RECURSO ORDINARIO ANTE EL JUEZ DE CONTROL CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. AL SER OPTATIVO PARA LA VÍCTIMA U OFENDIDO, NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).
QUEJA 40/2017. 6 DE ABRIL DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ADALID AMBRIZ LANDA. SECRETARIO: MARGARITO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Después de efectuar un análisis al auto recurrido, este Tribunal Colegiado concluye que es fundado el medio de impugnación que se plantea, aunque para ello sea necesario suplir la queja deficiente, con fundamento en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la legislación reglamentaria, debido a que de los antecedentes narrados en la demanda y del ocurso de agravios, se advierte que el recurrente tiene el carácter de ofendido en la carpeta de investigación de la que derivan las abstenciones impugnadas en amparo indirecto.
No obstante de que en el auto recurrido el Juez de Distrito invocó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, como se vio, los argumentos que vertió para tener por actualizado dicho motivo de improcedencia y desechar la demanda -que la inconforme debió agotar el recurso que la propia Constitución consigna en su favor, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 150, fracción XIV, del código adjetivo de la materia, previo a la promoción de la instancia constitucional (principio de definitividad)-, se refieren a la diversa causa prevista en la fracción XX de la legislación reglamentaria en comento; por tanto, este tribunal estima que, con base en los argumentos expuestos por el juzgador constitucional de primer grado, se debe tener por actualizada esta última causal.
Sin que en el caso en estudio exista obligación para este Tribunal Colegiado de otorgar a la quejosa la vista que establece el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con la actualización de la causa de improcedencia referida en el párrafo que antecede -fracción XX-, dado que dicha obligación es sólo para aquellos casos en que el tribunal haya advertido de oficio la causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes o que no fuera analizada por un órgano jurisdiccional inferior; pero sobre todo, porque el presente recurso de queja se declarará fundado, al no compartir este órgano revisor la respetable decisión del Juez de Distrito de desechar la demanda de garantías presentada por **********, al considerar que respecto del acto que reclamó se actualizaba la causal de improcedencia citada.
Para corroborar esa postura, es necesario hacer una relación de las copias certificadas del juicio de amparo 303/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, que fueron anexadas al informe materia de la queja y tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el diverso 2o. de la Ley de Amparo, al haber sido certificadas por funcionario dotado de fe pública.
De esas constancias se advierte que **********, reclamó del procurador general de Justicia del Estado de México y del agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa 1 de Trámite de la Unidad de Investigación 1 A, Toluca, de la aludida dependencia, los actos ya descritos en el resultando primero de esta determinación.
En consecuencia, como ya se refirió en líneas que preceden, mediante el proveído de veinticuatro de febrero del año que transcurre, el Juez constitucional del conocimiento desechó la demanda de amparo, pues ahondando en tal tópico, consideró que el quejoso debió impugnar las abstenciones reclamadas al Ministerio Público en la investigación de los hechos denunciados, ante la autoridad judicial correspondiente, que era el Juez de control y que sería la resolución que este último eventualmente pronunciara, la que podría combatirse a través del juicio de amparo.
De ese modo, estimó que al no haber impugnado ante el Juez de control esas omisiones del representante social, antes de acudir a la vía constitucional, se actualizaba la causal de improcedencia contenida en el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, 150, fracción XIV y 240 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, respecto de los tres primeros actos reclamados.
Que la improcedencia del juicio de garantías podía resultar de alguna disposición de la Ley Fundamental, y que ello acontecía en el caso particular, pues las decisiones de la representación social, entre ellas, las omisiones de realizar los actos procesales tendentes a integrar una carpeta de investigación, eran susceptibles de ser impugnadas ante el Juez de control, quien pudiera analizar si dicha actuación era legal, dado que la resolución de éste sería la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto.
Asimismo, sostuvo que en razón de que el juicio de amparo era un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procedía contra actos definitivos, era imperativo para el agraviado acudir ante las instancias comunes que pudieran producir la insubsistencia de la omisión de la autoridad que le produjera afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los supuestos de excepción considerados legalmente.
Que la invocada porción normativa de la ley de la materia establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que acontece en el particular, pues el ordinal 20, apartado C, fracción VII, constitucional, dispone que las omisiones del agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser combatidas ante la autoridad judicial, en la que se podría determinar lo referente a dicha abstención en la investigación de los delitos o, en su caso, ordenar la investigación y continuar con la persecución penal.
Añadió que esa prerrogativa que se otorgaba al pasivo no era opcional, sino que se le reconocía ese derecho fundamental para el efecto de que pudiera intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente, e interponer los recursos en los términos que establezca la ley.
Por lo anterior, concluyó que el quejoso debió agotar el medio de defensa que la propia Ley Suprema consignaba a favor de aquél y, al no haberlo hecho, se actualizaba el motivo de improcedencia referido.
Asimismo, respecto del cuarto acto reclamado, consistente en la expedición de copias certificadas de la indagatoria, el Juez Federal consideró que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, primer párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 17 y 18 de la misma legislación, en virtud de que el quejoso ejerció la acción constitucional después de fenecido el plazo legal para su promoción y no intentó la vía de amparo oportunamente, lo cual condujo a estimar consentido tácitamente el acto reclamado en mención, resultando el juicio de garantías improcedente.
De ese modo, desechó de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo.
Sin embargo, este Tribunal Colegiado no comparte los argumentos del juzgador de amparo, al hacer derivar la causal de improcedencia de un artículo de la Carta Magna que reconoce el derecho de las víctimas del delito para acudir ante la autoridad judicial a impugnar las omisiones en la investigación del Ministerio Público.
Contrario a esa respetable postura, se estima que la circunstancia de que esté reconocido el derecho de la víctima a impugnar las omisiones del representante ante la autoridad jurisdiccional, según se advierte del contenido de los preceptos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal; y 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, no puede llegar al extremo de argumentar que por ese motivo sea indispensable agotar el principio de definitividad, cuando esos ordenamientos legales prevén las condiciones que debe reunir el medio de defensa para que sea necesario interponerlo antes de instar la acción constitucional indirecta.
Lo que acontece en el particular, pues el hecho de que esté reconocida tal prerrogativa, de modo alguno implica que el recurso deba abstenerse de reunir los requisitos que se estiman indispensables para obligar al peticionario a recurrir las omisiones reclamadas.
En ese sentido, los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponen lo siguiente:
"Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
"I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; ..."
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"...
"Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.
"...
"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. ..."
Como puede advertirse de la anterior transcripción, el precepto 107 constitucional prevé la improcedencia del juicio de garantías cuando el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo, esto es, que en su contra proceda algún medio de defensa legal ordinario por el cual pudiera ser revocado, modificado o nulificado; también establece las excepciones a dicho principio, es decir, los supuestos en los que no existe la obligación de agotar el recurso previo a la promoción del juicio de amparo.
Por ello, se considera que, aun cuando el derecho de la víctima a interponer los recursos contra las omisiones del Ministerio Público esté reconocido en la Ley Fundamental, ello no implica que ese medio de impugnación regulado por la norma secundaria no deba reunir las condiciones para que su interposición se haga obligatoria, ya que como quedó establecido, la propia Constitución contempla las hipótesis en las que no es imperativo observar el conocido principio de definitividad.
En ese orden de ideas, el medio de defensa de que se trata no reúne los requisitos contemplados por la fracción XX del dispositivo 61 de la legislación reglamentaria que a su vez matiza los previstos en el 107, fracción IV, de la Norma Fundamental, para que opere la causal de improcedencia relativa a la obligación de agotar el medio de impugnación ordinario.
El artículo mencionado en primer término en el párrafo que antecede, dispone lo siguiente:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.-Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior..." (El subrayado no es de origen).
En relación con este tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 526/2012, interpretó la fracción XV del precepto 73 de la anterior Ley de Amparo, cuyo contenido, en sustancia, es idéntico al precepto recién transcrito y, de conformidad con el artículo sexto transitorio del decreto de reformas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, puede ser aplicada para resolver el asunto que se plantea, dado que su contenido no se opone a lo dispuesto en la vigente, por el contrario, prevé la misma hipótesis de improcedencia y, por ello, es útil para solucionar la controversia.
En esta ejecutoria, se especificó que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto u abstención de alguna autoridad; se traduce en la obligación impuesta al demandante de la acción de agotar previamente a recurrir a la instancia constitucional, el medio de impugnación ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima afecta su esfera jurídica.
No obstante, la regla general que refleja la definitividad, de ninguna manera es absoluta, por lo que no opera en todos los casos ni en todas las materias; y esas excepciones están delimitadas a nivel de la Constitución Federal, la legislación reglamentaria y la jurisprudencia.
Que se hace exigible observar este principio, cuando la ley que rige el acto prevé un recurso por el cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, en específico, respecto de la fracción aludida, estimó que es condicionante la interposición del recurso para la procedencia del juicio de garantías, siempre que cumpla con los siguientes requerimientos:
a) Que el medio de defensa esté previsto en una ley (formal y material).
b) Que a través de éste, sea posible modificar o revocar el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo.
En el caso que motivó la ejecutoria en cita, la Primera Sala analizó el ordenamiento procesal del Estado de Quintana Roo, concluyendo que en ese supuesto, el quejoso estaba obligado a agotar el recurso de queja contra la abstención del Ministerio Público para ejercer la acción penal, previo a acudir al juicio constitucional, porque:
i. Se trataba de un medio idóneo para impugnar esa omisión, con la finalidad de resolver si ha lugar a confirmar, revocar o modificar la determinación recurrida, y que ese recurso estaba previsto en el Código de Procedimientos Penales para la entidad federativa de referencia (legislación formal y material); y,
ii. La Ley de Justicia Administrativa del mismo Estado, en la que se establecen la competencia y atribuciones de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado (a quien le corresponde conocer del recurso de queja), en su capítulo X, de los artículos 68 al 79, preveía lo referente a la suspensión de los actos reclamados ante el mencionado órgano jurisdiccional, concluyendo que la ley que establecía el medio de defensa contemplaba la suspensión del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la legislación de amparo.
Con base en las anteriores premisas, estimó que en contra de la abstención del Ministerio Público de resolver sobre el ejercicio de la acción penal, el quejoso, antes de acudir al juicio de garantías, debía agotar el recurso de queja, previsto en los dispositivos 28, párrafo último y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, como se reflejó en la jurisprudencia 1a./J. 62/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veintiséis, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de dos mil trece del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es de tenor siguiente:
"ACCIÓN PENAL. CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RESOLVER SOBRE SU EJERCICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO ÚLTIMO Y 29 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.-En términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban revisarse de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin que exista obligación de agotarlo si el acto reclamado carece de fundamentación. Ahora bien, de los artículos 28, párrafo último y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, se advierte que contra la abstención del Ministerio Público de resolver sobre el ejercicio de la acción penal en una averiguación previa, procede el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa; de ahí que al preverse ese medio de defensa en una ley formal y material, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, se impone al quejoso agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo para cumplir con el principio de definitividad. Lo anterior, aunado a que no se actualiza el supuesto de excepción contenido en el párrafo último de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, pues la abstención de la autoridad no constituye un acto que carezca de fundamentación por ser un acto negativo; además, porque la observancia del citado presupuesto de procedencia exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias ambiguas, pues de lo contrario se generaría una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa, sumado a que la referida Sala al conocer del recurso de queja no actúa como órgano de control de la Constitución local, sino como órgano de carácter administrativo-jurisdiccional."
De lo previamente expuesto, es factible sostener que, de acuerdo con la interpretación establecida por la referida Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en cuanto al principio de definitividad respecto de actos atribuidos a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contemplada en la fracción XX del numeral 61 de la legislación reglamentaria, para que sea condicionante la interposición del recurso para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el medio de defensa esté contemplado en una ley (formal y material); sea susceptible de ser suspendido; y, que a través de éste sea posible modificar o revocar el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la ley de la materia.
Hipótesis en la que se considera se ubican las actuaciones y omisiones del Ministerio Público reclamadas, dado que se trata de una autoridad formalmente administrativa, y que de acuerdo con las jurisprudencias que ha aprobado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver acerca del no ejercicio de la acción penal y lo relativo al principio de definitividad, las analizó de conformidad con el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, esto es, considerándolos como actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como ocurre en el caso.
Ahora bien, el medio ordinario de defensa que a criterio del Juez de Distrito debió agotarse, previo a la presentación de la demanda de amparo, es el contemplado en el precepto 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, relativo a los derechos de la víctima u ofendido, que establece lo siguiente:
"Artículo 150. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido, de manera enunciativa mas no limitativa, tienen los derechos siguientes:
"...
"XIV. Impugnar ante el Juez de control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño; ..."
Disposición que es correlativa con el numeral 240 de ese mismo ordenamiento jurídico, que en lo relativo al control judicial, señala:
"Artículo 240. Las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar, suspensión de la investigación y no ejercicio de la acción penal, deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quien podrá impugnarlas ante el Juez de control dentro de un plazo de tres días. En este caso, el Juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en caso de que la resolución impugnada sea la de no ejercicio de la acción penal, al imputado y a su defensor. ..."
En ese sentido, se cumple el primer requisito para que se actualice el motivo de improcedencia en análisis, debido a que el recurso ordinario se encuentra previsto en una ley formal y material, como es el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, y que también reconoce el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No obstante lo anterior, en la legislación procesal en materia penal estatal que utilizó el juzgador de amparo para fundamentar su decisión, no se contempla la posibilidad de que el acto impugnado sea suspendible por la autoridad que conozca del recurso, en este caso, por el Juez de control que corresponda.
Por ello, el recurso de que se trata no cumple con la última condición que establece el precepto 61, fracción XX, de la ley de la materia para que opere la causal de improcedencia relativa a que la ley que establece el medio de defensa contemple la suspensión del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, ya que ni siquiera prevé la medida cautelar de referencia.
Ello, con independencia de que el acto reclamado, por su naturaleza, sea susceptible de ser paralizado, debido a que el aludido artículo es expreso al indicar: "...independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley..."; de manera que si la legislación es clara al respecto, ningún motivo existe para realizar una interpretación diversa de lo ahí expuesto.
Sustenta las anteriores consideraciones, la tesis aislada II.2o.P.45 P (10a.), emitida por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página mil ochocientos cincuenta, Libro 37, Tomo II, diciembre de dos mil dieciséis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
" En términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con idénticos alcances que los que prevé la propia ley, y sin exigir mayores requisitos que los señalados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el fijado para otorgar la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. Así, de acuerdo con las interpretaciones que de esta causal de improcedencia ha realizado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sea condicionante la interposición del recurso para la procedencia del juicio de amparo, es indispensable que el medio de defensa esté contemplado en una ley (formal y material); y que a través de éste sea posible modificar o revocar el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la ley de la materia. Ahora bien, de los numerales 150, fracción XIV y 240 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se advierte que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pueden ser impugnadas ante el Juez de control dentro del plazo de tres días; sin embargo, dado que dicho código no establece presupuestos de suspensión del acto reclamado, careciendo así de uno de los requisitos detallados, es evidente que constituye un recurso optativo, por lo que no es obligatorio para la víctima u ofendido del delito agotarlo, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto."
Además de la contradicción de tesis que se analizó con antelación, se considera aplicable, en lo relativo a la necesidad de que se prevea la suspensión del acto, la jurisprudencia 1a./J. 95/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cuatrocientos dos, Tomo XXXI, marzo de dos mil diez del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"INCONFORMIDAD CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA PREVISTA EN EL ACUERDO A/003/99 EMITIDO POR EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CONSTITUYE UN RECURSO OPTATIVO POR LO QUE NO ES OBLIGATORIO AGOTARLO PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO.-Del artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como de los diversos 63 y 68 del Acuerdo A/003/99 emitido por el procurador general de Justicia del Distrito Federal, se advierte que contra la determinación del no ejercicio de la acción penal, el denunciante, querellante u ofendido podrá promover recurso de inconformidad. Por otro lado, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, para que la interposición de un recurso sea condicionante de la procedencia del juicio de garantías es preciso que el medio de defensa sea legal y que a través de él pueda modificarse o revocarse el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos en la ley de la materia para el otorgamiento de la suspensión definitiva. En ese sentido y tomando en cuenta que la referida inconformidad: a) es un medio de defensa que se tramita en la vía administrativa (ante la mencionada procuraduría), no en la jurisdiccional, como lo ordena el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, b) no está prevista en una ley en sentido formal y material, y c) no establece presupuestos de suspensión, resulta evidente que constituye un recurso optativo por lo que no es obligatorio agotarlo previamente al juicio de amparo.". (El subrayado no es de origen)
Asimismo, este órgano colegiado considera que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, primer párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, invocada por el Juez de Distrito, respecto del acto reclamado consistente en la expedición de copias certificadas de la indagatoria y los razonamientos que esgrimió para tal efecto.
Lo anterior, en virtud de que en ese momento procesal se carecía de los elementos suficientes para advertir de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se invocó, ya que de lo expresado en la demanda de amparo no se tiene plena certeza de lo reclamado por el peticionario del amparo, pues se carecen de los elementos necesarios para determinar fehacientemente los actos, lo que resulta indispensable para tener por acreditado, de modo manifiesto e indudable, algún motivo de improcedencia.
Por tanto, resulta evident
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27383-12e2df89/recurso-ordinario-ante-el-juez-de-control-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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