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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN PENAL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN O ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INTEGRAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SI PREVIAMENTE NO SE INTERPONE LA QUEJA PREVISTA EN EL NUMERAL 226 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2015. · Registro digital (IUS): 26830
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-12-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ENTONCES TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Pág. 927.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS ENTONCES TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO Y QUINTO, TODOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 30 DE MAYO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ FRANCO LUNA, ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ, ALEJANDRO ROLDÁN VELÁZQUEZ Y GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ. PONENTE: GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ. SECRETARIA: PATRICIA BERENICE HERNÁNDEZ CRUZ.

Cuernavaca, Morelos. Acuerdo del Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, correspondiente a la sesión de treinta de mayo de dos mil dieciséis.

Vistos, los autos para resolver la contradicción de tesis 12/2015, entre las sustentadas por los entonces Primer, Segundo, Cuarto y Quinto Tribunales Colegiados, del Décimo Octavo Circuito; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Denuncia. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil quince, en la oficialía de correspondencia del Pleno de este Decimoctavo Circuito, la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, denunció la existencia de una posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por los entonces Segundo,(1) Cuarto(2) y Quinto(3) Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito, al resolver diversos recursos de queja.

SEGUNDO.-Trámite.

• Por auto veintinueve de octubre de dos mil quince, el presidente del Pleno del Decimoctavo Circuito, admitió a trámite la posible contradicción de tesis con el tema relativo a "determinar si procede el amparo indirecto contra la abstención del Ministerio Público de realizar actos tendientes a la investigación o si previo a éste, debe agotarse el recurso de queja previsto en el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos."

En ese mismo proveído, se ordenó solicitar a las presidencias del Segundo, del Cuarto y del Quinto Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito, informaran si los criterios sustentados en los asuntos con los cuales se denunció la posible contradicción de tesis, se encontraban vigentes o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

• En el acuerdo de cinco de noviembre de dos mil quince, se tuvo al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, informando que el criterio sostenido en los recursos de queja 17/2015, 75/2015 y 50/2015, se encontraba vigente.

• Mediante auto de nueve de noviembre de dos mil quince, se tuvo al Cuarto y al Quinto Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito, informando que los criterios sostenidos en los recursos de queja 212/2014 y 43/2015, continuaban vigentes. En esa misma determinación, se ordenó solicitar al Primer y al Tercer Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito, que informaran si habían dictado alguna sentencia donde se hubiera abordado el tema de la posible contradicción de tesis que nos ocupa.

• A través del proveído de doce de noviembre de dos mil quince, se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado de este Circuito, informando que no había elaborado sentencia con el tema de la presente contradicción de tesis.

• Mediante acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil quince, se tuvo por recibido el oficio CCST-X-361-11-2015, mediante el cual la maestra Cielito Bolívar Galindo, coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó el contenido del diverso número SGA/GVP/624/2015, signado por el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual comunicó que de la consulta del sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver en el Máximo Tribunal del País, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis, dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en la que el punto a dilucidar esté relacionado con el tema relativo a: "determinar si procede el amparo indirecto contra la abstención del Ministerio Público de realizar actos tendientes a la investigación o si previo a éste, debe agotarse el recurso de queja previsto en el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos."

• Por auto de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, informando que las sentencias dictadas en la queja 136/2015 y en el amparo en revisión 357/2015, y en los recursos de revisión 113/2012, 190/2012 y 41/2013, se relacionan con el tema de la posible contradicción de tesis que nos ocupa.

• Una vez integrado el expediente de mérito, a través del acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciséis, se ordenó turnar los autos al Magistrado Héctor Arturo Mercado López para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

• Por auto de diecinueve de abril de dos mil dieciséis, el Magistrado presidente del Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito ordenó continuar con el conocimiento de este asunto, en virtud del Acuerdo General 1/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la semiespecialización y cambio de denominación de los Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca, Morelos. Asimismo, se returnó el presente expediente al Magistrado Guillermo Del Castillo Vélez.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General 52/2015, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del similar 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; así como el artículo quinto transitorio del Acuerdo General 1/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis, sustentadas entre Tribunales Colegiados de este Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(4) pues fue formulada por la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos; de ahí que, formalmente se actualiza el supuesto de legitimación establecido en los referidos preceptos.

TERCERO.-Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, es necesario tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia en el sentido de que debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas del Máximo Tribunal o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

Apoya a lo anterior, la jurisprudencia siguiente:

"Novena Época

"Registro: 164120

"Pleno

"Jurisprudencia

"Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXXII, agosto de 2010

"Materia común

"Tesis P./J. 72/2010

"Página 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Asimismo, para estar en condiciones de determinar la existencia de contradicción de tesis, ha lugar a precisar las consideraciones expuestas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

CUARTO.-Criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

I. El Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver los recursos de queja 17/2015, 50/2015 y 75/2015, en la parte que interesa, sostuvo:

Recurso de queja 17/2015:

"Los sintetizados motivos de agravio, como se adelantó, son infundados.

"La determinación recurrida por la cual la juzgadora federal desechó por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del fiscal general del Estado de Morelos y otras autoridades, consistentes en la omisión de investigar conductas delictuosas en la carpeta de investigación **********, se sustentó en las siguientes consideraciones:

"Que el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, que rige la tramitación de la indagatoria de origen, prevé que las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar, el no ejercicio de la acción penal, así como otras omisiones durante la investigación, en los casos en los que no esté satisfecha la reparación del daño, podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el Juez de Control.

"Estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el agraviado, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto no agotó el recurso ordinario, por virtud del cual el acto reclamado pudiera analizarse y así obtener la reparación de los derechos que estimó conculcados, por lo que el acto omisivo reclamado, no era susceptible de ser analizado en esa instancia constitucional, ya que previo a su promoción, debió cumplir con el principio de definitividad que rige su tramitación.

"Señaló que el acto reclamado no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, prevista en los incisos del a) al c) de la referida fracción y numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que existía la obligación del impetrante del amparo de agotar el medio de defensa denominado queja, aunado a que las referidas excepciones son de aplicación estricta y no admiten analogía o identidad jurídica.

"...

"Agregó, que el impetrante del amparo está obligado a interponer el recurso de queja que contempla la ley que rige el procedimiento de donde emana el acto de molestia, la que puede tener por objeto modificar, revocar o nulificar dicho acto, por lo que al carecer de definitividad, no era factible analizar el acto reclamado en la instancia constitucional.

"Determinación del juzgador de amparo que se estima correcta, atendiendo a que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso o medio de defensa ordinario procedente, respecto de un determinado acto de autoridad; dicho principio, que rige el juicio de garantías, se traduce en la obligación impuesta al demandante de la acción constitucional de agotar previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica.

"Luego, si en el caso, el acto reclamado se hizo consistir en las omisiones en la investigación de un hecho delictuoso por parte del agente del Ministerio Público del Estado de Morelos, y de otras autoridades que forman parte de la fiscalía de esta entidad federativa, acto respecto del cual, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos en su artículo 226,(5) prevé que podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el Juez de Control; es incuestionable que dentro de la ley que rige el acto, existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual éste puede ser modificado, revocado o nulificado.

"Por tanto, si el Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, establece que el recurso de queja debe interponerse ante el Juez de Control contra las omisiones durante la investigación, es evidente que dicho medio de defensa debe ser agotado antes de acudir al juicio de garantías, por estar justificado en una ley en sentido formal y material.

"No es obstáculo a lo anterior, el argumento del inconforme en el sentido de que la carpeta de investigación de la que emana el acto reclamado en el juicio de garantías no ha sido consignada a un Juez oral, pues el referido artículo 226 del código adjetivo penal local, no prevé como un requisito para su procedencia, el que la carpeta de investigación se hubiere consignado a un Juez del sistema acusatorio penal; por el contrario, expresamente señala que la víctima u ofendido de un delito, cuando advierta que en su perjuicio las autoridades investigadoras se abstienen de realizar tal función, o bien, incurren en otras omisiones, pueden acudir en queja ante un Juez de Control en reclamo de esas omisiones.

"De ahí que no le asista la razón al inconforme cuando afirma que es procedente el juicio de amparo indirecto en términos de la fracción VII del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues se insiste, el recurrente estaba obligado previo a interponer la demanda de garantías, a agotar el medio ordinario de defensa que prevé la ley ordinaria que rige el acto reclamado; sin que tampoco resulte acertado el argumento que vierte en el sentido de que el desechamiento de la demanda se verificó sin ponderar la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, pues tal aspecto, fue ponderado por el juzgador federal, cuando al efecto razonó que el acto impugnado no trascendía irreparablemente en la esfera jurídica del quejoso, porque de estimar lo contrario se entorpecerían las facultades y obligaciones constitucionales conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad; de ahí lo infundado del argumento de que se trata.

"Por lo anterior, no resulta aplicable el criterio que invoca el recurrente en primer término,(6) porque el acto reclamado en la demanda de garantías de que se trata, no es de aquellos que afecten los derechos fundamentales de la parte quejosa, para la procedencia del juicio de amparo indirecto; en tanto que el diverso criterio que dijo era aplicable al Juez de Distrito no le acarrea beneficio alguno,(7) pues en la especie, no se está en ningún supuesto de interpretación adicional o de dudosa integración de la ley, respecto de la aplicación del precepto en que se apoyó el juzgador federal para establecer que la ley ordinaria prevé un recurso ordinario por medio del cual dicho acto puede ser modificado, revocado o anulado, pues dicha normatividad establece sin lugar a dudas y en forma clara y precisa que las omisiones del fiscal investigador pueden ser combatidas mediante el recurso de queja ante el Juez de Control.

"...

"Por lo anterior, ante lo infundado de los motivos de queja expuestos por el inconforme, se declarara infundado el presente recurso de queja. ..."

Recurso de queja 50/2015:

"Como se aprecia de la transcripción que antecede, la quejosa reclama la falta de administración de justicia por parte del fiscal investigador, esto es, la omisión de investigar y en su caso, ejercer la acción penal ante los tribunales; más no así, la falta de acceso a la carpeta de investigación.

"De ahí que, resulte correcta la determinación del Juez de Distrito, al desechar la demanda de garantías, por actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo; que dispone:

"‘Artículo 61.’ (transcribe texto)

"Dicho dispositivo prevé que contra los actos que en el uso de sus atribuciones emite una autoridad administrativa, como lo es el fiscal responsable, es procedente recurso o medio de defensa, por virtud del cual es posible modificar, revocar o nulificar el acto proveniente de ella misma, antes de acudir al juicio de amparo.

"En la especie, en términos del artículo 226 de Código de Procedimiento Penales del Estado, contra las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal de la averiguación, la abstención de investigar el delito y de no ejercer acción penal como corresponda, así como de otras determinaciones dictadas durante la investigación del delito, es posible que la víctima u el ofendido en el mismo, puedan impugnarlas mediante el recurso de queja ante el Juez de Control, como se advierte del texto íntegro de la disposición normativa que se trata:

"‘Artículo 226.’ (transcribe texto)

"En ese sentido, respecto de la abstención de integrar la carpeta de investigación o inactividad injustificada del Ministerio Público es procedente el recurso de queja, el cual debió de haberse agotado antes de instar la acción constitucional del amparo, sin que se esté en los casos de excepción a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativo a la suspensión de los efectos y las consecuencias de los actos conforme a la ley que los regulan ni sobre el plazo para su otorgamiento, ya que, por la propia y especial naturaleza de los mismos (se trata de actos negativos o de omisión), no son susceptibles de suspenderse por revestir precisamente el carácter de una omisión.

"Además de que, evidentemente el acto reclamado carece de fundamentación, pues no ha sido expresado por la autoridad responsable por escrito, lo que no conduce a que se actualice la excepción prevista en el citado artículo de la Ley de Amparo.

"Finalmente, el numeral 226 que obliga a agotar el recurso de queja, se encuentra previsto en el Código de Procedimientos Penales del Estado, o sea, en una ley formal y materialmente existente, no así en un reglamento u algún otro ordenamiento diverso a aquella codificación, lo que implica que no se está en el supuesto de excepción para dejar de interponer el recurso que se trata, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.

"En conclusión, el recurrente sí estaba obligado a agotar el recurso de queja, previsto en el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado; de ahí lo infundado de lo que en sentido contrario se alegue.

"Sirve de orientación a lo anterior, la «tesis» 25, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, P.R. SCJN, página 19, que dice:

"‘AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. OPERA CONFORME A LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN ACTOS NEGATIVOS.’ (transcribe texto)

Asimismo, en orientación de lo anterior se cita la jurisprudencia 1a./J. 62/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Tomo 1, agosto de 2013, página 326, que dice:

"‘ACCIÓN PENAL. CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RESOLVER SOBRE SU EJERCICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO ÚLTIMO Y 29 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.’ (transcribe texto)

"Ahora bien, en la jurisprudencia en cita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, contra los que proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, y si de los artículos 28, párrafo último y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, se advierte que contra la abstención del Ministerio Público de resolver sobre el ejercicio de la acción penal en una averiguación previa, procede el recurso de queja, es inconcuso, que al preverse ese medio de defensa en una ley formal y material, se impone al quejoso, agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo, para cumplir con el principio de definitividad.

"Lo anterior deviene aplicable al caso, toda vez que el numeral 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, es similar al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo en vigor; y los artículos 28, último párrafo y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, son afines con el contenido del artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos.

"Por tanto, el recurso de queja previsto en el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, constituye un medio de impugnación en sede judicial de las decisiones del Ministerio Público que procede ante el Juez de Control, de ahí que al preverse ese medio de defensa en una ley formal y material, cuyo efecto es modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, se impone al recurrente agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo para cumplir con el principio de definitividad.

"...

"En tales condiciones, al resultar ineficaces los agravios analizados, y sin que exista queja deficiente que suplir, lo procedente es declarar infundado el recurso de queja. ..."

Recurso de queja 75/2015:

"... Los sintetizados motivos de agravio, como se adelantó, son infundados.

"En efecto, la determinación recurrida por la cual la juzgadora federal desechó por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General del Estado de Morelos, consistentes en la omisión de practicar y ordenar con prontitud la realización de investigar conductas delictuosas en la carpeta de investigación **********, se sustentó en las siguientes consideraciones:

"Que el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, que rige la tramitación de la indagatoria de origen, prevé que las decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar, el no ejercicio de la acción penal, así como otras omisiones durante la investigación, en los casos en los que no esté satisfecha la reparación del daño, podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el Juez de Control.

"Estimó actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el agraviado previo a la promoción del juicio de amparo indirecto no agotó el recurso ordinario, por virtud del cual el acto reclamado pudiera analizarse y así obtener la reparación de los derechos que estimó conculcados, por lo que el acto omisivo reclamado, no era susceptible de ser analizado en esa instancia constitucional, ya que previo a su promoción, debió cumplir con el principio de definitividad que rige su tramitación.

"Señaló que el acto reclamado no encuadra en ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad, prevista en los incisos del a) al c) de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que existía la obligación del impetrante del amparo de agotar el medio de defensa denominado queja, aunado a que las referidas excepciones son de aplicación estricta y no admiten analogía o identidad jurídica.

"Adujo que lo reclamado no trasciende irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, porque no le irroga perjuicio, ya que ello se materializaría hasta que una vez agotado el recurso ordinario de defensa, que al respecto resulta procedente y si su resultado fuere desfavorable a los intereses de la parte quejosa, entonces sí podría promoverse la acción de garantías intentada.

"Agregó, que el impetrante del amparo está obligado a interponer el recurso de queja que contempla la ley que rige el procedimiento de donde emana el acto de molestia, pues no obstante que aparentemente las autoridades vulneren o restrinjan derechos humanos, previstos en la Constitución o en los tratados internacionales en los que México sea Parte, no significa que por ello la demanda de amparo deba admitirse, pues uno de los requisitos a cumplir para que los quejosos accedan a la justicia, es cumplir con la interposición del recurso idóneo.

"Determinación del juzgador de amparo que se estima correcta, atendiendo a que el principio de definitividad, implica el agotamiento previo del recurso o medio de defensa ordinario procedente, respecto de un determinado acto de autoridad; dicho principio, que rige el juicio de garantías, se traduce en la obligación impuesta al demandante de la acción constitucional de agotar previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima que afecta su esfera jurídica.

"Luego, si en el caso, el acto reclamado se hizo consistir en las omisiones en la investigación de un hecho delictuoso por parte del agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos, acto respecto del cual, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos en su artículo 226,(8) prevé que podrán ser impugnadas en queja por la víctima u ofendido ante el Juez de Control; es incuestionable que dentro de la ley que rige el acto, existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual éste puede ser modificado, revocado o nulificado.

"Por tanto, si el Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, establece que el recurso de queja debe interponerse ante el Juez de Control contra las omisiones durante la investigación, es evidente que dicho medio de defensa debe ser agotado antes de acudir al juicio de garantías, por estar justificado en una ley en sentido formal y material.

"...

"Por similitud jurídica, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de este Circuito, localizable en la página 1006, del Libro 14, Tomo II, enero de 2015, materia común, registro digital: 2008268, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente:

"‘ACCIÓN PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ FACULTADO PARA RESOLVER SOBRE SU NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO, DEBE INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 413, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS (NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO).’ (transcribe texto)

"De ahí que no le asista la razón al inconforme, pues se insiste, el recurrente estaba obligado previo a promover la demanda de garantías, a agotar el medio ordinario de defensa que prevé la ley ordinaria que rige el acto reclamado; de ahí lo infundado del argumen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26830-768b9219/accion-penal-el-juicio-de-amparo-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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