ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. ENCUADRAN EN ESE CONCEPTO LAS LIQUIDACIONES POR DERECHOS DERIVADOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 22/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR MURGUÍA MUNGUÍA, JACOB TRONCOSO ÁVILA, ROBERTO CHARCAS LEÓN, JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, OSCAR NARANJO AHUMADA Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. AUSENTE: RENÉ OLVERA GAMBOA. PONENTE: ROBERTO CHARCAS LEÓN. SECRETARIOS: MANUEL ANTONIO FIGUEROA VEGA Y CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión virtual del siete de septiembre de dos mil veinte.
VISTOS, los autos, para resolver la denuncia de contradicción de tesis número 22/2019, y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, **********, autorizado del consejo de administración del condominio denominado **********, parte quejosa, recurrente y denunciante de la posible contradicción de tesis, respecto del criterio sustentado al resolver el amparo en revisión 41/2017, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, frente al sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado de esta misma materia y Circuito, en la revisión principal 655/2017.
2. SEGUNDO.—Trámite de la contradicción de tesis. Previo requerimiento, por acuerdo de quince de julio de dos mil diecinueve,(1) el entonces presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, bajo el número de expediente 22/2019, en términos de lo previsto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; 41-Bis, Ter, fracción I y Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 47, segundo párrafo, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
3. En el citado proveído también se precisó que los criterios denunciados eran los siguientes:
"I. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 655/2017 de su índice, consideró que el crédito fiscal por adeudo del servicio de agua potable, no es un acto materialmente administrativo al que le sea aplicable la regla prevista en el último párrafo del artículo 117, en concordancia con el último párrafo del diverso 124, ambos de la Ley de Amparo... II. En cambio, ante un supuesto de naturaleza similar, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 41/2017, revocó la sentencia recurrida y ordenó la reposición del procedimiento respectivo, al considerar que el crédito fiscal por adeudo de (sic) servicio de agua potable, a través del cual se requirió a la persona moral quejosa al pago de cierta cantidad en pesos, sí constituye un acto formal y materialmente administrativo ‘... dado que fue emitido por una autoridad de esa naturaleza y no deriva de un procedimiento previo, sino que se dictó en forma unilateral.—Lo anterior además de que a dicho acto se le atribuyó una falta de fundamentación y motivación.—Sin embargo, el Juez de Distrito fue omiso en seguir el procedimiento de los citados artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo’."
4. Asimismo, en el referido auto se solicitó a los órganos contendientes remitieran copia certificada de las ejecutorias dictadas en los asuntos materia de la denuncia, e informaran si el criterio que sustentaron en las mismas se encontraba vigente, o en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados, y se ordenó girar oficio a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia o no de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.
5. En proveídos de veintidós y veintiocho de agosto y dieciséis de octubre, todos de dos mil diecinueve,(2) se tuvo a los Tribunales Colegiados Sexto y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitiendo –entre otras constancias– copia certificada de las ejecutorias que respectivamente dictaron en los amparos en revisión 41/2017(3) y 655/2017(4) y, además, informaron que el criterio sostenido en dichos asuntos, sigue vigente.
6. Por auto de presidencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve,(5) se tuvo por recibido el oficio ********** de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual informó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna denuncia de contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a tratar en este asunto.
7. Posteriormente, en proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve,(6) se turnaron los autos de la presente contradicción de tesis al Magistrado Oscar Hernández Peraza, quien devolvió los autos al Pleno en virtud de haber concluido el periodo de sesiones correspondiente al año dos mil diecinueve; por lo que una vez integrado dicho Pleno de Circuito, mediante acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veinte, el asunto fue returnado al Magistrado Marcos García José para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Finalmente, con motivo de la licencia médica otorgada en favor del Magistrado Marcos García José a partir del seis de mayo de dos mil veinte, así como la extensión de la misma otorgada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del diecinueve de agosto al dieciocho de diciembre del año en curso,(7) la Presidencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con fundamento en el artículo 40 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, designó al Magistrado Roberto Charcas León para que lo supliera en su ausencia y, luego de que se le diera vista con el proyecto de resolución correspondiente, decidió hacerlo suyo, siendo el ponente en la presente sesión ordinaria; y,
CONSIDERANDO:
8. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41-Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Número (sic) 8/2015, modificado por el diverso número 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado, este último, el quince de diciembre de dos mil quince por tratarse de una denuncia de posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del propio Circuito.
9. SEGUNDO.—Legitimación. La contradicción de tesis fue denunciada por la parte quejosa y recurrente en los recursos de revisión 41/2017 y 655/2017, del índice del Sexto y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, está legitimada para tal efecto, conforme a las reglas establecidas en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III,(8) de la Ley de Amparo.
10. TERCERO.—Consideraciones de los criterios contendientes. Con el fin de resolver lo conducente sobre el tema de esta contradicción, se hace indispensable puntualizar previamente las consideraciones que sustentaron los criterios contenidos en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
11. Primera postura: SENTENCIA DICTADA EN EL AMPARO EN REVISIÓN 655/2017, DEL ÍNDICE DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
12. Antecedentes. ********** y ********** solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la directora de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por la determinación por adeudo de agua potable y alcantarillado del crédito fiscal número ********** de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, a través del cual requiere el pago de **********.
13. La secretaria del ahora Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargada del despacho, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda, por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, la admitió a trámite y registró bajo el juicio número **********.
14. Seguida la secuencia procesal, el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, el titular del aludido Juzgado de Distrito celebró la audiencia constitucional, y el trece de junio de dos mil diecisiete, el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en auxilio del Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó en el juicio, y por otra negó el amparo solicitado.
15. Inconformes con esa decisión, los impetrantes interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 655/2017, resuelto en sesión de cinco de abril de dos mil dieciocho, en donde se decidió que en la materia de la revisión era de confirmarse la sentencia recurrida, tocante a la negativa del amparo solicitado.
16. Para arribar a esa decisión, el órgano jurisdiccional contendiente, en lo que interesa, determinó que el crédito fiscal reclamado no es un acto materialmente administrativo, apoyándose en las siguientes consideraciones:
"Lo anterior es así, pues del crédito fiscal reclamado, se advierte que la autoridad responsable emitió al contribuyente del predio con ubicación **********, con ‘Número de cuenta: **********’, esa resolución por lo siguiente: (transcribe)
"Conviene tener presente los ordinales 27, 28 y 29 de la ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, son del contenido siguiente: (transcribe)
"También es necesario tener en cuenta el contenido de los preceptos de los ordenamientos legales que a continuación se transcriben: (transcribe)
"Las disposiciones legales citadas con antelación, permiten obtener las siguientes conclusiones:
"* Los usuarios del servicio de agua potable tendrán la obligación de pagar el costo de ese servicio, así como del saneamiento, alcantarillado y puesta al pie de los domicilios de los usuarios, así como todos los servicios relacionados con el suministro del agua.
"* Las cuotas, como su actualización, recargos, gastos de cobranza y demás accesorios, así como la instalación o reinstalación de tomas domiciliarias, conexión de alcantarillado y otros ingresos relacionados con el sistema que pudieran generarse, tienen el carácter de crédito fiscal.
"* Los particulares pueden conectarse a las redes de agua potable, alcantarillado y drenaje propiedad del ‘SIAPA’; ya sea celebrando un contrato de adhesión, o bien mediante autorización por escrito de ese organismo público, debiendo en ambos casos darse de alta en el padrón de usuarios de la entidad pública.
"* Los Municipios, organismos operadores y concesionarios de los servicios tienen la obligación de permitir a los habitantes en forma permanente, regular, continua y uniforme, el acceso al agua potable para satisfacer sus necesidades vitales y sanitarias, inclusive en caso de adeudos no cubiertos por los servicios prestados.
"* Los adeudos a cargo de los usuarios y a favor de los organismos operadores, exclusivamente para efectos de cobro, tendrán solamente en el caso de no existir contratos de adhesión, el carácter de créditos fiscales, para cuya recuperación los funcionarios encargados de las haciendas municipales o los servidores públicos que determine cada Municipio y la Secretaría de Finanzas del Estado, en el caso de que los servicios sean prestados por el Estado, aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo la liquidación fiscal, cuando resulte apropiado.
"Por otra parte, los actos materialmente administrativos, son los emitidos en forma unilateral por un órgano de la Administración Pública, sin intervención de los gobernados, es decir, en ejercicio de una potestad por la que libremente la autoridad pueda actuar o no, elegir entre varias medidas posibles, susceptibles de resolver cuándo ha de proceder, o determinar el contenido de su actuación, cuyos efectos son directos e inmediatos.
"Lo anterior encuentra apoyo en las tesis y jurisprudencia (sic) 2a. CXIV/2016 «(10a.)» y 2a./J. 23/2015 «(10a.)» (números de registros digitales (sic): 2013084 y 2008753), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016 y Libro 16, Tomo II, marzo de 2015, páginas mil quinientos cincuenta y uno y mil doscientos treinta y nueve, que respectivamente dicen: (transcribe)
"En relación a los actos materialmente administrativos, el artículo 117 de la Ley de Amparo dispone: (transcribe)
"Del numeral antes transcrito se desprende que tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado, y que en esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación.
"Luego, como se evidenció, el acto reclamado en el juicio de amparo lo constituye la determinación del crédito fiscal por adeudo de agua potable y alcantarillado número **********, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por el pago de **********, porque la autoridad detectó que, como propietario o poseedor del inmueble ubicado en **********, está registrado en el padrón de usuarios por los servicios de abastecimiento de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con número de cuenta: **********, y que incumplió con el pago de los consumos y servicios recibidos en los años de dos mil catorce a dos mil dieciséis.
"Como se recordará, conforme a los artículos transcritos de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y de la Ley de Agua para el Estado de Jalisco, los particulares pueden conectarse a las redes de agua potable, alcantarillado y drenaje propiedad del mencionado organismo operador ‘SIAPA’, ya sea celebrando un contrato de adhesión, o bien mediante autorización por escrito de ese organismo público, debiendo en ambos casos darse de alta en el padrón de usuarios de la entidad pública.
"De lo que se colige que los particulares, como los quejosos, intervienen en la relación con el Municipio, en el momento que solicitan conectarse a las redes de agua potable, alcantarillado y drenaje propiedad del mencionado organismo operador ‘SIAPA’ y se dan de alta en el padrón de usuarios.
"En ese orden de ideas, contrario al dicho de los recurrentes, el crédito fiscal reclamado no es un acto materialmente administrativo, esto es, en ejercicio de la potestad discrecional de la autoridad responsable, sino que se emitió con motivo de la intervención de los quejosos, al haberse solicitado en su momento, la autorización para conectarse a las redes de agua potable, alcantarillado y drenaje propiedad del organismo operador ‘SIAPA’ y darse de alta en el padrón de usuarios; pues es correspondiente al adeudo por el servicio que los quejosos reciben por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje en general, respecto de los cuales, los peticionarios de garantías tienen la obligación de realizar el pago de los consumos y servicios recibidos, porque están dados de alta en el padrón de usuarios con el número de cuenta **********; de ahí que no se actualice la hipótesis establecida en el numeral 117 de la Ley de Amparo, para que el Juez de Distrito hubiese estado obligado a correr traslado del informe rendido por la autoridad responsable a los quejosos.
"Además, a través de dicho informe no se complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado, sino que se expusieron las razones y fundamentos sobre la constitucionalidad del crédito fiscal reclamado; de ahí que no hayan existido elementos para dar vista con los mismos a los quejosos (ahora recurrentes)."
17. Segunda postura: SENTENCIA DICTADA EN EL AMPARO EN REVISIÓN 41/2017 DEL ÍNDICE DEL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
18. Antecedentes. El Consejo de Administración del condominio denominado **********, a través del **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la directora de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por la determinación de un crédito fiscal por adeudo de agua potable y alcantarillado, con número **********, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, a través del cual se le requirió por el pago de **********.
19. El titular del ahora Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda, por acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la admitió a trámite y registró bajo el juicio número 2671/2016.
20. Seguida la secuencia procesal, el tres de enero de dos mil diecisiete, el titular del aludido Juzgado de Distrito celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia en la que por una parte sobreseyó en el juicio, y por otra negó el amparo solicitado.
21. Inconforme con esa decisión, el impetrante interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 41/2017, resuelto en sesión de treinta de marzo de dos mil diecisiete, cuya sentencia concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO.—Se revoca la sentencia pronunciada en audiencia constitucional de tres de enero de dos mil diecisiete, en los autos del juicio de amparo 2671/2016, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, promovido por el consejo de administración del condominio denominado **********, a través del **********, respectivamente.
"SEGUNDO.—Se ordena la reposición del procedimiento para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria."
22. Para arribar a esa decisión, el órgano jurisdiccional contendiente, se apoyó en las siguientes consideraciones:
23. Con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Sexto Tribunal contendiente advirtió que durante la tramitación del juicio de amparo se violaron las reglas fundamentales del procedimiento; lo anterior, porque luego de analizar los antecedentes del proceso constitucional de origen: El acto reclamado consistente en la determinación de la directora de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, consistente en un crédito fiscal por adeudo de agua, así como el procedimiento administrativo de ejecución respectivo; los conceptos de violación; y el informe justificado, concluyó que se trataba de un acto materialmente administrativo, en donde se adujo falta de fundamentación y motivación.
24. En ese contexto, con base en el análisis de los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional precisó lo siguiente:
"... de la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se colige que cuando en la demanda de amparo se reclame un acto materialmente administrativo y se le atribuya una falta o ausencia de fundamentación y motivación:
"En el informe justificado la autoridad debe complementar esos aspectos del acto reclamado.
"a) El juzgador correrá traslado de forma personal al quejoso con dicho informe, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación.
"b) Con la ampliación se dará vista a las autoridades responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen.
"c) En la sentencia el Juez analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado; y, (sic)
"d) Ante la falta o insuficiencia de esa complementación, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración."
25. Esas consideraciones tuvieron sustento en la jurisprudencia 2a./J. 23/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro (sic): "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL."(9)
26. Así, el órgano revisor concluyó:
"Ese supuesto se colma en la especie, toda vez que la determinación del crédito fiscal por adeudo de agua potable y alcantarillado, con número **********, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, a través del cual se requirió a la persona moral quejosa por el pago **********, que dicha parte impugnó, ciertamente constituye un acto formal y materialmente administrativo, dado que fue emitido por una autoridad de esa naturaleza y no deriva de un procedimiento previo, sino que se dictó en forma unilateral."
27. CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En principio, resulta oportuno puntualizar que el objetivo de la resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, atendiendo al principio de seguridad jurídica.(10)
28. Así, para determinar si en la especie existe o no la contradicción denunciada, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen–, con el propósito de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.
29. Al efecto, para la existencia de la contradicción de tesis se requiere la concurrencia de los requisitos que a continuación se precisan:
29.1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto una cuestión litigiosa ejerciendo necesariamente su arbitrio judicial a través de una labor interpretativa mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
29.2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
29.3. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
30. Sobre el tópico se atiende la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(11)
31. Este Pleno de Circuito considera que sí se materializan los requisitos indicados que justifican la existencia de la contradicción de tesis denunciada.
32. Así es, la reseña de antecedentes y consideraciones de las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, pone de manifiesto que sí se materializan los requisitos necesarios para la configuración de la contradicción de tesis.
33. En principio se debe establecer que en los juicios de amparo indirecto de origen, cuyas sentencias fueron recurridas vía revisión en que se dictaron las ejecutorias que son materia de esta contradicción, en forma similar se reclamaron sendas determinaciones de créditos fiscales por la directora de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, por concepto de adeudo de agua potable y alcantarillado, y conforme a ello se definió si encuadraban en el rubro de actos materialmente administrativos que regula el artículo 117 de la Ley de Amparo.
34. Considerando esas particularidades, la identidad del reclamo hecho en los juicios de amparo indirecto que precedieron a los recursos de revisión cuyas ejecutorias son objeto de esta contradicción, sí se actualiza el primer elemento aludido, esto es, que los órganos jurisdiccionales contendientes, en sus respectivas ejecutorias, resolvieron sobre una cuestión litigiosa idéntica y en la cual necesariamente tuvieron que ejercer una labor interpretativa (primer requisito).
35. También se actualiza el segundo requisito para la existencia de una verdadera contradicción de criterios, existe un contrapunto de criterios en el que la diferente interpretación ejercida gira en torno a un mismo tipo de problema jurídico, como a continuación se explica:
36. En efecto, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 655/2017, estableció que la determinación de crédito fiscal por la directora de Ingresos de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, por concepto de adeudo de agua potable y alcantarillado, no encuadraba en el rubro de acto materialmente administrativo que regula el artículo 117 de la Ley de Amparo; lo anterior, pues luego de analizar los artículos 27 a 29 de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo denominado Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, consideró que a diferencia de los actos materialmente administrativos, en este tipo de casos, los usuarios, como la parte quejosa en ese proceso constitucional, "intervienen en la relación con el Municipio, en el momento que solicitan conectarse a las redes de agua potable, alcantarillado y drenaje propiedad del mencionado organismo operador ‘SIAPA’ y se dan de alta en el padrón de usuarios."
37. Y así concluyó que el acto reclamado no se ubicaba dentro de los previstos en el ordinal 117 de la Ley de Amparo, porque:
"... se emitió con motivo de la intervención de los quejosos, al haberse solicitado en su momento, la autorización para conectarse a las redes de agua potable, alcantarillado y drenaje propiedad del organismo operador ‘SIAPA’ y darse de alta en el padrón de usuarios, pues es correspondiente al adeudo por el servicio que los quejosos reciben por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje en general, respecto de los cuales, los peticionarios de garantías tienen la obligación de realizar el pago de los consumos y servicios recibidos, porque están dados de alta en el padrón de usuarios con el número de cuenta **********; de ahí que no se actualice la hipótesis establecida en el numeral 117 de la Ley de Amparo, para que el Juez de Distrito hubiese estado obligado a correr traslado del informe rendido por la autoridad responsable a los quejosos."
38. Esa decisión se sustentó en la jurisprudencia 2a./J. 23/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL."(12)
39. Por su parte, sobre ese problema jurídico, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29632-9237b940/actos-materialmente-administrativos-previstos-en-el-articulo-117 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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