OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. A LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO NO LES RESULTA EXIGIBLE AGOTAR EN SU CONTRA EL MEDIO ORDINARIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 150, FRACCIÓN XIV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO ABROGADO, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR ESTIMARSE OPTATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE NOVIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RUBÉN ARTURO SÁNCHEZ VALENCIA, JOSÉ NIEVES LUNA CASTRO Y DARÍO CARLOS CONTRERAS REYES. DISIDENTE: JUAN PEDRO CONTRERAS NAVARRO. PONENTE: RUBÉN ARTURO SÁNCHEZ VALENCIA. ENCARGADO DEL ENGROSE: JOSÉ NIEVES LUNA CASTRO. SECRETARIO: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA.
III. Competencia y legitimación
Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de la misma especialidad, pertenecientes al Segundo Circuito.
Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por un Juez de Distrito que emitió las resoluciones que en los respectivos recursos que en ellos se hicieron valer, se emitieron las ejecutorias que motivaron los criterios considerados contrastantes por los aludidos Tribunales Colegiados de Circuito.
IV. Existencia de la contradicción de tesis
Criterios contendientes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es útil transcribir los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados que la motivaron.
(1) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 279/2015, promovido contra actos del Ministerio Público en una carpeta de investigación, consistentes en la desatención a dicha carpeta, por no proveer en los términos que señala el artículo 17 constitucional, en la que se modificó la sentencia y se sobreseyó en el juicio de amparo, sustentó las consideraciones siguientes:
"Los que esto resolvemos, no compartimos el criterio del Juez constitucional, pues consideramos que la parte quejosa debió impugnar la omisión del agente del Ministerio Público responsable de investigar e integrar la carpeta de investigación **********, ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante un Juez de Control; dado que la resolución de éste, que decide en definitiva sobre esa abstención, sería la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto.-Ciertamente, debe considerarse que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal, salvo los casos de excepción considerados legalmente.-Lo anterior es así, porque la impugnación de un acto vía amparo es concluyente o final, puesto que en dicho juicio, se debe decir la última palabra; esto es, después de acudir a la instancia común correspondiente y una vez resuelta, es cuando se debe promover la demanda, ello para dar mayor estabilidad y solidez a lo determinado en el asunto.-No estimarlo así, desnaturalizaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo, considerándolo como un medio común de defensa, a pesar de su carácter de extraordinario, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido las instancias jurisdicciones establecidas en la ley.-En ese sentido, si el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional establece como derecho de la víctima u ofendido, impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, y en el caso, la parte quejosa reclama de la responsable la omisión de investigar e integrar la carpeta de investigación **********, es evidente que, previamente a la promoción del presente juicio, debió impugnarla ante el Juez de Control, tal como lo disponen también los diversos 150, fracción XIV, y 240 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.-Al respecto, resulta aplicable, por comulgarse con su contenido, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro establece: ‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ [transcribe contenido y cita datos de localización].-Así como la diversa tesis jurisprudencial sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que también se comparte, de rubro: ‘AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.’ [transcribe contenido y cita datos de localización].-Este tribunal no soslaya el contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio en tratándose de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual, puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; sin embargo, en la especie, no se actualiza dicho supuesto, pues el acto reclamado no es una determinación de un tribunal judicial sino del agente del Ministerio Público adscrito al Primer Turno de Lerma, Estado de México.-Tampoco consideramos que el acto reclamado se ajusta a los supuestos de la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, que establece que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual, puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la citada normatividad y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se señala para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de la materia.-Puesto que el citado precepto (artículo 61), en su fracción XXIII, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el diverso 20, apartado C, de la Carta Magna, las decisiones del agente del Ministerio Público, entre ellas, la omisión de investigar e integrar una carpeta de investigación **********, es susceptible de ser impugnada ante el Juez de Control, quien podrá analizar si dicha situación es legal o, en su caso, ordenar la investigación y continuar con la persecución penal.-Además, cabe agregar que la prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito a consideración de los suscritos, no es opcional, sino se le reconoce su derecho para el efecto que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas, se dijo: ‘... El apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras.-En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad ... Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley ... Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses ... Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución ...’.-Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito de defender directamente sus intereses; esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder; es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva.-Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contara con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso.-Por lo que se arriba, que se debió agotar el recurso que la propia Constitución consigna a favor de la quejosa, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, en relación con los numerales 150 y 240 del código adjetivo de la materia.-En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, lo procedente es modificar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo indirecto que nos ocupa."
Lo resaltado no es de origen.
Asimismo, al resolver la queja 172/2016, cuyos actos reclamados al Ministerio Público en una carpeta de investigación que consistieron en la falta de respuesta del Ministerio Público a una petición y la abstención de iniciar una investigación, en la que se confirmó el desechamiento de la demanda de amparo, desarrolló las siguientes consideraciones:
"En esas condiciones, se considera que estuvo en lo correcto el Juez de Distrito, al señalar, con fundamento en los preceptos constitucionales y legales citados, que la quejosa, antes de promover el amparo, debió acudir ante el Juez de Control correspondiente para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la investigación del delito, pues de esa forma, el Juez de Control decide sobre la omisión del agente del Ministerio Público de investigar el delito, y esa decisión judicial, en caso de serle desfavorable, sería la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto.-En mérito de lo expuesto, este Tribunal Colegiado determina que la decisión del juzgador de amparo debe confirmarse, al no apreciarse alguna violación que tuviera que analizarse oficiosamente en beneficio de la recurrente.-No obstante, la recurrente combate el acuerdo de desechamiento de su demanda, al considerarlo desafortunado por sustentar sus argumentos en el artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México vigente, cuya legislación fue abrogada con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil catorce, y al efecto transcribe el arábigo tercero transitorio.-Además, indica que los hechos denunciados fueron puestos del conocimiento de la autoridad responsable el veintisiete de octubre de dos mil catorce, cuando el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, ya se encontraba abrogado.-Continúa diciendo, que no debe ser óbice para considerar lo contrario que el Juzgado de Distrito se constriña a enunciar el numeral constitucional invocado en el auto combatido, que establece que las omisiones del Ministerio Público en las investigaciones, se debe hacer ante la autoridad judicial, ya que de la lectura del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se aprecia en forma clara y precisa la existencia de un apartado específico y un recurso particular que le permita el reclamo de la omisión del representante social de los delitos que denunció.-Argumentos que resultan infundados, pues si bien es cierto, que el Código Nacional de Procedimientos Penales fue publicado el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, y que el artículo tercero transitorio establece que el Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en dicho diario el treinta de agosto de mil novecientos treinta y cuatro, y los de las respectiva entidades federativas vigentes, quedarán abrogadas a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, para efecto de su aplicación en los procedimientos penales que se inicien a partir de la entrada en vigor de dicho Código Nacional.-Sin embargo, el artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que esta legislación entrará en vigor a nivel federal gradualmente, en los términos previstos por el Congreso de la Unión; además que en el caso de las entidades federativas, su entrada en vigor en cada una de ellas será en los términos que establezca la declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente, y entre dicha declaratoria y la entrada en vigor deberán mediar sesenta días naturales.-En ese sentido, contrario a lo afirmado por la recurrente, tenemos que el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo segundo transitorio en cita, el veintidós de septiembre de dos mil quince, estableció la declaratoria que la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otras entidades, el Estado de México, fue a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, consultable en la página de Internet http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/declara/cnpp.htm y en la publicación de veinticinco de diciembre de dos mil quince, en el Diario Oficial de la Federación.-En ese sentido, deviene infundado el argumento que plantea la recurrente, tomando en cuenta que los hechos que denunció ante la representación social fue el veintisiete de octubre de dos mil catorce, y como se observa la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Estado de México, fue a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, es indudable que se encontraba en vigencia el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, por ello se considera que la aplicación al caso concreto del artículo 150, fracción XIV, previsto en la legislación procesal, fue debidamente invocada y sustentada por el Juez de Distrito.-En ese sentido, el tercero transitorio establece que los procedimientos penales que a la entrada en vigor del Código Nacional se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento de inicio de los mismos.-Ahora, la recurrente indicó que en el caso a estudio se actualiza la excepción al principio de definitividad que establece el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que no existe fundamentación por parte de la autoridad responsable a su acto de omisión en la investigación de los delitos denunciados, y considera que con ello se violó directamente el artículo 17 constitucional, es decir, su derecho de acceso a la justicia.-Los que ahora resolvemos, consideramos infundado ese argumento, porque el acto que reclama, tampoco se ajusta a los supuestos de la fracción XX del referido numeral, en tanto establece que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la ley de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo.-Empero, el propio precepto en su fracción XXIII establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción VII, se establece que las decisiones del agente del Ministerio Público, entre ellas, la determinación de no ejercicio de la acción penal, es susceptible de ser impugnada ante el Juez de Control, el cual podrá confirmarla, o en su caso, dejar sin efecto la decisión ministerial, ordenar reabrir la investigación y continuar con la persecución penal.-La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito a consideración de los suscritos, y contrario a lo que sostiene la recurrente, no es opcional, y aun cuando en la Constitución se encuentran establecidos los lineamientos generales para que el legislador secundario los desarrolle tal como ocurre en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, lo cierto es que se le reconoce su derecho para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas, se puede apreciar que se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva.-Por esta razón, es que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso.-Entonces, es de concluirse que el inconforme debió agotar el recurso que la propia Constitución consigna a su favor, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 150 y 240 del código adjetivo de la materia, de ahí que se consideren infundados los argumentos hechos valer en esta vía.-Además, debe decirse a la recurrente que, de conformidad con el inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia; esto es, el principio de definitividad consignado en dicho precepto, sólo impone como condición para acudir al amparo, la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa, pero no requiere para su actualización de la verificación de si existe o no un procedimiento establecido específicamente para ese mecanismo de defensa.-Se agrega que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal.-Apoya la consideración anterior, por los motivos que la sustentan la jurisprudencia [cita datos de localización y contenido] de rubro y texto siguientes: ‘AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.’ ..."
Lo resaltado no es de origen.
(2) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al emitir ejecutoria en la queja 38/2016, cuyo acto reclamado al Ministerio Público en una carpeta de investigación consistió en la omisión de realizar diligencias básicas necesarias para investigar los hechos en dicha carpeta, en la que revocó el desechamiento de la demanda y ordenó su admisión, vertió las consideraciones siguientes:
"Precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado considera fundados los agravios expuestos por **********, suplidos en su deficiencia, ya que no se reúnen los requisitos contemplados por la fracción XX del dispositivo 61 de la legislación reglamentaria, para que opere la causal de improcedencia invocada.-El numeral que fundamenta el acuerdo recurrido, dispone lo siguiente: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.-No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.-Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior ...’.-En relación con este tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 526/2012, interpretó la fracción XV del precepto 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, cuyo contenido, en sustancia, es idéntico al actual numeral 61, fracción XX, de la legislación reglamentaria; y, de conformidad con el artículo sexto transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, puede ser aplicada para resolver el asunto que se plantea, dado que su contenido no se opone a lo dispuesto en la vigente, por el contrario, prevé la misma hipótesis de improcedencia, y por ello es útil para solucionar la controversia.-En esta ejecutoria, se especificó que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto u abstención de alguna autoridad; se traduce en la obligación impuesta al demandante de la acción de agotar previamente a recurrir a la instancia constitucional, el medio de impugnación ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que el quejoso estima afecta su esfera jurídica.-No obstante, la regla general que refleja la definitividad de ninguna manera es absoluta, por lo que no opera en todos los casos ni en todas las materias; y esas excepciones están delimitadas a nivel de la Constitución Federal, la legislación reglamentaria y la jurisprudencia.-Que se hace exigible observar este principio, cuando la ley que rige el acto prevé un recurso por el cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, en específico, respecto de la fracción aludida, estimó que es condicionante la interposición del recurso para la procedencia del juicio de garantías, siempre que cumpla con los siguientes requerimientos: a) Que el medio de defensa, esté previsto en una ley (formal y material).-b) Que a través de éste, sea posible modificar, o revocar el acto de autoridad, sin que se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva por la Ley de Amparo.-En el caso que motivó la ejecutoria en cita, la Primera Sala analizó el ordenamiento procesal del Estado de Quintana Roo, concluyendo que en ese supuesto, el quejoso estaba obligado a agotar el recurso de queja contra la abstención del Ministerio Público para ejercer la acción penal, previo a acudir al juicio constitucional, porque: 1) Se trata de un medio idóneo para impugnar esa omisión, con la finalidad de resolver si ha lugar a confirmar, revocar o modificar la determinación recurrida, y que ese recurso estaba contemplado en el Código de Procedimientos Penales para la entidad federativa de referencia (legislación formal y material); y, 2) La Ley de Justicia Administrativa del mismo Estado, en la que se establece la competencia y atribuciones de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa (a quien le corresponde conocer del recurso de queja), en su capítulo X del artículo 68 al 79, preveía lo referente a la suspensión de los actos reclamados ante el mencionado órgano jurisdiccional, concluyendo la Primera Sala que la ley que establecía el medio de defensa contemplaba la suspensión del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la legislación de amparo.-Con base en las anteriores premisas, estimó que en contra de la abstención del Ministerio Público de resolver sobre el ejercicio de la acción penal, el quejoso, antes de acudir al juicio de garantías, debe agotar el recurso de queja, previsto en los dispositivos 28, párrafo último, y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, tal como quedó reflejado en la jurisprudencia 62/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [cita datos de localización], que es de tenor siguiente: ‘ACCIÓN PENAL. CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE RESOLVER SOBRE SU EJERCICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 28, PÁRRAFO ÚLTIMO Y 29 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.-En términos del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban revisarse de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal, sin que exista obligación de agotarlo si el acto reclamado carece de fundamentación. Ahora bien, de los artículos 28, párrafo último y 29 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, se advierte que contra la abstención del Ministerio Público de resolver sobre el ejercicio de la acción penal en una averiguación previa, procede el recurso de queja ante la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa; de ahí que al preverse ese medio de defensa en una ley formal y material, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, se impone al quejoso agotar dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo para cumplir con el principio de definitividad. Lo anterior, aunado a que no se actualiza el supuesto de excepción contenido en el párrafo último de la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, pues la abstención de la autoridad no constituye un acto que carezca de fundamentación por ser un acto negativo; además, porque la observancia del citado presupuesto de procedencia exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias ambiguas, pues de lo contrario se generaría una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa, sumado a que la referida Sala al conocer del recurso de queja, no actúa como órgano de control de la Constitución Local, sino como órgano de carácter administrativo-jurisdiccional.’.-De lo previamente expuesto, es factible sostener que, de acuerdo a la interpretación establecida por la referida Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en cuanto al principio de definitividad respecto de actos atribuidos a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contemplada en la fracción XX del numeral 61 de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27598-ea4bf701/omisiones-del-ministerio-publico-en-la-investigacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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