencia definitiva; o contra las resoluciones que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por aquellas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley.
"Es decir, el recurso de queja es procedente contra resoluciones dictadas durante la tramitación del juicio de garantías o en el incidente de suspensión, así como contra las resoluciones emitidas con posterioridad a la sentencia de primera instancia, siempre y cuando, en el primer supuesto, no admitan el recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva y, en el segundo supuesto, las violaciones cometidas en las resoluciones impugnadas no sean reparables por los juzgadores de amparo o esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de la Ley de Amparo.
"Descuella de lo expuesto, que la procedencia del recurso de queja, en términos de lo previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, se encuentra condicionada a que la decisión recurrida sea de naturaleza tan trascendental y grave que pueda ocasionar daño o perjuicio irreparable; es decir, a pesar de que el perjuicio es un presupuesto de todos los recursos, en el caso de este medio de impugnación, el daño o perjuicio no debe ser ordinario, sino de tal índole que la legalidad o ilegalidad de la resolución respectiva no pueda ser materia de estudio en la sentencia que se dicte o no sea reparable por el juzgador de amparo o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con arreglo a la ley. Luego, el concepto de daño o perjuicio irreparable tiene también la acepción de violación de un derecho sustantivo.
"En efecto, por regla general, los autos o resoluciones dictados por los juzgadores de amparo no son recurribles, sino sólo impugnables vía agravio en el recurso de revisión que se interponga contra la sentencia definitiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"Empero, el citado artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia establece un supuesto de excepción, consistente en la impugnación a través del recurso de queja de aquellos autos que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme a lo previsto en el señalado artículo 83 y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un daño o perjuicio a alguna de las partes de imposible reparación en la sentencia definitiva, los cuales pueden ser, por ejemplo, resoluciones independientes de la litis que habrá de resolverse en la sentencia de amparo, entre las que pueden ubicarse las que imponen medidas de apremio o las que reconocen o desconocen la personalidad a alguna de las partes que, por la referida autonomía en relación con la litis, no serán motivo de estudio en la sentencia, o bien resoluciones íntimamente vinculadas con esa litis, al incidir en ésta, tales como las que mandan preparar y desahogar pruebas que, no obstante ser legales y conducentes, contengan una posibilidad de afectación cierta sobre cualquiera de los sujetos de la relación procesal, como el patrimonio, la privacidad personal o el secreto profesional, con independencia de la valoración apropiada o inapropiada que realice el juzgador, así como de que la sentencia definitiva le resulte favorable o no.
"En ese sentido, en el caso que se analiza, la factibilidad de daño y perjuicio no puede considerarse común, sino se exige gravedad y trascendencia, corroborándose pues la postura de que el acto materia del recurso debe ser irreparable en la sentencia de primera instancia, sea porque el acto no pueda ser motivo de pronunciamiento en la sentencia, por estar desvinculado del fondo del asunto, o porque el daño y perjuicio no puedan ser reparables aunque se tenga una sentencia favorable, dada la incidencia de la afectación en el patrimonio, la privacidad personal o el secreto profesional, es decir, a un derecho sustantivo.
"Cabe destacar que al condicionar la procedencia del recurso de queja a la causación de un daño o perjuicio relevante, no reparable en la sentencia definitiva, es clara la intención del legislador ordinario de garantizar la expeditez del juicio, pues estableció la manera de evitar que el medio de impugnación de que se trata fuera utilizado en forma desmedida y con la única finalidad de retrasar innecesariamente el desarrollo del juicio de amparo, siendo de esa manera congruente con el postulado del artículo 157 de la Ley de Amparo, en el sentido de que los Jueces de Distrito cuidarán de que los juicios de amparo no queden paralizados.
"Al respecto es aplicable, en lo atinente, la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se precisa:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Pleno
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XIII, junio de 2001
"‘Tesis: P./J. 74/2001
"‘Página: 6
"‘PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE. ...’
"Expuesto lo anterior, ahora debe tenerse presente lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, a precisar:
"‘Artículo 101. En los casos a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de esta ley, la interposición del recurso de queja suspende el procedimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 53, siempre que la resolución que se dicte en la queja deba influir en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia, si obtuviere resolución favorable en la queja.’
"Deriva de lo expuesto, que en ese precepto legal se prevé que la interposición del recurso de queja en la hipótesis de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo suspenderá el procedimiento en el juicio de amparo, condicionándose tal medida a que la resolución que llegara a dictarse en la queja deba influir en la sentencia o, cuando de resolverse el juicio en lo principal, se hagan nugatorios los derechos del recurrente que pudiera haber hecho valer en la audiencia en caso de que obtuviera resolución favorable en el recurso, y remite al artículo 53 de la misma ley, para determinar los términos o alcances de la suspensión.
"Ahora bien, dado que es en este punto en el que los tribunales contendientes discrepan, pues uno dice que en tratándose del recurso en cuestión, debe suspenderse todo procedimiento en el juicio de amparo, otro que sólo las actuaciones del Juez, y el otro que, por regla general, únicamente debe suspenderse el dictado de la sentencia, es menester precisar cuáles son los alcances de la paralización que el legislador previó en ese supuesto, al tenor del análisis relacionado del citado artículo 101 y el diverso 53 de la Ley de Amparo.
"En ese sentido, se evidencia que en el referido artículo 101 de la Ley de Amparo, antes transcrito, se establece que la suspensión del procedimiento procederá en los términos del artículo 53, el cual establece lo siguiente:
"‘Artículo 53. Luego que se suscite una cuestión de competencia, las autoridades contendientes suspenderán todo procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión que se continuará tramitando hasta su resolución y debida ejecución.’
"Una primera aproximación al tema de contradicción permite establecer que la interpretación gramatical y conjunta de los artículos 101 y 53 de la Ley de Amparo evidencia que la remisión del primero al segundo de dichos numerales fue sólo para precisar que la interposición de un recurso de queja, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 95 de la citada ley, no implica suspender el procedimiento en el incidente de suspensión.
"Se expone tal aserto, en primer lugar, porque en el artículo 101 se prevé que tal medida procederá en los términos del artículo 53, es decir, en las condiciones de dicho numeral, siendo que en éste expresamente se prevé que la suspensión del procedimiento no es aplicable al incidente de suspensión del juicio de garantías, además de que esta conclusión resulta lógica y congruente, dado que el juicio de amparo y el cuaderno de suspensión respectivo se tramitan y se llevan por cuerda separada, implicando con ello, entre otros aspectos jurídicos y adjetivos, que lo actuado en un expediente no influye en el otro, por la independencia y separación que existe entre ellos.
"Y en segundo lugar, porque las condicionantes consistentes en que la resolución que llegara a dictarse en la queja deba influir en la sentencia o que cuando de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos del recurrente que pudiera haber hecho valer en la audiencia en caso de que obtuviera resolución favorable en el recurso de queja, no pueden darse en el incidente de suspensión, dada la referida interdependencia de lo actuado en el principal y en el incidente de suspensión.
"Empero, tal remisión de un artículo a otro, no es para que la suspensión paralice todo el procedimiento en el juicio de amparo en forma similar a cuando se presenta una cuestión de competencia.
"En efecto, el citado artículo 53 de la Ley de Amparo, al que remite el diverso 101 de la misma ley, establece dos supuestos: el primero, que luego que se suscite una cuestión de competencia, las autoridades contendientes suspenderán todo procedimiento, es decir, determina los alcances de la suspensión en tratándose de un conflicto competencial; el segundo, que no procede la suspensión del procedimiento en el incidente de suspensión, esto es, establece lo que debe ser materia de la suspensión, tratándose del recurso de queja o de una cuestión competencial.
"Sobre tales bases, el disponer el artículo 101 de la Ley de Amparo, que la suspensión del juicio de garantías procederá en los términos del artículo 53 de la misma ley, sólo significa que el juzgador de amparo debe actuar de modo similar a los casos en que se suscite una cuestión de competencia, es decir, que una vez que el Tribunal Colegiado admita el recurso se decidirá sobre la procedencia de la suspensión y los términos en que ésta procederá, excluyendo sólo lo relativo al incidente de suspensión del acto reclamado.
"Lo que de ninguna manera significa que la suspensión derivada de la interposición del recurso de queja, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, deba implicar la paralización de todo el procedimiento de amparo, como ocurre en el caso en que se suscitan cuestiones de competencia.
"Se asevera lo anterior, en primer lugar, porque en el citado artículo 101 se establecen claramente los casos en que ha de suspenderse el procedimiento, es decir, cuando la resolución que se dicte en la queja deba influir en la sentencia o en los casos en que de resolverse el juicio en lo principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia constitucional, si obtuviere resolución favorable en la queja; lo que equivale a que no deba darse a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Amparo un sentido totalitario a la suspensión en el caso de que se trata, pues el precepto 101 que prevé la medida acota la procedencia de ésta.
"En segundo lugar, toda vez que las finalidades perseguidas con la suspensión en materia competencial y la suspensión tratándose del recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, son distintas y, por ende, producen efectos disímbolos.
"Así es, la suspensión en el juicio de garantías por virtud de una cuestión de competencia, es concordante con los principios de legalidad y seguridad jurídica, en base a los cuales la competencia de los órganos jurisdiccionales es de orden público y examen prioritario, lo que significa que la finalidad de la suspensión en materia de competencia es impedir que se realicen actuaciones por Jueces que carecen de competencia y que deberán ser declaradas inválidas, pues la competencia forma parte de los presupuestos cuya presencia o ausencia resulta necesaria para la integración y desarrollo de una relación procesal.
"En cambio, la suspensión en el juicio de garantías motivada por la interposición del recurso previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, tiene el propósito de que las resoluciones dictadas en el juicio de amparo por los Jueces de Distrito o auxiliares de éstos, en términos del artículo 37 de la misma ley, que por su naturaleza trascendental y grave puedan ocasionar daño o perjuicio irreparable a las partes, o las dictadas una vez emitida la sentencia de primera instancia que no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley, no se ejecuten lesionando derechos de los recurrentes, es decir, la finalidad es evitar la materialización objetiva de aquellos daños o perjuicios, no la de suspender todo el procedimiento, puesto que considerar esto, además de dar a la suspensión efectos similares en dos supuestos completamente distintos, no sería congruente con la aludida intención del legislador de garantizar la expeditez del juicio de amparo al condicionar la procedencia del recurso de queja de que se trata a la causación de un daño o perjuicio relevante, no reparable en la sentencia definitiva.
"De manera que, mientras la figura procesal de que se trata en materia competencial tiende a impedir que se realicen actuaciones por un Juez que carece de competencia, en lo relativo al recurso de queja en la hipótesis que se analiza, sólo pretende evitar que quede sin materia la violación adjetiva cometida en el procedimiento del juicio de amparo o perjuicios irreparables a los recurrentes.
"Luego, los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo no indican, por sí mismos, cuál es el alcance de la suspensión del procedimiento decretada con motivo de la interposición de un recurso de queja, conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 95 del mismo ordenamiento, pues a pesar de que la expresión ‘todo’ pareciera indicar la paralización total, como dicha suspensión es una medida cautelar, por ende, para inquirir lo que debe ser materia de suspensión, debe atenderse a los atributos de las providencias de tal naturaleza y a la finalidad de la medida.
"En esa línea de pensamiento, cabe destacar que las medidas cautelares o precautorias son los instrumentos que el juzgador puede decretar, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave irreparable a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso (Enciclopedia Jurídica Mexicana, editada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México).
"El lapso prolongado que el procedimiento tarda hasta la resolución definitiva de la controversia hace indispensable la utilización de medidas precautorias, para evitar que la sentencia de fondo sea inútil o ilusoria y, por el contrario, tal decisión tenga eficacia práctica. Medidas que pueden adoptarse antes o durante la tramitación del proceso hasta en tanto se dicte sentencia firme que le ponga fin, o bien, cuando termine definitivamente el juicio por diversa causa.
"Ahora bien, sobre el propósito de las medidas cautelares, es relevante reproducir el texto del artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, del tenor siguiente:
"‘Artículo 384. Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable.’
"Entonces, la redacción del precepto transcrito conduce a confirmar que las medidas cautelares o precautorias tienden a preservar la materia de la litis y a evitar la causación de daños y perjuicios irreparables a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso.
"De lo que se sigue que la suspensión prevista en el artículo 101 de la Ley de Amparo, tratándose del recurso de queja establecido en la fracción VI del artículo 95 de la misma legislación, en cuanto medida cautelar, sólo tiene el propósito de preservar la materia de la litis constitucional, así como el evitar la causación de daños y perjuicios irreparables al recurrente; finalidad que se logra cuando la violación relativa es meramente procesal y se encuentra vinculada con la litis del juicio de amparo, impidiendo únicamente que se dicte la sentencia, lo cual ocurre, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 de la misma ley, en la audiencia constitucional, ya que dictada la sentencia desaparece la materia del recurso; cuando la violación procesal afecta un derecho sustantivo y se relaciona con el fondo, obstaculizando sólo su ejecución material y el dictado del fallo; mientras que cuando la infracción guarda independencia del fondo del asunto, únicamente impidiendo su materialización objetiva, esto es, ni siquiera la celebración de la audiencia constitucional y el consecuente dictado de la sentencia, pues tales actos pueden coexistir de manera autónoma.
"Ante tal situación, en la hipótesis de procedencia del recurso de queja de que se trata, la suspensión decretada no puede tener el efecto de paralizar todo el procedimiento del juicio de garantías, sino, se reitera, sólo el de evitar la celebración de la audiencia constitucional o la ejecución de la providencia recurrida, debido a que una suspensión totalizadora sería contraria a la naturaleza sumaria del juicio de garantías, reconocida reiteradamente por este Alto Tribunal.
"En esa tesitura, debe señalarse, la tramitación del recurso de queja contra violaciones cometidas en el juicio de amparo a través de resoluciones que implican, por ejemplo, el desechamiento de una prueba y la imposición de una medida de apremio a una de las partes o a un tercero, no debe considerarse, a propósito de la medida suspensional prevista en el artículo 101 de la Ley de Amparo, un obstáculo para la continuación normal del proceso, es decir, para la realización de todos los actos encaminados a lograr la celebración de la audiencia constitucional y el dictado de la sentencia de amparo, tales como el emplazamiento al tercero perjudicado, la rendición de informes justificados, pedimentos del Ministerio Público, ofrecimiento de pruebas, sino únicamente lo estrictamente indispensable para que no quede sin materia la violación procesal y no se causen perjuicios irreparables al recurrente, lo que se logra, en el primer caso, impidiendo la celebración de la audiencia constitucional mientras se resuelve el recurso atinente a una violación adjetiva vinculada con el fondo del asunto y, en el segundo caso, obstaculizando la materialización objetiva de la providencia recurrida que incide en un derecho sustantivo o se encuentra desvinculada del fondo del asunto, que puede causar un daño o perjuicio irreparable, por ejemplo, impidiendo la ejecución de una medida de apremio, la preparación y desahogo de pruebas posiblemente atentatorias de derechos sustantivos como la privacidad personal o el secreto profesional, no así la realización de otros actos procesales.
"La interpretación anterior privilegia la celeridad y expeditez del juicio de amparo, e impide que se paralice el procedimiento socapa de la tramitación de un recurso de queja. Es así, pues si en su oportunidad se declara infundada la queja hecha valer contra una determinación vinculada con el fondo del asunto, no se habría paralizado dicho procedimiento más que el dictado de la sentencia o la ejecución de la providencia recurrida, habiéndose permitido llevar a cabo otras actuaciones trascendentes para el procedimiento, mientras que si se estima fundada la violación, bien podría subsanarse la violación adjetiva relacionada con la litis constitucional, celebrar la audiencia constitucional y dictar la sentencia correspondiente, aprovechando las actuaciones llevadas a cabo durante el trámite de la queja.
"No considerarlo de esa manera implicaría desconocer lo establecido en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, en el sentido de que la administración debe ser expedita, lo que implica que, por regla general, el proceso no debe suspenderse. También se desconocería lo establecido en los artículos 101, 113 y 117 de la Ley de Amparo, en acatamiento a la disposición constitucional anterior, tocante a que la administración de justicia debe ser expedita y que los Jueces de Distrito deben cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, proveyendo lo que corresponda hasta dictar sentencia, salvo en los casos en que esa ley disponga lo contrario, es decir, no deben retrasar el dictado de la sentencia final fincados en el examen de cuestiones procedimentales previas, y que no podrán archivar ningún juicio sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o apareciere que ya no hay materia para la ejecución.
"Corrobora lo anterior, la transcripción de los referidos numerales constitucional y legales: ...
"Además, con la interpretación anterior, inspirada en el principio de celeridad procesal que campea en el juicio de amparo, se evita la utilización excesiva del recurso de queja con la única finalidad de retrasar innecesariamente el desarrollo de dicho juicio, a través de la suspensión.
"Sobre tales bases, como la suspensión derivada de la interposición del recurso de queja previsto en la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, no implica la paralización total del juicio de garantías, la interposición de un recurso de esa índole no interrumpe el plazo previsto en dicho precepto legal para interponer una diversa queja con fundamento en el propio artículo."
II. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar la contradicción de tesis 7/2001-PL, en lo que aquí interesa, adujo lo siguiente:
"En principio, cabe mencionar que el estudio de que se trata se concreta al supuesto analizado por los Tribunales Colegiados contendientes, y que se refiere a la impugnación en queja de un auto dictado por un Juez de Distrito durante la tramitación de un juicio de amparo, antes de la audiencia constitucional, mediante el cual se desechan las pruebas ofrecidas por las partes.
"Asimismo, para exponer el problema planteado es conveniente transcribir el contenido de los artículos 83, 91, 95 y 101 de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: ...
"Ahora bien, del análisis de los preceptos legales transcritos es posible considerar como elementos comunes a los recursos de revisión a que se refiere la fracción IV del artículo 83, y queja, a que alude la fracción VI del numeral 95, ambos de la Ley de Amparo, y cuando este último es interpuesto en contra de un auto dictado por un Juez de Distrito durante la tramitación de un juicio de amparo antes de la audiencia constitucional, mediante el cual desecha las pruebas ofrecidas por las partes, los siguientes:
"I. Su naturaleza, toda vez que se trata de medios jurídicos de impugnación otorgados a las partes en el juicio de amparo.
"II. Su objeto, ya que en ambos casos será un órgano jurisdiccional superior el que reexamine o vuelva a analizar la actuación impugnada desde el punto de vista de su legalidad o ilegalidad, a través de la sustitución en el conocimiento del punto debatido por parte del órgano revisor, atendiendo a los agravios expresados, o supliendo la queja deficiente si se está en alguno de los casos a que se refiere el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.
"En cambio, los medios de impugnación de que se trata varían en cuanto su finalidad y efectos.
"Así es, en cuanto a su finalidad, tratándose de la queja a que se refiere la fracción VI del artículo 95 de la ley en cita, concretamente la interpuesta en contra de un auto dictado por un Juez de Distrito durante el trámite de un juicio de amparo, antes de la audiencia constitucional, mediante el cual desecha las pruebas ofrecidas por las partes, la resolución que se dicte habrá de decidir si es o no ajust
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23918-41475d74/queja-prevista-en-la-fraccion-vi-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE NIEGA LA DIGITALIZAC (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. EN EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS PARA SU INTERPOSICIÓN, DEB (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS DENTRO DE UN INCIDENTE INNOMINADO TRAMITADO EN LA ETAPA DE E (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CON MOTIVO DE SU INTERPOSICIÓN NO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE SI UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES QUEDÓ SUPERADO POR JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE CIRCUITO QUE CONOCE DE LA MISMA (APLICACIÓN ANALÓGICA DE L (PC.III.A. 2 K (10a.))
- RECLAMACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE UN ACUERDO QUE EMITA EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, QUE DESECHE UNA DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE TESIS. (1a. XI/99 )
- CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. EN SU TRÁMITE ES IMPROCEDENTE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN FAVOR DEL DENUNCIANTE, REGULADA EN LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO QUINTO, (PR.P.CN.4 K (11a.))
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS OPUESTOS EMITIDOS POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN PROVENIR NO SÓLO DE LOS JUICIOS DE AMPARO EN REVISIÓN, SIN (P. LXXXVI/2000)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis