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Modo: Corpus Pro

INFORME JUSTIFICADO. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE SU CONTENIDO AL QUEJOSO, CUANDO EN ÉL SE DÉ NOTICIA DE ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA INICIAL, PERO VINCULADOS CON ÉSTOS, AUN TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 240/2015. · Registro digital (IUS): 26214
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-03-18
Promovente: CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y OTRAS.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Pág. 1717.

AMPARO EN REVISIÓN 240/2015. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y OTRAS. 12 DE ENERO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: ROGELIO CAMARENA CORTÉS. SECRETARIO: BERNARDO OLMOS AVILÉS.

CONSIDERANDO:

VII.-Por ser de orden público y preferente, se analizarán en primer término las cuestiones relativas a la procedencia del juicio.

Pues bien, no se surte en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con la cual se dio vista en auto de cinco de noviembre de dos mil quince, pues como lo alega la parte quejosa al desahogar dicha vista, con el recibo oficial de pago de derechos que exhibió, relativo a la expedición del dictamen de factibilidad para el otorgamiento del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado (foja 61 del expediente de amparo), debe estimarse demostrada la aplicación del reclamado artículo 47, subsecciones décima segunda y décima quinta, de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, en tanto que en ese precepto legal se prevén los derechos que cubrió la agraviada, como son, por concepto de los dictámenes de factibilidad de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, por supervisión, entronques de red y excedencias. Además, en el caso, según lo resuelto en el fallo recurrido y que no aparece refutado, se trató de un acto de autoaplicación de dicha ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número P./J. 30/96, en la página 58 del Tomo III, junio de 1996, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS.-Constituye acto de aplicación de un precepto legal la resolución que de manera indudable se funda en él, por darse con exactitud sus supuestos normativos, aunque el mismo no se invoque expresamente, debiendo concluirse que el quejoso tiene interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada."

Tampoco se actualiza el motivo de improcedencia que se alega en el recurso del Congreso del Estado, pues es de estimarse que la norma reclamada sí causa agravio a la parte quejosa, desde el momento en que ésta pagó los derechos previstos en ese ordenamiento legal, afectándose con ello su esfera jurídica, en cuanto a su patrimonio, lo que le da legitimación para promover el juicio de amparo en contra de tal ley.

Lo relativo a si son o no excesivos los derechos previstos en la disposición reclamada constituye, en su caso, materia del fondo a dilucidar, para determinar sobre la constitucionalidad de lo reclamado. Por tanto, no cabe estudio al respecto, al verificar la procedencia del juicio de garantías. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.-Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, enero de 2002, tesis P./J. 135/2001, página 5).

VIII.-Resulta innecesario analizar a fondo las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida y el resto de los agravios que se formularon en su contra (se transcribieron por la información que ministran), toda vez que este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que en el caso se violaron las reglas fundamentales que rigen el proceso en la instancia constitucional, lo que conduce a revocar la resolución recurrida y a ordenar la reposición del procedimiento, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, que dice:

"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

"...

"IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento."

Pues bien, los artículos 111, 117 y 124 de la invocada Ley de Amparo, disponen:

"Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:

"I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;

"II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley.

"En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda."

"Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.

"Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado.

"Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o. de esta ley.

"En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.

"En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes.

"No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso.

"Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional."

"Artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias y pruebas desahogadas, y se recibirán, por su orden, las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.

"El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, asentándose en autos extracto de sus alegaciones, si lo solicitare.

"En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración."

De las disposiciones transcritas se advierte que en los amparos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado, considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en su informe justificado y que, hasta antes de que se haya celebrado la audiencia constitucional, la quejosa tiene derecho de ampliar su demanda, respecto de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en el escrito inicial, y haya conocido durante el juicio (cuya finalidad es que, por economía procesal, se tramite como ampliación lo que está íntimamente vinculado con el primer acto impugnado y, en un solo juicio, se resuelva el conflicto planteado); de lo anterior deriva para el Juez de Distrito la obligación de dar a conocer en forma personal el contenido del informe justificado al promovente de garantías, cuando en dicho informe se dé noticia de actos que no aparecen combatidos en la demanda inicial, o en el amparo administrativo se dan a conocer los fundamentos en que se puede sustentar el acto reclamado. Esta obligación del Juez de Distrito constituye un derecho para el quejoso, a fin de no dejarlo en estado de indefensión y que pueda, desde luego, desplegar eficazmente su pretensión.

En la especie, de la demanda de amparo se advierte, en lo que aquí interesa, que la parte quejosa reclamó de inconstitucional "...la aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, publicada con fecha 10 de diciembre de 2013, en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’; concretamente por lo que ve a su artículo 47, subsecciones décima segunda y décima quinta..."; esto, con motivo del pago de derechos que hizo, relativo a la expedición del dictamen de factibilidad para el otorgamiento de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado (foja 61 del expediente de amparo), pago donde, dijo, se aplicó el reclamado artículo.

Por su parte, en su informe justificado, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado dijo que el pago de derechos reclamados tiene sustento en los preceptos legales contemplados por el resolutivo tarifario del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, creado conforme a la subsección primera, disposiciones generales, del artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el veintiséis de diciembre de dos mil trece y, al respecto, adjuntó un memorándum donde se desglosa detalladamente cómo en concepto de la autoridad, los montos del pago realizado son acordes al mencionado resolutivo tarifario. (fojas 120 a 156 del expediente de amparo)

Luego, si en el referido informe justificado se dieron a conocer los fundamentos en que se puede sustentar el acto reclamado, debió el Juez de Distrito ordenar la notificación personal con dicho informe, para que la promovente de garantías tuviera pleno conocimiento del mismo y de sus anexos; sin embargo, por auto de veintinueve de octubre de dos mil catorce, en que se recibieron esos documentos, si bien se ordenó dar vista a las partes con los mismos (foja 159 id.), no se dispuso notificación personal, por lo que se practicó por medio de lista.

Lo anterior trasciende al estudio de fondo de la controversia, pues aun cuando en la sentencia recurrida se declaró la inconstitucionalidad, ésta se sustentó en el hecho de que el artículo 47 de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, no prevé la tasa o tarifa a aplicar para el cobro de derechos por excedencias, alcantarillado y entronques de red, ni el procedimiento para realizar ese cálculo; empero, en el referido informe justificado del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, se dan a conocer al particular los fundamentos legales para el cobro de tales derechos, concretamente, se precisa el procedimiento que el propio artículo 47 establece para el referido cobro, al permitir la elaboración del resolutivo tarifario del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce.

Por tanto, deben estimarse violadas, en el caso, las reglas fundamentales que rigen el proceso en la instancia constitucional (pues se omitió notificar personalmente a la quejosa el proveído donde se tuvo por recibido el informe justificado en mención), lo que conduce a revocar la resolución recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, en términos del artículo 93, fracción IV, «de la Ley de Amparo» a fin de que se subsane esa violación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida emitida en el juicio de amparo indirecto número 2276/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco.

SEGUNDO.-Se ordena reponer el procedimiento en el aludido juicio de garantías, en los términos indicados en la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por mayoría de votos de los Magistrados René Olvera Gamboa y Jaime C. Ramos Carreón, en contra del voto del Magistrado Rogelio Camarena Cortés, bajo la presidencia del primero de los nombrados, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26214-0c458904/informe-justificado-debe-notificarse-personalmente-su-contenido-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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