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Modo: Corpus Pro

VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE DERECHO A QUE SE LE NOTIFIQUE LA RADICACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN EL PROCESO PENAL, PARA QUE PUEDA PROMOVERLO POR SU PROPIO DERECHO (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 115, FRACCIÓN II, Y 319 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. · Registro digital (IUS): 26089
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-01-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Pág. 2724.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 9 DE NOVIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ROSALÍA ISABEL MORENO RUIZ DE RIVAS, ADALBERTO MALDONADO TRENADO Y JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. PONENTE: ROSALÍA ISABEL MORENO RUIZ DE RIVAS. SECRETARIA: ANA VICTORIA CÁRDENAS MUÑOZ

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 27, 28, 29, 30 y 39 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos por dos Tribunales Colegiados en Materia Penal pertenecientes a este circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, dado que fue formulada por el Magistrado José Guadalupe Hernández Torres, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.

TERCERO.-Las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, en las ejecutorias respectivas, son las siguientes:

1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, al resolver el amparo en revisión 62/2015, de su índice, el siete de mayo de dos mil quince, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, por mayoría de votos, determinó:

"SÉPTIMO.-Postura que adopta este tribunal. Son inoperantes los agravios esgrimidos en vía de agravios.

"Por cuestión de estudio preferente, primero se procede a analizar los motivos de disenso expresados por la quejosa recurrente respecto a lo que considera una violación a su derecho fundamental de debido proceso, pues aduce que el Juez de Distrito no comprendió a cabalidad el punto toral que planteó en su demanda de amparo, que hizo consistir en que la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco violó sus derechos fundamentales al no haberla notificado como víctima y ofendida, la apertura de la alzada que tramitó bajo el toca número 890/2014, con motivo de la apelación interpuesta por el inculpado Leonardo Antonio Robledo Murua, contra el auto de formal prisión que le decretó el Juez Primero de lo Criminal del Primer Partido Judicial dentro de la causa penal 360/2013-B, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia intrafamiliar, previsto por el artículo 176 Ter del Código Penal para el Estado de Jalisco.

"Dicho motivo de inconformidad resulta fundado pero inoperante, cuenta habida que, contrariamente a lo que aduce la quejosa, no se le causó ningún detrimento a sus derechos fundamentales por el hecho de que no se le hubiera notificado la apertura del trámite de la alzada de donde deriva el acto reclamado, dado que como se verá, el tribunal responsable no tenía obligación legal de hacerlo, porque aun cuando la impetrante tiene la calidad de ofendida o víctima del delito, lo cierto es que la legislación procesal aplicable no le reconoce la calidad de parte en el procedimiento penal, ya que constitucional y legalmente sus intereses están representados por el Ministerio Público, de quien sí existe constancia de que fue notificado del inicio del trámite del recurso en trato,(1) con lo cual el tribunal dio participación a las partes que estaban legitimadas para tal efecto.

"Efectivamente, adversamente a lo sostenido por la quejosa, este tribunal estima que hasta el momento no existe disposición legal que reconozca al ofendido como parte en el procedimiento penal, pues sus intereses están representados por la institución del Ministerio Público, con el que podría participar en el procedimiento, pero como coadyuvante y no por sí.

"Para sustentar esta postura, se tomará en cuenta la legislación adjetiva del Estado, ya que establece las garantías que en el proceso penal tiene la víctima o el ofendido.

"El artículo 115 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco dispone:

"‘Artículo 115. En todo proceso del orden penal, la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías:

"‘I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

"‘II. Coadyuvar con el Ministerio Público por sí, por abogado o persona digna de su confianza debidamente autorizada, proporcionándole todos los datos conducentes a acreditar el cuerpo del delito de que se trate, la responsabilidad del inculpado y el daño o perjuicio causado, para tal efecto, podrá aportar y objetar pruebas; interponer recursos con la propuesta de agravios correspondientes; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes;

"‘Cuando en la averiguación previa el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia propuesta por el coadyuvante, deberá fundar y motivar su negativa;

"‘III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

"‘IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño;

"‘V. Cuando la víctima o el ofendido sea menor de edad, no estará obligado a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro, en el caso de que el inculpado solicite la práctica del careo, se procederá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 211 de este ordenamiento; y

"‘VI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.’

"Por su parte, el artículo 319 del citado código procedimental señala:

"‘Artículo 319. Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado y los defensores, así como los interesados si se trata de incidentes no especificados.’

"Como puede advertirse, en la legislación procesal del Estado de Jalisco es, precisamente, el agente del Ministerio Público quien representa los intereses de la víctima o el ofendido.

"En este sentido, si bien los artículos 21 y 102 de la Constitución General de la República confieren al Ministerio Público el monopolio de la persecución e investigación de los delitos -lo que implica que es el único órgano estatal competente para formular e impulsar la acusación delictiva-, ello no significa que la parte ofendida no pueda coadyuvar en el proceso, en lo relativo a la reparación del daño, así como en lo referente a aportar pruebas y, en casos específicos de lo que se falle en esos aspectos, e impugnar la resolución relativa, pues los derechos y prerrogativas de la parte ofendida se elevaron a rango constitucional en el artículo 20, apartado B, de la Ley Fundamental, adicionado mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de septiembre de dos mil.

"Al respecto se citan los rubros de las tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 312, 313, 178 y 179 de los Tomos XXXIV, julio 2011 y XXXIII, junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dicen: ‘VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE INCIDA SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL A QUE SE LE RECIBAN TODOS LOS DATOS O ELEMENTOS DE PRUEBA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 365 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).’; ‘VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE EL DERECHO DE APORTAR PRUEBAS TANTO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA COMO EN EL PROCESO PENAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).’; ‘VÍCTIMA U OFENDIDO. CUANDO SE IMPUGNE UNA DECISIÓN RELACIONADA CON EL DERECHO CONSTITUCIONAL A OFRECER PRUEBAS, TIENE DERECHO A INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN A PESAR DE QUE LOS CÓDIGOS PROCESALES PENALES NO CONTEMPLEN ESTA POSIBILIDAD.’; y, ‘VÍCTIMA U OFENDIDO. TIENE CARÁCTER DE PARTE EN EL PROCESO PENAL.’.

"En este orden de ideas, queda claro que el ofendido puede interponer recurso de apelación contra las determinaciones relacionadas con su derecho a ofrecer pruebas en el proceso penal; e igualmente podrá promover juicio de amparo indirecto o directo contra la resolución de segundo grado por lo que se refiere a la reparación del daño, impugnando apartados relacionados con la acreditación del delito y la responsabilidad del sentenciado, pues si bien aquella resolución no afecta directamente la reparación del daño, que como derecho fundamental consigna la Constitución Federal, al no existir condena alguna, implica que tal reparación no ocurra.

"Por tanto, en forma alguna, la Sala responsable tenía la obligación de notificar a la ofendida María Esther del Sagrado Corazón de Jesús Fuentes y Jiménez la apertura del trámite de la alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por el inculpado Leonardo Antonio Robledo Murua, contra el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, el cual fue revocado y en su lugar se le dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar; toda vez que no tiene el carácter de parte en el procedimiento penal, que también comprende el trámite de la alzada, ya que dicha circunstancia no se encuentra prevista en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco, pues es, precisamente, el fiscal quien representa los intereses de la víctima o el ofendido, y que aquél sí se encuentra legitimado para intervenir en dichas instancia, respecto del cual se advierte que fue oportunamente notificado del inicio del recurso de apelación aludido.

"Estas consideraciones encuentran sustento en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2483 del Tomo LXXXIV, del Semanario Judicial de la Federación, materia penal, Quinta Época, que dice:

"‘PROCESO PENAL, PARTES EN EL.-Hay que distinguir entre parte en un proceso y parte o persona ofendida en el delito que da origen a ese proceso. Aunque la ley misma los designa con el mismo vocablo, con la misma palabra «parte», en realidad se trata de dos personalidades con facultades distintas: la primera corresponde a la parte litigante en la controversia penal a que ha dado origen la comisión del delito, y con tal carácter tiene derecho a intervenir en el procedimiento criminal, haciendo las gestiones e interponiendo los recursos que la ley le concede. La segunda personalidad corresponde a la persona que ha sido afectada con la infracción penal cometida; persona que, aun siendo la principal o única víctima del delito, no puede, sin embargo, ejercer todos los derechos ni hacer valer todos los recursos que pueden poner en práctica las partes litigantes en el juicio criminal. El artículo 21 de la Constitución Política de la República determina que la persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público; por otra parte, el delito de abuso de confianza, solamente se perseguirá a petición de parte ofendida, lo cual sólo puede significar que el Ministerio Público, en ese caso, no podrá perseguir el delito, sino a solicitud de la persona ofendida; pero es indudable que si esta persona presentó su queja ante el Ministerio Público y en vista de esta queja, el representante de la sociedad inició el procedimiento penal correspondiente, la persona ofendida no puede pretender intervenir en el procedimiento penal, ejerciendo funciones propias de parte acusadora o perseguidora del delito, que corresponden de una manera exclusiva, al representante de la sociedad. Es verdad que la persona ofendida, como directamente afectada por el acto criminal que sólo puede perseguirse a petición suya, tiene ciertos derechos para que su denuncia encuentre debido apoyo; o, en su caso, para conceder perdón al transgresor de la ley por el acto cometido, cuando concurren los siguientes requisitos: que el delito no se pueda proseguir sin previa querella; que el perdón se conceda antes de formularse conclusiones por el Ministerio Público; y, que se otorgue por el ofendido o un legítimo representante; pero si la persona ofendida pretende que se le reconozca el carácter de parte litigante con facultades para intervenir en el proceso, y aun para formalizar su acusación criminal en los términos y en la oportunidad que juzgue convenientes, tal pretensión es absolutamente inadmisible, pues entonces se constituiría en parte acusadora, con atribuciones que sólo corresponde ejercer al Ministerio Público.’

"Es también de invocarse, por identidad jurídica, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito que se comparte, visible en la página 171 de los Volúmenes 97-102, Sexta Parte, materia penal, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice:

"‘OFENDIDO. RECURSOS EN EL PROCESO PENAL QUE NO LE CORRESPONDEN Y QUE SÓLO PUEDEN HACERLOS VALER LAS PARTES.-Como conforme al artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, el ofendido no es parte en el procedimiento penal y siendo que el numeral 365 de dicho código adjetivo únicamente autoriza a apelar al Ministerio Público, al inculpado y a sus defensores, y el recurso de revocación previsto en el artículo 361 del invocado ordenamiento, solamente procede contra los autos respecto de los cuales no concede ese código el recurso de apelación, es inconcuso que la parte ofendida en dicho procedimiento no tiene derecho a hacer valer ningún medio de impugnación de los que se señalan en el invocado ordenamiento adjetivo, aun cuando se hubiesen acordado en el proceso promociones que hayan presentado, por lo que contra los acuerdos que recaigan a las mismas, está en aptitud de interponer juicio de garantías, sin tener obligación de agotar previamente los referidos recursos.’

"Sin que el criterio de este Tribunal Colegiado en forma alguna vulnere en perjuicio de la parte ofendida su derecho a una tutela judicial efectiva.

"Es cierto que el acto reclamado ante el Juez de amparo en materia penal incide directamente en la esfera jurídica de María Esther del Sagrado Corazón de Jesús Fuentes y Jiménez, en tanto que si bien no existe pronunciamiento alguno respecto de la reparación del daño, en forma notoria afectaría al ofendido o a la víctima del delito en su pretensión reparatoria, al no darse los presupuestos lógicos de ésta que son la acreditación del delito y la probable responsabilidad.

"Sin embargo, también es verdad que de acuerdo con el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio de derechos fundamentales deberá suplir la deficiencia de la queja en materia penal en favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente.

"Sin embargo, no menos verdad es que la suplencia de la deficiencia de la queja debe aplicarse una vez que se ha determinado la legal procedencia del juicio o recurso respectivo, pero no tiene el alcance de hacer procedente una vía o medio de impugnación que no lo es.

"En efecto, como se ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales Federales, la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, aun tratándose de ofendidos o víctimas del delito, tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, ello no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente se menoscaben derechos fundamentales de los sujetos que son objeto de tal prerrogativa; pero, como también enfáticamente ha determinado nuestro Supremo Tribunal Constitucional, tal suplencia de la deficiencia de la queja de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan.

"De modo que las autoridades que conozcan de un asunto que afecte directa o indirectamente la esfera jurídica de la parte ofendida o víctima del delito, deberán suplir la deficiencia de la queja, siempre que no haya existido una causa de improcedencia del recurso intentado, en la medida en que dicha suplencia sólo opera una vez que ha procedido el juicio o recurso, pues tal figura no implica de modo alguno actuar al margen de la ley, soslayando los requisitos o presupuestos respectivos para acudir a una instancia, declarando procedente la vía o medio de impugnación que es improcedente o inexistente.

"Es de citarse al respecto, por su sentido y alcance, la jurisprudencia 1a./J. 50/98, emitida por la Primera Sala de nuestro Supremo Tribunal Constitucional, visible a página doscientos veintiocho, Tomo VIII, septiembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL, NO IMPLICA EL HACER PROCEDENTE UN RECURSO QUE NO LO ES.-La suplencia de la deficiencia de la queja que existe en la materia penal sólo tiene como fin resolver sobre la cuestión efectivamente planteada y sobre la legalidad o constitucionalidad del acto impugnado, no obstante las imperfecciones o ausencia de conceptos de violación o agravios, para evitar que por una defensa inadecuada o insuficiente, se prive de la libertad de manera injustificada a una persona, pero de ninguna manera llega al extremo de admitir juicios o recursos no permitidos por la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanan. Conforme al artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios. Suplir implica en este caso integrar lo que falta o subsanar una imperfección, completar lo parcial o incompleto, y únicamente opera sobre conceptos de violación o agravios en el caso de que éstos sean materia de estudio ante la inexistencia de una causa de improcedencia, por lo que la suplencia sólo opera una vez que es procedente el juicio o recurso, pero no significa actuar al margen de la ley declarando procedente lo improcedente.’

"Además, el hecho de que el artículo 10 de la Ley General de Víctimas establezca que las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, a cargo de autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados, así como a obtener una reparación integral por los daños sufridos; que tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos; ello no implica, como desacertadamente lo pretende la quejosa, que tal preponderancia de los derechos de la víctima u ofendido del delito pueda servir como fundamento para otorgarle acceso a un recurso que no le está permitido en la ley, esto es, el recurso de apelación en contra de un auto de libertad por falta de elementos para procesar.

"Se explica:

"Los derechos en favor de la víctima u ofendido del delito ordenan la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a las normas en cuestión, tome en cuenta los deberes para su protección y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución y tratados internacionales; y cuando se trata de la afectación personal y directa de alguno de los derechos fundamentales ahí reconocidos, en la especie, el derecho a la reparación del daño, demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con los presupuestos necesarios para que se materialice dicha reparación.

"Ciertamente, en atención al principio de progresividad inmerso en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -que se traduce en la prohibición de cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de los derechos humanos-, y en aras de permitir que la víctima u ofendido reclame la constitucionalidad de la resolución de la cual depende su derecho fundamental a la reparación del daño, se entiende que tiene legitimación para interponer el juicio de amparo indirecto en contra del auto de libertad que se dictó a favor del tercero interesado, impugnando apartados relacionados con la acreditación del delito y la plena responsabilidad del sentenciado, pues si bien aquella resolución no afecta directamente la reparación del daño, que como derecho fundamental consigna la Constitución Federal, al no existir condena alguna, implica que, de facto, tal reparación no ocurra por afectar la pretensión reparatoria, por lo cual se le puede relacionar inmediatamente con dicho derecho fundamental, en tanto lo hace nugatorio.

"Pero, no puede tornarse procedente la intervención de la víctima u ofendido en un medio de impugnación cuando la ley procesal expresamente no le concede ese derecho; máxime si, como en el caso, la legislación local ordinaria establece que el agente del Ministerio Público tiene derecho a apelar y a intervenir en el trámite de la alzada, ya que éste es, precisamente, quien representa en todas las etapas del proceso los derechos de la parte afectada con el delito, de lo que deriva, que existe un instrumento o medio procesal de defensa idóneo y efectivo destinado para garantizar los derechos del ofendido al estar debidamente representado por el Ministerio Público; estimar lo contrario implicaría desarticular el sistema jurídico mexicano y desatender los mecanismos de defensa creados exprofeso para lograr la nulificación, revocación o modificación de los actos que pudieran incidir en la esfera jurídica de la víctima del delito; por ende, en forma alguna se advierte que sus derechos sean menores a los del imputado.

"Además, el hecho de que sea el agente del Ministerio Público quien tenga derecho a apelar y, en su caso, a intervenir en la segunda instancia como representante de los derechos de la víctima u ofendido, ello en sí mismo, no es violatorio del derecho humano de tutela judicial efectiva que implica que el Estado Mexicano debe establecer el recurso judicial o medio de impugnación efectivo que pudiere revertir la determinación que se estime afecte la esfera jurídica de los ofendidos, pues en el caso está contemplado en la ley que sea el Ministerio Público quien intervenga en esa etapa procesal en defensa y en representación de los intereses del ofendido."

2. Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este circuito, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, al pronunciar sentencia en el amparo en revisión 124/2013, sostuvo:

"SEXTO.-Cabe destacar que quien acudió al juicio de amparo e interpuso el presente recurso de revisión, es la ofendida en el proceso penal de origen; así que, dado que en recientes fechas la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 163/2012, delimitó la posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de quien tiene esa calidad, el análisis de los agravios formulados por Francisca Ramos Ramos, se harán en observancia a ese criterio jurisprudencial, que es del rubro y texto siguientes:

"‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO POR EL DELITO, CONFORME AL MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE DERECHOS HUMANOS QUE RESGUARDAN LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B Y 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OBSTANTE QUE EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, LA PREVEA SÓLO EN BENEFICIO DEL REO.-La posibilidad de suplir la queja deficiente en favor de la víctima u ofendido por el delito representa un cambio trascendental a la cultura jurídica preservada en nuestro país desde que se instauró este principio en el juicio de amparo; sin embargo, la práctica jurisdiccional demuestra que en varios asuntos se violan derechos fundamentales en perjuicio de esos sujetos, por lo que es necesario que acudan al amparo solicitando la justicia que no han podido encontrar en las instancias naturales del procedimiento penal. Ahora bien, la labor jurisdiccional cotidiana y las diversas reformas constitucionales y legales enseñan que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven, razón por la cual esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, ha evolucionado significativamente respecto a la visión protectora del ofendido; muestra de ello son los diversos y variados criterios relevantes con marcada mejora en el rubro de acceso pleno a la justicia, esto es, la jurisprudencia se erige como el medio conductor que actualiza las disposiciones de la ley reglamentaria y evita que el derecho positivo caiga en desuso. Así, el modelo de juicio de amparo legalista y rígido, que impone el principio de estricto derecho, ha perdido vigencia para el afectado, en virtud de que actualmente el artículo 20, apartados A y B, de la Constitución Federal, coloca en un mismo plano los derechos del acusado y los de la víctima u ofendido; además, porque el segundo párrafo del numeral 1o. constitucional exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Carta Magna y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro persona. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que autoriza la suplencia de la queja deficiente sólo en favor del reo, no corresponde a la realidad constitucional y social de nuestra nación, pues quedó rebasado por la transformación de los derechos humanos; por lo que debe afirmarse que el espíritu del poder reformador que dio vida a dicho precepto y fracción, ha perdido su asidero constitucional y, por ende, esta Primera Sala determina que tal institución se extiende en pro de la víctima u ofendido por el delito, lo que representa un paso más hacia el fin primordial para el que fue instituido el juicio de control constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia.’

"Para una mejor comprensión del presente asunto, cabe traer a colación algunos antecedentes que se desprenden del expediente de donde deriva la resolución recurrida.

"Mediante determinación de veintiocho de febrero de dos mil doce, el fiscal investigador consignó la averiguación previa 100/2009-B, en la que ejerció acción penal contra Rosaura Carrillo Frayre, Alejandro Iván García Ruiz, Bárbara Beatriz Ruiz Márquez, José Ortega Montes, Verónica Martínez Bernal y Miguel Ángel Rentería Casillas, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo de inmuebles, previsto en el artículo 262, fracción I, del Código Penal del Estado de Jalisco y solicitó la respectiva orden de aprehensión.

"El Juez Primero de lo Criminal del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, radicó la averiguación registrándola bajo el número de causa penal 120/2012-D; y el catorce de marzo de dos mil doce determinó negar la orden de aprehensión solicitada, al considerar que no se demostraron los elementos del cuerpo del delito de despojo de inmuebles cometido en agravio de Francisca Ramos Ramos.

"En contra de dicha decisión jurisdiccional, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y al emitir el fallo, determinó confirmar la resolución recurrida, ante el impedimento que ese tribunal tenía para suplir los agravios del agente del Ministerio Público, según lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Federal y el diverso 317 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Jalisco.

"Inconforme con esa determinación, la agraviada del delito promovió juicio de amparo ante el Juez Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, quien al dictar la sentencia que se revisa, le negó el amparo y protección de la Justicia Federal al estimar correcta la decisión de la responsable en los términos que lo resolvió.

"Sin embargo, en atención a la anunciada suplencia de la queja de la ofendida, es importante destacar que el Juez Federal inadvirtió que el tribunal responsable transgredió en perjuicio de Francisca Ramos Ramos, su derecho humano de tutela judicial efectiva.

"Para evidenciar lo anterior, es importante hacer algunas consideraciones relacionadas con los derechos de las víctimas en el proceso penal.

"El nueve de enero de dos mil trece, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas (misma que entró en vigor a los treinta días siguientes), la cual, en sus artículos 1, 2, 10, 12, fracciones III, IV, V, VII, I

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26089-aceea3a3/victima-u-ofendido-del-delito-tiene-derecho-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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