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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CON MOTIVO DE SU INTERPOSICIÓN NO INTERRUMPE EL TÉRMINO CON QUE CUENTA EL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 452/2013. · Registro digital (IUS): 25509
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Pág. 1315.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 452/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ANA CAROLINA CIENFUEGOS POSADA.

II. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN

7. Competencia. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis I/2012 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).",(1) y 226, fracción II, de la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diverso circuito, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala.

8. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues en el caso, fue realizada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

9. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones.

10. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Dicho tribunal, al resolver la queja *********, el nueve de octubre de dos mil trece, sostuvo el siguiente criterio:

"De acuerdo con lo que se dijo al inicio de este considerando, son sustancialmente fundados los agravios sintetizados con antelación. Para corroborar lo anterior, conviene tener presente que la ampliación de la demanda de amparo implica la adicción o modificación, por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original de demanda para que forme parte de la controversia que deberá resolver el juzgador Federal, la cual si bien no está prevista expresamente en la ley de la materia, también lo es que se estima indispensable para dar una solución adecuada al conflicto planteado por el quejoso, con fundamento en el artículo 17 constitucional, para lograr una justicia completa, pronta e imparcial. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia P./J. 12/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo XVIII, julio de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación. y su Gaceta, de título y texto siguientes: ‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO.’ (se transcribe). La Ley de Amparo no prevé expresamente la figura de la ampliación de la demanda, en tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido en diversos criterios que sí procede en determinados casos y ha precisado algunas reglas concernientes con el momento procesal en que puede ejercerse, a saber: 1. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no se hayan rendido los informes justificados. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda. 2. Después de rendidos los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de los informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que hace a los conceptos de violación. La ampliación, en este caso, debe hacerse atendiendo el plazo previsto en la Ley de Amparo para la demanda principal. Cabe señalar que es requisito que en ninguno de los supuestos señalados se haya celebrado la audiencia constitucional. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la P./J. 15/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativa a julio de 2003, Tomo XVIII, página 12, del Pleno del Alto Tribunal del País, que refiere: ‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.’ (se transcribe). Así, la ampliación de la demanda es una figura que confiere al peticionario de garantías el derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados y requiere que se cumpla con determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, debiendo existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio al quejoso podrán tener remedio. Una vez explicado lo anterior y en observancia a lo que implica el principio pro personae, que obliga a las autoridades jurisdiccionales a realizar la interpretación más favorable al gobernado, o bien, menos restrictiva de sus derechos humanos, este tribunal considera procedente señalar que asiste razón al promovente cuando manifiesta que los términos con que cuentan las partes para el ejercicio de un derecho dentro del procedimiento del juicio de amparo, forman parte del mismo, pues, por regla general, no sería factible pensar que se dé continuación a cada una de las etapas respectivas, sin que sean respetados tales plazos en donde aquéllas que intervienen. Bajo ese tenor, es claro que el plazo que un quejoso tiene para formular una ampliación de demanda, luego de conocer nuevos hechos de las pruebas que aporten las partes durante el trámite de la instancia constitucional, constituye un término que forma parte del procedimiento y que, por regla general, debe respetarse. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de ese Alto Tribunal, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2012, consultable en la página 6 del Libro IX, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, correspondiente al mes de junio de dos mil doce, que dice: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Del criterio judicial transcrito se desprende, en lo que al caso interesa, que el procedimiento del juicio de garantías se ve paralizado en su totalidad, cuando se decreta la suspensión en los términos que señalan los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, pues esa medida tiene como finalidad conservar la litis constitucional, desde la interposición del referido medio de defensa y hasta su resolución, para que así se detenga el trámite del asunto con el objeto de que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo. En las relatadas condiciones, si el plazo con que cuenta la parte quejosa para promover una ampliación de demanda, cuando se ubica en el supuesto antes señalado, forma parte del procedimiento del juicio de garantías; entonces, atendiendo al referido principio pro personae, es claro que también debe considerarse afectado cuando se decreta la suspensión del mismo, conforme a los numerales 53 y 101 de la ley de la materia, pues no existe razón objetiva para considerar suspendidos sólo algunos aspectos y otros no, sobre todo al no existir distinción en ese sentido dentro de la norma aplicable, ya que el único caso que en ésta se contempla, según el primero de los ordinales en cita, es en lo relativo al incidente de suspensión, que en amparo indirecto se tramita por cuerda separada. En este caso en específico, la suspensión del procedimiento del amparo indirecto se decretó con fundamento en lo que ordena el artículo 101 de la Ley de Amparo, a través del proveído de dos de abril de dos mil trece, en virtud de la interposición del recurso de queja identificado con el número **********, perteneciente a este órgano jurisdiccional. Por ende, si el procedimiento y todo lo inherente a éste se encontraba paralizado, resulta obvio que esa situación también afectaba al término con que la parte quejosa contaba para promover una ampliación de demanda, pues dicho plazo forma parte de tal procedimiento que, como se vio, ya se había paralizado. Así, es claro que el peticionario de garantías conoció los nuevos datos que motivaron la segunda ampliación de demanda, cuando se le notificó el auto de veintidós de marzo de dos mil trece, lo que ocurrió el lunes veinticinco de marzo siguiente; por ende, el término para formular tal ampliación iniciaba el lunes uno de abril en cita, ya que dicha notificación surtió efectos el martes veintiséis de marzo anterior. Bajo ese contexto, a la fecha en que presentó el libelo que contiene la aludida segunda ampliación (viernes diecisiete de mayo de la referida anualidad), sólo había transcurrido un día, porque fueron inhábiles del miércoles veintisiete al domingo treinta y uno de marzo, y también a partir del martes dos de abril, todos del mismo año; el primer periodo, por corresponder a la semana santa, a un sábado y a un domingo; y, de la última fecha señalada hasta la emisión del auto recurrido (diecisiete de junio de dos mil trece), por encontrarse suspendido el procedimiento, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo; de ahí que sea incorrecto el acuerdo en la parte impugnada, al no ser extemporánea la promoción de la referida segunda ampliación de demanda. En este punto, es preciso señalar la jurisprudencia P./J. 15/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********, entre las sustentadas por las Salas Primera, Segunda y Auxiliar, por una parte, y por la otra, la Cuarta Sala, todas de la anterior integración de ese Alto Tribunal, la cual puede leerse a fojas 12 del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de julio de dos mil tres, indica: ‘AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.’ (se transcribe). El criterio judicial transcrito revela que la ampliación de demanda no es oportuna cuando el escrito correspondiente, no se presenta dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de los nuevos datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. En el caso sujeto a estudio, no se actualiza esa hipótesis, porque como quedó establecido con antelación, el plazo contemplado en los numerales 21, 22 y 218 de la ley de la materia, en el caso de la ampliación de demanda que tiene derecho a formular un quejoso luego de enterarse de nuevos datos con motivo de las pruebas que alleguen las partes, sí se ve afectado por la suspensión del procedimiento, al formar parte de éste y no ubicarse en el caso de excepción a que se refiere el arábigo 53 de la legislación en cita. También, cabe aclarar que no constituye obstáculo para lo hasta aquí resuelto, el que, por mayoría de votos, se hubiese emitido la tesis aislada IV.2o.C.58 K, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1937 del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, que señala: ‘DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU AMPLIACIÓN ANTE EL JUEZ DE DISTRITO NO SE INTERRUMPE POR LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA CON MOTIVO DE LA PROMOCIÓN DEL RECURSO DE QUEJA A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (se transcribe). Lo anterior se debe a que este órgano jurisdiccional no comparte el criterio mayoritario ahí sostenido, en virtud de que se estima que, si bien, el término para la interposición de la demanda de garantías es fatal; sin embargo, no opera de la misma manera cuando se está en el caso de la ampliación de demanda que se basa en datos obtenidos de las pruebas ofrecidas durante el trámite del asunto, por ser precisamente dentro de éste en el que se constituyó el derecho para formular la referida ampliación; además, al formar dicho plazo parte del procedimiento, necesariamente se ve afectado cuando este último se paraliza conforme a los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo por tanto, con apoyo en el numeral 192 de la ley de la materia, deberá denunciarse la contradicción de tesis ante el Máximo Tribunal del País. Consecuentemente, al resultar fundados los agravios que fueron examinados, lo que procede es declarar fundado el recurso de queja y revocar el auto recurrido, en la parte en que fue impugnado a través de este medio de defensa, ordenándose a la juzgadora Federal que vuelva a pronunciarse sobre la admisión o rechazo de la segunda ampliación de demanda, pero tomando en cuenta lo que se dijo en esta ejecutoria y omitiendo las consideraciones que se estimaron inexactas."

11. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Con fecha diecisiete de diciembre de dos mil nueve, el mencionado órgano colegiado, al resolver el recurso de queja **********, consideró lo siguiente:

"CUARTO. Los citados agravios son infundados. El recurrente sustancialmente aduce que el Juez de Distrito debió concluir que el plazo para la presentación de la ampliación a la demanda, se interrumpió al suspenderse el procedimiento en el juicio constitucional en que ésta se presentó, esto es, que al hacer el cómputo relativo a la oportunidad de aquella, dicho juzgador no debió tomar como hábiles para la presentación del escrito de ampliación de que se trata. Conviene tener presente el contenido del artículo 21 de la Ley de Amparo, el cual dispone: ‘Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.’. Conforme al numeral en cita, los tres supuestos que pueden actualizarse para que inicie el cómputo del término de quince días para la presentación oportuna de la demanda de garantías que son, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y, c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De la lectura al auto materia del recurso, se advierte que el supuesto a que se atendió en la especie, para estimar extemporánea la presentación de la ampliación de la demanda de amparo, es el que se refiere a que el cómputo del término respectivo debe iniciar a partir del día siguiente de aquel en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, en relación con los días hábiles para la promoción del juicio de garantías, los diversos numerales 23, 24 y 26 de la Ley de la materia, disponen en lo que interesa: ‘Artículo 23. Son hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 1o. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre. ....’. ‘Artículo 24. El cómputo de los términos en el juicio de amparo se sujetará a las reglas siguientes: I. Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, y se incluirá en ellos el día del vencimiento; II. Los términos se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles; excepción hecha de los términos en el incidente de suspensión, los que se contarán de momento a momento; III. Para la interposición de los recursos, los términos correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella haya surtido sus efectos la notificación respectiva; IV. Los términos deben entenderse sin perjuicio de ampliarse por razón de la distancia, teniéndose en cuenta la facilidad o dificultad de las comunicaciones; sin que, en ningún caso, la ampliación pueda exceder de un día por cada cuarenta kilómetros.’. ‘Artículo 26. No se computarán dentro de los términos a que se refiere el artículo 24 de esta ley, los días inhábiles en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que deban hacerse las promociones. Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior, los términos relativos al incidente de suspensión.’. De los preceptos transcritos, se obtiene que los únicos días excluidos para el cómputo relativo a la presentación de la demanda de garantías o su ampliación, por ser a ésta aplicables las mismas disposiciones, son los sábados y domingos, los inhábiles conforme a la propia ley de la materia, así como aquellos en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que deba presentarse, esto último, porque genera la imposibilidad de hacerlo por causas ajenas al quejoso. Consecuentemente, debe ponderarse que si la ampliación de la demanda se presenta ante el Juez de Distrito y lo invocado por la parte inconforme no es la suspensión de labores de dicho órgano jurisdiccional que interrumpe el plazo para presentar el ocurso en cuestión, sino la suspensión del procedimiento en el juicio de amparo, el quejoso no se vio imposibilitado para presentar su escrito de ampliación de demanda, con independencia de que, una vez recibido por el Juez de Distrito, éste reservara el proveído correspondiente hasta la reanudación del procedimiento. Resulta aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 18/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, que textualmente dice: ‘DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO.’ (se transcribe). Así las cosas, si hecho el cómputo respectivo sin excluir aquellos días en que se suspendió el procedimiento en el juicio de amparo de mérito, fue que el Juez de Distrito concluyó la extemporaneidad de la ampliación de demanda de que se habla, debe declararse infundado el presente recurso de queja, en atención a que de presentarse aquélla, la suspensión del procedimiento sólo implicaría que se suspendiera el proveído correspondiente a su admisión o desechamiento, no así el término previsto para su interposición, ya que éste es de carácter fatal de conformidad con los preceptos transcritos en el párrafo anterior. Al respecto, se comparte en lo conducente, el criterio que orienta la tesis que emitió el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 1048, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII,3o.2 K, correspondiente al mes de febrero de dos mil, que textualmente dice: ‘DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA SU AMPLIACIÓN. NO SE SUSPENDE AL SUSCITARSE UNA CUESTIÓN DE COMPETENCIA.’ (se transcribe)."

12. De los anteriores argumentos, derivó la siguiente tesis:

"DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU AMPLIACIÓN ANTE EL JUEZ DE DISTRITO NO SE INTERRUMPE POR LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DECRETADA CON MOTIVO DE LA PROMOCIÓN DEL RECURSO DE QUEJA A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE LA MATERIA. La circunstancia de que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Amparo, al interponerse el recurso de queja a que se refiere la fracción VI del artículo 95 del mismo ordenamiento, se suspenda el procedimiento de garantías, no implica que también se suspenda el término para promover la ampliación de la demanda establecido por el artículo 21 de la ley de la materia; ya que de conformidad con los artículos 23, 24 y 26 de ésta, el término previsto para su presentación es de carácter fatal, ya que previenen como únicos días excluidos para el cómputo relativo los sábados y domingos, los inhábiles conforme a la citada ley, y aquellos en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que deba presentarse; circunstancias que generan la imposibilidad de promoverla y que no se actualizan ante la suspensión del procedimiento en el juicio de garantías, pues en caso de presentarse, sólo implicaría que se suspendiera el proveído correspondiente a su admisión o desechamiento."(2)

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

13. Como cuestión previa a cualquier otra, debe establecerse si en el caso, existe la contradicción de tesis denunciada.

14. El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que una contradicción de tesis se actualiza, cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

15. Lo anterior quedó plasmado en la tesis:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(3)

16. Al respecto, esta Primera Sala ha sustentado que, tomando en cuenta que la finalidad de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre los Tribunales Colegiados de Circuito, a fin de generar seguridad jurídica, para que una contradicción de tesis exista, debe verificarse lo siguiente:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.(4)

17. Lo anterior resulta complementario del criterio jurisprudencial del Tribunal Pleno, referido al inicio de este apartado, por lo que considerando ambos, se procede a establecer si en el caso existe oposición entre los criterios denunciados.

18. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al conocer de la queja **********, consideró que atendiendo al principio pro personae, los términos con que cuentan las partes para el ejercicio de un derecho dentro del procedimiento del juicio de amparo, forman parte del mismo; de ahí que el plazo que un quejoso tiene para formular la ampliación de la demanda, luego de conocer nuevos hechos de las pruebas que aporten las partes durante el trámite de la instancia constitucional, constituye un término que forma parte del procedimiento y que, por regla general, debe respetarse.

19. Que del criterio jurisprudencial P./J. 4/2012, de rubro: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. LA SUSPENSIÓN DERIVADA DE SU ADMISIÓN IMPLICA LA PARALIZACIÓN TOTAL DEL JUICIO DE AMPARO.", se desprende que el procedimiento del juicio de garantías se ve paralizado en su totalidad, cuando se decreta la suspensión en los términos que señalan los artículos 53 y 101 de la Ley de Amparo, pues esa medida tiene como finalidad conservar la litis constitucional, desde la interposición del referido medio de defensa y hasta su resolución, para que así se detenga el trámite del asunto con el objeto de que no se afecten los derechos del promovente y subsista la materia del reclamo.

20. Que en esos términos, si el plazo con que cuenta el quejoso para promover una ampliación de demanda, cuando se ubica en el supuesto señalado, forma parte del procedimiento del juicio de garantías; entonces, atendiendo al principio pro personae, es claro que también debe considerarse afectado cuando se decreta la suspensión del mismo, conforme a los numerales 53 y 101 de la Ley de Amparo, pues

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25509-4c2e0688/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-95 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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