AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL TITULAR DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA CONFIDENCIAL SOLICITADA, CONTRA LA OMISIÓN DE LLAMARLO AL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ÉSTA. PROCEDE SI LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EN SU INFORME JUSTIFICADO INDICA QUE NO LA HA PROPORCIONADO, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DICTADA EN EL PROPIO JUICIO, PUES ESA MANIFESTACIÓN IMPLICA QUE EL ACTO RECLAMADO TIENE EL CARÁCTER DE FUTURO E INMINENTE [LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (GUADALAJARA)]. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (GUADALAJARA). LA LEY Y LOS REGLAMENTOS RELATIVOS, AL NO PERMITIR AL TITULAR DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA CONFIDENCIAL SOLICITADA INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO QUE REGULAN, VULNERAN EN SU PERJUICIO EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR EL TITULAR DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA CONFIDENCIAL SOLICITADA, CONTRA LA OMISIÓN DE LLAMARLO AL PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE ÉSTA. PROCEDE SI LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EN SU INFORME JUSTIFICADO INDICA QUE NO LA HA PROPORCIONADO, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DICTADA EN EL PROPIO JUICIO, PUES ESA MANIFESTACIÓN IMPLICA QUE EL ACTO RECLAMADO TIENE EL CARÁCTER DE FUTURO E INMINENTE [LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (GUADALAJARA)].
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (GUADALAJARA). LA LEY Y LOS REGLAMENTOS RELATIVOS, AL NO PERMITIR AL TITULAR DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA CONFIDENCIAL SOLICITADA INTERVENIR EN EL PROCEDIMIENTO QUE REGULAN, VULNERAN EN SU PERJUICIO EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
AMPARO EN REVISIÓN 78/2017. 10 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ. PONENTE: JORGE HUMBERTO BENÍTEZ PIMIENTA. SECRETARIO: ABEL ASCENCIO LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—El estudio de los agravios conduce a las consideraciones medulares siguientes:
Es menester precisar que el estudio de los conceptos de agravio en el presente asunto se realizará de acuerdo con el principio de estricto derecho, por no encontrarse en alguno de los supuestos de excepción contemplados en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
Sirve de apoyo la jurisprudencia 1440, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1619 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte-SCJN, Décima Primera Sección-Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, la cual señala:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA.—Para que proceda la suplencia de los conceptos de violación deficientes en la demanda de amparo o de los agravios en la revisión, en materias como la administrativa, en términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, se requiere que el juzgador advierta que el acto reclamado, independientemente de aquellos aspectos que se le impugnan por vicios de legalidad o de inconstitucionalidad, implique además, una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o al particular recurrente. Se entiende por ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas y que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables. No deben admitirse para que proceda esta suplencia aquellas actuaciones de las autoridades en el acto o las derivadas del mismo que requieran necesariamente de la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien, de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado."
En su escrito de agravios, la parte recurrente señala que quedó acreditado en autos, particularmente con el informe justificado que rindió el síndico del Ayuntamiento de Guadalajara (folio 161) que, efectivamente, las responsables recibieron de los terceros interesados la solicitud de información de la quejosa (avalúos, proyectos de construcción, licencias, autorizaciones, solicitudes y demás información que reviste o puede revestir el carácter de confidencial o protegida), por lo que resulta inadmisible que el Juez haya determinado que la parte quejosa no acreditó la realización de un acto de aplicación actual, que hubiese individualizado las normas tildadas de inconstitucionales.
La inconforme agrega que constituye un verdadero y actual acto de aplicación el que se iniciara un procedimiento de acceso a la información siguiendo las reglas de esos ordenamientos, por lo que en el momento en que (sic) fueron esos particulares (terceros interesados) quienes iniciaron una conducta que vincula a la quejosa con la actividad de las autoridades responsables, en tanto aquéllos pidieron información de la quejosa, que dichas autoridades tienen en su poder y que es inminente su entrega sin siquiera dar oportunidad al titular de esa información oponerse a ello.
Los anteriores agravios son fundados, toda vez que si bien del informe justificado a que se refiere la quejosa, rendido por el síndico del Ayuntamiento de Guadalajara, en representación de las autoridades del Municipio, se advierte que dicha autoridad negó la existencia del acto reclamado, de su revisión integral se advierte que enseguida realizó manifestaciones que evidencian su existencia.
A efecto de dilucidar el tema, conviene destacar que la obligación de rendir el informe justificado se contiene en el numeral 117 de la Ley de Amparo, que dispone:
"Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días.
"Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado.
"En el sistema procesal penal acusatorio, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes.
"Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o. de esta ley.
"En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo.
"En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes.
"No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso.
"Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional."
A partir del dispositivo legal invocado, la obligación en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dicho informe, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa pues, en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal.
Sobre el particular se invocan las tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVII, noviembre de 1929, páginas 582 y 1501 que, como fueron citadas, son del tenor literal siguiente:
"NEGACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.—Cuando la autoridad responsable niega la existencia del acto que se reclama y el quejoso no la prueba, falta materia para el amparo y debe sobreseerse en éste."
"ACTO RECLAMADO.—Si la autoridad responsable lo niega en su informe y el quejoso no rinde prueba alguna de su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo."
En la especie, como se recordará, los actos reclamados por la quejosa consisten en:
a) La inconstitucionalidad del título V, capítulo III, secciones primera, segunda, tercera y cuarta, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
b) La inconstitucionalidad del título IV, capítulo II, secciones primera, segunda y tercera, así como el capítulo III del Reglamento de Información Pública del Municipio de Guadalajara, Jalisco.
c) La inminente entrega de información y documentación personal y confidencial de la quejosa, en poder de las responsables, a terceros ajenos sin consentimiento de mi representada.
Luego, en el informe justificado rendido por el síndico, en representación del Municipio de Guadalajara, a que hace alusión la recurrente en sus agravios (folio 161 vuelta del expediente de amparo), se advierte que dicha autoridad, en lo conducente, manifestó:
"c) La inminente entrega de información y documentación personal y confidencial de la quejosa en poder de las responsables a terceros ajenos, sin consentimiento de mi representada.
"Se niega el acto reclamado en los términos planteados; sin embargo, es preciso señalar que únicamente se acepta que ante las dependencias de este H. Ayuntamiento se ha solicitado por terceros diversa información y documentación de los dictámenes, avalúos, solicitudes, proyectos de construcción, licencias, autorizaciones, permisos y, en general, todo el procedimiento que sirvió como sustento para la creación del decreto D 24/07/16, que aprueba la compensación, indemnización y mitigación de la acción urbanística ubicada en **********, sin que las autoridades responsables del Ayuntamiento de Guadalajara hayan emitido información alguna respecto del decreto antes señalado; lo anterior, en estricto acatamiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión tramitado con motivo del presente juicio de garantías."
Del informe justificado anterior se advierte que, respecto del acto consistente en: "c) La inminente entrega de información y documentación personal y confidencial de la quejosa en poder de las responsables a terceros ajenos, sin consentimiento de mi representada", dicha autoridad, en representación de las demás autoridades del Municipio, negó el acto reclamado.
También, dicha autoridad manifestó que aceptaba que ante las dependencias de ese Ayuntamiento se solicitó por terceros, diversa información y documentación de los dictámenes, avalúos, solicitudes, proyectos de construcción, licencias, autorizaciones, permisos y, en general, todo el procedimiento que sirvió como sustento para la creación del decreto D 24/07/16, que aprueba la compensación, indemnización y mitigación de la acción urbanística ubicada en **********, sin que las autoridades responsables del Ayuntamiento de Guadalajara hayan emitido información alguna respecto del decreto antes señalado; lo anterior, en estricto acatamiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión tramitado con motivo del presente juicio de garantías.
En ese tenor, como lo alega la parte recurrente, si bien en un principio el síndico de la autoridad responsable niega la existencia del acto reclamado, lo cierto es que enseguida realiza manifestaciones que evidencian su inminente existencia, pues la propia autoridad admite que terceros le solicitaron diversa información y documentación de los dictámenes, avalúos, solicitudes, proyectos de construcción, licencias, autorizaciones, permisos y, en general, todo el procedimiento que sirvió como sustento para la creación del decreto D 24/07/16, que aprueba la compensación, indemnización y mitigación de la acción urbanística ubicada en **********, sin que las autoridades responsables del Ayuntamiento de Guadalajara hayan emitido información alguna respecto del decreto antes señalado; lo anterior, en estricto acatamiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión tramitado con motivo del presente juicio de garantías.
Manifestación que, interpretada a contrario sensu, indica que de no existir la suspensión definitiva dictada en el juicio de amparo, entonces se actualizaría la inminente entrega de la información, pues al desaparecer la condición por la cual la propia autoridad manifiesta que no entregó la información, esto es, dicha medida cautelar, entonces desaparece el impedimento respectivo, lo que torna en inminente la entrega de información, que es precisamente el acto reclamado.
Lo anterior es así, pues en el juicio de garantías debe sobreseerse cuando las responsables, al rendir sus informes, nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa; empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, exponen en su informe razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en este caso lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y se deben tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe.
En ese sentido, se invoca la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 91-96, Tercera Parte, julio a diciembre de 1976, página 7, que indica:
"ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO.—Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomárseles en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado."
Lo anterior se corrobora porque la propia autoridad responsable, al rendir su informe justificado, manifiesta que las autoridades responsables del Ayuntamiento de Guadalajara no han emitido la información solicitada "en estricto acatamiento a la suspensión definitiva dictada en el incidente de suspensión tramitado con motivo del presente juicio de garantías", manifestación que aporta datos objetivos para llegar a la conclusión de que el acto reclamado, consistente en la entrega de información, es inminente, si se parte de la base de que la propia autoridad reconoce que el motivo por el que no se entregó la información, es por "estricto" acatamiento a la suspensión del juicio de amparo, por lo que al desaparecer ese impedimento, entonces se hará inminente la entrega de la información.
Ello es así, pues el vocablo "estricto" que utiliza la autoridad responsable en su informe justificado, se define como "estrecho, ajustado enteramente a la necesidad" (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, página 1005), de modo que si la entrega de información se negó, ajustado enteramente a la necesidad que impera en ese momento, esto es, por estricto acatamiento a la suspensión del juicio de amparo, entonces, ello evidencia de manera objetiva que una vez desaparecida esa condición, la autoridad procederá a la entrega de información, con el subsecuente perjuicio al particular, en la medida en que ello consumaría de modo irreparable la violación a la garantía de audiencia alegada.
Aunado a lo anterior, como precisa la recurrente en sus agravios, el solo hecho de que la autoridad informara que, efectivamente, ante las dependencias de ese Ayuntamiento se solicitó por terceros diversa información y documentación de los dictámenes, avalúos, solicitudes, proyectos de construcción, licencias, autorizaciones, permisos y, en general, todo el procedimiento que sirvió como sustento para la creación del decreto D 24/07/16, que aprueba la compensación, indemnización y mitigación de la acción urbanística ubicada en **********; por ese solo hecho se actualiza la procedencia del juicio de amparo, pues precisamente lo que se reclama es que la normativa impugnada no prevé el llamamiento al titular de la información confidencial, previo a que ésta sea entregada a terceros, por lo que este momento, esto es, cuando terceros solicitan la información y aún no se ha entregado, es que se puede instar la acción constitucional, pues de acuerdo con lo precisamente reclamado, una vez que sea entregada la información, quedarán consumadas las posibles violaciones alegadas.
En ese orden de ideas, al resultar éste el momento procesal en el que se puede promover el juicio de amparo, esto es, cuando existe la solicitud de información de terceros, empero, por cualquier circunstancia la misma no ha sido proporcionada, entonces debe admitirse la procedencia del juicio biinstancial, pues de otra manera se estaría violentando la petición de principio, con base en la cual, al resolver sobre la procedencia se está determinando de manera indebida el fondo, pues es claro que de aceptarse que el acto reclamado no es inminente, una vez proporcionada la información requerida, quedarán consumadas las violaciones alegadas, sin posibilidad de defensa para el particular.
Sobre el particular, se comparte la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Tomo 2, mayo de 2012, materia constitucional, página 2081, que señala:
"PETICIÓN DE PRINCIPIO. LA MOTIVACIÓN DE UN ACTO JURISDICCIONAL SUSTENTADA EN ESE ARGUMENTO FALAZ ES CONTRARIA A LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.—La motivación del acto de autoridad es un requisito constitucional que obliga a su autor a señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación, las que además de ser congruentes con la pretensión deducida, deben adecuarse a la norma aplicable; proceder que requiere del uso de la argumentación jurídica como un método en función del cual se exponen razones para demostrar que determinada decisión es coherente con el derecho, a partir de la interpretación de la norma correspondiente, los principios generales, la jurisprudencia o la doctrina. En el ámbito de la función jurisdiccional, la motivación está circundada por la libertad de apreciación y calificación de hechos y pruebas, así como por el arbitrio para elegir e interpretar la norma en la que se subsumen aquéllos; de ahí que un fallo judicial no es la conclusión necesaria de un silogismo, sino una decisión que, como tal, presupone la posibilidad de optar por una solución o elegir entre varias. Por tal motivo, si la conclusión alcanzada en una resolución judicial se construye a partir de argumentos falaces, como es la petición de principio, en virtud de la cual el operador jurisdiccional toma como principio de demostración la conclusión que se pretende probar o alguna proposición que de ella emane, es indudable que aquélla tendrá una motivación defectuosa que transgrede las exigencias que al respecto establece la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional."
Bajo ese contexto, lo procedente en el particular es desestimar la causal de improcedencia advertida por el Juez Federal y, en atención a que en materia del recurso de revisión no existe reenvío, en términos del numeral 93 de la Ley de Amparo,(4) se reasume jurisdicción para resolver el juicio de amparo, primeramente, en lo atinente a las causales de improcedencia que, dado el sentido de la sentencia recurrida, dejó de analizar el juzgador; enseguida, en caso de que sean desestimadas, se procederá al análisis de fondo de la controversia.
El director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado, alega que el juicio de amparo es improcedente conforme al artículo 61, fracción XXIII, en correlación con los numerales 77 y 78 de la Ley de Amparo y 107, fracción II, constitucional, ya que la parte quejosa reclama una omisión legislativa del ordenamiento legal impugnado pues, según su dicho, no prevé el llamamiento a los titulares de la información personal y confidencial solicitada, tampoco permite la incorporación de dichos titulares a esos procedimientos, aun ante la falta de llamamiento, coligiéndose una falta de legislación, y que la naturaleza del acto reclamado es de carácter negativo, por lo que existe imposibilidad jurídica de concretar a favor de la quejosa los efectos de la posible concesión del amparo.
Se desestima la causal de improcedencia, pues en el particular, el quejoso no reclama una omisión legislativa, sino que el procedimiento por el que se entrega la información a terceros, previsto en la normativa legal reclamada, es violatorio de su garantía de audiencia, al no prever el llamamiento al titular de la información.
A efecto de dilucidar el tema, conviene destacar que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha, cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente.
En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo; de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo; al respecto, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales.
Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis «1a. XX/2018 (10a.)», publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Tomo I, marzo de 2018, materia común, página 1100 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas», que señala lo siguiente:
"OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales."
En la especie, la quejosa reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Guadalajara; al respecto alega, medularmente, que el procedimiento para la entrega de información a terceros que se establece en dichos ordenamientos legales, no contempla el llamamiento al titular de la información de manera previa a su entrega, a fin de que pueda oponerse o realizar manifestaciones y ofrecer pruebas, en su caso; violación que se sustenta en el derecho fundamental de audiencia, previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales.
Como se puede observar, tal planteamiento de inconstitucionalidad no implica el ataque a una omisión legislativa, esto es, no se reclama que exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de las responsables de legislar en un determinado sentido, y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente, sino que el reclamo se endereza en el sentido de que el procedimiento de otorgamiento de la información a terceros ya está previsto en la ley, simplemente que el mismo es violatorio del derecho de audiencia, en la medida en que no contempla el llamamiento al titular de la información que se solicita, previo a su entrega a terceros; aspecto que se corrobora con el hecho de que, en caso de una posible concesión de la protección constitucional, sí podrían concretarse los efectos del amparo, en tanto que, en caso de considerarse fundado el punto de reclamo del quejoso, se determinaría la inconstitucionalidad de la norma que regula el procedimiento de otorgamiento de la información, a efecto de que no se aplique la misma, sin que se respete el derecho de audiencia del particular, esto es, que se le llame al procedimiento a fin de que tenga oportunidad de oponerse a la entrega de información a terceros, ofrecer pruebas y alegatos.
Por otra parte, el autorizado de los terceros interesados alega que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, en tanto que no se afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en la medida en que no existe acto de aplicación, porque no se actualiza la inminente entrega de información a los terceros.
Se desestima la causal hecha valer, para lo cual, se invocan los argumentos planteados anteriormente al estudiar los agravios hechos valer en el recurso de revisión, en cuanto a que, el solo hecho de que la autoridad responsable informara que, efectivamente, ante las dependencias de ese Ayuntamiento se solicitó por terceros diversa información y documentación de los dictámenes, avalúos, solicitudes, proyectos de construcción, licencias, autorizaciones, permisos y, en general, todo el procedimiento que sirvió como sustento para la creación del decreto D 24/07/16, que aprueba la compensación, indemnización y mitigación de la acción urbanística ubicada en **********, y que esa información se negó con motivo de la suspensión en el juicio de amparo; ello actualiza la inminencia del acto reclamado, en tanto que, al desaparecer la condición por la cual la autoridad negó la información, es indicativo de que dicha información será entregada, consumándose así el acto reclamado; máxime que, precisamente, lo que se reclama es que la normativa impugnada no prevé el llamamiento al titular de la información confidencial, previo a que ésta sea entregada a terceros, por lo que este momento, esto es, cuando terceros solicitan la información y aún no se ha entregado, es cuando se puede instar la acción constitucional, pues de acuerdo con lo precisamente reclamado, una vez que sea entregada la información, entonces quedarán consumadas las posibles violaciones alegadas.
Además, al resultar éste el momento procesal en el que se puede promover el juicio de amparo, esto es, cuando existe la solicitud de información de terceros, empero, por cualquier circunstancia la misma no ha sido proporcionada, entonces debe admitirse la procedencia del juicio biinstancial, pues de otra manera se estaría violentando la petición de principio, con base en la cual, al resolver sobre la procedencia se está determinando de manera indebida el fondo, pues es claro que de aceptarse que el acto reclamado no es inminente, una vez proporcionada la información requerida, quedarán consumadas las violaciones alegadas, sin posibilidad de defensa para el particular.
Conforme a lo expuesto, este Tribunal Colegiado desestima las causales de improcedencia hechas valer por las partes; no obstante, se advierte de manera oficiosa la existencia de una causal diversa a las aludidas, respecto de la ley tildada de in
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28223-fc2c37b8/amparo-indirecto-promovido-por-el-titular-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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